Fernando Belaunzarán
Durante días y días que se han vuelto meses, hemos visto cómo el movimiento social que demanda, entre otras cosas, la salida de Ulises Ruiz de la gubernatura de Oaxaca, se descompone ante la ausencia de atención y voluntad política de las instituciones federales y la imposición de un autogobierno improvisado que llena los vacíos de poder de manera arbitraria, recurriendo a juicios sumarios sin procedimientos establecidos ni reconocimiento a derechos y garantías. Un gobernador en el exilio, el desprestigio y la impotencia, teniendo como contraparte a contingentes de maestros e inconformes que cometen excesos e imponen su ley en nombre del “pueblo” que todo lo justifica y redime.
Para que el problema haya llegado a tal punto requirió del desentendimiento del gobierno federal que por cálculo mezquino, indolencia, oportunismo, ineptitud, desconocimiento, vinculación y subordinación del problema a necesidades facciosas del escenario nacional, prefirió ser espectador de la putrefacción de la severa crisis de gobernabilidad estatal. Estamos ante un problema que se ha complicado a tal grado que su solución pacífica e institucional, no obstante que hoy todos los ojos miran a Oaxaca, lejos de acercarse, parece al borde de ser frustrada definitavamente.
Es verdad que por fin el gobierno federal, después de meses de autismo y de escabullirse de su responsabilidad, ha abordado el tema Oaxaca como prioridad de Estado; pero la tardanza y su compromiso con el priísmo que ha sabido cotizarse en la crisis postelectoral hacen que llegue maniatado a la mesa que él mismo auspicia, además de que no puede pretender abordar la conflictiva situación como si la crisis acabara de emerger. Los meses no ha pasado en vano y además de la constatación irrefutable de la imposibilidad de gobernar por parte de Ulises Ruiz, es notoria la radicalización del movimiento de protesta organizado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca -una consecuencia más y previsible del alargamiento del conflicto-, de tal suerte que la negociación auspiciada por la Secretaría de Gobernación se vislumbra hoy como una misión imposible. Para mayor desgracia del secretario de Gobernación, Carlos Abascal, que siempre buscó que el asunto Oaxaca no tuviera incidencia en el movimiento nacional contra la imposición de Felipe Calderón, se ha vuelto de tal magnitud el problema que sería ingenuo pensar que las consecuencias de la salida que finalmente se le dé al problema no se dejarán sentir en el panorama político del país, sobre todo si caen en la tentación de enfrentarlo con represión. Ya una vez se trató de desalojar con el uso de la fuerza pública a los inconformes del centro de la capital del estado y resultó contraproducente; se encendieron más los ánimos, se radicalizó el movimiento y la demanda de renuncia al gobernador que quiso reprimirlos se volvió una cuestión de principio.
Antes que nada, reiterar lo obvio: no se vislumbra ninguna posible salida pactada al conflicto si se insiste en la permanencia de Ulises Ruíz al frente del Ejecutivo estatal. Su salida significa no sólo el reconocimiento necesario de que no tiene ni tendrá condiciones para gobernar y de que se debe partir del principio de realidad de que hoy es el principal obstáculo para llegar a un acuerdo, sino que incluso esa demanda ha pasado a ser el elemento emblemático del movimiento, el piso indiscutible de la APPO y ningún dirigente va acordar nada si es que eso no se les otorga, pues sería suicida frente a sus bases cada vez más sueltas y exaltadas. Esa presión de las bases sobre los dirigentes del movimiento impide cualquier tipo de titubeo sobre el particular. Cualquier negociación debe asumir ese hecho.
Sin embargo, la Secretaría de Gobernación no puede satisfacer ni operar la demanda de renuncia, licencia o desaparición de poderes en la entidad, no obstante que ese requerimiento parece y es de sentido común, debido a la alianza que tiene su gobierno y su partido con el PRI para que éste reconozca y apuntale a Felipe Calderón. Por si eso fuera poco, le han vendido la especie a los panistas que la caída de un gobernador mediante la presión ostensible de protestas populares es muy mal precedente para el “presidente electo” que se prepara a asumir el cargo en medio de una resistencia civil que se plantea impedirlo. Y un dato más: si el gobernador se separa del cargo antes de diciembre de este año se deben convocar a nuevas elecciones y no está de más recordar que ahí ganó con holgura Andrés Manuel López Obrador, por lo que es entendible el miedo que tienen de que un eventual proceso electoral extraordinario en Oaxaca lo gane la oposición real en el país.
Cerrar la vía de la negociación y sostener hasta la ignominia a Ulises Ruiz lleva a uno de dos despropósitos: intervención con la fuerza pública para instalar a baby Madrazo como dictador a sangre y lodo, o persistir en la indolencia oficial frente a este problema y que se siga pudriendo. La última opción es políticamente insostenible en virtud de la urgencia que todos hacen para que intervenga el gobierno federal. Así que realmente el asunto se reduce a la solución negociada que implica la caída del gobernador o la entrada de la policía federal y eventualmente del ejército para que el gobierno al menos pueda tener acceso a las sedes establecidas y hacer como que gobiernan.
