Oficio de Papel
Hacienda ampara subfacturación de Pemex
Las 20 off shore y 25 subsidiarias petroleras
El mapa de la doble contabilidad petrolera
Inmersa en el desorden, la corrupción y la opacidad en el manejo de sus finanzas, la paraestatal Petróleos Mexicanos enfrenta también, con la reforma petrolera aprobada por el Congreso, el riesgo de que su nueva estructura legal sirva de pretexto para encubrir cualquier responsabilidad de funcionarios que se hayan aprovechado de las opciones financieras para obtener recursos dirigidos a inversiones como Pidiregas, pero también para ampliar los rendimientos financieros cuya fiscalización podría convertirse en un verdadero reto para el Congreso de la Unión.
¿Borrón y cuenta nueva? Allí está el desafío y la coyuntura, además, no favorece a Pemex. No hay mucho tiempo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución en contra de los Regímenes Fiscales Preferentes (Refipres) que entre 1998 y 2005 permitieron a esa empresa petrolera justificar la creación de 25 empresas subsidiarias (en donde Pemex tiene una participación superior al 50 por ciento) y constituir otras 20 sociedades anónimas que operaron recursos públicos por más de 70 mil millones de pesos.
A finales del año pasado, la Suprema Corte falló en contra de compañías como Cemex o Televisa que pretendían la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) enterado al reportar al fisco los resultados de sus operaciones en jurisdicciones del extranjero con regímenes tributarios laxos, con el propósito de mejorar las condiciones fiscales e incrementar su productividad.
Al menos esta fue la justificación –la misma que esgrimió Pemex– para que desde 1990 se permitiera la proliferación de empresasoff-shore, a pesar de que algunos organismos multilaterales las consideraban, bajo algunas circunstancias de elusión tributaria, como una peligrosa competencia desleal.
¿Cómo podría la SCJN permitir la operación de subsidiarias y empresas off shore de Pemex cuando ahora ha fallado en contra de las principales multinacionales privadas del país y les exige pagar impuestos aún cuando genere o registre ingresos en este tipo de empresas?
Fue durante el segundo semestre del año pasado, ante la caída en los precios del petróleo y la contundencia de la crisis, cuando la Suprema Corte comenzó a revisar algunos de los privilegios que en las últimas décadas se habían venido otorgando a las empresas mexicanas con el pretexto de incrementar su productividad para competir en el extranjero.
Es cierto, como lo revela el reportaje de portada de Contralínea Semanal, de la reportera Nancy Flores, que a partir de los informes de la Auditoría Superior de la Federación que Pemex avanza a marchas forzadas en el desmantelamiento de la compleja red de contabilidad creada de forma paralela en paraísos fiscales, como una forma de borrar las huellas de la corrupción y el desvío de recursos públicos, y antes de que a alguien en el Congreso se le ocurra investigar el origen y el destino de los fondos.
Sin embargo, los compromisos y detalles de la operación que Pemex guarda celosamente impedirían su desaparición en el corto plazo. Ejemplo de ello, como lo ha documentado Contralínea en varias entregas, es Pemex Finance Ltd que logró ejercer su opción de compra frente al banco de inversión BNP Paribas Private Bank y Trust Cayman Limited hasta que la paraestatal mexicana garantizó la compra de la deuda resultado del proceso de bursatilización de cuentas por cobrar y para que ésta fuera reclasificada como deuda en su balance.
De hecho, Pemex ya comienza a resentir el costo de la transparencia. El detallado reporte a los mercados de valores de Estados Unidos, bajo la forma 20-F, que Pemex entrega a la Comisión de Valores de ese país (SEC), reconoce que al cierre de 2007 el registro contable de esta deuda significaba ya una diferencia.
Por ello, por la falta de transparencia, es que se ha censurado este tipo de manejos contables sustentados en empresas off shore y en lo que se conoce como leyes suaves (soft laws).
Fue en 1996 cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dio a conocer su reporte “Prácticas fiscales nocivas” (Harmful tax practices). Ahora, año con año la OCDEactualiza la guía de prácticas dañinas que se han desarrollado al amparo de la sofisticación de los mercados financieros que habían facilitado el acceso a los paraísos fiscales.
Aún más, en septiembre de 2002 el Fondo Monetario Internacional observó que las prácticas de registro de las transacciones de Pidiregas se desvían de los estándares de contabilidad. Es decir no califican con estándares internacionales y se les considera prácticas viciadas pero que fueron ampliamente aprovechadas.
La historia de los Pidiregas
Esta fue la historia de Pemex que, para operar el esquema de Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto, conocidos como Pidiregas, constituyó un fideicomiso controlado por una correduría extranjera para dirigir recursos al pago de una deuda que se generaría en el tiempo.
Así nació Pemex Finance Limited, la primera de muchas. Fue entonces cuando Pemex renunció al control de la fuente de ingresos, pero a cambio el gobierno federal sabía que obtendría el dinero necesario para financiar los Pidiregas, en un momento en el que la devaluación de 1995 impedía obtener créditos para la paraestatal con tasas atractivas.
