El Renacimiento de México



La seguridad y la paz son fruto de la justicia

La situación de inseguridad y violencia que se ha agudizado en Ciudad Juárez desde hace dos años, ha tomado las dimensiones de una crisis humanitaria, irónicamente la entrada del ejército y la policía federal a esta ciudad en lugar de ayudar a mejorar la situación, la empeoró enormemente al grado de que el número de asesinatos se disparó de 2 a 7 por día.

Ante esta situación el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, no podía ser indiferente, y en su pasada visita a esta ciudad fronteriza propuso un programa de 8 puntos para ayudar a revertir la situación tan deplorable que padece.

Contraria a la estrategia de militarización de Calderón, de la mano dura y la cero tolerancia, López Obrador propone seguir una ruta basada en el desarrollo social, la educación pública y la inversión en infraestructura.

En estos 8 puntos se contempla el otorgamiento de becas a estudiantes, el seguro de desempleo, pensión a adultos mayores y discapacitados, atención médica y medicamentos gratuitos para grupos vulnerables, un programa integral de infraestructura urbana, construcción y rehabilitación de escuelas y guarderías, y el otorgamiento de créditos a la palabra para la mejora de vivienda.

El costo de este Programa de Desarrollo Social sería de 6 mil millones de pesos, que se obtendrían de la implementación de un programa de austeridad republicana en el gobierno federal.

En lo personal siento que este programa en efecto sería de gran ayuda a paliar muchos de los efectos causados por la militarización en Ciudad Juárez, ya que reactivaría la economía y el mercado interno, el cual se ha visto enormemente afectado por el cierre de maquiladoras y comercios como resultado de la crisis económica del 2009, pero también por las extorsiones.

Sin embargo, este programa debe ser acompañado en paralelo con la salida del ejército y la policía federal, ya que como bien señaló en repetidas ocasiones la defensora de derechos humanos Cipriana Jurado, en su pasada visita a la Ciudad de México, en alusión a la construcción de un campo de futbol americano en la Colonia Villas de Salvarcar, como homenaje a los 16 jóvenes masacrados, “a qué hora lo van a poder usar los jóvenes de Salvarcar, si la gente ya no quiere salir de sus casas por temor a que los levante el ejército”.

Y es que el ejército y la policía federal desde su llegada a la otrora Paso del Norte, se han visto involucrados en una serie de abusos y violaciones a los derechos humanos, que van desde las extorsiones hasta el asesinato, pasando por torturas, violaciones, y secuestros. Todo está debidamente documentado por las diversas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y por las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos.

En efecto la solución no es más militares como propuso el Usurpador hace unas semanas al jactarse frente a los ciudadanos de Ciudad Juárez, de que: “si es necesario se pondrá un grupo de soldados en cada esquina de Ciudad Juárez.”

Invertir en educación y empleo es correcto, pero no suficiente, el ejército tiene que salir de Ciudad Juárez, así como de Chiapas Guerrero, Michoacán, Puebla, Oaxaca y de cualquier parte del país donde se encuentre haciendo funciones de policía, recordemos que de acuerdo al artículo 129 Constitucional, en tiempos de paz el ejército debe permanecer en los cuarteles.

L.D. Jesús A. Palma M.

Ciudad de México, Sede del Gobierno Legítimo de México, a 15 de marzo de 2010.

Colombia: Elecciones cuestionadas

Erich Moncada SDP Noticias

No dar oportunamente los datos es grave. Parar el conteo de votos es muy grave porque no se definen las situaciones políticas. Por eso hemos pedido que de acuerdo a la competencia del Consejo Nacional Electoral, asuma el conteo y escrutinio de los votos de forma inmediata. Al Procurador General que asuma la vigilancia de ese proceso y además yo creo realmente que no hay garantías con esta manera como lo que sucedió ayer para las elecciones presidenciales.
--Fabio Valencia, ministro de Interior y Justicia. Telesur, 16 marzo.

El domingo los colombianos acudieron a las urnas para elegir a los 102 integrantes del Senado y a los 166 de la Cámara de Representantes, cinco diputados al Parlamento Andino y los candidatos a la Presidencia de los partidos Verde Opción Centro y Conservador. Los partidos afines al uribismo, el gobernante Partido de la Unión y el Partido conservador resultaron los ganadores mayoritarios (25.1 y 20.6 por ciento respectivamente) de la votación que contó con la asistencia del 44.2 por ciento del padrón electoral. En tercer lugar se ubicó el Partido Liberal, que retuvo 18 sillas, en cuarto el Partido Integración Nacional con nueve escaños. Los perdedores fueron Cambio Radical con sólo nueve escaños de quince en la anterior legislatura y el Polo Alternativo que ganó ocho de diez posiciones. La sorpresa fue el Partido Verde, con cinco escaños obtenidos.

