La declaración sigue la decisión de la Suprema Corte de Justicia de México de liberar a 20 de los sentenciados de la masacre de Acteal, en el Estado de Chiapas, donde 45 indígenas tzotziles fueron asesinados en 1997. Las liberaciones se produjeron por irregularidades en la obtención de pruebas en la investigación y el proceso judicial.
“Esta es otra muestra de las graves deficiencias del sistema de justicia mexicano que parece incapaz de investigar, procesar y sancionar por medio de un juicio justo a los responsables de violaciones de derechos humanos,” dijo Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional.
Según información recogida por Amnistía Internacional, las irregularidades en las investigaciones del caso Acteal, y muchos otros, han sido aparentes desde el inicio y han llevado a la emisión de sentencias sin solidez que pueden ser desechadas, dejando los casos impunes.
Amnistía Internacional ha denunciado en diversas ocasiones que la investigación llevada a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso de Acteal fue deficiente y sigue instando a las autoridades a que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, con todas las garantías necesarias para que se establezca la verdad y las responsabilidades a todos los niveles, incluyendo a funcionarios de alto rango y miembros del ejercito sospechosos de estar implicados en la masacre por omisión o por su aquiescencia.
“Es esencial que se la masacre de Acteal se esclarezca inmediatamente, que se sancione a todos sus responsables a través de juicios justos y que se reparen los daños ocasionados,” dijo Rupert Knox. “Sin justicia, se esta condenando a la comunidad al peligro de más violencia.”
Información general
El 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, estado de Chiapas, varias autoridades armaron a miembros de grupos ilegales armados o paramilitares responsables de los asesinatos y no evitaron la masacre a pesar de tener amplias oportunidades para hacerlo.
La investigación de la masacre de Acteal por parte de la PGR resultó en sentencias condenatorias contra unos 80 individuos indígenas de comunidades vecinas implicados directamente en el ataque. 14 funcionarios menores purgaron sentencias de entre tres y ocho años de cárcel por homicidio y lesiones por omisión o por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, funcionarios de más alto rango y miembros del ejército nunca han rendido cuenta de su implicación en el caso.