Pemex Finance Ltd funcionó, al menos en ese momento: a través de esta sociedad Pemex logró emitir títulos respaldados por exportaciones de petróleo que obtuvieron un grado de inversión deBBB cuando a la deuda soberana de México le otorgaban tres calificaciones abajo.
Pero esa ventaja terminó junto con el auge de los mercados financieros que no premiaban las buenas prácticas de gobierno corporativo sino el rendimiento aunque éste estuviera acompañado por una terrible opacidad.
Aquel momento tal vez fue propicio para que Pemex creara, al margen de la Constitución y de sus reglamentos y normas que la rigen, toda una red de empresas subsidiarias para operar a la paraestatal prácticamente con una doble contabilidad y una subfacturación de la que tendrían que ocuparse los legisladores. Ahora, Pemex argumenta que pagará menos impuestos, podrá invertir más y no necesitaría de más paraísos fiscales. En teoría, claro, pues habrá que preguntar en dónde están todos los recursos que durante varios sexenios han sido triangulados y hasta ahora nadie sabe su paradero ni sus beneficiarios.
En las últimas décadas Pemex estuvo sujeta a una creciente presión fiscal, al operar como la principal fuente de ingreso de las finanzas públicas. Esta paraestatal no sólo estaba sujeta al ISR y alIVA, sino al Impuesto a los Rendimientos Petroleros y a los Impuestos Especiales a Hidrocarburos, Derechos y Aprovechamientos
Aún más, como resultado de la reforma a Pemex, al eliminarse el esquema de inversión sustentados en Pidiregas, una de las principales acciones derivadas de la reforma de octubre pasado, prácticamente se acabó el pretexto para mantener empresas off-shore. Ahora Pemex podrá mantener la operación de estas compañías si lo decide su Consejo de Administración, pero tendría que hacerlo bajo nuevas reglas del juego luego de que la gestión a través de empresas off-shore se desgastó al abusar del procedimiento.
En la edición de Contralínea Semanal que comenzó a circular a partir de este domingo, se presenta, por primera vez, el mapa de las inversiones de Pemex en organismos subsidiarios y en sociedades anónimas, lo cual podría dar sustento a una profunda investigación legislativa que termine por sancionar a todos aquellos, incluido el presidente Felipe Calderón, que en su momento permitieron, avalaron o autorizaron este tipo de operaciones financieras irregulares.
Se trata de 45 inversiones en acciones de empresas privadas, confirma el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007 –entregado por la ASF a la Cámara de Diputados el pasado 12 de marzo– y las relaciones de inversión que se obtuvieron por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Cabe destacar que el informe bajo la forma 20-F en inglés Pemex sí ha realizado una pormenorizada descripción de la, operación de sus subsidiarias dada la mayor exigencia de información en el mercado estadounidense.
Estas participaciones de la petrolera del Estado y de sus subsidiarias –Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica– se mantienen en cinco monedas: peso mexicano, dólar estadunidense, euro, franco suizo y libra esterlina.
Aunque no son consideradas paraestatales, de las 45 empresas privadas, 25 son propiedad directa o indirecta de Pemex; de éstas, 20 operan sin empleados ni oficinas y reciben servicios administrativos, comerciales y “otros” por “partes relacionadas”; 12 de ellas están radicadas en el extranjero, en territorios considerados paraísos fiscales, y tienen carácter de international bussines corporation (sociedades instrumentales o fantasmas), según se desprende de los datos que proporcionó la paraestatal a laASF el 18 de diciembre de 2008.
La Gerencia de Control de Gestión de Pemex Corporativo indicó que, por su naturaleza, algunas de las empresas son “sociedades unimembres y meramente instrumentales”. A éstas, las describió con características jurídicas que les permiten carecer de personal y de oficinas establecidas.
Respecto de la negativa a reconocerlas como paraestatales, la gerencia encabezada por Hilda Guadalupe Delgado Anzaldua precisó: “Las empresas no fueron creadas con el objeto de auxiliar al Ejecutivo en el desarrollo de las áreas prioritarias a que se refiere el artículo 30 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en relación con el artículo 6 del propio ordenamiento, pues la mera tenencia de acciones no podría calificarse como área prioritaria del desarrollo nacional”.
En el oficio DCO-GCG-5226/08 citado por el informe de la ASF, también justificó que, “como parte de su estrategia comercial y de negocios, Petróleos Mexicanos ha constituido diversas empresas filiales no paraestatales que realizan en forma preponderante actividades comerciales. Las filiales constituidas en el extranjero adoptan la figura de la legislación del lugar donde se constituyen. Son personas morales de derecho privado extranjero y, por ende, no están sujetas a las disposiciones legales nacionales”.
Omitió decir, de acuerdo con el reportaje periodístico de Nancy Flores, que hasta antes de 1988, año en que comenzó la estructuración de este esquema empresarial “privado”, Pemex contaba con oficinas de representación en Londres, Inglaterra; Madrid, España; Nueva York y Houston, Estados Unidos. Éstas dependían de la entonces Coordinación Ejecutiva de Comercio Internacional de la paraestatal, que actuaba como enlace con clientes y proveedores de petróleo crudo y derivados del energético.
