Erich Moncada/SDP 02 de December, 2009 - 09:49
Hermosillo, Sonora, 2 de diciembre.- Ante el recrudecimiento de las ejecuciones en el estado, el gobernador Guillermo Padrés y el alcalde de Hermosillo, Javier Gándara, anunciaron su intención de solicitar a la Cuarta Zona Militar se coordine con las fuerzas de seguridad civiles para realizar patrullajes todo el mes de diciembre.
El alcalde capitalino se manifestó en contra de la militarización, pero sí a favor de tomar medidas para garantizar la seguridad de los hermosillenses. El ejecutivo local explicó que el objetivo es que los militares tengan presencia suficiente para evitar la ocurrencia de hechos violentos (El Imparcial, 02.12.09).El Procurador de Justicia, Abel Murrieta declaró (Expreso, 02.12.09) que en lo que va del año cerca de 400 personas han sido asesinadas en tierras sonorenses por ajustes de cuentas. Entre los casos más destacados se encuentra la ejecución de los comandantes de la Policía Estatal Investigadora Ramón Ontamucha (16 de septiembre) y Ezequiel Quintero (1 de diciembre), así como el homicidio del líder agrario Margarito Montes y otras 14 personas (30 de octubre).
La decisión de involucrar al Ejército en labores de seguridad pública podría generar graves consecuencias sobre los derechos humanos de los sonorenses, pues han sido ampliamente documentadas las denuncias por abusos y malos tratos de los militares a los ciudadanos. Peor aún, ni el alcalde Gándara ni el gobernador Padrés han explicado los mecanismos que pondrán en práctica para evitar estos excesos, ni han sometido esta delicada decisión a la consideración de los sectores sociales.
Los gobernantes de extracción panista tampoco se han referido a la inefectividad de la militarización para reducir los índices de violencia. En Chihuahua, a pesar de la presencia de 7 mil 500 efectivos castrenses y mil agentes de la Policía Federal, se han registrado más de 2 mil ejecuciones en lo que va de 2009, superando la cifra del año anterior (El Universal, 20.11.09).
Desde que el presidente espurio Felipe Calderón lanzó su fracasada guerra contra los cárteles de la droga, el estado norteño ha contabilizado 5 mil 530 muertes, mientras que a nivel nacional el “ejecutómetro” ha alcanzado la pavorosa cifra de 16 mil homicidios (Milenio, 01.12.09) en tan sólo tres años.
Un estudio presentado por seis organizaciones civiles nacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que las quejas contra el Ejército se sextuplicaron en los primeros dos años del gobierno federal. Entre las denuncias más recurrentes se encuentran cateos ilegales, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, torturas y 28 homicidios (Incide Social, 20.03.09).
Amnistía Internacional informó que el próximo 8 de diciembre presentará un extenso informe sobre las violaciones de derechos humanos de los militares contra la población civil. AI afirma que “con frecuencia ni las autoridades civiles ni las militares investigan estas denuncias de forma inmediata, imparcial y eficaz para garantizar que los responsables de las violaciones sean puestos a disposición judicial”.
Con el Ejército en las calles de Sonora, la seguridad de la ciudadanía no está garantizada y podrían suscitarse más arbitrariedades graves
