Erich Moncada SDP NoticiasEstá por cometerse un grave atentado en contra de los derechos humanos de los menores de edad en Sonora. El periódico El Imparcial reportó hoy que la dirección de Salud Mental (SESAM) estatal prepara la aplicación de pruebas antidoping en plantes de educación básica.
La iniciativa está contemplada en la Ley para la Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Control de las Adicciones del Estado de Sonora.Y dispone la ejecución, con la autorización de los padres, de un programa de Pruebas al Azar de Consumo de Drogas como una medida "preventiva, no punitiva, confidencia y destinada a disuadir el uso de drogas entreestudiantes".
La directora del SESAM, Leticia Amparano Gámez, afirmó que la realización de las pruebas toxicológicas no pretende señalar a quienes son consumidores sino ayudarlos a prevenir una adicción. Amparano mencionó que en el estado existe una fuerte incidencia en el uso, consumo y dependencia en drogas legales e ilegales.
La estrategia de Salud Mental está viciada de origen. Primero. La gravedad del problema no amerita soluciones tan drásticas. Los niveles de consumo y adicción son menores a la media nacional: una encuesta en estudiantes de 2006 arrojó que 6.36% (ENA 2008, "Resultados por entidad federativa: Sonora", p.15) de los estudiantes de secundaria habían consumido una droga ilegal al menos una vez en la vida (es decir, quienes experimentaron más no se convirtieron en consumidores), encabezando los tranquilizantes (4.6%), la mariguana (4.5%) y la cocaína (4.3%). En realidad, las principales drogas consumidas son las legales, como el alcohol y el tabaco. El coordinador de programas en adicciones de la Secretaría de Salud, Pedro Tonella Trelles, dijo que tres de cada cinco jóvenes, o sea, "el 19% de los estudiantes están usando alcohol y tabaco... estas drogas son puertas de entrada para el inicio en el consumo de la mariguana". Pero las pruebas antidoping convencionales no están diseñadas para detectar la presencia de los tranquilizantes, el alcohol y el tabaco en el organismo, sino de drogas ilegales como mariguana, cocaína, anfetaminas y opiáceos. Si las autoridades quisieran cerrar estas "puertas de entrada", sería fundamental la creación de un programa integral para prevenir el consumo de drogas legales, no sólo de las ilegales.
Segundo. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 (ENA 2008), el número de personas dependientes a alguna droga ilegal en Sonora, entre los 12 y 65 años, es de solamente 0.3% (5,044 individuos) de la población total. Aunque no está disponible el dato para los menores de edad, es probable que sea mucho menor. Si el objetivo del programa de pruebas antidoping es detectar a los usuarios problemáticos, será muy difícil lograrlo con un porcentaje tan bajo de ellos, sobre todo si tomamos en cuenta que existen otros métodos menos invasivos, controvertidos y más efectivos para atender este problema, como las pruebas escritas, las entrevistas y la capacitación a los trabajadores sociales y al personal docente de las escuelas.
Tercero. La misma ENA 2008 reconoce que en la población de 12 a 25 años, "quienes ya no estudian, se encuentran trabajando o viven con su papá, son quienes están más expuestos y consumen mayor proporción de drogas". Praticar antidopings a los estudiantes, el sector más protegido en comparación con quienes no estudian, es dejar en el desamparo a la población que enfrenta los peligros de la drogas ilegales.
Cuarto. El programa que prepara el Gobierno del Estado debe atender las siguientes consideraciones para poder ser viable. Un estudio exhaustivo de 2007 preparado para el Consejo Nacional sobre Drogas del gobierno de Australia, titulado "Drug Testing in Schools: Evidence, Impacts and Alternatives" sobre las pruebas antidrogas en estudiantes, establece que:
En la mayoría de los casos los dispositivos (antidoping) pudieron detectar el uso de drogas. Sin embargo, para estos dispositivos los riesgos de falsos positivos (es decir, a quienes se detectó como consumidor de alguna droga sin serlo) es relativamente alto dependiendo del tipo de dispositivo empleado, la droga detectada y los conocimientos de la persona que efectúa la prueba. El riesgo se reduce, pero no se elimina, con la confirmación en laboratorio de pruebas positivas. La aceptación de este riesgo debe ponderarse contra las implicaciones de acusar falsamente a un niño en edad escolar de usar drogas ilícitas... estas pueden incluir la estigmatización del niño como un "usuario de drogas", el aislamiento de sus compañeros, la experimentación de una menor autoestima o puede resultar en un impacto negativo en las relaciones estudiante-maestro o niño-padre.
El estudio concluye que la mayoría de las pruebas antidrogas no son lo suficientemente confiables para contextos escolares; que los precios de las pruebas son demasiado elevados y representan una onerosa carga sobre el presupuesto educativo; que emergen una amplia gama de cuestiones morales y legales, como la vulneración del derecho a la privacidad del menor de edad o su tratamiento como delincuentes potenciales; que los bajos niveles de consumo hacen que la detección sea una tarea técnicamente desafiante; que la mayor incidencia en el abuso de drogas se presenta en grupos vulnerables y de alto riesgo, lo que vuelve inviable la aplicación de estos "métodos punitivos e inquisitoriales"; y que la evidencia indica que las pruebas antidrogas son mecanismos inefectivos para la prevención.
Y quizá lo más terrible de que este programa, es que se trata de una medida copiada, prácticamente al carbón, desde los Estados Unidos, donde no ha sido útil para reducir el número de consumidores.
Dice la señora Amparano que "la ley creada durante la administración pasada no cuenta con reglamento... y no hay cómo nos digan qué hacer para prevenir en adicciones". Afortunadamente aún es tiempo para corregir el rumbo y evitar poner en mayor riesgo a nuestros jóvenes, porque la misma ley que faculta a la Secretaría de Educación a practicar las pruebas antidoping también permite la elaboración de políticas de reducción de daños. Y esto le permitiría a las instituciones confeccionar planes mucho más realistas que las actuales políticas prohibicionistas de "decir no" a las drogas y exagerar sus efectos como tácticas para infundir miedo en los jóvenes, que hasta el momento han demostrado su inefectividad para reducir los índices de consumo.