¿Borrón y cuenta nueva? Allí está el desafío y la coyuntura, además, no favorece a Pemex. No hay mucho tiempo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución en contra de los Regímenes Fiscales Preferentes (Refipres) que entre 1998 y 2005 permitieron a esa empresa petrolera justificar la creación de 25 empresas subsidiarias (en donde Pemex tiene una participación superior al 50 por ciento) y constituir otras 20 sociedades anónimas que operaron recursos públicos por más de 70 mil millones de pesos.
A finales del año pasado, la Suprema Corte falló en contra de compañías como Cemex o Televisa que pretendían la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) enterado al reportar al fisco los resultados de sus operaciones en jurisdicciones del extranjero con regímenes tributarios laxos, con el propósito de mejorar las condiciones fiscales e incrementar su productividad.
Al menos esta fue la justificación –la misma que esgrimió Pemex– para que desde 1990 se permitiera la proliferación de empresasoff-shore, a pesar de que algunos organismos multilaterales las consideraban, bajo algunas circunstancias de elusión tributaria, como una peligrosa competencia desleal.
¿Cómo podría la SCJN permitir la operación de subsidiarias y empresas off shore de Pemex cuando ahora ha fallado en contra de las principales multinacionales privadas del país y les exige pagar impuestos aún cuando genere o registre ingresos en este tipo de empresas?
Fue durante el segundo semestre del año pasado, ante la caída en los precios del petróleo y la contundencia de la crisis, cuando la Suprema Corte comenzó a revisar algunos de los privilegios que en las últimas décadas se habían venido otorgando a las empresas mexicanas con el pretexto de incrementar su productividad para competir en el extranjero.
Es cierto, como lo revela el reportaje de portada de Contralínea Semanal, de la reportera Nancy Flores, que a partir de los informes de la Auditoría Superior de la Federación que Pemex avanza a marchas forzadas en el desmantelamiento de la compleja red de contabilidad creada de forma paralela en paraísos fiscales, como una forma de borrar las huellas de la corrupción y el desvío de recursos públicos, y antes de que a alguien en el Congreso se le ocurra investigar el origen y el destino de los fondos.
Sin embargo, los compromisos y detalles de la operación que Pemex guarda celosamente impedirían su desaparición en el corto plazo. Ejemplo de ello, como lo ha documentado Contralínea en varias entregas, es Pemex Finance Ltd que logró ejercer su opción de compra frente al banco de inversión BNP Paribas Private Bank y Trust Cayman Limited hasta que la paraestatal mexicana garantizó la compra de la deuda resultado del proceso de bursatilización de cuentas por cobrar y para que ésta fuera reclasificada como deuda en su balance.
De hecho, Pemex ya comienza a resentir el costo de la transparencia. El detallado reporte a los mercados de valores de Estados Unidos, bajo la forma 20-F, que Pemex entrega a la Comisión de Valores de ese país (SEC), reconoce que al cierre de 2007 el registro contable de esta deuda significaba ya una diferencia.
Por ello, por la falta de transparencia, es que se ha censurado este tipo de manejos contables sustentados en empresas off shore y en lo que se conoce como leyes suaves (soft laws).
Fue en 1996 cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dio a conocer su reporte “Prácticas fiscales nocivas” (Harmful tax practices). Ahora, año con año la OCDEactualiza la guía de prácticas dañinas que se han desarrollado al amparo de la sofisticación de los mercados financieros que habían facilitado el acceso a los paraísos fiscales.
Aún más, en septiembre de 2002 el Fondo Monetario Internacional observó que las prácticas de registro de las transacciones de Pidiregas se desvían de los estándares de contabilidad. Es decir no califican con estándares internacionales y se les considera prácticas viciadas pero que fueron ampliamente aprovechadas.
La historia de los Pidiregas
Esta fue la historia de Pemex que, para operar el esquema de Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto, conocidos como Pidiregas, constituyó un fideicomiso controlado por una correduría extranjera para dirigir recursos al pago de una deuda que se generaría en el tiempo.
Así nació Pemex Finance Limited, la primera de muchas. Fue entonces cuando Pemex renunció al control de la fuente de ingresos, pero a cambio el gobierno federal sabía que obtendría el dinero necesario para financiar los Pidiregas, en un momento en el que la devaluación de 1995 impedía obtener créditos para la paraestatal con tasas atractivas.
Pemex Finance Ltd funcionó, al menos en ese momento: a través de esta sociedad Pemex logró emitir títulos respaldados por exportaciones de petróleo que obtuvieron un grado de inversión deBBB cuando a la deuda soberana de México le otorgaban tres calificaciones abajo.
Pero esa ventaja terminó junto con el auge de los mercados financieros que no premiaban las buenas prácticas de gobierno corporativo sino el rendimiento aunque éste estuviera acompañado por una terrible opacidad.
Aquel momento tal vez fue propicio para que Pemex creara, al margen de la Constitución y de sus reglamentos y normas que la rigen, toda una red de empresas subsidiarias para operar a la paraestatal prácticamente con una doble contabilidad y una subfacturación de la que tendrían que ocuparse los legisladores. Ahora, Pemex argumenta que pagará menos impuestos, podrá invertir más y no necesitaría de más paraísos fiscales. En teoría, claro, pues habrá que preguntar en dónde están todos los recursos que durante varios sexenios han sido triangulados y hasta ahora nadie sabe su paradero ni sus beneficiarios.
