Al Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario.
Al Gobierno Federal.
A la Opinión Pública.
Al acercarse el primer aniversario de que se constituyó esta Comisión de Mediación, hacemos del conocimiento de las y los mexicanos la situación que guarda la labor que, a propuesta del PDPR-EPR, hemos realizado al mediar con el gobierno federal en relación con la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
ANTECEDENTES
1.- El 24 de abril del 2008, el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) solicitó a un grupo de ciudadanos mexicanos y al Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) que a su nombre hicieran gestiones ante el gobierno federal (en su carácter de representante formal del Estado Mexicano) a fin de aclarar la situación de dos de sus militantes a quienes consideró como detenidos desaparecidos. El objetivo fue lograr su presentación con vida. Poco antes, dicha organización había realizado algunas acciones tendientes a presionar a su contraparte para alcanzar ese propósito, considerando que es el gobierno quien tiene en su poder a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
2.- Para aceptar la encomienda, las personas designadas por el PDPR-EPR pusieron una condición que comunicaron a la organización por medio de la prensa: que se declarara un alto al fuego unilateral y que la suspensión de hostilidades se mantuviera todo el tiempo que la Mediación estuviera vigente. Tal condicionamiento fue aceptado y se agregaron otras organizaciones político-militares.
3.- Por tratarse de una mediación sui generis (pues la prensa y los medios electrónicos fueron los únicos instrumentos de comunicación que los comisionados tienen con el EPR), se esperó hasta que la otra parte, el Gobierno Federal diese su aceptación, para constituir formalmente la Comisión de Mediación (COMED). Esto ocurrió el 1 de mayo del 2008.
4.- La parte gubernamental designó como su representante a un grupo encabezado por el Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación Abraham González Uyeda, con el que se definió el método de trabajo. En el proceso, hubo intercambio de documentos acerca de los mejores caminos para alcanzar el objetivo.
5.- Para cumplir su misión, la COMED tuvo acercamiento con los familiares de los desaparecidos y sus abogados, con los organismos de derechos humanos que han intervenido en el tema y con agrupamientos de la sociedad civil que de diversas formas la han respaldado. También se entrevistó en diversas ocasiones con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, como dato especialmente importante, decidió informar periódicamente y con detalle al señor Alberto Brunori, Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
6.- En grupos de trabajo o en pleno, la COMED contactó a funcionarios del gobierno de Oaxaca, lugar donde se detuvo a los ahora desaparecidos, a integrantes de la policías locales y del Ejército, así como a funcionarios de la Procuraduría General de la República. Asimismo, se dirigió a personalidades con autoridad moral en nuestro medio para escuchar sus opiniones sobre los aspectos más generales del problema.
VALORACIONES
1.- La razón fundamental por la que se aceptó formar la COMED, fue contribuir a esclarecer una desaparición forzada de personas. Ésta constituye un crimen que se comete desde el Estado, con la protección que confiere el poder, ejerciendo atribuciones más allá de lo que la Ley permite y despojando a las víctimas de toda protección de las leyes. Sabemos que México es tierra fértil para los delitos de lesa humanidad, debido a la impunidad que por décadas ha cobijado a los perpetradores. Al coadyuvar a que la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez encontrara cauces de solución conforme a la ética social y a la normatividad jurídica nacional e internacional, aportaríamos elementos para que las demás desapariciones que han ocurrido en México, también se resuelvan.
2.- Al principio del proceso mediador, la parte oficial mostró cierta apertura, que fue correspondida con una atención muy intensa de la prensa. Posteriormente, el gobierno federal se mantuvo en la tesis de que sólo mediante una resolución judicial se podrá determinar si el hecho que nos ocupa es o no una desaparición forzada. Y aunque en algún comunicado de la SEGOB se mencionó ese ilícito regulado por la jurisdicción internacional, más tarde se insistió en meter el asunto en la camisa de fuerza de las gestiones ministeriales.
