Rechazan paquete anticrimen

Francisco Cárdenas Cruz

Obsesionado como sigue estando en su personal “guerra” contra el crimen organizado y el narcotráfico, el presidente Felipe Calderón envió a la Cámara de Senadores, en las postrimerías del último periodo ordinario de sesiones de las 60 legislatura un paquete de cuatro iniciativas, a cual más de polémicas, con las que se otorgan facultades al Ejército para que asuma el control de los operativos contra esos flagelos, el que de inmediato motivó rechazo legislativo porque “no podría ser aprobado sobre las rodillas”.

A escasas dos sesiones que habrá la próxima semana, el Ejecutivo Federal hizo llegar anteanoche a la vieja casona de Xicoténcatl 9, casi de manera sigilosa, propuestas de reformas a la Ley de Seguridad Nacional y en materia de justicia militar y tráfico de armas, que los senadores de oposición advirtieron que no serían discutidas sino hasta el inicio de la 61 legislatura, el 1 de septiembre próximo, a menos que se convocara a un periodo extraordinario antes de esa fecha.

De manera formal, la mesa directiva del Senado que preside el panista chihuahuense Gustavo Madero, dio trámite a las cuatro iniciativas que forman parte de ese paquete sobre seguridad pública y combate a la delincuencia organizada.

Una es el proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo IV bis al Título Octavo del Libro Primero del Código de Justicia Militar, en el que se faculta al Ejecutivo Federal a que autorice, dentro del marco de la ley, la intervención del Ejército para recuperar los espacios que han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y grupos criminales, el cual se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos.

Otra, que plantea reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que revisa y define los conceptos de ésta y de seguridad interior y pública y se establecen con claridad las reglas con las que el Estado puede y debe actuar en esa materia, misma que fue enviada a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos.

Una tercera, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de actualizar la restricción de la posesión de municiones modificadas o con artificio destinados a infringir daño a los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado que se enfrenten a la delincuencia, la que se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, Seguridad Pública y Estudios Legislativos.

Y la cuarta, que propone reformas a diversas disposiciones del Código Penal Federal y de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, para dotar al Estado de mejores herramientas jurídicas que castigue eficazmente y con severidad los actos en contra de la vida o integridad física de los servidores públicos encargados de la seguridad pública, que fue enviada a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos.

En la Cámara de Diputados, el perredista José Alfonso Suárez del Real rechazó el paquete de iniciativas del Ejecutivo Federal porque “constituye el fundamento legal de un Estado autoritario militar” y que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, bajo el engaño de establecer un régimen transitorio de protección a las garantías individuales por afectaciones a la seguridad interior, se instaura un Estado de excepción de facto que en la práctica limita las garantías individuales, que autoriza únicamente instancias del Poder Ejecutivo Federal, sin intervención alguna del Congreso de la Unión, tal como lo establece el artículo 29 constitucional.

Consideró el legislador del sol azteca que la iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional “es una simulación frente a la incapacidad de definir claramente las competencias de las instituciones en el combate al crimen organizado que han puesto en entredicho al Estado mismo que no ha logrado impedir la infiltración de delincuentes en las corporaciones policíacas, de gobierno, legislativas y en el Poder Judicial, ante la pretensión del gobierno de que sean los ciudadanos quienes paguen el costo humano de su impotencia, por lo que su partido no permitirá la construcción de un Estado autoritario bajo la conducción de las Fuerzas Armadas Permanentes.

Las cuatro iniciativas, que oficialmente se afirma que llegaron desde el martes al Senado pero que hasta anoche se supo de ellas, seguramente quedarán pendientes de discusión hasta la próxima legislatura.