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Calderón: Stupid is as stupid does

Erich Moncada SDP Noticias
10 de Febrero, 2010 - 15:03



Con esta frase, Forrest Gump quería decir que una persona inteligente será juzgada como estúpida, no por su apariencia, sino por los actos estúpidos que comete. Ayer, el secretario de Defensa del Gobierno Federal, Guillermo Galván Galván, defendió la iniciativa de reforma política de su jefe, calificando como “detractores de México” a quienes hacemos “críticas destructivas” en contra de los abusos militares en la lucha contra el narcotráfico. Así, involucra al Ejército en una peligrosa lógica bélica donde el disentir es equiparable a la subversión y al enemigo.

El Ejecutivo espurio reafirmó hoy el discurso del general Galván, negándose a replegar a las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado porque, si así sucediera, “se dejaría en total abandono a la ciudadanía… en las manos sangrientas de los criminales”.

Calderón llegó al extremo de sugerir que la vorágine de violencia en Ciudad Juárez no fue propiciada por la presencia de las fuerzas federales. Suponiendo sin conceder que su dicho sea cierto, pasa por alto una realidad incuestionable: la intervención del Ejército Mexicano no fue ni ha sido efectiva para reducir las ejecuciones en la ciudad fronteriza. En 2007 se presentaron 318 asesinatos; en 2008 (en el inicio del Operativo Conjunto Chihuahua) aumentaron a 2460 y en 2009 hubo 2640 homicidios (La Jornada, 3 de enero).

Pobre “presidente” y pobre pueblo de México. Si da marcha atrás en su fracasada estrategia de militarizar la seguridad pública del país, quedará exhibida su debilidad, pero si la mantiene será intransigente. La masacre en Juárez sólo lo obligó a replantear la militarización de la seguridad pública en esa ciudad, pero en el resto del país la estrategia se mantiene estable. Estamos en un callejón sin salida.

Cuando Calderón Hinojosa habla, no favorece un ambiente de tolerancia y diálogo. Acusa a sus críticos de querer “ver al país sumido en la violencia… ver al país dividido… ver a México claudicar y dar marcha atrás”. De nueva cuenta expresa ese razonamiento perverso, simplista y dicotómico. Los buenos están del lado del gobierno y los malos, la oposición, del lado de los criminales. El que desea ver al país sumido en la violencia es él, porque en los últimos tres años ha optado por la guerra para legitimar su origen fraudulento; el que mantiene al país dividido es él, porque a pesar de los reclamos de los ciudadanos, se ha negado a reconocer el error que ha sido sacar a los soldados a las calles. En vez de mostrar una actitud humilde refuerza su personalidad soberbia.

Por eso la presentación de la nueva estrategia para Juárez no me genera optimismo; nos van a recetar más de lo mismo.

El señor Calderón y el general Galván deberían tener en mente las palabras del historiador Howard Zinn: “El disentimiento es la forma más grande de patriotismo”.

Anuncian militarización de Sonora

El gobernador y el alcalde de Hermosillo solicitarán el apoyo de las fuerzas armadas para enfrentar la “ola de violencia”

Erich Moncada/SDP 02 de December, 2009 - 09:49

Hermosillo, Sonora, 2 de diciembre.- Ante el recrudecimiento de las ejecuciones en el estado, el gobernador Guillermo Padrés y el alcalde de Hermosillo, Javier Gándara, anunciaron su intención de solicitar a la Cuarta Zona Militar se coordine con las fuerzas de seguridad civiles para realizar patrullajes todo el mes de diciembre.

El alcalde capitalino se manifestó en contra de la militarización, pero sí a favor de tomar medidas para garantizar la seguridad de los hermosillenses. El ejecutivo local explicó que el objetivo es que los militares tengan presencia suficiente para evitar la ocurrencia de hechos violentos (El Imparcial, 02.12.09).

El Procurador de Justicia, Abel Murrieta declaró (Expreso, 02.12.09) que en lo que va del año cerca de 400 personas han sido asesinadas en tierras sonorenses por ajustes de cuentas. Entre los casos más destacados se encuentra la ejecución de los comandantes de la Policía Estatal Investigadora Ramón Ontamucha (16 de septiembre) y Ezequiel Quintero (1 de diciembre), así como el homicidio del líder agrario Margarito Montes y otras 14 personas (30 de octubre).

La decisión de involucrar al Ejército en labores de seguridad pública podría generar graves consecuencias sobre los derechos humanos de los sonorenses, pues han sido ampliamente documentadas las denuncias por abusos y malos tratos de los militares a los ciudadanos. Peor aún, ni el alcalde Gándara ni el gobernador Padrés han explicado los mecanismos que pondrán en práctica para evitar estos excesos, ni han sometido esta delicada decisión a la consideración de los sectores sociales.

Los gobernantes de extracción panista tampoco se han referido a la inefectividad de la militarización para reducir los índices de violencia. En Chihuahua, a pesar de la presencia de 7 mil 500 efectivos castrenses y mil agentes de la Policía Federal, se han registrado más de 2 mil ejecuciones en lo que va de 2009, superando la cifra del año anterior (El Universal, 20.11.09).

Desde que el presidente espurio Felipe Calderón lanzó su fracasada guerra contra los cárteles de la droga, el estado norteño ha contabilizado 5 mil 530 muertes, mientras que a nivel nacional el “ejecutómetro” ha alcanzado la pavorosa cifra de 16 mil homicidios (Milenio, 01.12.09) en tan sólo tres años.

Un estudio presentado por seis organizaciones civiles nacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que las quejas contra el Ejército se sextuplicaron en los primeros dos años del gobierno federal. Entre las denuncias más recurrentes se encuentran cateos ilegales, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, torturas y 28 homicidios (Incide Social, 20.03.09).

Amnistía Internacional informó que el próximo 8 de diciembre presentará un extenso informe sobre las violaciones de derechos humanos de los militares contra la población civil. AI afirma que “con frecuencia ni las autoridades civiles ni las militares investigan estas denuncias de forma inmediata, imparcial y eficaz para garantizar que los responsables de las violaciones sean puestos a disposición judicial”.

Con el Ejército en las calles de Sonora, la seguridad de la ciudadanía no está garantizada y podrían suscitarse más arbitrariedades graves

Los “enemigos de las Fuerzas Armadas”

Por Erich Moncada | SDP Noticias

  • Extrema derecha prepara actividades fascistoides

  • Arzobispo de Hermosillo dice que en la tragedia de ABC no hay culpables, sólo responsables

  • Empresarios mexico-americanos demandan por fraude al gobernador Eduardo Bours

Una estampida de censura irracional está enturbiando el debate que debemos sostener para poder librar la campaña más inteligente contra nuestros enemigos… la guerra, nos guste o no, distorsiona la verdad, ya que la propaganda le es útil a todas las partes.
--Todd Gitlin, Los Angeles Times, 11 de noviembre de 2001.

SDP informa que el Movimiento Blanco, un grupo de organizaciones encabezadas por la señora Isabel Miranda de Wallace y José Antonio Ortega (destacado miembro de la Organización Nacional “El Yunque”), marcharán junto al Ejército Mexicano en el desfile del 16 de septiembre.

La campaña lleva el nombre "Todos con el Ejercito" y pretende apoyar a esta institución “en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como a preservar el fuero militar”.

Movimiento Blanco nos acusa a quienes denunciamos los abusos de “algunos” militares de que deseamos enviarlos a los tribunales civiles donde se puede “con cierta facilidad corromper a quienes juzguen a los miembros del Ejército".

¿A caso un juez militar es menos corrupto que un juez civil sólo porque tiene uniforme? Entonces reemplacemos a todo el Poder Judicial con impartidores de justicia verde olivo.

Lo único que estamos reclamando es que en el Ejército se respete y se cumpla la Constitución; que los crímenes cometidos por los soldados contra la población civil sean perseguidos y castigados por la autoridad civil, no como sucede actualmente, donde se mantiene en la impunidad a los malos elementos.

(En La Jornada del domingo Arnaldo Córdova publicó un artículo donde explica de manera clara y precisa la inconstitucionalidad del fuero castrense).

A los ojos de Movimiento Blanco quienes criticamos legítimamente a los militares, formamos parte de la nómina del crimen organizado “para impulsar una corriente de opinión que busca quitar el fuero militar o de guerra al Ejército”.

En una nota de Reforma Raúl Tortolero, vocal de la mesa directiva del Movimiento, denunció que “los enemigos de las Fuerzas Armadas no sólo tienen armas de combate sino también armas de comunicación, y están aprovechando el debate nacional sobre si los militares respetan los Derechos Humanos para generar temor, sospecha y desconfianza”.

Las organizaciones deberían matizar su discurso. En nada ayuda a la paz social polarizar y dividir a la sociedad en dos bandos simplistas: quienes están con los buenos o quienes están con los malos.

