Erich Moncada | SDP NoticiasEl fin de semana pasado viajé con mi familia a Nogales, Arizona. En el sofisticado e ilegal retén militar de Querobabi, que tuvo un costo de 154 millones de pesos y ha sido inútil para reducir las kilométricas filas de camiones sometidos a revisión, hicimos alto en la caseta para ser interrogados por un cabo que no tenía más de 25 años. Muy educado, nos preguntó de dónde veníamos, hacia dónde nos dirigíamos y a qué nos dedicábamos. Cuando le preguntó a mi mamá sobre su empleo, ella dijo que trabajaba para la Comisión Estatal de Derechos Humanos. "Oiga, ¿y no hay muchas quejas contra nosotros?", le preguntó ansioso el militar, a lo que ella respondió que la Comisión Nacional y no ellos, se dedicaban a recibir las denuncias contra el Ejército.
Pobres soldados. No sólo están mal pagados, deben obedecer a un Comandante en Jefe espurio y viven amenazados por el narcotráfico, sino que están al tanto sobre el gran desprestigio que tienen frente a la sociedad. Se han vuelto famosos por disparar primero y hacer preguntas después. Ahí está el más reciente caso de Martín y Bryan Almanaza Salazar, de 5 y 9 años de edad, muertos a tiros y atacados con granadas en Tamaulipas porque su familia no se detuvo en un retén militar.
Los mandos civiles son responsables de la decadencia de la institución castrense. Y según el general Guillermo Galván, los atropellos de los militares se prolongarán, al menos, durante los próximos 5 a 10 años. Y si Enrique Peña Nieto u otro panista, llegaran a la Presidencia, la militarización de la seguridad pública será permanente e irreversible.
Para colmo, el secretario de Defensa solicitó a los diputados más facultades para legalizar los cateos. Así, los soldados podrán, como ya lo hacen, entrar a patadas a los domicilios, amagar a niños y ancianos a punta de pistola, golpear e insultar a mujeres y hombres y robarles sus pertenencias, siempre y cuando persigan un delito en flagrancia o "sospechen" que podría cometerse alguno. Podrán privar de su libertad a los detenidos hasta por 24 horas para "interrogarlos" (torturarlos) con tehuacanazos y choques eléctricos, así como realizar actividades de espionaje, suspender espectáculos y el tránsito masivo de vehículos.
Con estos poderes metaconstitucionales, parecería que el Ejército quiere intimidar más a la población que los mismos narcotraficantes. Y lo peor es que a cambio de obtener dichas facultades, no existe un compromiso serio de parte de la institución para defender los derechos humanos de los mexicanos, ya que Galván se manifestó en contra de suprimir el fuero militar. ¿Así cómo quiere que confiemos en ustedes, mi general?
Estas pretensiones sólo le dan la razón al narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada cuando critica los abusos de los militares contra la población civil. Y le restan credibilidad y legitimidad al trabajo que hace por la sociedad las fuerzas armadas.
Si se prolonga esta guerra fracasada, durante más de 5 o 10 años, dudo que sea posible regresar al Ejército a los cuarteles, porque nada nos garantiza que sean inmunes a los efectos de la corrupción de los cárteles. Los soldados no deben pagar por los errores y la obstinación de los políticos. Y la ciudadanía debería tener la última palabra y decidir, mediante una consulta pública, la pertinencia o no de mantenerlos en las calles.
