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México, DF, 25 de abril de 2007.
Servicio informativo núm. 76
Servicio informativo núm. 76
SE PRETENDE APROBAR MAÑANA, EN FAST TRACK, LA INJERENCIA EXTRANJERA Y LA PRIVATIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEXICANA, DENUNCIÓ RAQUEL SOSA
La Secretaría de Educación, Ciencia y Cultura del Gobierno Legítimo ha denunciado con carácter de urgente la intención de los partidos de la derecha de aprobar el día de mañana, en la Cámara de Diputados, sin mayor cuidado y discusión, la Ley de Infraestructura Educativa que fue aprobada por el Senado de la República el 17 de abril pasado.
Raquel Sosa, secretaria de Educación, Ciencia y Cultura del Gobierno Legítimo, declaró que, en principio, “resulta sospechoso e inconveniente que una materia tan delicada como la infraestructura educativa no haya recibido de parte de los legisladores la atención, el cuidado y las consultas que se requieren. Sin discusión en comisiones o en el pleno, y ahora enviada para su pronta aprobación en la Cámara de Diputados, no puede resultar sino en perjuicios para las instituciones educativas del país y para el desarrollo de la función constitucional del Estado en materia de educación básica”.
En segundo término, la funcionaria lopezobradorista indicó que “no puede no haber un pronunciamiento legislativo sobre el funcionamiento del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) y sobre los motivos para su desaparición” que la ley propone, y agregó: “Es un hecho reconocido incluso por el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación que la mayor parte de las escuelas del país carecen de una infraestructura digna y que, particularmente en las zonas más pobres, el deterioro o inexistencia de aulas, bibliotecas y hasta sanitarios afecta considerablemente el funcionamiento del servicio educativo. En esas condiciones, resulta elemental exigir que, previo a cualquier modificación a la ley vigente, se realice una auditoría técnica y financiera al CAPFCE, y se rinda puntual informe del estado de la infraestructura educativa del país”.
Raquel Sosa consideró que “la premura con que el gobierno espurio pretende ahora normar la infraestructura educativa no tiene otro motivo más que la exigencia del Banco Mundial de participar en la inversión, diseño, evaluación y certificación de la infraestructura educativa, con el propósito explícito de determinar políticas hasta ahora reservadas exclusivamente al Estado mexicano; introducir inversión privada en la educación pública e inversión pública en la infraestructura educativa privada; e intervenir en una institución estratégica para el destino del país”, por lo que “oponerse a estos criterios y a la imposición de una institución que violenta el principio de soberanía en materia educativa establecido en el artículo 3º Constitucional es para el Gobierno Legítimo de México un deber irrenunciable de los legisladores democráticos y a ello apelamos”.
Sosa Elízaga denunció que el Banco Mundial está exigiendo a México dotar de autonomía de gestión, técnica y administrativa a las instituciones nacionales en las que el organismo internacional interviene, de modo que sus decisiones en materia de inversión, política, financiamiento y asociaciones con entidades privadas puedan no estar sujetas al control ejecutivo ni, sobre todo, legislativo, lo que calificó como “una forma de intervencionismo inaceptable”.
A diferencia de la Ley de 1944, que establece la rectoría exclusiva de la Secretaría de Educación Pública en materia de construcción de infraestructura educativa, “lo que se pretende ahora es introducir los elementos de asesoría técnica, planeación, coordinación y homologación con entidades externas indefinidas, lo que abre las puertas para aplicar programas de planeación, inversión, ejecución y evaluación, pactados ya con el Banco Mundial, así como la apertura a inversiones privadas en la educación pública del país”, señaló Raquel Sosa.
La intención de introducir a entidades externas es confirmada por el artículo 6 de la propia Ley, que establece que: “En las situaciones de orden legal no previstas en esta ley o en los tratados internacionales en la materia suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, se aplicarán de forma supletoria, en lo que no se opongan a la presente ley, la Ley General de Educación,…etc.”
Y, nuevamente, en el artículo 7: “La infraestructura física educativa del país deberá cumplir con requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia. Las autoridades en la materia promoverán la participación social, la de los prestadores del servicio y la de los sectores productivos, para optimizar y elevar la calidad de la infraestructura educativa, en los términos que señala esta Ley y su reglamento”.
La Secretaría de Educación, Ciencia y Cultura del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador consideró lo anterior como una intención clara de que “el Estado renuncie a sus atribuciones exclusivas y permita la participación privada en la determinación de políticas, inversión y evaluación de la infraestructura educativa”.