Señalar los excesos de las fuerzas castrenses no sólo es un derecho ciudadano, sino es una actitud patriótica que beneficia a la nación. Los traidores y los enemigos de la patria son quienes ignoran las agresiones contra la población y quienes justifican esas prácticas nocivas.

Una de las propuestas de Movimiento en Blanco es integrar un observatorio ciudadano para realizar “una observación objetiva con conocimiento del Código Militar y de las exigencias del combate, hecho con honestidad y buena fe y con interlocución con el Ejército”.

¿Qué tanta buena fe, objetividad y honestidad podrá tener un observatorio integrado por quienes no cuestionan ni un ápice la actuación de los militares? Si tuvieran un poco sentido común, invitarían a formar parte de ese comité a quienes más han cuestionado la militarización de la seguridad pública. Pero no se atreven; saben que la razón no está de su lado.

Las sociedades autoritarias se desmoronan inevitablemente porque silencian a los críticos que desean salvarlos de los errores de la ciega arrogancia. El disentir no es un lujo que deba ejercerse en los buenos tiempos; debe ser una obligación para la gente libre, particularmente cuando la misma noción de cuestionar se ha vuelto impopular.
– Robert Scheer, The LA Times, 23 de octubre de 2001.


Arzobispo de Hermosillo dice que en la tragedia de ABC no hay culpables, sólo responsables

El arzobispo José Ulices Macías Saucedo declaró a El Imparcial que en el caso del incendio donde murieron calcinados 49 niños "no hay culpables sino responsables", porque lo que sucedió fue "sin querer".

En tono optimista el especialista en absoluciones celestiales y penales, le dijo a los niños que “la vida sigue siendo bella y para ustedes también, y a rehabilitarse y a confiar en sus médicos y en el amor de Dios”, mientras que pidió a los padres recibir “la paz a la que tienen derecho y la que están buscando y que sigan el camino de la Ley”.

El religioso, más allegado a los grupos políticos y empresariales de la entidad que a las clases trabajadoras y desprotegidas, no hizo ningún reclamo por la justicia que merecen las familias afectadas por la tragedia del 5 de junio.

Es curioso que el señor Macías use la palabra responsabilidad en vez de culpabilidad. El Diccionario de la Real Academia Española define a un responsable como “el que, sin estar sometido a responsabilidad penal, es parte en una causa a los efectos de restituir, reparar o indemnizar de un modo directo o subsidiario por las consecuencias de un delito”. Mientras que el culpable, “se dice de la persona a quien se imputa una acción u omisión ilícitas por haberlas cometido de forma deliberada o con negligencia de sus deberes… Declarada responsable civil o penalmente”.

Empresarios mexico-americanos demandan por fraude al gobernador Eduardo Bours

El Court House News Service de San Antonio publicó una nota el 28 de julio sobre la demanda de Mexicans & Americans Thinking Together Foundation (MATT), interpuesta en contra del gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y el Coordinador de Fomento al Turismo, Epifanio Salido, por haber gastado injustificadamente 300 mil dólares destinados a la organización de una conferencia.

A los afectados se les había prometido recibir “un reconocimiento relevante” frente a los “líderes políticos y empresariales” que asistirían a la conferencia, y a cambio se comprometerían a gastar hasta 1.3 millones de dólares como patrocinadores de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos 2007, en Puerto Peñasco, Sonora.

Horas después de que el grupo depositó un adelanto de 300 mil dólares, se percató de que el dinero había sido retirado y empleado para fines no autorizados. Unas semanas previas a la conferencia, el gobernador Bours “canceló unilateralmente” el patrocinio de MATT y canceló la asistencia de la organización.

Mexicans & Americans Thinking Together Foundation ha demandado al estado de Sonora, al gobernador Bours, a Salido y a su representante estadounidendese Donald W. Walter Jr. para que se les restituyan los 300 mil dólares y se paguen 250 mil más por “gastos promocionales” hechos para la difusión de la conferencia.

En defensa de la legalidad: La guerra contra el narco, ilegítima e inconstitucional

Por Erich Moncada | SDP Noticias
Hoy 23:00

El jueves pasado, el señor Felipe Calderón pronunció en Oaxaca un discurso durante la botadura del buque Independencia, donde calificó su fracasada lucha contra los cárteles como una “una fuerza legítima y Constitucional, una fuerza legal, una fuerza democrática”.

Nada más alejado de la verdad.

Vamos por partes:

La guerra es totalmente ilegítima. Está siendo librada por una autoridad que llegó al poder mediante un fraude electoral.

