El Renacimiento de México
La violencia y la inseguridad son fruto podrido de 26 años de la aplicación de una política neoliberal, antipopular y entreguista
Durante la primera semana del mes patrio, el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó una gira para reunirse con los integrantes de los comités estatales del Gobierno Legítimo, en diversas Ciudades de nuestro país.
En esta gira de trabajo, abordó nuevamente el tema económico, reiterando que nuestro movimiento y los legisladores del FAP van a oponerse a la propuesta del Usurpador Calderón, quien pretende gravar con el IVA los alimentos y medicinas, así como subir las tarifas de las gasolinas, diesel y energía eléctrica, así como mantener los privilegios de la alta burocracia y de los traficantes de influencias cuyas empresas no pagan impuestos.
Adelantó que los ejes de la propuesta del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía, son: eliminar los privilegios de la alta burocracia, es decir, seguros de gastos médicos mayores, cajas de ahorro, pensiones de los ex presidentes; cobrar impuestos a las 13 empresas y 9 bancos que controlan los oligarcas y que no contribuyen al gasto público, y por último, declarar la moratoria en el pago de los intereses del FOBAPROA.
En este punto hago una pausa para señalar que con esta propuesta, que los medios de comunicación ocultan a la gente, y que los legisladores de la mafia seguramente tacharán de imposible de llevar a cabo, de utópica y no dudo que hasta algún ultraderechista la tilde de comunista. En realidad, el Presidente Legítimo y el Movimiento en Defensa de la Economía Popular, solamente están pidiendo que se cumpla con lo que dice la Constitución, pues ahí está plasmado claramente en el artículo 31, fracción IV, que es obligación de todos los que vivimos en este país contribuir al gasto público, es decir, pagar impuestos, pero además estos impuestos deben ser proporcionales y equitativos, o sea, debe pagar más el que gana más y la ley nos debe dar un trato igualitario según nuestra situación económica particular, es decir, no se le debe cobrar lo mismo a un obrero que a un banquero.
Otro tema relevante para la vida nacional, que abordó el Presidente Legítimo, fue el relativo a la violencia y el tan sonado estallido social que últimamente tan preocupados tiene a los analistas de los medios de comunicación.
A este respecto, López Obrador comentó que el estallido social ya está aquí desde hace 3 años cuando el Pelele usurpó la Presidencia, pues el número de asesinatos que hay a diario en el país es tan alto, que solo equivale a lo que sucedió precisamente durante la Revolución de 1910. Sin embargo, señaló que el pueblo de México es responsable y al igual que nuestro Movimiento, nunca va a caer en la tentación de la vía armada para tratar de cambiar la situación de nuestro país.
Asimismo, señaló que actualmente no es con el Ejército con quien se sostiene la oligarquía, sino con los medios de comunicación, pues son éstos los que manipulan la información, los que engañan al pueblo, estamos pues ante una Teledictadura, de ahí que el Presidente Legítimo insista en que todos y cada uno de los activistas de este Movimiento nos convirtamos en un medio de comunicación, es decir, que informemos en nuestro pequeño círculo de amigos, vecinos, compañeros de escuela, de trabajo, etc., cual es la verdadera situación de nuestro país, y cuál es la propuesta de nuestro Movimiento para transformar la vida pública de México.
Así es que como reza un dicho popular: “a darle que es mole de olla” y por lo pronto tenemos que invitar al pueblo a participar en las 3 grandes concentraciones que se van a llevar a cabo este año: 15 de septiembre 22 horas, Hemiciclo a Juárez, El Grito de los Libres con Clara Brugada y Andrés Manuel López Obrador; 21 de septiembre 17 horas, Palacio Legislativo de San Lázaro, presentación de la propuesta de paquete económico de nuestro Movimiento, y 22 de noviembre Zócalo de la Ciudad de México, Asamblea de evaluación del Movimiento.
Ciudad de México, sede del Gobierno Legítimo de México, a 7 de septiembre de 2009.
L.D. Jesús A. Palma M.