En las últimas décadas Pemex estuvo sujeta a una creciente presión fiscal, al operar como la principal fuente de ingreso de las finanzas públicas. Esta paraestatal no sólo estaba sujeta al ISR y alIVA, sino al Impuesto a los Rendimientos Petroleros y a los Impuestos Especiales a Hidrocarburos, Derechos y Aprovechamientos
Aún más, como resultado de la reforma a Pemex, al eliminarse el esquema de inversión sustentados en Pidiregas, una de las principales acciones derivadas de la reforma de octubre pasado, prácticamente se acabó el pretexto para mantener empresas off-shore. Ahora Pemex podrá mantener la operación de estas compañías si lo decide su Consejo de Administración, pero tendría que hacerlo bajo nuevas reglas del juego luego de que la gestión a través de empresas off-shore se desgastó al abusar del procedimiento.
En la edición de Contralínea Semanal que comenzó a circular a partir de este domingo, se presenta, por primera vez, el mapa de las inversiones de Pemex en organismos subsidiarios y en sociedades anónimas, lo cual podría dar sustento a una profunda investigación legislativa que termine por sancionar a todos aquellos, incluido el presidente Felipe Calderón, que en su momento permitieron, avalaron o autorizaron este tipo de operaciones financieras irregulares.
Se trata de 45 inversiones en acciones de empresas privadas, confirma el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007 –entregado por la ASF a la Cámara de Diputados el pasado 12 de marzo– y las relaciones de inversión que se obtuvieron por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Cabe destacar que el informe bajo la forma 20-F en inglés Pemex sí ha realizado una pormenorizada descripción de la, operación de sus subsidiarias dada la mayor exigencia de información en el mercado estadounidense.
Estas participaciones de la petrolera del Estado y de sus subsidiarias –Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica– se mantienen en cinco monedas: peso mexicano, dólar estadunidense, euro, franco suizo y libra esterlina.
Aunque no son consideradas paraestatales, de las 45 empresas privadas, 25 son propiedad directa o indirecta de Pemex; de éstas, 20 operan sin empleados ni oficinas y reciben servicios administrativos, comerciales y “otros” por “partes relacionadas”; 12 de ellas están radicadas en el extranjero, en territorios considerados paraísos fiscales, y tienen carácter de international bussines corporation (sociedades instrumentales o fantasmas), según se desprende de los datos que proporcionó la paraestatal a laASF el 18 de diciembre de 2008.
La Gerencia de Control de Gestión de Pemex Corporativo indicó que, por su naturaleza, algunas de las empresas son “sociedades unimembres y meramente instrumentales”. A éstas, las describió con características jurídicas que les permiten carecer de personal y de oficinas establecidas.
Respecto de la negativa a reconocerlas como paraestatales, la gerencia encabezada por Hilda Guadalupe Delgado Anzaldua precisó: “Las empresas no fueron creadas con el objeto de auxiliar al Ejecutivo en el desarrollo de las áreas prioritarias a que se refiere el artículo 30 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en relación con el artículo 6 del propio ordenamiento, pues la mera tenencia de acciones no podría calificarse como área prioritaria del desarrollo nacional”.
En el oficio DCO-GCG-5226/08 citado por el informe de la ASF, también justificó que, “como parte de su estrategia comercial y de negocios, Petróleos Mexicanos ha constituido diversas empresas filiales no paraestatales que realizan en forma preponderante actividades comerciales. Las filiales constituidas en el extranjero adoptan la figura de la legislación del lugar donde se constituyen. Son personas morales de derecho privado extranjero y, por ende, no están sujetas a las disposiciones legales nacionales”.
Omitió decir, de acuerdo con el reportaje periodístico de Nancy Flores, que hasta antes de 1988, año en que comenzó la estructuración de este esquema empresarial “privado”, Pemex contaba con oficinas de representación en Londres, Inglaterra; Madrid, España; Nueva York y Houston, Estados Unidos. Éstas dependían de la entonces Coordinación Ejecutiva de Comercio Internacional de la paraestatal, que actuaba como enlace con clientes y proveedores de petróleo crudo y derivados del energético.
En todo caso, las contradicciones se asomarán en cualquier investigación que se realice sobre los procedimientos y justificaciones para crear esta Pléyades de empresas secundarias. En su momento los Pidiregas si se consideraron prioritarias para el desarrollo nacional, tan importantes que requirieron de varias juntas de los primeros círculos del gabinete económico de Ernesto Zedillo. Por cierto, también son varios expresidentes los responsables de dichas irregularidades.
oficiodepapel@contralinea.com.mx
oficiodepapel@yahoo.com.mx
México?
