Congreso El lado oscuro de los ‘spots’
Los senadores están resistiendo una embestida de radio y televisión por la reforma electoral. El problema es que sigue siendo insuficiente
El martes pasado sucedió algo espectacular en las comisiones unidas del Senado. Durante más de tres horas en una cadena nacional voluntaria, las principales empresas de radio y televisión del país marcharon sobre los legisladores, los desafiaron, los ningunearon y hasta los insultaron. Los propietarios y los conductores que aportan 96% de la información a los mexicanos denunciaron que la nueva reforma electoral es una amenaza para la libertad de expresión y desde ese momento han escalado la cruzada mediática contra legisladores y partidos. Estamos en medio de una discusión muy ruidosa, muy tramposa y muy peligrosa. No le asiste la razón política a la industria de la radio y la televisión, pero en los insuficientes términos como está planteada esta reforma, los que se sienten hoy afectados podrían resultar ganadores en el largo plazo, y los que hoy no murieron a noticierazos podrían arrepentirse si la Cámara de Diputados y los congresos locales que se necesitan para que la reforma sea constitucional no la profundizan.
El terreno de la guerra que estamos viendo no es por la libertad de expresión o del pensamiento, sino por los spots políticos. La molestia de los patrones —que se entiende desde el punto de vista del negocio— es que dejarán de percibir 3 mil millones de pesos en las elecciones de 2009 y 2012 por ese concepto y, como agravante, tendrán que incorporar en sus horarios de seis de la tarde a 12 de la noche un total de 18 minutos diarios para la propaganda política, a razón de tres minutos cada hora. Como dijo Rogerio Azcárraga, propietario de Radio Fórmula, perderán 30% del tiempo comercializable en ese horario y, además, rating. No le falta razón, dado que la política no se encuentra entre los temas de mayor interés general. El planteamiento capitalista de los propietarios fue químicamente puro. Pero los conductores son otra cosa.
La impresión es que muchos de ellos confundieron la gimnasia con la magnesia cuando sintieron que sus espacios informativos y de opinión eran puestos en la guillotina si difundían temas que pudieran formar valoraciones sobre candidatos, y que hipotéticamente modificaran preferencias electorales. No es así. La reforma electoral refrasea el artículo sexto constitucional y establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Impecable.
Nadie se puede sentir amenazado. Se amplían las garantías a la libertad de expresión, y en aquellos puntos subjetivos los delitos por difamación y libelo ya están reglamentados en una legislación moderna. En realidad, la defensa no era sobre la libertad de prensa, sino por la libertad de empresa. La reforma no les impedirá informar de nada, como lo han venido haciendo desde hace dos elecciones presidenciales, ni elimina los sondeos, o las encuestas, o frena el presentar un mosaico de opiniones de actores y de ciudadanos. La reforma se refiere específicamente a la propaganda política. Mezclar el artículo sexto con el 41 constitucionales es un poco extraño. ¿Por qué los comunicadores abogan por algo que no es de su competencia sino de los políticos? Aseguran que es por la libertad, pero giran en torno a la defensa mercantil del spot.
La reforma electoral que aprobó el Senado establece en su artículo 41 constitucional que “la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberá abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas”. Los senadores están pavimentando el camino al infierno de buenas intenciones. Modificar la ley para mejorar la calidad del debate político, como dicen que sucederá con esta modificación, es irreal. Hoy en día no hay ninguna ley que regule las campañas, positivas o negativas, y en las últimas elecciones tampoco pensaron en esto. Las campañas negativas no fueron invento de los medios, sino de los mismos legisladores. Quieren actuar en lo políticamente correcto —por cierto, una línea de pensamiento de origen conservador—, pero van rumbo a la equivocación.
Las campañas negativas no sólo son parte de la vida política en el mundo, sino que éstas, llamadas también de contraste, son las que mayor información aportan a un electorado. Las campañas negativas son lo mejor que les podría suceder a los políticos, pues generan interés y atención de un electorado que por lo general se aburre con ellos. Censurar los spots sí es un atentado a la libertad de expresión, pero de los candidatos a puestos de elección popular, no de los medios. Son ellos quienes deberían condenar a muerte esa prohibición, si llegan a entender que, lejos de beneficiarlos, los afectará.
No es lo único pernicioso. Los senadores construyeron una trampa que podrá arrastrarnos a todos en ella. Si se quedan con sus spots en horario prime time, habrá consecuencias. La menor es que en una actitud revanchista —¿alguien lo duda tras observar la embestida de medios electrónicos contra partidos y legisladores?— desaparecieran a los políticos y sus campañas de los noticieros porque, con el argumento objetivo de que son solemnes y aburridos, no son un buen negocio para las empresas, subrayando su eterno desinterés en la responsabilidad social del medio. Además, como lo están demostrando, los medios electrónicos no reconocen que los senadores, por más objeciones que pueda uno tener a la reforma en lo general o en lo particular, son un poder de representación popular.
Lo peor, pero más probable, es la institucionalización de las gacetillas políticas en radio y televisión, en forma más sofisticada que en la actualidad, y por lo mismo más eficiente, y que ese mejor debate político al que se aspira se convierta en propaganda disfrazada de información.
¿Cómo probar que una noticia de un estado o en un municipio puede no ser de interés general si la jerarquización de la información es tan subjetiva? ¿Cómo probar ante la autoridad que la entrevista a un aspirante a un puesto de elección popular no tiene autoridad para hablar sobre determinado tema, si este es un gobernante estatal o una figura política reconocida? Hoy en día hay algunos conductores de medios electrónicos que exigen hasta 250 mil pesos por entrevistar a alguna persona importante, sin que quede claro cuánto de ello entra a la tesorería de sus empresas. Pero si esta es la manera de acceder a recursos políticos, nada evita que surjan políticas empresariales donde se establezcan convenios comerciales de palabra, imposible de rastrear. Los medios no van a perder. La equidad en competencias electorales, sí. ¿La democracia? Bien, gracias, se encuentra fuera de México.
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