El patético ultimátum de Ulises Ruiz para el reinicio de clases y su programa frustrado de actividades para simular que gobierna y que terminó en graciosa huída, sólo reitera la disyuntiva aquí planteada. Por supuesto que no le ayuda a la APPO su actuar como policía de república bananera ni sus estridencias declarativas ni tomar justicia por propia mano ni evidenciar la preponderancia de la ultra sobre sus sectores moderados. La posibilidad de reprimir se basa en que esas consideraciones le proporcionan legitimidad y justificación pública a la medida. Sin embargo, la decisión de tratar de resolver policiacamente el conflicto tiene demasiados riesgos y uno es que se caiga la máscara de gobierno democrático que Vicente Fox está afanosamente buscando preservar de manera tragicómica tras el fraude electoral. Lo peor para él es que no hay garantía de que todo se termine con una acción de fuerza pública y que el conflicto puede agravarse y extenderse en el contexto nacional de resistencia civil pacífica contra la imposición de Calderón. La violencia, así sea institucional, es un elemento volátil con múltiples efectos secundarios que requiere de cuidados, los cuales son incapaces de proporcionar eficazmente los aprendices de brujo que están por terminar su sexenio.
De paso...
Pitoniso. Tras la visita de dirigentes del PRD a Televisa para protestar por la cobertura informativa de esa empresa sobre el conflicto postelectoral del país, Joaquín López Doriga, el titular del noticiero más influyente de la televisión, pronosticó que la izquierda perdería la Ciudad de México en 2012 y que las elecciones de 2009 serían el primer aviso. No se necesita ser muy perspicaz para darse cuenta que en esas palabras hay una advertencia acerca de la política informativa de Televisa que desde ahora adelanta como antiperredista. Sería interesante saber si todavía su Emilio Azcárraga puede sostener sin bochorno que su empresa es apartidista, ya no digamos plural y democrática... El PAN inmiscuyó al gobierno de Venezuela al proceso electoral, lo caricaturizó y lo usó en la guerra sucia contra López Obrador y ahora se desgarran la vestiduras porque el pendenciero y lenguaraz de Hugo Chávez -en eso muy parecido a Vicente Fox- regatea el reconocimiento al gobierno legal, que no legítimo, de Felipe Calderón...
Durante días y días que se han vuelto meses, hemos visto cómo el movimiento social que demanda, entre otras cosas, la salida de Ulises Ruiz de la gubernatura de Oaxaca, se descompone ante la ausencia de atención y voluntad política de las instituciones federales y la imposición de un autogobierno improvisado que llena los vacíos de poder de manera arbitraria, recurriendo a juicios sumarios sin procedimientos establecidos ni reconocimiento a derechos y garantías. Un gobernador en el exilio, el desprestigio y la impotencia, teniendo como contraparte a contingentes de maestros e inconformes que cometen excesos e imponen su ley en nombre del “pueblo” que todo lo justifica y redime.
Para que el problema haya llegado a tal punto requirió del desentendimiento del gobierno federal que por cálculo mezquino, indolencia, oportunismo, ineptitud, desconocimiento, vinculación y subordinación del problema a necesidades facciosas del escenario nacional, prefirió ser espectador de la putrefacción de la severa crisis de gobernabilidad estatal. Estamos ante un problema que se ha complicado a tal grado que su solución pacífica e institucional, no obstante que hoy todos los ojos miran a Oaxaca, lejos de acercarse, parece al borde de ser frustrada definitavamente.
Es verdad que por fin el gobierno federal, después de meses de autismo y de escabullirse de su responsabilidad, ha abordado el tema Oaxaca como prioridad de Estado; pero la tardanza y su compromiso con el priísmo que ha sabido cotizarse en la crisis postelectoral hacen que llegue maniatado a la mesa que él mismo auspicia, además de que no puede pretender abordar la conflictiva situación como si la crisis acabara de emerger. Los meses no ha pasado en vano y además de la constatación irrefutable de la imposibilidad de gobernar por parte de Ulises Ruiz, es notoria la radicalización del movimiento de protesta organizado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca -una consecuencia más y previsible del alargamiento del conflicto-, de tal suerte que la negociación auspiciada por la Secretaría de Gobernación se vislumbra hoy como una misión imposible. Para mayor desgracia del secretario de Gobernación, Carlos Abascal, que siempre buscó que el asunto Oaxaca no tuviera incidencia en el movimiento nacional contra la imposición de Felipe Calderón, se ha vuelto de tal magnitud el problema que sería ingenuo pensar que las consecuencias de la salida que finalmente se le dé al problema no se dejarán sentir en el panorama político del país, sobre todo si caen en la tentación de enfrentarlo con represión. Ya una vez se trató de desalojar con el uso de la fuerza pública a los inconformes del centro de la capital del estado y resultó contraproducente; se encendieron más los ánimos, se radicalizó el movimiento y la demanda de renuncia al gobernador que quiso reprimirlos se volvió una cuestión de principio.
