La reforma electoral y la histeria televisiva
Emilio Cárdenas Escobosa
Emilio Cárdenas Escobosa
Los poderes fácticos están histéricos y claman venganza ante la inminente aprobación de la nueva reforma electoral. Su ira los ha unido en una cruzada contra los senadores que han osado impulsar reformas constitucionales que en materia de reducción de costos de las campañas políticas habrá de significarles a los concesionarios de radio y televisión, pero sobre todo al dúo Televisa- TV Azteca una pérdida de alrededor de 5 mil millones de pesos entre 2009 y 2012 por concepto de spots que ya no podrán ser contratados por partidos políticos o grupos empresariales en apoyo o en contra de candidato alguno.
Una vez más e igual que en otras ocasiones que sienten afectados sus intereses, las televisoras, las organizaciones empresariales y patronales, las cámaras de radio y televisión, los ubicuos intelectuales orgánicos, los opinadores en mesas televisivas de debate y los lectores de noticias han hecho causa común para presionar, amenazar y chantajear a senadores y diputados de todos los partidos que han promovido esta nueva generación de reformas político-electorales. Es la guerra entre poderes fácticos y poderes públicos.
Sin hipérbole puede afirmarse que se viven momentos decisivos para el futuro de nuestra incipiente democracia ante las amenazas de una camarilla que busca mantener intocados privilegios, influencias y complicidades. Las 39 familias que son dueñas de México y que son al mismo tiempo propietarias o miembros de los consejos de administración de Televisa, TV Azteca o de las grandes cadenas de radio no pueden tolerar que se les limite en su insaciable afán de lucro y en su poder de dominación sobre gobernantes o políticos de toda laya.
Para cualquier analista político honesto es claro que si algo ha dañado a la transición democrática en México ha sido la injerencia negativa de los medios de comunicación electrónicos en los procesos electorales. De su mano y con la complacencia de una clase política igual de voraz y ayuna por regla general de referentes éticos en su actuar, se anuló la equidad en las contiendas en las que para triunfar no era necesario ofrecer proyectos sino comprar spots a las televisoras para asegurar su aparición en los espacios noticiosos. Aberrante simbiosis que degeneró en una absoluta dependencia de los políticos y los partidos de los grandes medios de comunicación electrónica.
Está perfectamente documentado que en la campaña electoral del 2006, ocho de cada diez pesos gastados por los partidos políticos se destinaron a propaganda, de los cuales siete fueron a parar a las arcas de Televisa y TV Azteca. Además, se invirtieron más de 400 millones de pesos en spots de “guerra sucia” pagados irregularmente por terceros que el IFE nunca detectó y que quedaron sin sanción alguna, a pesar de las evidencias de la participación de organismos empresariales y membretes de agrupaciones de la derecha más reaccionaria en su financiamiento. El peligro para México no era y no es el candidato de cuyo nombre muchos quisieran no acordarse sino la voracidad mercantil enfermiza y los intereses comerciales desmedidos de las grandes corporaciones mediáticas.
Ya es hora de que el afán de lucro deje de corromper los procesos electorales y siga debilitando la frágil cultura democrática que con muchas penurias se ha venido construyendo en nuestro país. Por eso que no vengan ahora las televisoras y sus empleados a rasgarse las vestiduras en un deplorable fariseísmo a hablarnos de que defienden la libertad de expresión y la democracia política. Su defensa de la autonomía del órgano electoral o de la libre manifestación de ideas y opiniones son, literalmente, increíbles cuando sabemos que si alguien ha conculcado esa libertad y ha falseado, tergiversado y desinformado a placer para mantener privilegios incompatibles con la democracia y la transparencia son los concesionarios de radio y televisión. Lo que defienden no es la autonomía del IFE o el derecho a la información, sino un jugoso negocio que se les va de las manos
Un dato curioso de la generación de esta nueva reforma electoral es el haber unido a las tres principales fuerzas políticas y al propio beneficiario del empuje de los poderes fácticos el año pasado, cuyas prioridades pasan hoy más por la aprobación de la reforma fiscal y deshacerse del molesto y disfuncional Manuel Espino como dirigente del PAN, que por pagar favores a los concesionarios de radio y televisión que lo arroparon en la campaña presidencial del año pasado. Dada la virulencia de la mediocracia y su capacidad de presión y chantaje, muy pronto le recordarán a Felipe Calderón esta grave falta de reciprocidad.
Con todo, la nueva reforma electoral, si bien insuficiente y que dejó de lado aspectos tan importantes como la segunda vuelta electoral, la reelección de los legisladores, una mayor fiscalización a los partidos políticos y el hacerlos sujetos de las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, entre otros puntos, significa un paso muy importante al establecer nuevos criterios para un esquema de competencia más equitativo.
