Erich Moncada | SDP Noticias
04 de Febrero, 2010 - 10:14
Los senadores del PAN, de acuerdo a una nota publicada hoy en El Universal, anunciaron su intención de establecer junto al Ejecutivo el “estado de excepción” en Ciudad Juárez, ante la incontrolable violencia experimentada por esta comunidad fronteriza de Chihuahua. Los representantes populares buscan la disolución de la policía local y estatal para crear un mando único, temporal y subsidiario.
El estado de emergencia se encuentra comprendido en el artículo 29 de la Constitución y faculta al “presidente” y a su gabinete, con la aprobación del Congreso, a suspender por tiempo limitado y con carácter general, las garantías que fuesen obstáculos para resolver la perturbación grave de la paz pública.
Hay dos cuestiones que podrían hacer inviable la aplicación de esta suspensión de garantías. Primero, dudo mucho que los ciudadanos de Juárez estén dispuestos a ceder aún más sus derechos en nombre de un nuevo plan que no garantiza ser exitoso, tomando en cuenta el fracaso de las estrategias pasadas y la escasa participación de los sectores sociales en la conformación de estas políticas. Tampoco considero que el Congreso, controlado por la oposición, acepte una iniciativa que podría empeorar aún más la violación sistemática de derechos fundamentales.
Pero en caso de que prosperara, ¿cuánto tiempo debería durar el estado de emergencia? ¿Una semana, un mes, un año? Los panistas deberían pensar cuidadosamente los costos económicos y sociales de estrangular a una urbe de más de un millón y medio de habitantes. ¿Cómo se vigilará que los cuerpos de seguridad pública no cometan abusos o arbitrariedades contra la población civil, si aún con la plena vigencia de la Carta Magna las policías cometen violaciones de forma rutinaria? ¿Cómo garantizar la actividad económica y laboral cuando se suspende la libertad de tránsito? Porque si se descuida ese aspecto, a la crisis de inseguridad podría sumarse una crisis de inconformidad social, que está a punto de salirse de control.
Algunas organizaciones no gubernamentales han sugerido en Ciudad Juárez la presencia de una fuerza internacional de paz de la Organización de las Naciones Unidas. Pero el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, manifestó (La Jornada, 04.02.10) que por el momento no se ven condiciones para adoptar esa medida y que hay reservas institucionales en el país para hacer frente al problema.
Ojalá que no, pero es nuestra obligación pensar en un escenario funesto en donde esas “reservas institucionales” sean insuficientes para resolver el conflicto, la nueva estrategia gubernamental fracase y la violencia se mantenga o empeore. ¿Qué sigue? Al Gobierno Federal podría resultarle humillante reconocer su derrota, pero sería preferible a dejar que su soberbia deje en la indefensión a la población juarense. Los “casos azules” podrían ser su último recurso.
