La reforma constitucional que fue aprobada por el PRI, PAN, PVEM, PT, Convergencia y 44 diputados perredistas en la Cámara de Diputados y aprobada con modificaciones por el PRI, PAN, PVEM, con el voto en contra del PRD, PT y Convergencia en la Cámara de Senadores es la más regresiva de los últimos años, pues significa elevar a rango constitucional la creación de un régimen de excepción y las bases de un Estado policíaco, todo ello a nombre de la lucha en contra de la delincuencia organizada. En realidad se trata de una contrarreforma judicial.
Reconocemos que se incorporaron importantes avances en materia de juicios orales y la futura implantación del sistema penal acusatorio que han sido apoyados por juristas, organismos civiles y sociales, así como propuestas de nuestro propio partido como son los principios de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso, la defensoría pública profesional; sin embargo, lo negativo de esta reforma es mucho más grave y peligroso, por lo que en la balanza es muy poco lo que proporcionalmente se gana en sistema de justicia en relación con la pérdida de un sistema constitucional garantista.
La agenda principal sobre la que ha ido construyendo el gobierno calderonista una legitimidad que no le dieron las urnas, ha sido la militarización del país bajo el pretexto de la lucha en contra de la delincuencia organizada. Esta reforma en materia de justicia penal y seguridad pública tiene su fundamento en la necesidad de Felipe Calderón de llevar a rango constitucional una serie de medidas de excepción para justificar las acciones, esencialmente mediáticas, que se han venido impulsando en materia de seguridad pública y que hasta la fecha no han tenido el éxito deseado, más de 2000 ejecuciones ligadas con el narconegocio dan cuenta del fracaso, así como poner a tono nuestra normatividad con la Iniciativa Mérida. La reforma judicial es parte de la estrategia que el gobierno noerteamericano impulsa con plena anuencia y subordinación del gobierno mexicano, en materia de seguridad nacional y enmarcado en el Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte.
El país ha avanzado muy lenta y paulatinamente hacia formas más democráticas de relación y convivencia, sin embargo, no hemos alcanzado la vigencia de la ley y la construcción de un Estado democrático y social de Derecho. La impunidad sigue siendo patente de corzo en nuestra vida cotidiana; la represión y la vía autoritaria sigue siendo, aún sin aprobarse plenamente esta reforma que conculca garantías, el único camino que conocen los que detentan espacios de poder y de gobierno:
