Álvaro Delgado
México, D.F., 11 de diciembre (apro).- No muy lejos del penal de Nayarit, donde están recluidos más de cien mexicanos señalados como peligrosos delincuentes por ejercer su legítima inconformidad ante el gorilato instalado en Oaxaca, está Guadalajara, la capital del estado que en los hechos todavía gobierna Francisco Ramírez Acuña, la personificación de postulado felipista de que la ley es la ley.
Pero tal proximidad de sitios sólo esclarece la simulación que México padece: En Nayarit están encarceladas decenas de personas que fueron capturadas a muchos miles de kilómetros de ahí sin órdenes de aprehensión y con todo tipo de arbitrariedades, incluyendo tortura, mientras que, en Jalisco, los hijos del poder gozan de absoluta impunidad.
Me refiero, claro está, al hijo de Fernando Arias Pérez, vocero de Ramírez Acuña en el gobierno panista de Jalisco y ahora en la Secretaría de Gobernación, y al nieto de Enrique Alvarez del Castillo, exgobenador priista de ese mismo estado y exprocurador general de la República, Enrique Alvarez del Castillo, autores ambos del homicidio de un joven que, para su mala suerte, se atravesó en las “carreritas” que jugaban los dos bajo los efectos del alcohol y las drogas.
Como el grueso de los medios de comunicación en México está subordinado al poder presidencial, particularmente los audiovisuales --y los que se niegan padecen las consecuencias, como el vigente caso reciente de José Gutiérrez Vivó y su empresa Infored--, el episodio de los dos muchachos homicidas es desconocido en el territorio nacional, como muchos otros crímenes en los que están involucrados personajes del poder político y económico.
Y vale la pena que se sepa para valorar si, en efecto, la indispensable vigencia del Estado de derecho que se corea hoy desde las altas esferas del poder es auténtica o, como ha venido ocurriendo, la justicia sigue en venta y quienes carecen de dinero o influencias deben someterse a la aplicación arbitraria de la ley.
Resulta que poco después de las 2 de la madrugada del 26 de noviembre –sí, hace apenas dos semanas--, el joven Néstor Alan Rodríguez Licea conducía su Volkswagen sedán modelo 1992 por el centro de Guadalajara para dirigirse a su casa, cuando en un crucero cuyo semáforo indicaba el siga, fue embestido por una camioneta pick up de lujo y un automóvil Jetta, que no respetaron el alto por competir en velocidad.
La camioneta era conducida por Christian Arias de la Torre, hijo del vocero de Rodríguez Acuña --todavía en el gobierno estatal--, y Francisco Xavier Alvarez del Castillo, nieto del exgobernador priista y de quien el papá de su amigo fue jefe de comunicación social en la PGR, durante el sexenio de Carlos Salinas, y ahora despacha en Bucareli.
En el accidente falleció Rodríguez Licea, pero de eso sólo se enteraron sus padres hasta que, poco después de las dos de la tarde, un amigo del muchacho logró librar la estrategia de ocultamiento --que incluyó prorrogar el registro del accidente hasta en Locatel-- y pudo dar con el cuerpo en la morge. En cambio, Fernando Arias y su esposa llegaron al lugar del accidente diez minutos después de ocurrido y, en vez de someterse a la ley, trasladaron a los dos responsables a dos hospitales distintos.
Pero el director de Comunicación Social del gobierno de Ramírez Acuña no dispuso la atención médica de su hijo y su amigo por padecer lesiones, sino para ser desintoxicados de alcohol y drogas, y sólo hasta seis horas después se presentaron ante las autoridades para serles practicado el examen de alcoholemia y pagar 250 mil pesos de fianza.
Salvo el diario Mural de Guadalajara, y el semanario Proceso, ningún otro medio ha dado cobertura a un caso que exhibe la vigencia no de la ley, como insiste el discurso oficial --Felipe Calderón, Ramírez Acuña y Fernando Arias--, sino de la impunidad de quienes ostentan el poder. “Es gente muy pesada”, dijo un actuario de la agencia del Ministerio Público, encogiéndose de hombros.
Un caso análogo ocurrió hace dos años, en Querétaro, cuando un joven murió a balazos disparados desde una misteriosa BMW negra, en pleno centro de la capital. El autor del homicidio fue identificado como Federico Ruiz Lomelí, miembro de una prominente familia concesionaria de la Coca Cola y patrocinadora de las campañas panistas en el estado. Salvo el ocultamiento del gobernador Francisco Garrido Patrón y el sufrimiento de la familia --pobre, para su desgracia--, nada ha ocurrido.
No alcanza el espacio para enumerar muchos otros casos de tan atroz impunidad, que da lo mismo si se cometen bajo autoridades de cualquier signo político, pero lo es más --desde el punto de vista ético-- si se trata de gobiernos panistas, según ellos defensores de la dignidad de las personas y de la aplicación pareja de la ley.
El contraste con los oaxaqueños presos en Nayarit es notable: Al contrario de la captura de Flavio Sosa y su hermano, contra quienes fueron libradas órdenes de aprehensión --que se cumplimentaron expeditamente por la policía federal con la traicionera reanudación del diálogo de Ramírez Acuña, muy parecido en los métodos de hacer política de Ulises Ruiz--, decenas de oaxaqueños fueron capturados por agentes federales sólo por la apariencia. Información documental y testimonial acredita la profundización de prácticas inhumanas --tortura física y sicológica, entre ellas rapar a ancianas--, por lo demás proscritas en la Constitución y las leyes.
Por supuesto que vigencia del Estado de derecho sí, que no lo hay, pero no lo habrá midiendo con varas distintas y menos consintiendo la legitimación de la arbitrariedad y la tortura, aun en caso de quienes son señalados como presuntos delincuentes. No sería admisible pedir, por ejemplo, trato injusto a los jóvenes que asesinaron a otro, en Guadalajara, por conducir drogados y alcoholizados.
Insisto: el problema de México es más hondo de lo que admiten Calderón, Ramírez Acuña y su séquito con la cantaleta de que la ley es la ley.
Apuntes
Ya solicitó disculpas el diputado federal Raúl Alejandro Padilla Orozco --justamente de Jalisco, de donde yo nací-- por alegrarse públicamente del recorte presupuestal a la UNAM implementado por Calderón. Las disculpas políticas son lo de menos: El expresidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco) y postulado en las listas de legisladores plurinominales por capricho de Manuel Espino dijo lo que, realmente, piensa, como ya lo había dicho Calderón desde el año 2000 en una reunión con el rector Juan Ramón de la Fuente y que Proceso publicó en diciembre de ese año. El anhelo de la derecha y de la extrema derecha es, por su mentalidad dogmática, destruir la educación pública. No es un asunto de si se cobran cuotas, y su dimensión en los ingresos de las familias de los educandos, sino la responsabilidad del Estado --no del gobierno, que a menudo la derecha ni siquiera distingue-- con la sociedad actual y futura… Las libertades y su ejercicio disgustan, también, a la derecha: Por eso la represión a quienes cotidianamente defienden la libertad de expresión y el derecho a la sociedad a la información. Calderón y sus incondicionales, incluyendo ciudadanos, tienen esa vena. Hay que tenerlo claro. Para eso da más dinero, en el Presupuesto de Egresos, a la fuerza represiva que a la fuerza de las ideas. La ley es la ley.
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