Mitin afuera de Televisa por la democratización de los medios de comunicación

09 de Diciembre de 2008. Nuevamente, se llevó acabo un mitin afuera de las instalaciones de Televisa, en Av. Chapultepec, por parte del Movimiento por la Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía Nacional, en esta ocasión el motivo fue para que se diera una respuesta al escrito que hace un mes se entregara a la televisora con el fin de que se dé espacio en los noticieros a nuestro movimiento.

La respuesta fue entregada a las 3pm al Gobierno Legítimo y se le dio lectura en la asamblea, en el oficio, la televisora argumenta que ellos si dan espacio a diversas voces y no hacen ningún bloqueo de información, lo cual fue contestado con rechiflas de los asistentes pues es evidente que no es así.

En el mitin hicieron uso de la palabra el Lic. Porfirio Muñoz Ledo, Coordinador del Frente Amplio Progresista y el Caricaturista Rafael Barajas El Fisgón, integrante de la comisión de difusión del Movimiento. Ambos personajes coincidieron en la necesidad de la democratización de los medios de comunicación para que sea factible y real la democracia en México.



Finalmente, haría uso de la palabra el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México, quien relató la manera en que se ha venido manejando de manera facciosa el derecho a la información en nuestro país, al grado de que es precisamente en esta televisora donde se toman realmente las decisiones trascendentales para la vida política, económica y social de México.

En cuanto a la respuesta dada por la televisora al Gobierno Legítimo, señaló que vamos a esperar si hay un cambio en la política mediática, de lo contrario se tomarán medidas más contundentes en la próxima asamblea informativa, a celebrarse el próximo 25 de enero del 2009, en el Zócalo de la Ciudad de México.

AMLO TV

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Todos a Televisa con el Presidente Legítimo en vivo por AMLO TV


1er. Encuentro Nacional de Solidaridad con las viudas de Pasta de Conchos.







Miércoles 3 de diciembre de 2008.

El campamento está instalado a la orilla de la carretera, al inicio del camino que llevaría a la mina. Diversas carpas brindan muy apenas el cobijo requerido ante las inclemencias del clima; es que en el desierto se vive los extremos: el sol agobiante te empuja hacia la sombra, pero en ésta, aún a esta hora, el frío es intenso, no queremos imaginarnos cómo será en las noches. Ahora es mediodía, hemos salido de Monterrey a las 8 de la mañana deteniéndonos apenas para tomar algo de alimento.


Están en junta las mujeres, las viudas de Pasta de Conchos, y quienes les apoyan, fundamentalmente miembros del Partido de los Comunistas, simpatizantes o adherentes de la Otra, y algunos más, como nosotros, provenientes de organismos ciudadanos que nos interesa conocer, informarnos, a la vez que ofrecer la solidaridad de que somos capaces; amablemente somos recibidos y las mujeres nos dirigen sonrisas y miradas que nunca dejan de ser tristes aunque se asome en ellas un pequeño destello, quizá de esperanza.


En la carpa mayor, voluntarios están siendo instruidos sobre medidas de contingencia; son quienes habrán de entrar a la mina, no para hacer trabajos sino para constatar de nuevo que las condiciones sean propicias para la labor de rescate. La electricidad recién ha sido reinstalada, se ha echado a andar el sistema central de aire y ya no solamente el aire secundario. Quienes entraron la vez anterior pudieron hacerlo hasta la diagonal 15, encontrándose con una altura de agua de 80 cm. Ahora que tienen de nuevo energía eléctrica deberán desalojar dicha agua e intentar seguir adelante hacia la diagonal 17 donde se asegura deben estar los cuerpos de los trabajadores; pero ese trabajo lo realizarán otros mineros que, si laboran en tres turnos, se calcula que en 10 días podrán alcanzar el lugar indicado.


Nos interesa echar una ojeada, aunque sea de lejos, a las instalaciones de la mina; las mujeres no oponen ningún obstáculo, pero los compañeros hombres señalan que como los trabajos se están iniciando ya no les permiten que nadie se acerque. Las mujeres acatan en silencio, y nosotros también. Luego, con la voz y la vista bajas, ellas comentan entre sí:


-Hay que conseguir cascos para la gente que quiera entrar, porque sin cascos no se puede
-Sí, hay que conseguir… Yo tengo uno, pero no lo presto
-Yo tampoco
-Ni yo
-Ahí tengo el casco y las botas, pero no los suelto
-No


¿Cómo no entenderlas? Esos toscos aparejos son parte objetiva del vínculo entre ellas y quienes fueron tragados y no devueltos por la mina. De 19 mujeres, 10 están presentes siempre. Otras participan con la Pastoral Laboral; otras, las más, ya casi no actúan. Unas en la rutina doméstica y familiar y otras en la lucha habrán de intentar disipar el dolor de la ausencia pero también de la ineficacia gubernamental, de las mentiras de la empresa, de la poca voluntad de ambas instancias para dar respuestas a la razonable demanda de rescate de los cuerpos.