Ejército, sin control
Ana Lilia Pérez
Desde inicios de su sexenio, Felipe Calderón usó al Ejército Mexicano para imponerse y “combatir” al narcotráfico al margen de sus funciones constitucionales. Los militares tomaron calles, ciudades, estados; se insertaron en amplios espacios del poder civil, y actúan sin control. Homicidios, abusos sexuales, cateos ilegales, detenciones arbitrarias y tortura en contra de la población civil son la otra parte de la guerra, documentan organizaciones defensoras de derechos humanos.Entre insultos, custodiado por el Estado Mayor Presidencial, el 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa fue investido presidente en una tribuna tomada por diputados y senadores, con un militar cuidándole las espaldas, en un recinto legislativo prácticamente sitiado.
En los eventos oficiales de los siguientes meses Calderón vestía uniforme de campaña, gorra de cinco estrellas y escudo nacional. Asiduamente, el comandante supremo de las fuerzas armadas se ataviaba con la casaca verde olivo junto al general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional. No sólo él emulaba la efigie castrense: en el desfile del 16 de septiembre de 2007, sus hijos Juan Pablo y Luis Felipe Calderón Zavala aparecieron en el palco presidencial vestidos como militares, con todo e insignias. Ello, denunciaron los diputados José Alfonso Suárez y Cuauhtémoc Sandoval, era contrario al artículo 404 del Código de Justicia Militar.
El 9 de mayo de 2007, Calderón había decretado la creación de un grupo de elite del Ejército y la Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, al mando directo del Ejecutivo, destinado al “manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública”. Un mes después, el presidente delegó al Ejército Mexicano el combate al crimen organizado.
Desde entonces, abogados como Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, advertían los riesgos de utilizar la milicia para combatir al crimen organizado.
Sin control
El informe ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), difundido recientemente, documenta el incremento de “graves violaciones a derechos humanos” en contra de la población civil cometidas por el Ejército Mexicano “en el marco de su participación en tareas que competen a los civiles”. Los agravios más frecuentes: homicidios, detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos, cita la organización reconocida con el Premio de los Derechos Humanos de la República Francesa 2008, distinción internacional que se otorga a organismos o personalidades más comprometidos en la defensa y promoción de los derechos civiles y políticos.
En 2006 se instrumentaron diversos operativos militares en el país. Iniciaron en Michoacán, Tijuana, Guerrero, y el denominado “triángulo dorado”, región ubicada en Sinaloa, Durango y Chihuahua.
En 2007 y 2008, los operativos se extendieron a Sonora y Nuevo León, lo que implicaba cada vez más militares en actividades que constitucionalmente les están vedadas.
Aunque los operativos fueron bien recibidos por la opinión pública nacional e internacional, documenta el Centro Prodh, “la percepción de violencia e inseguridad sigue presente en el país, sin que haya prueba empírica de su abatimiento a causa de la presencia castrense”, aunado a que “no responde a las necesidades de la lucha contra el narcotráfico”. En contraste, “a raíz de los operativos militarizados, los casos de violaciones a los derechos humanos de civiles han aumentado en número y gravedad”.
Tan sólo en el primer año de gobierno de Calderón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) radicó 367 quejas contra elementos castrenses.
Ciento por ciento más que las que se recibieron en el último año de gobierno de Vicente Fox (182 quejas). En 2008, la cifra alcanzó 1 mil 230 querellas, es decir, los supuestos atropellos de milita res se incrementaron casi 500 por ciento respecto al sexenio foxista.
Los estados que reportan mayor número de quejas son: Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Sinaloa. En Chihuahua, consigna el Centro Prodh, los abusos aumentaron con el Operativo Conjunto, que arrancó en marzo de 2008 y ahora, en su segunda fase, concentra a casi 10 mil soldados. En julio de ese año, la CNDH hizo públicas ocho recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por homicidio, tortura, detención arbitraria, ejercicio indebido de la fuerza pública, allanamientos, uso excesivo de la fuerza pública y de armas de fuego durante los operativos.
De las agresiones ocurridas entre 2007 y 2008, de acuerdo con el Centro Prodh, las más frecuentes son, en orden de incidencia: allanamiento a viviendas, cateos ilegales, tortura, ataque con armas de fuego, detención arbitraria, robo, amenazas y abuso sexual. Las víctimas: menores de 18 años, jóvenes entre los 18 y 24 años, mujeres, indígenas, migrantes indocumentados, periodistas y algunos servidores públicos.
Hoy día, documenta el Centro Prodh, no se tiene certeza del número ni nivel de abusos cometidos por militares –muchas de las agresiones no se denuncian–, pues los despliegues han aumentado al punto que, en municipios de varios estados, los civiles fueron relevados en sus cargos por militares, como el caso de Ciudad Juárez donde el general retirado Julián David Rivera Bretón fue designado secretario de Seguridad Pública Municipal y el coronel de infantería Alfonso Cristóbal García Melgar, director operativo de la Policía Municipal.
Por la incidencia, destacan las agresiones a migrantes indocumentados en la frontera sur de México. Allí, con el supuesto de “salvaguardar” la frontera, los militares detienen a los migrantes (aunque legalmente tampoco tienen facultades para ello), los agreden, amenazan y asaltan.