Antes que nada, reiterar lo obvio: no se vislumbra ninguna posible salida pactada al conflicto si se insiste en la permanencia de Ulises Ruíz al frente del Ejecutivo estatal. Su salida significa no sólo el reconocimiento necesario de que no tiene ni tendrá condiciones para gobernar y de que se debe partir del principio de realidad de que hoy es el principal obstáculo para llegar a un acuerdo, sino que incluso esa demanda ha pasado a ser el elemento emblemático del movimiento, el piso indiscutible de la APPO y ningún dirigente va acordar nada si es que eso no se les otorga, pues sería suicida frente a sus bases cada vez más sueltas y exaltadas. Esa presión de las bases sobre los dirigentes del movimiento impide cualquier tipo de titubeo sobre el particular. Cualquier negociación debe asumir ese hecho.
Sin embargo, la Secretaría de Gobernación no puede satisfacer ni operar la demanda de renuncia, licencia o desaparición de poderes en la entidad, no obstante que ese requerimiento parece y es de sentido común, debido a la alianza que tiene su gobierno y su partido con el PRI para que éste reconozca y apuntale a Felipe Calderón. Por si eso fuera poco, le han vendido la especie a los panistas que la caída de un gobernador mediante la presión ostensible de protestas populares es muy mal precedente para el “presidente electo” que se prepara a asumir el cargo en medio de una resistencia civil que se plantea impedirlo. Y un dato más: si el gobernador se separa del cargo antes de diciembre de este año se deben convocar a nuevas elecciones y no está de más recordar que ahí ganó con holgura Andrés Manuel López Obrador, por lo que es entendible el miedo que tienen de que un eventual proceso electoral extraordinario en Oaxaca lo gane la oposición real en el país.
Cerrar la vía de la negociación y sostener hasta la ignominia a Ulises Ruiz lleva a uno de dos despropósitos: intervención con la fuerza pública para instalar a baby Madrazo como dictador a sangre y lodo, o persistir en la indolencia oficial frente a este problema y que se siga pudriendo. La última opción es políticamente insostenible en virtud de la urgencia que todos hacen para que intervenga el gobierno federal. Así que realmente el asunto se reduce a la solución negociada que implica la caída del gobernador o la entrada de la policía federal y eventualmente del ejército para que el gobierno al menos pueda tener acceso a las sedes establecidas y hacer como que gobiernan.
El patético ultimátum de Ulises Ruiz para el reinicio de clases y su programa frustrado de actividades para simular que gobierna y que terminó en graciosa huída, sólo reitera la disyuntiva aquí planteada. Por supuesto que no le ayuda a la APPO su actuar como policía de república bananera ni sus estridencias declarativas ni tomar justicia por propia mano ni evidenciar la preponderancia de la ultra sobre sus sectores moderados. La posibilidad de reprimir se basa en que esas consideraciones le proporcionan legitimidad y justificación pública a la medida. Sin embargo, la decisión de tratar de resolver policiacamente el conflicto tiene demasiados riesgos y uno es que se caiga la máscara de gobierno democrático que Vicente Fox está afanosamente buscando preservar de manera tragicómica tras el fraude electoral. Lo peor para él es que no hay garantía de que todo se termine con una acción de fuerza pública y que el conflicto puede agravarse y extenderse en el contexto nacional de resistencia civil pacífica contra la imposición de Calderón. La violencia, así sea institucional, es un elemento volátil con múltiples efectos secundarios que requiere de cuidados, los cuales son incapaces de proporcionar eficazmente los aprendices de brujo que están por terminar su sexenio.
De paso...
Pitoniso. Tras la visita de dirigentes del PRD a Televisa para protestar por la cobertura informativa de esa empresa sobre el conflicto postelectoral del país, Joaquín López Doriga, el titular del noticiero más influyente de la televisión, pronosticó que la izquierda perdería la Ciudad de México en 2012 y que las elecciones de 2009 serían el primer aviso. No se necesita ser muy perspicaz para darse cuenta que en esas palabras hay una advertencia acerca de la política informativa de Televisa que desde ahora adelanta como antiperredista. Sería interesante saber si todavía su Emilio Azcárraga puede sostener sin bochorno que su empresa es apartidista, ya no digamos plural y democrática... El PAN inmiscuyó al gobierno de Venezuela al proceso electoral, lo caricaturizó y lo usó en la guerra sucia contra López Obrador y ahora se desgarran la vestiduras porque el pendenciero y lenguaraz de Hugo Chávez -en eso muy parecido a Vicente Fox- regatea el reconocimiento al gobierno legal, que no legítimo, de Felipe Calderón...
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