La guerra de Calderón viola reiteradamente la Ley Suprema de nuestro país. El artículo 129 establece que “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Le guste o no a los partidarios de la violencia de Estado, para todos los efectos legales, vivimos en tiempos de paz. La declaración de guerra corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión en el Artículo 73, Fracción XII.

¿Por qué Calderón envió a finales de abril una serie de reformas a la Ley de Seguridad Nacional para legalizar la intervención de los militares en el combate al narco? El mismo gobierno ha reconocido la ilegalidad de los soldados fuera de los cuarteles.

Los retenes militares en carreteras y en las ciudades son también ilícitos. La Ley Federal de Armas y Explosivos no faculta a la institución castrense para catear vehículos en tránsito.

Los Puestos de Revisión Carreteros (PRECOS) violan la garantía de libre tránsito (Artículo 11) y la de legalidad (Artículo 16) que prohíbe la afectación de un ciudadano, a menos de que haya mandamiento expreso de autoridad competente.

La guerra tampoco es democrática. El “presidente” la declaró unilateralmente sin consultar a la población.

Calderón justifica en el citado discurso: “Ante esta amenaza, el Estado tiene la obligación, el deber y el derecho de utilizar todos los recursos a su alcance para restablecer condiciones de orden, de seguridad y de legalidad”.

Falso. El Estado no puede emplear “todos los recursos a su alcance”, sino todos los recursos que le otorga la ley. Porque cuando secuestra, tortura, lesiona y asesina ciudadanos, está faltando a su misión fundamental. Cuando el Estado emplea las mismas tácticas de la delincuencia, se convierte en un Estado criminal.

Me parece sumamente peligroso que se trate de catalogar a quienes nos oponemos a la presencia militar en funciones de seguridad pública como si estuviéramos del lado de los narcos. Eso sí que es macarthismo puro. ¿En qué tipo de democracia vivimos cuando se supedita la honorabilidad del Ejército a la libertad de expresión?

El comentarista Ciro Gómez Leyva, usa datos de la CNDH en su columna de hoy para asegurar que “sólo tres asesinatos fuera de combate y seis casos de tortura eran claramente imputables al cuerpo armado”, por lo que eran exagerados los cuestionamientos en contra de la militarización de la seguridad pública.

Ciro se quedó corto. Según el informe de Human Rights Watch “Impunidad Uniformada” de abril pasado, se investigaron y documentaron al menos 17 casos que involucran a más de 70 víctimas afectadas por los abusos del Ejército Mexicano contra la población civil.

Puede que esa información no desnude a un Ejército “genocida y torturador”, pero no olvidemos que sólo basta un incidente grave para manchar la reputación de la mayoría de los buenos elementos y el prestigio de la institución.

Y lo peor es que Ciro no habla sobre la impunidad reinante en ese puñado de casos. HRW afirma que “ninguna de las investigaciones castrenses de los abusos del ejército ha llevado a la consignación penal de un solo soldado por violaciones a los derechos humanos”

Hace dos días La Jornada documentó como quince soldados enmascarados allanaron a patadas el domicilio de una familia de Morelos en búsqueda de armas y drogas. Los militares se robaron mil pesos, golpearon a dos hombres, casi asfixian a otro, y torturaron sicológicamente a cuatro niños pequeños. Luego se retiraron sin pedir disculpas.

Supongo que, a los ojos de Ciro, este tipo de eventos son justificables para asegurar el bienestar nacional. Al fin y al cabo, ¿qué tanto es tantito?

¡Ejercito fuera de las calles!

SOLDADOS EJECUTAN A OTRO JOVEN EN RETÉN

Otra vez los sardos le quitaron la vida a un ciudadano por no detenerse en un retén. Como siempre, no faltará el panista PENDEJO que afirme que se lo buscó por no obedecer las órdenes.

Tristemente este tipo de situaciones van a seguir presentandose mientras nuestros "gobernantes" sigan pensando que sacar a los soldados a las calles es útil para enfrentar al narcotráfico:

Muere joven en retén militar de Reynosa

Un convoy militar disparó contra un auto en el que viajaban dos hombres, dejando a uno muerto y al otro herido en esta ciudad

Gastón Monge y Javier Cabrera
El Universal
Domingo 17 de febrero de 2008
estados@eluniversal.com.mx



REYNOSA, Tamps.— Un convoy militar disparó contra un auto en el que viajaban dos hombres, dejando a uno muerto y al otro herido en esta ciudad.