Oficio de Papel
Columna semanal de Miguel Badillo
* Abren expedientes fiscales a políticos corruptos
* Indagan a Patrón Laviada por lavado de dinero
* Investiga Hacienda a la familia del procurador
Una nueva figura legal ha encontrado el gobierno para abrir cientos de expedientes fiscales y penales en contra de políticos, funcionarios, diputados, senadores, líderes de partidos políticos, luchadores sociales y empresarios. Se trata de “personas políticamente expuestas” a quienes se investiga, junto con sus familias, cuentas bancarias y transferencias financieras, ingresos y propiedades, para determinar si el dinero y bienes que poseen es producto de su trabajo o son fortunas acumuladas por el pago de favores al crimen organizado, el narcotráfico u otras bandas delincuenciales.
La semana pasada escribimos aquí sobre uno de esos expedientes abiertos en contra de un político mexiquense, el priísta Emilio Chuayffet Chemor, a quien la Secretaría de Hacienda investiga por realizar depósitos millonarios en efectivo y porque no ha podido comprobar el origen de esos recursos, razón por la que considera esas operaciones financieras como sospechosas y probables de violar el artículo 400 bis del Código Penal Federal, es decir por el delito “lavado de dinero”.
Para los auditores e investigadores fiscales de Hacienda, quienes hacen un trabajo impecable, aunque muy pocas veces lo conoce la opinión pública, se trata de un trabajo técnico y no político, ante lo cual su universo de trabajo incluye, sin fines partidistas o políticos, a secretarios de Estado, gobernadores, directores generales de paraestatales y organismos descentralizados, diputados y senadores de todos los partidos políticos, incluido por supuesto el PAN.
El problema con esas investigaciones es que no siempre terminan ante la autoridad correspondiente y en lugar de ello Hacienda y la Procuraduría, por instrucciones de “arriba”, otorgan perdones o archivan los expedientes sin ejercer las acciones legales contra esos políticos corruptos y delincuentes.
Una prueba de ello es que una “persona políticamente expuesta”, integrante del gabinete de Felipe Calderón y miembro distinguido del PAN, ha sido investigada por el aparato financiero gubernamental, y descubrieron que su familia se ha beneficiado supuestamente con dinero producto del narcotráfico y de recursos públicos.
Se trata de quien fuera gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, actual procurador Federal de Protección al Ambiente, a quien diversos medios de comunicación han señalado insistentemente con hechos irregulares desde que gobernó su estado natal, y ahora presentamos las evidencias que ha recabado el mismo gobierno al que pertenece y que lo involucran en hechos que son constitutivos de delitos.
Investiga Hacienda lavado de dinero
Al perseguir delitos relacionados con el crimen organizado, el gobierno federal actúa de manera parcial: para los amigos, compañeros de partido y miembros del gabinete, justicia y gracia; para los enemigos políticos, integrantes de grupos opositores o luchadores sociales, todo el peso de la ley.
Para ejemplificar lo anterior, veamos los procesos abiertos contra parientes de dos políticos de primer nivel: uno, el perredista michoacano Julio César Godoy, a quien persigue la justicia federal por vínculos con el narcotráfico; otro, el panista yucateco Ricardo José Patrón Laviada, en contra de quien la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia penal desde hace tres años por el delito grave de lavado de dinero. Al primero se le busca con orden de aprehensión, al segundo se le congela el expediente en la PGR
En la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la Procuraduría General de la República, hay un expediente archivado por el delito de lavado de dinero en contra de familiares y amigos del exgobernador panista de Yucatán y actual procurador Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Patricio Patrón Laviada.
A diferencia de la celeridad y eficacia con que el gobierno federal, por conducto de la PGR y el Ejército Mexicano, actúa en contra de políticos opositores –como el hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, quien presuntamente está involucrado con bandas del narcotráfico-, en el caso de parientes de un miembro del gabinete panista de Felipe Calderón, que son acusados como presuntos lavadores de dinero, la procuraduría mantiene archivada la investigación desde hace tres años y se niega a proceder en contra de la familia Patrón Laviada.
Los involucrados son Ricardo José Patrón Laviada, hermano del titular de la Profepa; Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, pariente también del exgobernador; Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltasar Cetina Pech, supuestos prestanombres de la familia. Todos ellos son señalados por Hacienda por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lo que se conoce como blanqueo de capitales) que sanciona el artículo 400-Bis del Código Penal Federal.