Lo mismo se muestra en el artículo 13 de la ley que la derecha pretende aprobar mañana, y que establece la competencia privada en una materia hasta ahora reservada al Estado: “La certificación de la calidad de la infraestructura educativa la llevará a cabo el Instituto (de la Infraestructura Educativa) o los organismos públicos o privados que éste autorice”; más adelante, en el artículo 25, indica: “La Junta de Gobierno (del Instituto) podrá invitar a representantes de las dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, así como a integrantes de organismos de los sectores social y privado, cuando se traten asuntos en los que se considere necesaria su participación. Estos representantes tendrán voz pero no voto”; y el artículo 33 autoriza expresamente al director del Instituto a: “III.- Celebrar toda clase de actos jurídicos necesarios para el desarrollo de las atribuciones y el cumplimiento de los objetivos del Instituto de la Infraestructura Educativa”.
Raquel Sosa agregó que otra novedad ominosa en la ley que pretende aprobarse es la de constituir al Instituto de Infraestructura Educativa como una entidad de tipo empresarial, con capacidad de gestionar recursos privados y prestar servicios a entidades privadas para la obtención de recursos.
Esto se muestra –dijo– en el artículos 19: “El patrimonio del Instituto estará formado: I. Con los bienes muebles, inmuebles y derechos de uso y aprovechamiento que el Gobierno Federal le asigne o le proporcionen mediante cualquier figura jurídica los Gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, los municipios o los particulares; II. Con los recursos que al efecto se le señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación; III. Con los ingresos propios que obtenga. El reglamento precisará los conceptos, y IV. Con los bienes e ingresos que obtenga por cualquier otra vía”.
“Evidentemente –indicó la funcionaria del gobierno lopezobradorista–, de lo que se trata aquí es de que el Instituto sirva como fachada empresarial para fines ajenos a los de la construcción de la infraestructura educativa pública y, además, se consideren legítimos y legales los recursos que obtenga ¡por cualquier otra vía!”
Como atribuciones del Instituto, se establecen, en el artículo 20, VII: “Promover ante las instancias públicas o privadas la obtención de financiamiento alterno para la construcción, mantenimiento, equipamiento, habilitación, rehabilitación y reforzamiento de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación que imparta el Estado”; XVII: “Celebrar convenios de investigación, desarrollo e intercambio de tecnología en materia de infraestructura educativa con organismos e instituciones académicas nacionales e internacionales”; y XX: “Obtener ingresos propios por servicios remunerados derivados de su objeto, señalados específicamente en el reglamento”.
Por lo que, concluyó Raquel Sosa, “mediante la propuesta de Ley, se abre paso a la privatización de la infraestructura educativa del país; se pretende legitimar convenios firmados con el Banco Mundial en materia de certificación e intervención sobre la infraestructura educativa y se violenta la soberanía estatal sobre la educación pública. Por todo ello, así como por las consideraciones planteadas al inicio, el Gobierno Legítimo de México se opone tajantemente a su aprobación”.
Raquel Sosa, secretaria de Educación, Ciencia y Cultura del Gobierno Legítimo, declaró que, en principio, “resulta sospechoso e inconveniente que una materia tan delicada como la infraestructura educativa no haya recibido de parte de los legisladores la atención, el cuidado y las consultas que se requieren. Sin discusión en comisiones o en el pleno, y ahora enviada para su pronta aprobación en la Cámara de Diputados, no puede resultar sino en perjuicios para las instituciones educativas del país y para el desarrollo de la función constitucional del Estado en materia de educación básica”.
En segundo término, la funcionaria lopezobradorista indicó que “no puede no haber un pronunciamiento legislativo sobre el funcionamiento del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) y sobre los motivos para su desaparición” que la ley propone, y agregó: “Es un hecho reconocido incluso por el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación que la mayor parte de las escuelas del país carecen de una infraestructura digna y que, particularmente en las zonas más pobres, el deterioro o inexistencia de aulas, bibliotecas y hasta sanitarios afecta considerablemente el funcionamiento del servicio educativo. En esas condiciones, resulta elemental exigir que, previo a cualquier modificación a la ley vigente, se realice una auditoría técnica y financiera al CAPFCE, y se rinda puntual informe del estado de la infraestructura educativa del país”.
Raquel Sosa consideró que “la premura con que el gobierno espurio pretende ahora normar la infraestructura educativa no tiene otro motivo más que la exigencia del Banco Mundial de participar en la inversión, diseño, evaluación y certificación de la infraestructura educativa, con el propósito explícito de determinar políticas hasta ahora reservadas exclusivamente al Estado mexicano; introducir inversión privada en la educación pública e inversión pública en la infraestructura educativa privada; e intervenir en una institución estratégica para el destino del país”, por lo que “oponerse a estos criterios y a la imposición de una institución que violenta el principio de soberanía en materia educativa establecido en el artículo 3º Constitucional es para el Gobierno Legítimo de México un deber irrenunciable de los legisladores democráticos y a ello apelamos”.