3.- Conforme transcurría el tiempo, la COMED advirtió que el tema que nos ocupa perdió presencia incluso mediática. En la parte gubernamental, decreció el interés declarativo que antes había mostrado. El discurso de la “seguridad” desplazó por completo al de los derechos fundamentales. Reaparecieron temas que, como la pena de muerte, habían sido superados. Esto coincidió con el alejamiento de buena parte de la prensa de la cuestión que dio origen a esta COMED.
4.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) convalidó nuestras hipótesis sobre el íter criminis. Los desaparecidos fueron detenidos en Oaxaca y conducidos después ante la presencia de autoridades federales. Especialmente grave para esta COMED es que dos de los jefes policíacos que intervinieron en la detención se encuentran desaparecidos, y otro más fue ejecutado.
Señalamos con oportunidad, que esa recomendación pareció plausible a la COMED, pero que a nuestro entender debió haberse dirigido también a la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, los familiares de los desaparecidos, mencionaron que también debió dirigirse al CISEN.
5.- Las respuestas a las recomendaciones de la CNDH fueron deplorables: ninguno de los órdenes de gobierno las aceptó en lo esencial. a) El Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca se negó a aceptar un punto de acuerdo propuesto por un regidor, quien proponía que se citara a los integrantes del anterior cabildo, para que hicieran las precisiones necesarias para dar respuesta a la CNDH; b) El Gobierno del Estado de Oaxaca, rechazó la Recomendación y mediante un documento que hizo público en diversos diarios de circulación local y nacional, se proclamó totalmente inocente e incluso se dijo víctima de una campaña difamatoria. c) El gobierno federal aceptó las partes menos sustanciales de la Recomendación, pero negó la que se refiere a la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Con el agravante de que su respuesta a la CNDH no se hizo pública.
6.- Aunque el gobierno federal admitió que está dispuesto a abrir la interlocución de esta COMED con la SEDENA, con el Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional (CISEN) y con la Procuraduría General de la República (PGR), en los hechos nada ha ocurrido. Nueve de los casi doce meses de trabajo de la COMED en lo que toca a la relación con el gobierno federal, se han reducido a esperar que se amplíe dicha interlocución. El gobierno nos propuso la primera reunión ampliada para el pasado 17 de abril y la aplazó para el próximo 24. Esta propuesta ha estado precedida por numerosas señales erráticas y contradictorias. Valoramos cada día que pasa como de gran peligro para la vida de los desaparecidos, pues en mayo del 2009 se cumplirán dos años de su desaparición forzada.
Como se aprecia de los párrafos anteriores la COMED no ha recibido de la parte gubernamental ninguna aportación sustancial para el proceso.
Por todo lo anterior, y no sin deplorarlo, hemos tomado las siguientes
DECISIONES:
Primera.- Poner fin a nuestra misión, en virtud de que el gobierno federal sólo ha tenido voluntad declarativa para enfrentar la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Segunda.- Reconocer al PDPR-EPR la confianza depositada en los integrantes de esta Comisión y valorar su cumplimiento de la tregua.
Tercera.- Demandar que se respete la integridad de todas las personas y organismos que intercambiaron puntos de vista con esta COMED, en su propósito esencial. Los integrantes de esta Comisión mantendremos la búsqueda de una sociedad con pleno respeto a los derechos humanos y sin desapariciones forzadas, en particular nos comprometemos con los familiares a permanecer alerta del curso de los acontecimientos que los implican.
Cuarta.- Dar a conocer estas decisiones a los organismos nacionales e internacionales interesados en el tema, especialmente a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en relación con el reporte que la ONU emitió recientemente acerca de la conducta del Gobierno de México.
Hacemos manifiesta nuestra gratitud a Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) por su invaluable apoyo y solidaridad a los trabajos realizados por esta Comisión.
México, D.F. a 21 de abril del 2009.
Atentamente.
José Enrique González Ruiz
Miguel Ángel Granados Chapa
Juan de Dios Hernández Monge
Rosario Ibarra de Piedra
Gilberto López y Rivas
Carlos Montemayor
Samuel Ruiz García
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