De acuerdo con el expediente en poder de la unidad contra el lavado de dinero de la PGR, el hermano del procurador ambiental realizó movimientos financieros en instituciones bancarias y centros cambiarios por varios millones de pesos y dólares, sin reportar dichas operaciones al fisco, dejar de pagar los impuestos correspondientes y ocultar el origen de los recursos.
En la denuncia penal federal se expone que las operaciones bancarias “inusuales” de Ricardo José Patrón Laviada se iniciaron el 5 de septiembre de 2005, cuando su hermano Patricio era gobernador de Yucatán. En esa fecha se realizaron depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, como la número 4014055206 de Bital (ahora HSBC), que recibió 100 mil pesos.
La acusación incluye datos de informaciones periodísticas en donde se señala al entonces gobernador Patrón Laviada como benefactor de sus familiares mediante recursos desviados de programas sociales, además de ser supuestamente permisivo para que sus parientes pudieran especular con bienes raíces, gestionar la venta de vehículos para algunos ayuntamientos de Yucatán y mantener el control sobre permisos de taxis y mercados.
“Operaciones sospechosas” de Patrón Laviada
Entre 2000 y 2005, el hermano del exgobernador panista operó depósitos por 2 millones 487 mil 940 pesos en cuatro cuentas: números 4014055156, 4014055206, 4014055214 y 4014083042 del Banco Internacional. También hizo retiros por 1 millón 546 mil 365 pesos.
En 1998, en la cuenta 95050003488 de Banca Confía, Patrón Laviada tuvo depósitos por 100 mil pesos; en la cuenta 1626862, del Banco Nacional de México, recibió depósitos en 1998, 1999, 2000, 2003 y 2005, por 131 mil dólares y 884 mil 72 pesos. De esta cuenta hizo retiros por 1 millón 45 mil 50 pesos.
En la casa de cambio Intercam, el hermano del titular de la Profepa adquirió divisas con cheques de viajero por 4 mil dólares y compró otros 10 mil dólares en efectivo. En otra casa de cambio, Vector Divisas, adquirió 13 mil 790 dólares, en 2003.
En la investigación fiscal de su Registro Federal de Contribuyentes, la SHCP tiene reportado que la actividad de Patrón Laviada es de “servicio de reparación de otros artículos y aparatos”, con inicio de operaciones el 16 de octubre de 1984, y su situación actual se ha reactivado desde el 30 agosto de 2001, con domicilio en Mérida, Yucatán.
En sus declaraciones anuales, Hacienda informó a la PGR que en el ejercicio 2003, Ricardo José Patrón Laviada reportó ingresos por 346 mil 583 pesos, sin pagar las deducciones correspondientes ni el impuesto sobre la renta. En el ejercicio 2004 señaló ingresos por 455 mil 233 pesos, sin el pago de los impuestos correspondientes; en 2005 también tuvo ingresos por 462 mil pesos y tampoco cubrió sus impuestos.
En documentos financieros, el hermano del exgobernador yucateco afirma tener dos domicilios: una residencia en la calle Bugambilias, colonia La Ceiba, en Mérida, y otra en Calle 22 Res Sol Campestre, Mérida.
Ricardo José también aparece como representante legal de la empresa Yucateca de Vehículos, y es cotitular y firmante autorizado en las siguientes cuentas:
Cuenta 4029764750, a nombre de Jhonny Alberto Benítez Cetina.
Cuenta 4014055248, a nombre de Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga y Francisco Rodríguez de la Gala Faller (titular).
Cuenta 4014057574, a nombre de José Baltasar Cetina Pech.
Cuenta 4014143838, a nombre de la compañía Yucateca Vehículos.
Otros acusados
La denuncia penal –que la PGR se niega a dar trámite– incluye a Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, quien de acuerdo con las indagatorias de la Secretaría de Hacienda realizó movimientos financieros entre el 2 de mayo y el 3 de octubre de 2005, en la cuenta 4014055248 de Bital, por 20 millones 283 mil 23 pesos, de los cuales 14 millones 352 mil 855 pesos se depositaron en efectivo. Esa misma cuenta presenta retiros y cargos por 20 millones 401 mil 196 pesos.