Sosa Elízaga denunció que el Banco Mundial está exigiendo a México dotar de autonomía de gestión, técnica y administrativa a las instituciones nacionales en las que el organismo internacional interviene, de modo que sus decisiones en materia de inversión, política, financiamiento y asociaciones con entidades privadas puedan no estar sujetas al control ejecutivo ni, sobre todo, legislativo, lo que calificó como “una forma de intervencionismo inaceptable”.
A diferencia de la Ley de 1944, que establece la rectoría exclusiva de la Secretaría de Educación Pública en materia de construcción de infraestructura educativa, “lo que se pretende ahora es introducir los elementos de asesoría técnica, planeación, coordinación y homologación con entidades externas indefinidas, lo que abre las puertas para aplicar programas de planeación, inversión, ejecución y evaluación, pactados ya con el Banco Mundial, así como la apertura a inversiones privadas en la educación pública del país”, señaló Raquel Sosa.
La intención de introducir a entidades externas es confirmada por el artículo 6 de la propia Ley, que establece que: “En las situaciones de orden legal no previstas en esta ley o en los tratados internacionales en la materia suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, se aplicarán de forma supletoria, en lo que no se opongan a la presente ley, la Ley General de Educación,…etc.”
Y, nuevamente, en el artículo 7: “La infraestructura física educativa del país deberá cumplir con requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia. Las autoridades en la materia promoverán la participación social, la de los prestadores del servicio y la de los sectores productivos, para optimizar y elevar la calidad de la infraestructura educativa, en los términos que señala esta Ley y su reglamento”.
La Secretaría de Educación, Ciencia y Cultura del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador consideró lo anterior como una intención clara de que “el Estado renuncie a sus atribuciones exclusivas y permita la participación privada en la determinación de políticas, inversión y evaluación de la infraestructura educativa”.
Lo mismo se muestra en el artículo 13 de la ley que la derecha pretende aprobar mañana, y que establece la competencia privada en una materia hasta ahora reservada al Estado: “La certificación de la calidad de la infraestructura educativa la llevará a cabo el Instituto (de la Infraestructura Educativa) o los organismos públicos o privados que éste autorice”; más adelante, en el artículo 25, indica: “La Junta de Gobierno (del Instituto) podrá invitar a representantes de las dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, así como a integrantes de organismos de los sectores social y privado, cuando se traten asuntos en los que se considere necesaria su participación. Estos representantes tendrán voz pero no voto”; y el artículo 33 autoriza expresamente al director del Instituto a: “III.- Celebrar toda clase de actos jurídicos necesarios para el desarrollo de las atribuciones y el cumplimiento de los objetivos del Instituto de la Infraestructura Educativa”.
Raquel Sosa agregó que otra novedad ominosa en la ley que pretende aprobarse es la de constituir al Instituto de Infraestructura Educativa como una entidad de tipo empresarial, con capacidad de gestionar recursos privados y prestar servicios a entidades privadas para la obtención de recursos.
Esto se muestra –dijo– en el artículos 19: “El patrimonio del Instituto estará formado: I. Con los bienes muebles, inmuebles y derechos de uso y aprovechamiento que el Gobierno Federal le asigne o le proporcionen mediante cualquier figura jurídica los Gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, los municipios o los particulares; II. Con los recursos que al efecto se le señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación; III. Con los ingresos propios que obtenga. El reglamento precisará los conceptos, y IV. Con los bienes e ingresos que obtenga por cualquier otra vía”.
“Evidentemente –indicó la funcionaria del gobierno lopezobradorista–, de lo que se trata aquí es de que el Instituto sirva como fachada empresarial para fines ajenos a los de la construcción de la infraestructura educativa pública y, además, se consideren legítimos y legales los recursos que obtenga ¡por cualquier otra vía!”
Como atribuciones del Instituto, se establecen, en el artículo 20, VII: “Promover ante las instancias públicas o privadas la obtención de financiamiento alterno para la construcción, mantenimiento, equipamiento, habilitación, rehabilitación y reforzamiento de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación que imparta el Estado”; XVII: “Celebrar convenios de investigación, desarrollo e intercambio de tecnología en materia de infraestructura educativa con organismos e instituciones académicas nacionales e internacionales”; y XX: “Obtener ingresos propios por servicios remunerados derivados de su objeto, señalados específicamente en el reglamento”.
Por lo que, concluyó Raquel Sosa, “mediante la propuesta de Ley, se abre paso a la privatización de la infraestructura educativa del país; se pretende legitimar convenios firmados con el Banco Mundial en materia de certificación e intervención sobre la infraestructura educativa y se violenta la soberanía estatal sobre la educación pública. Por todo ello, así como por las consideraciones planteadas al inicio, el Gobierno Legítimo de México se opone tajantemente a su aprobación”.