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDHFM), con sede en Tapachula, Chiapas, ha documentado la desaparición de migrantes detenidos por militares (Contralínea 78). Tal es el caso de la joven hondureña Maritza Bayres, retenida por siete soldados que tripulaban el vehículo Hummer número 0904170 en un retén instalado en el Puente Cahocán, en Ciudad Hidalgo. Los siete compatriotas con quienes viajaba Maritza relataron al CDHFM cómo los militares los detuvieron, los obligaron a desnudarse para buscarles en los genitales el dinero que traían escondido y robárselos. Tras el hurto, a los siete varones los dejaron seguir su camino, a Maritza la retuvieron.
Hasta la fecha se desconoce su paradero.
En la frontera sur, la supuesta “guerra” contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón detonó mayores abusos de militares en contra de los indocumentados, explica en entrevista Fermina Rodríguez Velasco, coordinadora del CDHFM. Señala que, si bien este tipo de prácticas existen desde hace varios años, “en el sexenio actual los militares se sienten intocables, por ello persiguen, detienen y agreden a los migrantes. Las revisiones corpóreas y robos son cada vez más frecuentes, además de que, en cada retén, hay unos 20 militares mínimo y todos fuertemente armados y resueltos a dispararle a cualquiera”.
En la franja de 956 kilómetros que divide a México con Guatemala, detalla Fermina Rodríguez, las fuerzas castrenses han impuesto su propio “código de guerra”: “Los migrantes saben que el Ejército Mexicano no tiene atribuciones legales para detenerlos. Todos conocen sus derechos, identifican a las corporaciones que tienen facultades para revisar su estatus migratorio y para detenerlos, pero entre ellos la recomendación es: ‘Si un soldado te detiene, haz lo que dice, sin defenderte, incluso si te roba o te viola, porque en México los soldados tienen todo el poder y son intocables’.
Para los migrantes es parte del costo a pagar para llegar a Estados Unidos”.
Retenes riesgososLos retenes militares se han convertido en un punto de riesgo para la población civil. De enero de 2007 al 30 de no viembre de 2008 se registraron 17 casos de civiles agredidos con arma de fuego, “por no detenerse” en los retenes (según argumentaron los militares). Aunque, en por los menos tres casos, documentó el Centro Prodh, ni siquiera había retén.
Uno de ellos fue el de Marlene Caballero, de 13 años de edad, herida en San Luis la Loma, municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, el 29 de junio de 2007, cuando los militares abrieron fuego al automóvil donde ella viajaba.
El 12 de mayo de 2008, en la carretera Morelia-Mil Cumbres, Michoacán, los militares abrieron fuego contra Carlos Iván García Calderón y Giovanni Fuerte Hernández. Carlos murió y Giovanni fue lesionado.
De las agresiones ocurridas en lo que va del sexenio, la Procuraduría General de Justicia Militar ha abierto 174 averiguaciones previas por delitos cometidos contra civiles, 110 durante 2008. De éstas, sólo hubo 11 consignaciones.
Por el fuero militar, los casos se dirimen en tribunales castrenses, lo que “no es garantía de independencia e imparcialidad ni mucho menos de una eficiente investigación”, considera el Centro Prodh. “La justicia militar propicia la impunidad”.
Fuero militar, salvoconducto de impunidad
Reiteradamente, organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el relator especial de las Naciones Unidas han insistido, sobre el tema de tortura, en la necesidad de que las violaciones de derechos humanos perpetradas por militares sean conocidas por la justicia civil, en el marco de los acuerdos internacionales signados por el Estado mexicano. En febrero pasado, en Ginebra, en el marco del Examen Periódico Universal, en el cual se evaluó a México, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas insistió en el tema, sin respuesta alguna.
No obstante, el Centro Prodh y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, lograron recientemente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera el caso del homicidio de cuatro civiles a manos de militares en Santiago de los Caballeros, Sinaloa –representado jurídicamente por ambas organizaciones–, en el cual se analizará la aplicación del fuero de guerra. La denuncia fue pre sentada por Reynalda Morales Rodríguez, cónyuge de una de las víctimas.
La llamada “masacre de Santiago de Caballeros” ocurrió el 26 de marzo de 2008. Militares abrieron fuego contra el vehículo en que viajaban Edgar Geovanny Araujo Alarcón, Zenón Alberto Medina López, Irineo Medina Díaz, Manuel Medina Araujo, Miguel Ángel Medina Medina y Wilfrido Ernesto Madrid Medina. Los primeros cuatro perdieron la vida, los otros resultaron heridos.
Mediante un comunicado, en abril de ese año, la Sedena informó que el juez militar de la III Región había dictado formal prisión a un teniente, un cabo y tres soldados de infantería. Para el mes de julio, la CNDH emitió la recomendación 036/2008 donde acredita “graves violaciones a los derechos humanos” en agravio de las víctimas. El Centro Prodh asumió la representación jurídica, ante el reclamo de los familiares de las víctimas por la discrecionalidad en la investigación, ya que tanto las indagatorias como el juzgamiento de los responsables están a cargo de las propias autoridades militares.