Para las autoridades fiscales es muy sospechoso que Cecilia Margarita haya declarado como su actividad el hogar y en sus cuentas realiza operaciones financieras superiores a los 9 millones de pesos en el lapso de sólo tres meses. Lo que más hace dudar a las autoridades financieras sobre el origen del dinero, es que Cecilia Margarita no tiene Registro Federal de Contribuyentes.
Al seguir la ruta del dinero, los investigadores fiscales encontraron que en dicha cuenta bancaria, entre el 1 de junio de 2002 y el 17 de agosto de 2005, se realizaron depósitos y retiros en 69 ocasiones por montos similares que van de los 100 mil a los 313 mil pesos. Aunque en esa cuenta se operaban cantidades cuantiosas, se mantenían saldos comparativamente inferiores, es decir, no había permanencia de los recursos operados en la cuenta, como si se tratara sólo de utilizar la cuenta bancaria para triangular recursos y que la autoridad los perdiera de vista.
Entre los movimientos financieros triangulados entre personas y cuentas relacionadas en banco Bital, están Ricardo José Patrón Laviada, cuenta 4014055248; Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, cuenta 4006606453, y Francisco Rodríguez de la Gala Faller, cuenta 40140552248.
Cecilia Margarita está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave LAAC280521QD1, con fecha de inicio de operaciones el 1 de marzo de 1986, pero Hacienda no localizó declaraciones fiscales anuales presentadas, de ahí se desprende que podría, por lo menos, haber evasión fiscal.
Otro de los acusados, Jhonny Alberto Benítez Cetina, quien durante el periodo del 1 de julio de 2005 al 18 de octubre del mismo año, en su cuenta 4029764750 abierta en Bital, realizó depósitos y abonos por 5 millones 437 mil 276 pesos, de los cuales 3 millones 102 mil 552 fueron en efectivo. Hizo otros retiros y cargos por 5 millones 554 mil 613 pesos.
Esta operación es “inusual”, de acuerdo con las autoridades financieras, primero porque dicha persona está relacionada con Ricardo Patrón Laviada, hermano de quien fuera gobernador de Yucatán y quien también ha sido mencionado, según la denuncia penal, de mantener relaciones con el narcotráfico y la delincuencia organizada, además de operar con vehículos robados, facturas falsas y de tener supuestamente vínculos con doña Leydi (Acevedo Ortegón, alias La Teacher o La Leydi), quien ha controlado el narcotráfico en la Península de Yucatán.
La acusación en poder de la PGR destaca que Ricardo José Patrón Laviada y Jhonny Alberto Benítez Cetina son cotitulares en la cuenta bancaria de Bital número 4029764750. El domicilio proporcionado por Benítez Cetina es Calle 15, número 107, colonia Yucatán, en Mérida.
En otra información reportada por Banco Internacional a la Secretaría de Hacienda, se conoció que en 2005, en la cuenta 4029764750, se realizaron seis “operaciones relevantes” de retiro, por un total de 1 millón 353 mil pesos.
En información de carácter fiscal, Benítez Cetina ha declarado dedicarse a la actividad de la ganadería de bobinos de carne y su situación con el fisco es activa desde el 6 de diciembre de 2002, sin embargo no ha presentado declaraciones fiscales anuales.
La cuarta persona acusada por el delito de lavado de dinero es José Baltasar Cetina Pech, quien tiene su domicilio en Calle 24, número 177, colonia García Gineres, en Mérida. De acuerdo con los reportes bancarios, tiene una cuenta en Bital, número 4014057574, en donde entre el 1 de julio de 2005 y el 10 de octubre del mismo, realizó depósitos y abonos por 5 millones 369 mil 897 pesos, y retiros y cargos por 5 millones 443 mil 367 pesos.
La acusación en su contra indica que el cliente se dedica a la compra y venta de vehículos nuevos y seminuevos, y que las instituciones financieras conocen al cliente porque es accionista de Grupo Yucateco de Vehículos y, según denuncias periodísticas, estaría vinculado con el narcotráfico y crimen organizado.
Cetina aparece en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave CEPB740208-9W5, con inicio de operaciones el 4 de septiembre de 2002 y su actividad es la “fabricación de otras partes y accesorios de autos y camiones”.