Es, sin duda, un avance indudable el haber puesto el acento en el control y la transparencia del dinero en las campañas políticas. Porque no es posible que sigan siendo un mega negocio para unos cuantos y un instrumento de chantaje, presión política, guerra sucia y favoritismo hacia un partido político o candidato, tal y como se evidenció hasta la saciedad durante y después de las elecciones de 2006. No más la democracia de los spots.
jecesco@hotmail.com
P.D. Una explicacion a la debacle de la derecha en las elecciones de Veracruz: contra lo que creía un ensoberbecido PAN, el 2 de julio del 2006 aún no se olvida.
Una vez más e igual que en otras ocasiones que sienten afectados sus intereses, las televisoras, las organizaciones empresariales y patronales, las cámaras de radio y televisión, los ubicuos intelectuales orgánicos, los opinadores en mesas televisivas de debate y los lectores de noticias han hecho causa común para presionar, amenazar y chantajear a senadores y diputados de todos los partidos que han promovido esta nueva generación de reformas político-electorales. Es la guerra entre poderes fácticos y poderes públicos.
Sin hipérbole puede afirmarse que se viven momentos decisivos para el futuro de nuestra incipiente democracia ante las amenazas de una camarilla que busca mantener intocados privilegios, influencias y complicidades. Las 39 familias que son dueñas de México y que son al mismo tiempo propietarias o miembros de los consejos de administración de Televisa, TV Azteca o de las grandes cadenas de radio no pueden tolerar que se les limite en su insaciable afán de lucro y en su poder de dominación sobre gobernantes o políticos de toda laya.
Para cualquier analista político honesto es claro que si algo ha dañado a la transición democrática en México ha sido la injerencia negativa de los medios de comunicación electrónicos en los procesos electorales. De su mano y con la complacencia de una clase política igual de voraz y ayuna por regla general de referentes éticos en su actuar, se anuló la equidad en las contiendas en las que para triunfar no era necesario ofrecer proyectos sino comprar spots a las televisoras para asegurar su aparición en los espacios noticiosos. Aberrante simbiosis que degeneró en una absoluta dependencia de los políticos y los partidos de los grandes medios de comunicación electrónica.
Está perfectamente documentado que en la campaña electoral del 2006, ocho de cada diez pesos gastados por los partidos políticos se destinaron a propaganda, de los cuales siete fueron a parar a las arcas de Televisa y TV Azteca. Además, se invirtieron más de 400 millones de pesos en spots de “guerra sucia” pagados irregularmente por terceros que el IFE nunca detectó y que quedaron sin sanción alguna, a pesar de las evidencias de la participación de organismos empresariales y membretes de agrupaciones de la derecha más reaccionaria en su financiamiento. El peligro para México no era y no es el candidato de cuyo nombre muchos quisieran no acordarse sino la voracidad mercantil enfermiza y los intereses comerciales desmedidos de las grandes corporaciones mediáticas.
Ya es hora de que el afán de lucro deje de corromper los procesos electorales y siga debilitando la frágil cultura democrática que con muchas penurias se ha venido construyendo en nuestro país. Por eso que no vengan ahora las televisoras y sus empleados a rasgarse las vestiduras en un deplorable fariseísmo a hablarnos de que defienden la libertad de expresión y la democracia política. Su defensa de la autonomía del órgano electoral o de la libre manifestación de ideas y opiniones son, literalmente, increíbles cuando sabemos que si alguien ha conculcado esa libertad y ha falseado, tergiversado y desinformado a placer para mantener privilegios incompatibles con la democracia y la transparencia son los concesionarios de radio y televisión. Lo que defienden no es la autonomía del IFE o el derecho a la información, sino un jugoso negocio que se les va de las manos
Un dato curioso de la generación de esta nueva reforma electoral es el haber unido a las tres principales fuerzas políticas y al propio beneficiario del empuje de los poderes fácticos el año pasado, cuyas prioridades pasan hoy más por la aprobación de la reforma fiscal y deshacerse del molesto y disfuncional Manuel Espino como dirigente del PAN, que por pagar favores a los concesionarios de radio y televisión que lo arroparon en la campaña presidencial del año pasado. Dada la virulencia de la mediocracia y su capacidad de presión y chantaje, muy pronto le recordarán a Felipe Calderón esta grave falta de reciprocidad.
Con todo, la nueva reforma electoral, si bien insuficiente y que dejó de lado aspectos tan importantes como la segunda vuelta electoral, la reelección de los legisladores, una mayor fiscalización a los partidos políticos y el hacerlos sujetos de las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, entre otros puntos, significa un paso muy importante al establecer nuevos criterios para un esquema de competencia más equitativo.
Es, sin duda, un avance indudable el haber puesto el acento en el control y la transparencia del dinero en las campañas políticas. Porque no es posible que sigan siendo un mega negocio para unos cuantos y un instrumento de chantaje, presión política, guerra sucia y favoritismo hacia un partido político o candidato, tal y como se evidenció hasta la saciedad durante y después de las elecciones de 2006. No más la democracia de los spots.
jecesco@hotmail.com
P.D. Una explicacion a la debacle de la derecha en las elecciones de Veracruz: contra lo que creía un ensoberbecido PAN, el 2 de julio del 2006 aún no se olvida.
