Fuente: La Jornada de Veracruz
Un fantasma recorre la Huasteca: Emiliano Zapata.
Hoy, como hace 100 años, preocupa a los gobiernos federal y estatal de Veracruz. Por ello, disfrazados de aboneros, infiltran a informadores políticos para espiar a las comunidades indígenas; envían a los militares y policías federales a intimidar a ejidatarios, organizaciones indígenas y campesinas, así como un disfrazado combate al narcotráfico que en realidad busca exterminar la organización social, por lo que los habitantes de Benito Juárez, Chalma, Ixhuatlán de Madero, Huayacocotla y otros municipios del norte del Estado, sienten miedo de ser encarcelados sólo por pedir que se respeten sus derechos constitucionales.
En una entrevista realizada en un parque de la capital del Estado, previa a una autorización que en asamblea de representantes de las diversas comunidades de la Huasteca veracruzana, les dieron para realizar la denuncia, los indígenas Braulio Morales y Alejandro Bautista Lucia, miembros del Frente Oriental de México “Emiliano Zapata” (FDOMEZ), dijeron que la militarización se recrudeció en la zona norte del Estado, el operativo México Seguro entró allí “porque somos comunidades organizadas y ahora esa organización la quieren ver ya no como antes, de guerrilla, sino como parte del combate al narcotráfico”.
Así, el gobierno federal justifica la entrada de las fuerzas federales a las comunidades indígenas, señalaron: “el 21 de julio y el 28 de julio, bajaron dos elementos al municipio a informar que entraría la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) y la PGR (Procuraduría General de la República) y habría más Ejército, entrarían a las comunidades, que la entrada sería legal pidiendo un permiso ante los comisariados ejidales para que le den paso, para nosotros como organización no es lo que ellos se plantean perseguir”.
Más que la delincuencia organizada en México, hay que recordar “que el gobierno ha modificado las diferentes leyes que nos amparan como organizaciones sociales, entonces, ante eso, cada movimiento y en cada asamblea comunitaria que se realiza ellos (los militares) lo toman como una delincuencia organizada”.
“Al modificarse la ley judicial ahora hay mayor intervención, cada vez más del Estado mexicano en zonas marginadas, ¿por qué?, porque las zonas marginadas para el gobierno son un alto riesgo, es una zona de peligro, porque para ellos ahí se puede encontrar la delincuencia organizada”, dijeron y se cuestionaron ¿pero cuál es la delincuencia organizada en esa zona? Es luchar por los derechos más elementales de cada comunidad, luchar por la tierra, por los derechos sociales, eso es para el Estado la delincuencia organizada”.
¿Cuál sería el papel del gobierno ante la sociedad de los pueblos indígenas?, pues es claro, “callar con la intimidación, callar con el temor, como siempre han hecho, desde hace 30 años hemos dicho ya basta de mentiras, de tanta represión”.
Las asambleas de indígenas son vigiladas por las fuerzas federales
Las asambleas son organizativas para ver si hace falta algo a la comunidad, ver problemas de tierra, que si los otros hermanos están mal los apoyamos, ahí se hacen, se planean las actividades como el 21 de enero, 10 de abril, se planean las del 15 y 16 de septiembre, que a nivel nacional se hacen, como en México las recordamos, porque como mexicanos tenemos el derecho de la libre determinación de manifestación, de expresión, precisó Braulio Morales.
Sin embargo, los gobiernos “temen que planeemos cosas de alto riesgo, claro que lo que queremos en todo tiempo es que se resuelvan nuestras necesidades”.
En cada comunidad hay asambleas internas del ejido, porque en cada comunidad organizada tiene que definir a veces por sus autoridades, por cuestiones administrativas o por problemas internos de la comunidad, entonces uno tiene que resolver”.
La inteligencia del gobierno federal se disfraza de aboneros
Hay inteligencia del gobierno, hay comisionados disfrazados de aboneros que se introducen a las comunidades, vendiendo cosas a bajos precios, hacen amistad con la gente pero en realidad observan las comunidades, graban que están reunidos en tales comunidades y lugares y a los minutos llega el Ejército, o la Policía Federal y empiezan los seguimientos a indígenas, hay miedo, hay temor, denunciaron los miembros de FDOMEZ.