Conclusiones de Hacienda
De acuerdo con el análisis que hace la Secretaría de Hacienda sobre los cómplices y parientes del actual titular de la Profepa, Ricardo José Patrón Laviada ha sido vinculado como receptor de beneficios de programas sociales del gobierno de Yucatán que encabezó su hermano Patricio.
Con excepción de Cecilia Margarita Laviada, los tres denunciados comparten el mismo domicilio fiscal de Ricardo José Patrón Laviada, ubicado en Calle 15, número 113, colonia Yucatán, en Mérida.
Sobre Benítez Cetina, la denuncia penal indica que en la cuenta bancaria a su nombre se realizaron depósitos y retiros por más de 10 millones de pesos, lo cual contrasta con el hecho de que Hacienda no encontró sus declaraciones para efectos fiscales. Además de haber sospechas de supuestos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
En la cuenta abierta a nombre de Cecilia Margarita, entre del 2 de mayo y el 3 de octubre de 2005, se operaron depósitos y abonos por más de 20 millones de pesos y retiros y recargos por una cantidad similar. De ese monto, 14 millones fueron movimientos financieros en efectivo. Además, en 68 ocasiones los recursos operados en dicha cuenta fueron superiores a los 100 mil pesos.
Los movimientos financieros de todos los involucrados no guardan relación con las actividades económicas respectivamente declaradas y, mucho menos, con sus manifestaciones de pago de impuestos.
Los indicios más evidentes que hacen presumir que se trata de lavadores de dinero del narcotráfico son: el millonario manejo de efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejen los movimientos económicos, la intención de aparentar la legalidad de los recursos, el intento de impedir que se conociera el origen del dinero, así como la posible vinculación de los denunciados con personas ligadas a la realización de actividades ilícitas.
Felipe Calderón, el charro Carlos Romero Deschamps, ya se paso de tueste. o se aplica la ley con forme a derecho o ya dejen de hacer declaraciones
México D F a 4 de septiembre de 2009.
Democracia sindical.
Boletín # 47.
Al presidente de México.
A las autoridades federales.
A los trabajadores petroleros.
Al pueblo en general.
¡¡¡Fuera Charros del STPRM!!!
Trabajadores petroleros en lucha por la democratización del STPRM.
Unidos venceremos.
Nombre del blog: petroleros (stprm)
Dirección electrónica: petroleros36.blogspot.com
Correo electrónico: petroleros36@gmail.com
Democracia sindical.
Boletín # 47.
Al presidente de México.
A las autoridades federales.
A los trabajadores petroleros.
Al pueblo en general.
Compañeras y compañeros. Nos dirigimos a todos Ustedes con la finalidad de informarles que el día 30 de agosto del año en curso, el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito emitió un documento el cual está señalando que nuestra queja (demanda) en contra de la forma en como se reeligió por cuarta ocasión Carlos Antonio Romero Deschamps.
También estamos demandando la manera delictiva, ilegal y corrupta mediante la cual el secretario del trabajo Javier Lozano Alarcón le otorgo otra Toma de Nota a Romero. Ya que el quinto tribunal colegiado en materia de trabajo el trece de septiembre de 2007 dictamino y le ordeno a la STPS que se le retirara la Toma de Nota a Romero. Lozano hizo caso omiso ha dicho mandato, le retira la Toma de Nota, pero en ese mismo momento le otorga otra al charro este hecho ocurrió el 31 de octubre de 2007.
De manera legal estos dos elementos son los motivos centrales de nuestra lucha. No estamos de acuerdo en la forma en como se han venido conduciendo los charros del STPRM y tampoco estamos de acuerdo en la forma en como se han comportado las autoridades de la STPS.
Pues bien compañeras/os: nuestras demandas fueron calificadas como fundadas.
Así es compañeras/os el segundo tribunal colegiado esta señalando que nuestra queja está fundada. Esto quiere decir que nuestra demanda esta fundamentada y con apego ha derecho para que se declare ejecutoriada la sentencia en firme.