Al respecto, los abogados Luis Arriaga, director del Prodh, y Luis Miguel Cano, de Fundar, coinciden en que, con este caso, los ministros de la SCJN tendrán oportunidad de fortalecer el control civil sobre las fuerzas armadas. Pero además, dice Arriaga, la Suprema Corte “tiene una particular responsabilidad jurídica y política en el tema, pues fue esa instancia la que, al resolver la controversia constitucional 1/96 (sobre la participación del Ejército en tareas de seguridad pública), permitió que las fuerzas armadas actuaran más allá de su expreso mandato constitucional, con las consecuencias hoy visibles”.
Agrega que “no se trata de abolir el fuero de guerra, sino de aplicarlo para lo que es propio y no para casos de violaciones a derechos humanos cometidos en agravio de los civiles”.
El Centro Prodh está acreditado con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos, y ante el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. En México ha documentado, durante 20 años, los abusos militares, y ha litigado varios casos ante el sistema interamericano.
Desdén por las víctimas
La abogada Liliana Valiña, representante adjunta de la oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explica que la reparación del daño a favor de la víctima es uno de los aspectos más ignorados en casos de violaciones a los derechos humanos. En el caso de la Sedena, según el diagnóstico del Centro Prodh, cuando se consigna a un militar –ante un juez también militar– no se informa a la víctima o a sus familiares, y casi nada se hace público. En ocasiones, “la Sedena puede llegar a proponer a los afectados convenios extrajudiciales de indemnización que no reparan integralmente el daño”.
El 24 de septiembre de 2006, Félix Daniel Téllez Ortiz fue atropellado por un camión militar que circulaba a exceso de velocidad. El joven de 23 años de edad entrenaba ciclismo en la carretera México- Querétaro, a la altura de San Miguel de los Jagüeyes, en Huehuetoca, cuando el vehículo invadió el área de acotamiento donde transitaba el ciclista junto con varios compañeros.
Los siguientes 15 días Daniel permaneció en estado de coma en el hospital del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en Toluca, luego fue trasladado al Hospital Militar donde convaleció cuatro meses. Quedó parapléjico, con laceraciones faciales en 90 por ciento, múltiples lesiones y excoriaciones en el cuerpo. Perdió de manera total la sensibilidad y la movilidad de la cintura hacia abajo.
Los peritos castrenses intentaron responsabilizar a Daniel de los hechos, acusándolo de negligencia, aun con los numerosos testigos que declararon que el camión militar zigzagueaba a exceso de velocidad.
Esclavizado a la silla de ruedas, hace dos años que Daniel Téllez, único varón entre cinco hijos de una familia de clase baja, se enfrenta al Ejército Mexicano en tribunales castrenses, con jueces castrenses, ministerios públicos y todo el personal adscrito a las fuerzas armadas. Lo único que reclama es la reparación del daño.
Las audiencias tienen lugar en la 37 Zona Militar Santa Lucía, Tecamac, Estado de México. No se le permite ingresar ningún sistema de comunicación. Tampoco tiene copia de sus declaraciones ni foja del expediente –que integra la averiguación previa AP37/ZM/97/2006-II–, que consulta en una sala custodiada por militares, con sistemas de vigilancia por todas partes. En medio del blindaje, del expediente han desaparecido pruebas clave para el juicio, denuncian Félix Téllez e Irene Ortiz, padres de Daniel. A más de dos años, la Sedena argumenta que “el reglamento interno no permite indemnizar al lesionado porque éste no trabaja para la secretaría”.
“Defenderme en tribunales militares ha sido muy difícil. Te enfrentas a todo un sistema donde tú no tienes voz. Al principio, el caso no tenía ningún avance, porque ellos (los militares) me daban por muerto, pero luego mis papás estuvieron al pendiente, insistieron y así se iniciaron las audiencias”, explica.
Al momento del accidente, Daniel estudiaba el quinto semestre de preparatoria en el sistema abierto. Su proyecto era convertirse en licenciado en informática.
Los planes se desvanecieron, su futuro se tornó hipotético. No pudo regresar al trabajo. El único contacto social que ahora tiene es con sus padres, debido a que no puede controlar los esfínteres y eso le avergüenza.
“Siento impotencia de ver cómo se aplica la justicia, que los militares no responden por sus actos. Lo más triste es ver cómo me miran mis padres y mis hermanas, pienso en su agobio y eso me da más coraje.” El pasado 24 de septiembre, sus abogados, Jaqueline Sáenz Andujo y Jorge Santiago Aguirre, presentaron una demanda por responsabilidad patrimonial ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es su última vía legal y jurisdiccional para obtener una indemnización por daño físico y sicológico.
Contralínea solicitó una entrevista con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, para saber su postura respecto del informe ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, las recomendaciones que ha emitido la CNDH, así como el resto de los casos que se citan en este texto. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Indígenas y activistas, principales víctimas.
En muchos de los crímenes cometidos contra indígenas y campesinos se han identificado a militares como los agresores directos. Allí está la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco; la detención y tortura de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera; las violaciones a las indígenas Francisca Santos y Victoriana Vázquez, mixtecas; Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, tlapanecas; Ana, Beatriz y Celia González Pérez, tzeltales.
El caso más reciente es el de los indígenas mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos (OIPM). Fueron secuestrados el 13 de febrero, pasada la una y media de la tarde. Media hora después del rapto, Guadalupe Castro Morales, esposa de Manuel, recibió una llamada a su celular proveniente del teléfono de su marido.
