* Con apoyo de las autoridades.Desde San Felipe, Baja California, MéxicoUna nueva disputa por tierras ejidales con playa hizo crisis el fin de semana en San Felipe, al ser desalojados en la madrugada del sábado 3 de febrero de un predio en disputa, integrantes del Ejido Plan Nacional Agrario por al fuerza pública combinada de la Policía Estatal Preventiva, la Policía Ministerial del Estado y la Preventiva Municipal, encabezados por un Agente del Ministerio Público de Fuero Común, quienes las pusieron en manos de los representantes de la Empresa El Dorado, su contraparte en el litigio.
Aunque la medida no tiene el carácter de definitiva, por no haber mediado sentencia para ejecutarla y haber sido tomada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de manera provisional, lo cierto es que la empresa, propiedad de norteamericanos, inmediatamente ordenó la colocación de un cerco perimetral de malla ciclón de alrededor de tres metros de alto y varios kilómetros de largo, a partir del lindero que ésta reconoce como punto de inicio de su propiedad, ubicado 251 metros más al sur del punto original, por un fondo de más de 19 kilómetros, lo que implica un frente de 251 metros extras por la carretera Mexicali-San Felipe y una superficie total de casi 4 mil hectáreas más, de las 15 mil que fueron vendidas a un precio de cerca de cinco millones de dólares en 1999.
Así nuevamente las autoridades estatales, con apoyo de las municipales, hacen uso de una controvertida facultad que le permite preventivamente y de manera provisional poner en posesión a una de las partes, reputada como "ofendida" en uno de los expedientes, sin esperar el resultado del juicio que libran unos ejidatarios contra una trasnacional norteamericana por tierras con un muy alto valor comercial, por estar frente a carretera, en un tramo de cuatro carriles e incluir diez kilómetros de playa, dando luz sobre la imparcialidad con que actúan las autoridades en todos estos juicios, tan comunes a partir de la reforma al Artículo 27 Constitucional por el régimen de Carlos Salinas de Gortari en 1996, que permitió enajenar tierras ejidales.
La operación de compraventa fue pactada en agosto de 1999 un poco de manera obligada, según comentó uno de los ejidatarios entrevistados por Visión Pública, pues desde hacía años Penn Company, propietaria del lujoso Complejo Turístico "Rancho El Dorado" había suscrito un contrato con las autoridades ejidales del Ejido Plan Nacional Agrario, ubicado exactamente a la entrada del puerto de San Felipe, por el cual la empresa norteamericana y el ejido se asociaban para generar tal desarrollo.
Sin embargo la asociación sólo benefició a una de las partes, pues en casi 10 años de mantenerse, los ejidatarios no recibieron un sólo dolar del 25% de las ganancias que les correspondían, ya que el manejo de la administración quedó exclusivamente en manos de los norteamericanos, quienes también contrataban al personal y supuestamente reinvertían todas las utilidades, de tal suerte que nunca había dividendos para los "socios" mexicanos, que aportaron las tierras en el proyecto y que pronto decidieron aceptar la oferta de venderlas, en busca de recibir realmente algo por ellas.
De esta manera la mayor parte de los ejidatarios aprobaron la compraventa pero sólo recibieron 23,000 dólares cada uno, quedando apenas un poco más de 20 de ellos sin aceptar el pago y hasta la fecha mantener diversos litigios en busca de anular la operación, con el argumento de que hubo irregularidades en el trámite ejidal, como falta de identificaciones de varios ejidatarios, que aseguran no debieron hacer quórum en la asamblea, entre otros vicios.
La lucha apenas empieza, pues varios medios de comunicación escritos y electrónicos han acudido al lugar y los ejidatarios contrataron a un abogado, para contratacar legalmente, independientemente de que las tierras que la empresa norteamericana recibió de la Procuraduría incluyen como 4 de las 20 hectáreas que el Ejido donó a la Universidad Autónoma de Baja California para la construcción de espacios deportivos, e investigación científica, académicos y culturales, y que seguramente la Máxima Casa de Estudios defenderá a toda costa.