Consideramos que este proyecto de resolución va ha ser enviado a la STPS por estos días para que resuelva conforme a derecho y le sea retirada la Toma de Nota a Romero ya que su cuarta reelección estuvo llena de actos delictivos y corruptivos. La XXIV asamblea extraordinaria fue ilegal y fraudulenta, por tanto todo lo que se derivo de ella carece de valor judicial. Ya que a todas luces es un hecho ilegal y fraudulento.
La lucha que hemos estado llevando acabo en todos estos años y básicamente en este último periodo, del 28 de julio para acá ya empieza ha dar frutos.
Los procesos de legalidad están aflorando, la aplicación de la justicia conforme a derecho se tiene que imponer ante tanta corrupción. Si queremos que halla una transformación clara en los procesos sociales y políticos estos deben de estar avalados y fundamentados con la aplicación cabal y honesta de las leyes que rigen la vida interna de nuestra nación.
Ya no queremos más acuerdos en lo oscurito, ya no queremos más corrupción e impunidad, ya no queremos autoridades corruptas. Porque ese tipo de relaciones son las que están desencadenando la opacidad y la delincuencia en nuestro País. Por ende el descontento general del pueblo.
Estamos de acuerdo en que como mexicanos “debemos profundizar y ampliar la lucha frontal contra el crimen y por la seguridad de los ciudadanos. Enfocaremos una mayor atención en fortalecer la autoridad de las instituciones locales, a fin de que podamos combatir con eficacia aquellos delitos que más agravian a la ciudadanía”.
Pues bien, consideramos que en este sentido nosotros ya cumplimos. Legal y políticamente hemos aportado pruebas y dado cuenta de manera amplia y contundente que los seudo-líderes del sindicato petrolero son unos delincuentes hechos y derechos, ejercen la corrupción a más no poder y son los campeones de la impunidad.
Todo esto no lo podrían llevar acabo sino tuvieran una política de alianza con las autoridades de este País. Porque son las mismas autoridades las que protegen, solapan y les dan impunidad a estos delincuentes.
Ahora esperamos que nuestro caso sea calificado como un “delito que más agravian a la ciudadanía”. De no ser así, la delincuencia y los discursos rimbombantes seguirán.
El charro Carlos Antonio Romero Deschamps seguirá como hasta ahora, campante, como si nada, exhibiendo sus relojes de 200 mil dólares. En las condiciones políticas y económicas actuales esto es una burla para el gobierno y para el pueblo de México. En realidad el grado de corrupción y podredumbre que existe en las cúpulas del STPRM, es insostenible e insoportable, para cualquier gobierno que “se autonombre democrático”. No es posible que como autoridades sostengan ha un delincuente de está calaña.
Son evidentes los actos delictivos y corruptivos que este charro ha estado haciendo en todo su reinado. Asimismo es ampliamente notoria la impunidad de la que goza Romero.
Reclamo:
Sr. Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México. Su mensaje a la nación con motivo del tercer informe de gobierno es muy rimbombante, hay muchas cosas discutibles. Pero en materia de seguridad y justicia el pueblo de México desde hace décadas espera que en realidad la ley se cumpla conforme a derecho y no como lo han venido haciendo.
No es posible que una ciudadana, Jacinta Francisco Marcial, haya sido sentenciada a 21 años en prisión, por privar de la libertad a 6 agentes federales (ni que fuera una especie de rambo). Pero en realidad su delito ha sido ser pobre y ser indígena. Lleva más de tres años en prisión. Tuvo que intervenir Amnistía Internacional y declararla “presa de conciencia” para que las autoridades de la PGR dieran marcha atrás en está injusticia. Esperamos que los responsables de está atrocidad sean llamados a cuenta.
Eso es lo que el pueblo de México ya no quiere. Que tuerzan la justicia para favorecer a los que están en el poder y los que tienen recursos.
Caso concreto: la cuarta reelección ilegal y corrupta, así como el otorgamiento delictivo y corrupto de la Toma de Nota del 31 de octubre de 2007. Al charro Carlos Antonio Romero Deschamps.
Lo único que exigimos es que se aplique y cumpla la ley conforme ha derecho.
A continuación el proyecto de resolución:
(Da clic en la imagen para verla de tamaño real)
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Unidos venceremos.