Los indígenas tienen miedo y eso es lo que nos preocupa, “porque a nosotros nos interesa la tierra y su producción de cultivos para comer, claro que la lucha no termina con tener la tierra porque hay otras carencias, que ven el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata, FEDOMEZ-FNLS (Frente Nacional de Lucha por el Socialismo).
El temor que tenemos como luchadores sociales –expresaron– es que en algún momento nos pueden detener y desaparecer, porque cada luchador social es considerado como delincuente organizado por el gobierno federal.
Nosotros luchamos por la vía democrática, pero a nosotros nos vinculan con grupos armados, como el EPR o EZLN, que ni siquiera tenemos algo que ver, comentaron, “por eso nos preocupa hoy la militarización”.
El permiso para la militarización de la Huasteca
El permiso de las fuerzas federales fue al presidente municipal de Chalma, también en Hidalgo, en Huautla, Hidalgo, allí se informó en asamblea general, allí llegó una mujer de la SIEDO a dejar documentos, pero “sí el ejército entró para justificar las fuerzas federales, ellos pueden sembrar enervantes y armamentos y con eso tendrá suficiente para justificar la entrada y detener a nuestros compañeros”.
El gobierno del Estado viene en parte de esa entrada de militares y policías federales, son los dos, ellos aunque tienen conocimiento no intervienen a nuestro favor.
Comunidades con miedo ante las fuerzas federales
¿Qué comunidades tienen la angustia de la persecución? En la parte de Hidalgo, entre los límites con nuestro Estado, están los Tuguaco II, Tuguaco, Amagzinga y Mecatepec, en el lado de Veracruz está la 21 de Julio del municipio de Chalma, Felipe Ángeles, Francisco Javier Mina, ahí ha llegado la policía a disparar, inclusive en abril se hizo una conferencia de prensa en la casa del campesino de Tecoluco.
Nosotros tenemos ahí una casa que desde hace 30 años se recuperó –expusieron–, porque se la había apropiado un cacique y esa casa la ocupamos para actos culturales, reuniones de carácter organizativo, o para algún aniversario, como el 10 de abril el aniversario de Emiliano Zapata, esa casa está observada por la inteligencia, “ahí nosotros mantenemos como comunidad la vigilancia de esa casa, porque está también ocupada por el Comité de Derechos Humanos de la Huasteca, sí, ahí han llegado periodistas del país, derechos humanos, entonces ellos manejan que en esa casa hay armamento, entonces nosotros decimos ¿en dónde se supone que está lo que ellos suponen?
–¿Qué hacían los soldados en los campamentos permanentes desde 1999?
–La militarización ya existía, por lo que no es creíble que ante el asentamiento de los campamentos militares permanentes hoy busquen drogas, ¿pues entonces, esos soldados que ya estaban allí no se dieron cuenta?
Los campamentos militares se asentaron en Llano Grande, Tempoal, Llano de Enmedio, Pisaflores San Lorenzo, Achiotempa, Tihuatlán, La Jabonera, Benito Juárez, “pero siempre violando los derechos humanos de los indígenas, persiguiendo a mujeres, espantando a los niños, lo que nosotros llamamos Guerra de Baja Intensidad desde 1999 ” y que se reforzó en el 2006.
Por ello, la inconformidad de miembros de la Organización Popular de Veracruz, Tierra y Libertad 11 de Mayo de Benito Juárez; Comités Agrarios del Norte de Veracruz (CANVEZ) de Chalma; la Organización de Pueblos Étnicos “José María Morelos y Pavón” (OPE); la comunidad de Heberto Castillo; la comunidad rancho nuevo en Ixhuatlán de Madero.
Porque dijeron que en todas las comunidades de la Huasteca veracruzana, “en toda esta parte hay rezagos agrarios y la pobreza es grave, hay gente que come hierbas porque ni para la tortilla alcanza y si no hay comida, menos armas y drogas”.
