El uso de la fuerza
Jorge Carrasco Araizaga
México, D.F., 8 de diciembre (apro).- Hay que ejercer la autoridad ganada, le dijo el secretario de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, a Felipe Calderón poco antes de que jurara como presidente constitucional de México.
El mensaje del jefe militar fue contundente: la próxima administración no dudará para ejercer el “uso legítimo de la violencia”, pues de acuerdo con el nuevo comandante de la Armada de México la seguridad nacional “está en juego”.
Saynez evitó explicar por qué la seguridad de la nación mexicana está en riesgo. La delincuencia organizada –en especial el narcotráfico– y los movimientos armados, son, sin duda, asuntos que entran en esa lógica; pero la seguridad pública no lo es.
Si bien hay una profunda crisis en la capacidad del Estado mexicano para garantizar la integridad de los mexicanos y la posesión de sus bienes, no es sólo con la fuerza dirigida por los militares como se va a solucionar.
En su primer discurso como presidente constitucional, Calderón ordenó al gabinete de seguridad nacional, en el que participan las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, que a más tardar en febrero presenten un programa de seguridad “para renovar los mecanismos de procuración e impartición de justicia”.
Su intención, en pocas palabras, es que los militares mexicanos se involucren directamente en el “fortalecimiento de nuestros cuerpos policíacos”, pero también en la administración de la justicia en México.
Si esto es así habrá que esperar si los soldados y marinos comparten en plan del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de unificar las policías del país. Puede que comulguen con la idea, la pregunta es qué podrán hacer para enfrentar las seguras y numerosas resistencias que tendrá ese plan en las diferentes policías del país.
Habrá que ver también si los gobernadores, como jefes políticos de los estados, aceptan ser mutilados de ese poderoso instrumento de control caciquil.
De cumplirse, la propuesta calderonista significará también que los militares mexicanos –que tienen uno de los códigos de justicia más atrasados del mundo– estarán definiendo “sistemas” para aplicar la justicia a los civiles.
Calderón se encamina a repetir el error de su antecesor Vicente Fox al designar a un militar, el general Rafael Macedo de la Concha, al frente de la procuración de justicia civil. El resultado está a la vista.
Esa decisión significó un retroceso en la democratización del país, pues en ese proceso los militares deben ser totalmente ajenos a la administración del poder civil, al que deben estar completamente subordinados.
Esta vez Calderón no designó a un militar al frente de la Procuraduría General de Justicia –sino a un empresario venido a poderoso funcionario público en materia de seguridad– pero está pidiendo que los uniformados diseñen la manera en que la institución debe administrar y procurar justicia. La lógica detrás de esa decisión no es otra que el uso de la fuerza.
Calderón anunció también en su primer discurso que propondrá al Congreso reformas legales con el propósito de “aumentar las penas para quienes más agravian a la sociedad”.
Como abogado y exlegislador, Calderón sabe que incrementar las penas no lleva a ningún lado. En países donde eso ha ocurrido, la inseguridad se detiene sólo momentáneamente y después regresa a sus anteriores niveles.
Sin duda, uno de los principales retos del Estado mexicano al comienzo del siglo XXI es garantizar niveles aceptables de seguridad a sus ciudadanos.
La fuerza no lo es todo. Lo grave es que con el pretexto de la inseguridad se use el aparato de fuerza del Estado para ganar la legitimidad no obtenida en las urnas.
No sólo la delincuencia organizada y los movimientos armados son los que de forma explícita están en la mira. También, implícitamente, lo está todo movimiento y expresión social que la nueva administración considere como una amenaza al “Estado de derecho”.
Para esa labor estará el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, que por definición es actor central del gabinete de seguridad nacional y cuya intolerancia no está en duda.
Si Calderón pretende construir su liderazgo con el uso de la fuerza del Estado y sin mayores avances en materia de seguridad, al final de su sexenio no habrá hecho otra cosa que revivir el autoritarismo mexicano del siglo XX.
Opinión: ¿A poco no es clarito el mensaje -diría Tomas M.- "mis valedores"?