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El pueblo votó por Clara no por Juanito
6 de septiembre de 2009. Como cada domingo, la Resistencia Creativa realizó su asamblea en el Hemiciclo a Juárez, en esta ocasión la coordinadora Jesusa Rodríguez, no pudo estar presente, pues se encuentra acompañando al Presidente Legítimo de México en su gira por el país, para supervisar los trabajos de los comités estatales del Gobierno Legítimo.
En la asamblea estuvo la compañera Julia Arnaud quien llevó propaganda para difundir los dos próximos eventos del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía: el Grito de Los Libres, este 15 de septiembre a partir de las 10 AM en el Hemiciclo a Juárez; y la Presentación de la propuesta de paquete económico de nuestro movimiento en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 5 PM.
Asimismo, se leyó y aprobó por unanimidad de los presentes, una carta dirigida a Rafael Acosta alias Juanito, en la cual se le exhorta cumplir con su palabra de pedir licencia al cargo de Jefe Delegacional en Iztapalapa, para que su lugar lo ocupe la compañera Clara Brugada, quien es en realidad la persona a quien el pueblo de Iztapalapa eligió el pasado 5 de julio como su representante.
Es de resaltar, que los activistas de la Resistencia Creativa fueron los que más trabajaron en la campaña electoral en Iztapalapa, promoviendo el voto por el PT para que de esta manera la Delegación no quedara en manos de la candidata impuesta por la oligarquía: Silvia Oliva Fragoso.
Por otra parte, el equipo de AMLO TV, cubrió el 80 por ciento de la gira que el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, llevó a cabo en las colonias iztapalapenses, en un esfuerzo verdaderamente agotador para promover el voto contra la imposición de la oligarquía. Por ello es lamentable que Rafael Acosta “Juanito” ahora se niegue a cumplir su promesa, que permitiría llevar a cabo una efectiva transición democrática en esta parte de la Ciudad, que durante 10 años ha estado gobernada por una mafia encabezada por el esquirol de Gobernación, Nahúm Círigo, alias René Arce.
Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que la imagen de Juanito es hoy tan dañina para el Movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, como lo es la de René Arce para el PRD. Tal vez cumpla, tal vez no, pero es un hecho que Rafael Acosta Juanito ha marcado su nombre con los signos de la avaricia, el gatopardismo, pero sobretodo de la traición.
Ciudad de México, sede del Gobierno Legítimo de México, 6 de septiembre de 2009.
L.D. Jesús A. Palma M.
CONTRA LOS RECORTES PRESUPUESTALES A LA EDUCACIÓN
Alfonso Lujambio Irazábal,
Secretario de Educación Pública
Juan Carlos Romero Hicks,
Director del CONACYT
Dra. Rosaura Ruiz,
Presidenta de la Academia Mexicana de la Ciencia
Rafael López Castañares,
Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Cámara de Diputados
Cámara de Senadores
PRESENTES
Hasta el año pasado, el Conacyt otorgaba los siguientes montos de beca para quienes eran admitidos a programas en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad: 6 salarios mínimos para Doctorado, 4.5 para Maestría y 4.0 para Especialidad.
Este año el Conacyt ha reducido el presupuesto para becas, sustituyendo el mencionado tabulador único por cuatro tabuladores distintos según el nivel de calidad que este organismo asigna. Para la clasificación “competente a nivel internacional”, los montos serán de 7.0, 5.6 y 4.72 (doctorado, maestría y especialidad respectivamente); para posgrados “consolidados” se mantendrán en 6.0, 4.5 y 4.0; para los posgrados “en desarrollo” serán de 4.2, 3.25 y 2.8; y para los “de reciente creación” serán de 3.6, 2.7, 2.4.