Cuando respondió, una voz masculina le advirtió: “No empieces a chingar; quédate calladita o jodemos a tu esposo. Esto les pasa por defender indios”. No hubo posterior comunicación. Sus restos aparecieron ocho días después, ambos tenían huellas de tortura.
Uno de ellos, el tiro de gracia.
Durante años, Lucas Lucía y Ponce Rosas denunciaron los abusos de militares en la zona de La Montaña, en Guerrero. Los dos sobrevivieron a la matanza de El Charco, perpetrada en 1998 por soldados en contra de supuestos integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente.
En su artículo “Raúl Lucas: siembra de odio, cosecha de ira”, publicado en el periódico La Jornada el 24 de febrero pasado, el columnista Luis Hernández Navarro documenta que Lucas Lucía sufrió cuatro atentados. “Pero aquel 13 de febrero el activista no se le escapó a la muerte. La quinta fue la vencida”.
El 24 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado condenó el asesinato y se solidarizó con los familiares: “La oficina expresa su preocupación ante las condiciones de vulnerabilidad en las que las y los defensores de derechos humanos desarrollan su labor (…) especialmente en las regiones de la Costa Chica, Costa Grande y La Montaña del estado de Guerrero”.
Amnistía Internacional se sumó al reclamo.
El presidente y secretario de la OIPM –que tiene su origen en la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), fundada en 1994– trabajaban de manera conjunta con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que preside el antropólogo Abel Barrera Hernández, colaborador de Contralínea.
En entrevista, Barrera asegura que los asesinatos de Lucas Lucía y Ponce Rosas son parte de la guerra sucia que durante décadas se ha vivido en la entidad.
Barrera explica que, si bien en esa región es sistemático el abuso de los militares en contra de la población civil, “ahora con el pretexto del combate al narcotráfico se ha acrecentado el número de violaciones a los derechos humanos. En los últimos tres meses la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha dado curso a 35 quejas en contra de militares”.
En enero pasado, la CEDH informó que a raíz de que iniciaron los operativos militares en Guerrero (tras la decapitación de nueve personas el día 21 de diciembre), en menos de 15 días se habían recibido 13 quejas ciudadanas por invasión, allanamiento de morada y maltrato físico. Entonces el visitador Hipólito Lugo Cortés alertó de los excesos de las fuerzas castrenses.
Abel Barrera puntualiza que en Guerrero la narcoviolencia no ha descendido, aunque Chilpancingo, Zihuatanejo, toda la región de Tierra Caliente y la zona de La Montaña estén militarizadas. En contraste, “ahora que la autoridad civil ha bajado la guardia, las víctimas son los civiles”.
“En Guerrero, los abusos militares tienen una larga historia en el estado, que nos remite a la Guerra Sucia donde no ha habido una investigación y mucho menos castigo a los responsables. Lo peor de todo es que ese patrón de abusos que se han estado realizando por parte del Ejército sigue inalterable, en el sentido de que es un actor armado que no conoce límites en términos legales: incursiona a las comunidades, se posesiona de terrenos comunales para sus campamentos; interroga, detiene, daña la precaria infraestructura de la comunidad, se apropia de las cosechas, mata los animales. Todo eso ha ido creando un ambiente de miedo, de terror hacia las comunidades.
“En la entidad, la agresión del Ejército ha sido tan violenta que han sucedido masacres como la de Ayutla, como una emboscada que hicieron a indígenas de Metlatónoc en el Cerro del Chupamirto donde murió un civil, simplemente porque sentían que los iban persiguiendo; las violaciones sexuales a las mujeres, como las de Valentina González Cantú e Inés Fernández Ortega”.
—En el contexto de agresiones y asesinatos de activistas, ¿los defensores de derechos humanos temen por un integridad? –se le pregunta a Barrera, amenazado de muerte constantemente y para quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió medidas cautelares que incluían cuatro elementos de la Procuraduría General de la República para su custodia.
—Sí –explica, categórico–, porque hoy más que nunca los militares actúan sin control alguno. No hay información ni transparencia de sus operativos ni de sus formas de investigación. La militarización se presta para todo tipo de cuestiones turbias para reprimir sin dejar huella.
En términos de un ambiente de violencia como el que se vive en el país: a río revuelto, ganancia de militares.
(ALP)
Chavez discurso desde Venezuela por el Golpe de Estado hace 7 años
Venezuela: 11 de abril de 2002. En el país suramericano reina el caos. Hugo Chávez, líder popular progresista había renunciado a sólo cuatro años desde su elección, o al menos eso era lo que afirmaban los medios de comunicación privados y el alto mando militar.
Chávez, quien es reconocido por ser un gran orador, en esta oportunidad no había dicho ni una palabra. En su última alocución, en cadena nacional unas horas antes, Chávez había mandado a activar el Plan Ávila, un plan especial de las Fuerzas Armadas venezolanas cuando hay una conmoción interna que amenaza la estabilidad y seguridad nacional.
http://www.telesurtv.net/noticias/entrev-reportajes/index.php?ckl=233
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