Jorge Carrasco Araizaga
México, D.F., 8 de diciembre (apro).- Hay que ejercer la autoridad ganada, le dijo el secretario de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, a Felipe Calderón poco antes de que jurara como presidente constitucional de México.
El mensaje del jefe militar fue contundente: la próxima administración no dudará para ejercer el “uso legítimo de la violencia”, pues de acuerdo con el nuevo comandante de la Armada de México la seguridad nacional “está en juego”.
Saynez evitó explicar por qué la seguridad de la nación mexicana está en riesgo. La delincuencia organizada –en especial el narcotráfico– y los movimientos armados, son, sin duda, asuntos que entran en esa lógica; pero la seguridad pública no lo es.
Si bien hay una profunda crisis en la capacidad del Estado mexicano para garantizar la integridad de los mexicanos y la posesión de sus bienes, no es sólo con la fuerza dirigida por los militares como se va a solucionar.
En su primer discurso como presidente constitucional, Calderón ordenó al gabinete de seguridad nacional, en el que participan las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, que a más tardar en febrero presenten un programa de seguridad “para renovar los mecanismos de procuración e impartición de justicia”.
Su intención, en pocas palabras, es que los militares mexicanos se involucren directamente en el “fortalecimiento de nuestros cuerpos policíacos”, pero también en la administración de la justicia en México.
Si esto es así habrá que esperar si los soldados y marinos comparten en plan del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de unificar las policías del país. Puede que comulguen con la idea, la pregunta es qué podrán hacer para enfrentar las seguras y numerosas resistencias que tendrá ese plan en las diferentes policías del país.
Habrá que ver también si los gobernadores, como jefes políticos de los estados, aceptan ser mutilados de ese poderoso instrumento de control caciquil.
De cumplirse, la propuesta calderonista significará también que los militares mexicanos –que tienen uno de los códigos de justicia más atrasados del mundo– estarán definiendo “sistemas” para aplicar la justicia a los civiles.
Calderón se encamina a repetir el error de su antecesor Vicente Fox al designar a un militar, el general Rafael Macedo de la Concha, al frente de la procuración de justicia civil. El resultado está a la vista.
Esa decisión significó un retroceso en la democratización del país, pues en ese proceso los militares deben ser totalmente ajenos a la administración del poder civil, al que deben estar completamente subordinados.
Esta vez Calderón no designó a un militar al frente de la Procuraduría General de Justicia –sino a un empresario venido a poderoso funcionario público en materia de seguridad– pero está pidiendo que los uniformados diseñen la manera en que la institución debe administrar y procurar justicia. La lógica detrás de esa decisión no es otra que el uso de la fuerza.
Calderón anunció también en su primer discurso que propondrá al Congreso reformas legales con el propósito de “aumentar las penas para quienes más agravian a la sociedad”.
Como abogado y exlegislador, Calderón sabe que incrementar las penas no lleva a ningún lado. En países donde eso ha ocurrido, la inseguridad se detiene sólo momentáneamente y después regresa a sus anteriores niveles.
Sin duda, uno de los principales retos del Estado mexicano al comienzo del siglo XXI es garantizar niveles aceptables de seguridad a sus ciudadanos.
La fuerza no lo es todo. Lo grave es que con el pretexto de la inseguridad se use el aparato de fuerza del Estado para ganar la legitimidad no obtenida en las urnas.
No sólo la delincuencia organizada y los movimientos armados son los que de forma explícita están en la mira. También, implícitamente, lo está todo movimiento y expresión social que la nueva administración considere como una amenaza al “Estado de derecho”.
Para esa labor estará el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, que por definición es actor central del gabinete de seguridad nacional y cuya intolerancia no está en duda.
Si Calderón pretende construir su liderazgo con el uso de la fuerza del Estado y sin mayores avances en materia de seguridad, al final de su sexenio no habrá hecho otra cosa que revivir el autoritarismo mexicano del siglo XX.
Opinión: ¿A poco no es clarito el mensaje -diría Tomas M.- "mis valedores"?