Ante esta inesperada y sustancial reducción de los recursos destinados a las becas de posgrados en desarrollo y de reciente creación, la Asamblea de Becarios del Conacyt manifiesta lo siguiente:
1. No ignoramos la crisis económica que atraviesa el mundo y que ésta se ha manifestado con particular fuerza en México. Sin embargo, consideramos que ello no justifica la reducción de recursos a la educación, cuyo carácter estratégico para el desarrollo a largo plazo debe estar fuera de duda. Por otra parte, no resulta coherente esta reducción cuando se observa un aumento desmedido en el gasto corriente del gobierno federal, los millonarios e inmorales salarios y bonos de consejeros del IFE, ministros de la corte, diputados, senadores, y de la alta burocracia en general. Más aún, resulta paradójico y absurdo que al tiempo que se dan estos recortes, se aprueben más de 2 mil millones de pesos a empresas como Volkswagen (36 millones de pesos), Kimberly Clark (26 mdp) y Monsanto (18 mdp) como parte del programa de apoyo a la investigación científica y tecnológica (La Jornada, 6-Ago-2009). ¿Para el Conacyt resulta más prioritario financiar a empresas transnacionales que a la investigación científica mexicana?
2. Rechazamos totalmente la reducción del monto de las becas para los posgrados en desarrollo y de reciente creación. El nuevo monto de las becas para estos estudiantes, impide satisfacer las necesidades básicas de estudiantes a quienes se les exige dedicarse de tiempo completo a la actividad académica. Todos los estudiantes tenemos las mismas necesidades para cubrir gastos de vivienda, alimentación, transporte, material de estudio y de todo lo necesario para desempeñar nuestro trabajo en condiciones dignas. La decisión del Conacyt obliga a tales estudiantes a buscar formas alternas de ingresos, desincentivando de esta manera el desarrollo de nuevos posgrados y contribuyendo a que los posgrados afectados no se consoliden, lo que significa aumentar la brecha con los posgrados favorecidos por el tabulador. En otras palabras, con esta medida, que no tiene una justificación académica seria, el Conacyt, contrario a su objetivo, contribuye a rezagar el desarrollo científico del país. (Considérese también que el Plan Nacional de Desarrollo estipulaba el compromiso de mantener o bien incrementar el presupuesto a la educación.)
3. Las políticas educativas no deben implementarse con base en criterios de eficiencia empresarial. La investigación científica no tiene ningún paralelo con la producción de bienes y servicios. Es totalmente ajeno a criterios académicos el promover la competencia entre los estudiantes por el monto de las becas: parece que el Conacyt cree que las becas son un premio por el que se debe competir y no un vehículo que permite la manutención del estudiante para que pueda dedicarse de tiempo completo a sus estudios; sólo así los programas académicos pueden cumplir a cabalidad sus objetivos. Es claro que el nuestro es un país subdesarrollado y que sin estas becas muchos estudiantes (de los cuales gran parte cambian de lugar de residencia para realizar el posgrado) no podrían sostener sus estudios de posgrado, dañando la de por sí incipiente actividad científica de México.
4. Las políticas públicas deben ser instrumentadas de manera democrática. Un principio democrático elemental es que aquellos ciudadanos que directa o indirectamente son afectados por propuestas de políticas públicas tengan el derecho de réplica y participación cuando se tomen decisiones que los afecten de manera tan grave. En el caso que nos ocupa, el Conacyt ha tomado estas medidas de manera unilateral y sin consultar a las instituciones académicas, planta docente, investigadores ni estudiantes. Esto se ve agravado al haber notificado la reducción del monto de las becas cuando los estudiantes estaban ya inscritos en sus posgrados correspondientes y, por lo tanto, habían renunciado a trabajos y lugares de residencia.
En función de las anteriores consideraciones, solicitamos lo siguiente:
1. Que se anulen los cuatro tabuladores según el nivel de clasificación del Conacyt y se restablezca el tabulador único para la asignación de las becas.
2. Que se revise a fondo la distribución del presupuesto del Conacyt por un comité donde estén representados los actores académicos pertinentes. Resulta inaceptable que Conacyt destine millonarios fondos para investigación a grandes empresas transnacionales, mientras reduce las becas para estudiantes de posgrado.
3. Que el gobierno federal rectifique el rumbo de sus actuales políticas económicas. La crisis económica en curso no justifica el recorte presupuestal a sectores tan estratégicos para el desarrollo del país como la educación y la investigación científica. El presupuesto para este sector no puede ser reducido a conveniencia de las administraciones en turno.
Atentamente:
Estudiantes de diversos posgrados de la UNAM, FLACSO, UAM, CIESAS, ENAH
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