El proceso comicial estuvo marcado por irregularidades y disturbios en los centros de votación. Según notas periodísticas, siete bombas fueron desactivadas en el departamento de Nariño dirigidas contra de personal militar. Se registraron 28 denuncias de compra de votos ante las autoridades electorales. Seis soldados fueron heridos durante un asalto armado en El Cauca y un grupo de paramilitares desplazó a 200 campesinos en esa comunidad.


La Misión de Observación Electoral (MOE) detectó "proselitismo armado" y tarjetas de votación "premarcadas" en varios municipios. La Policía Nacional informó la desaparición de 235 boletas en la población de Sipí, mientas que en Betania se reportaron acarreos de ciudadanos procedentes de Medellín. La senadora Piedad Córdoba denunció que sus simpatizantes recibieron amenazas de parte de grupos paramilitares y narcotraficantes para inhibirlos a acudir a las urnas. La MOE declaró que la jornada comicial se caracterizó por una menor "coacción armada, pero más compra-venta de votos". En total dieron curso a 165 denuncias a la Policía Nacional, por delitos como coacción de votantes, publicidad proselitista en los centros de votación y participación activa de funcionarios públicos. También la Unidad de Reacción Inmediata Electoral informó haber recibido 350 denuncias por irregularidades durante la jornada.

Los observadores de la Organización de Estados Americanos fueron testigos de las irregularidades, pero consideraron que estas "no atentan contra el proceso electoral". Las más documentadas fueron la compra venta de votos en Magangué, municipio de Bolívar, y en los departamentos de Magdalena, Atlántico, Cundinamarca y Norte de Santander. La OEA afirma que los fraudes siguen igual o peor que en el proceso electoral de 2007.


Los colombianos que residen en Venezuela no se mostraron dispuestos a acudir a las urnas, registrándose una abstención de cerca del 90 por ciento de votantes registrados. En los consulados varios ciudadanos denunciaron el favoritismo de los funcionarios en torno al partido oficialista, la inducción del voto y la falta de tinta indeleble para marcar a quienes ya habían votado.

La prensa colombiana demandó la renuncia de Carlos Ariel Sánchez, Registrador Nacional del Estado Civil (organizador de las elecciones), por su incompetencia para garantizar la plataforma tecnológica que demoró excesivamente la entrega de los resultados, modificándose sobre la marcha el formato de entrega de los archivos y provocando la aparición de un millón 403 mil 913 votos nulos y 473 mil 351 votos en blanco, equivalente al 15 por ciento de la votación total.


El Diario del Huila considera que los errores y las demoras de la Registraduría no generan "tranquilidad para ninguna de las partes, llaman a la desconfianza y crean un mandato de duda sobre su veracidad y legitimidad".

Sánchez justificó los fallos bajo el argumento de que los jurados se demoraron al entregar el conteo de los votos por la gran cantidad de tarjetones con listas preferentes y el aumento del 30 por ciento en el número de candidatos. El diario El Colombiano documentó que el candidato Andrés Felipe Arias iba adelante con 5,399 votos, anunciado por el boletín número 50 de la Registraduría, pero se suspendió el conteo a las 3:39 de la mañana de lunes y se anunció que se reanudaría hasta el día siguiente; sin embargo, para las 6:35 de la mañana apareció el boletín número 64, que anunciaba la delantera de Noemí Sanín, con una ventaja de 404 votos. Es decir, desaparecieron o se omitieron inexplicablemente 13 boletines de la Registraduría.

Parte de la abstención, reportan los medios impresos y electrónicos, se debió a la complejidad de los tarjetones de votación, con demasiados logos y opciones diferentes, así como la presentación de tres distintos bloques de circunscripciones para el Congreso, lo que confundió a los electores.

Desde el viernes pasado el Procurador General de la Nación advirtió a la Registraduría Nacional le sobre la posibilidad de fallas técnicas, logísticas y de personal que podrían poner en entredicho la credibilidad de la votación.

¿Estamos en la antesala de un fraude electoral en las elecciones presidenciales del 30 de mayo próximo?

SME CITA CON LA HISTORIA