Hay quienes llaman crimen industrial a la tragedia de Pasta de Conchos. Hay quienes se quejan de la especulación y la tendencia a la creación de teorías conspiratorias. Lo que nadie puede negar es que en México hay más sucesos sin explicación convincente de los que serían normales en un país con credibilidad y con justicia para los habitantes.


Serán pronto 3 años y el caso está cerrado para la empresa y el gobierno. A nadie de ellos le importa que 63 cadáveres yazcan en las entrañas de la mina. En cualquier nación civilizada se habría buscado la forma de rescatar los cuerpos; con mayor razón, como parece ser, si las condiciones no ofrecen ya peligro para las labores al interior. Pero no en este país donde pasan muchas cosas y simultáneamente no pasa nada, donde hay demasiadas muertes y nunca ningún responsable, donde no existe rendición de cuentas ni respuesta a las contingencias por ligeras o graves que éstas sean; por lo tanto no es de extrañar la falta de credibilidad ante un sistema que protege de facto a quienes cometen fechorías o, en el mejor de los casos, errores, siempre y cuando los autores pertenezcan a los grupos privilegiados.


Ante la decisión de quienes inclinan el poder del estado dando la razón y el respaldo a las grandes corporaciones que los subvencionan, ante el no hacer nada de los que podrían hacer mucho, los huecos van intentando llenarse: la población protesta, los grupos vulnerados se organizan, otros más dan apoyo de distinto tipo. Los problemas diversos, los conflictos que redundan en perjuicio de los desprotegidos deben ser por ellos abordados y solucionados aprovechando la oportunidad para aprender la solidaridad de clase y la necesidad del trabajo conjunto. Si no se hace así y cada quien sigue tirando para su lado, el futuro no podrá ser construido en base a condiciones de equidad y justicia, continuará predominando la lógica irracional y destructiva del capitalismo voraz que seguirá encontrando aliados en la falta de unión de la población.


Como sucede en la mayoría de los casos, llegar a la idea de la necesidad de la unidad es fácil y casi inevitable; la unidad en teoría, pero llevar a cabo la unidad en la práctica ahí sí la tarea es titánica y las más de las veces imposible. Prácticamente todos los grupos en lucha aspiran, implícita o explícitamente, a que se dé la unidad, el apoyo, la solidaridad, en torno suyo. Pareciera que es connatural que todos pensemos que la causa propia es la más urgente, la abordada de la manera más congruente, la que merece ser apoyada en todo pero además bajo nuestros términos y condiciones. El presente caso, cerca geográficamente y con una causa tan elemental y neutral como la recuperación material de los restos para darles digna sepultura, podría dar la oportunidad de sumarse y empezar a forjar ese lazo solidario que una vez que nace no podrá ni deberá ser disuelto. Arrancarle a la tierra los cuerpos aprisionados significará también la victoria sobre una empresa y un gobierno que, incondicionales de la ganancia, no estuvieron dispuestos a conceder a los que fueron trabajadores el derecho de un decoroso entierro.


Para llevar a cabo los trabajos al interior de la mina, se requieren recursos humanos: ya hay mineros y hay voluntarios. También se necesita apoyo solidario para lo cual las viudas deberán promover la difusión local, regional, nacional de su lucha pero también la unidad entre las mismas mujeres; asimismo están dispuestas a buscar la unificación con organizaciones sindicales y otras resistencias, tanto en el ramo minero (Taxco, Sombrerete, Cananea) como externas a él (mencionan a la de los maestros, pero deberán extender la lista). Igual, se buscará que desde el aspecto jurídico se dé promoción buscando apoyo nacional e internacional, con la ayuda tanto de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos como la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboristas. Por último está la campaña para la colecta “Un peso por el rescate” para recabar fondos y llevar a cabo las labores que culminen en la solución a la petición de las mujeres: recuperar los cuerpos de los que fueron sus compañeros.

Hay muchos frentes de lucha abiertos. Los trabajadores, las diversas organizaciones, los académicos, el pueblo en general tiene un amplio espectro donde mostrar la solidaridad ciudadana y la defensa de los derechos humanos. La pelota está de nuestro lado.
COMISIÓN DE RESISTENCIA CIVIL PACÍFICA EN NUEVO LEÓN.
MEPS.

PERSECUCIÓN DEL ESTADO MEXICANO V.S. LAS RADIOS COMUNITARIAS

PROCESO CONTRA RADIO TIERRA Y LIERTAD.
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Carlos Treviño Vives, abogado de AMARC-México, acompañó a Gilfredo Verdugo y a Héctor Camero Haro, durante la comparecencia de ambos ante la Agente del Ministerio Público Federal, Ivonne Odette Pinto León, el 14 de noviembre en el edificio de la PGR, ubicado en Escobedo, N.L..
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Esta comparecencia forma parte del proceso de Averiguación Previa, abierto desde el pasado 6 de junio, cuando más de un centenar de agentes de la PFP, fuertemente armados, cercaron las calles de acceso y derribaron a mazazos las puertas del local de la Radio Comunitaria “Radio Tierra y Libertad”, estación fundada en el año 2001 sin fines de lucro, dando violento fin a casi siete años de transmisiones..
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La defensa de Carlos Treviño se basa fundamentalmente en la demanda de exclusión de delito, prevista en el artículo 15 del Código Penal Federal, considerando que es aplicable a las radios comunitarias que operan sin permiso, pues según ese artículo “El delito se excluye cuando: VI. La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho y que este último no se realice con el solo propósito de perjudicar a otro”.
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De acuerdo a una tesis de jurisprudencia aprobada en 2007, hay un derecho preexistente (el de libre expresión) al permiso para operar una radiodifusora. El derecho no nace con el permiso, sino que existe desde antes y el permiso sólo lo reconoce. La concesión, en cambio, crea un derecho a favor de un particular, derecho que antes no tenía: el de explotar el uso del espacio electromagnético con fines de lucro. El ejercicio de un derecho no puede castigarse penalmente; si requiere de un permiso y no lo tiene, sólo es posible la sanción administrativa. El caso es distinto cuando se obtiene lucro, pues el particular delinque cuando se beneficia de un derecho que no le concedió el Estado.
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La necesidad racional del medio empleado, que ante las autoridades sostiene el encargado de Radio Tierra y Libertad, es apoyada por el abogado Treviño Vives cuando sostiene que “La UNESCO ha señalado que una radio comunitaria es un medio de comunicación que da voz a los que no la tienen, que sirve de vocero de los marginados y es el corazón de la comunicación y de los procesos democráticos en las sociedades. La UNESCO ha definido a estas emisoras como aquellas que son propiedad de una organización sin fines de lucro, constituida por miembros de la comunidad y su programación se basa en el acceso y la participación comunitaria”.
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La radio comunitaria de Monterrey encuadra exactamente en esta descripción. Ubicada en una zona marginal del noroeste de Monterrey, iba dirigida a personas de escasos recursos, que no han tenido oportunidades de educación, que se encuentran en condiciones de aislamiento y de pobreza. Muchos de ellos no saben leer ni escribir, por lo que los medios de comunicación escritos no les sirven. La radio comunitaria se erigía así como una necesidad racional para ejercer el derecho a la libertad de expresión de esa parte importante de la ciudadanía.
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En cuanto a que el ejercicio del derecho no se realizara con el solo propósito de perjudicar a otro, está probado que el propósito de esta radio comunitaria era satisfacer las necesidades de información y cultura general, el desarrollo social, los valores democráticos y la construcción de ciudadanía, sobre todo entre la población de escasos recursos económicos.
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Para AMARC, detener el proceso que el actual gobierno federal sigue contra Radio Tierra y Libertad utilizando La Ley General de Bienes Nacionales que castiga con prisión y una multa millonaria si se llega a aprobar esta sentencia, es muy importante porque crearía un pésimo precedente al criminalizar el derecho de libre expresión.
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La libertad de expresión tiene dos dimensiones, dice AMARC. El derecho fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad de expresar el pensamiento propio (dimensión individual) como el derecho a recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, es decir, el derecho a conocer el pensamiento de otros (dimensión colectiva). Una radiodifusora con perfil de permisionada y de naturaleza comunitaria, al no tener fin de lucro ni ser una radiodifusora comercial, garantiza plenamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en sus dos dimensiones.
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El inicio de un procedimiento penal en contra de una radiodifusora con perfil de permisionada implica una lesión a un derecho fundamental como lo es la libertad de expresión, en perjuicio tanto del individuo como de la sociedad entera. Es por ello que cuando se conoce del acto ilícito que representa una radio comunitaria que opera sin permiso, se deben buscar las vías menos lesivas para el ejercicio de la libertad de expresión, lo que conduce al procedimiento administrativo, no al procedimiento penal.
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Ante el aplastante poder del Estado aplicado a una pequeña radio comunitaria, primero con la fuerza armada y luego con el aparato judicial, es evidente que tal demostración de poder tiene un no muy oculto motivo: desalentar la intención ciudadana de tener acceso a los medios masivos de comunicación en defensa de sus propios intereses. Por lo que a la ciudadanía privada de voz debe interesarle no sólo denunciar y rechazar el intento de criminalización del derecho a la libertad de expresión, sino exigir la aprobación de una ley que permita, estimule y proteja los medios masivos de comunicación no lucrativos (prensa, radio y televisión) en manos de los ciudadanos.
FUENTE: 15 DIARIO, 2 DE DICIEMBRE DE 2008.