Según testigos, las víctimas fueron baleadas en varias ocasiones por desobedecer la señal de alto en un retén.

Aseguraron que en la huida el conductor perdió el control y chocó contra un poste. Fue entonces cuando los soldados lo sacaron del auto y tras revisar la unidad se marcharon.

El hecho ocurrió en la colonia Chapultepec, cuando Serafín (o Sergio) Meza Varela, de 28 años, llantero, salió a comprar cervezas con José Antonio Barboza, de 37 años, de oficio pintor, quien resultó lesionado.

Fuentes extraoficiales señalaron que las autoridades no encontraron evidencias que relacionen a los jóvenes con el crimen organizado.

En el DF, el jefe del Grupo Fuerza de Tarea, Gerardo Hurtado, y tres agentes más fueron consignados por disparar contra un automóvil en una revisión, y herir a tres jóvenes.

¿De qué sirve indignarse si toda la población se mantiene apática ante estos asesinatos a sangre fria? No nos cansaremos de decirle al pueblo de México que la militarización del país no solo es inconstitucional e ilegal, sino que vulvera severamente nuestras garantías fundamentales.

Esta es una razón más para sacar al ejército de las calles de México (y de Iraq).
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SEGUIMIENTO SOBRE EL CASO HUETAMO (2)

Ayer salió a la luz más información sobre el menor de Michoacán que fue asesinado por la espalda por elementos del ejército mexicano al no detenerse en un retén inconstitucional:

Sería abuso de autoridad el crimen de joven huetamense

Ricardo Rojas Rodríguez/Cambio de Michoacán

Sábado 19 de Enero de 2008

El caso de Huetamo, en donde elementos del Ejército asesinaron a un estudiante de 17 años, podría tratarse de un caso de abuso de autoridad, indicó el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de la región Oriente, Carlos Álvarez Ramos.

Al respecto, explicó que él mismo, por instrucciones del presidente estatal de la comisión, comenzó la investigación de los hechos, ante la queja de familiares de la víctima. No obstante, dijo que por estar involucrada una corporación federal, el caso fue entregado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El visitador regional dijo que la CEDH dio inicio a la queja que presentó Hipólito de la Paz, padre del ahora occiso, Víctor Alfonso de la Paz Ortega, de 17 años. Además se iniciaron las actuaciones, que consistieron en acudir al lugar de los hechos y entrevistar a las partes involucradas.

Agregó que el acompañante de Víctor Alfonso, estudiante también del Colegio de Bachilleres, comentó que, efectivamente, vieron a unos sujetos armados que les marcaron el alto.

Sin embargo, señaló que no los identificaron como miembros del Ejército. Y no pararon la marcha porque pensaron que eran miembros de alguno de los cuerpos delictivos que operan en Huetamo. Con mayor razón cuando comenzaron a dispararles.

Del mismo diario, se desprende que en Michoacán las violaciones a los derechos humanos están a la órden del día y trasciende la agresión que sufrió una familia por elementos castrenses que allanaron su domicilio sin órden judicial. Si actualmente los cateos no autorizados son comunes... imagínense si se llega a aprobar la Ley Gestapo.

En 2007 se recibieron cerca de 120 quejas contra el Ejército

Michoacán es uno de los estados donde más se violentan los derechos humanos por parte de la milicia

Héctor Tapia/Cambio de Michoacán

Sábado 19 de Enero de 2008

Michoacán es uno de los estados donde más se violentan los derechos humanos por parte del Ejército Mexicano, sólo durante el 2007 se recibieron cerca de 120 quejas, mientras en lo que va del año han sido presentadas poco más de diez, aseguró el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Serrato Huerta. Esto lo dijo luego de dar a conocer que en días pasados fue turnado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos un caso más, suscitado en la tenencia de La Mira, donde supuestos elementos castrenses irrumpieron en una vivienda y golpearon a una familia.

El 14 de enero de este año se presentó la queja ante la visitaduría regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde Adrián Gilberto Sevilla Lizcano es el responsable, quien turnó el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por ser de competencia federal, quedando el caso foliado con el número 2008/2126, para que ésta hiciera las investigaciones correspondientes, siendo Alma Delia Ramos Villalobos y Alfredo Ramos Romero quienes presentaron la queja.

La noche del 13 de este mes supuestos elementos del Ejército Mexicano, del 82 Batallón de Infantería, según refirieron los agraviados, entraron al domicilio ubicado en la tenencia de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, sin orden del juez correspondiente, los cuales «cometieron una serie de arbitrariedades y trato indigno», refirió el presidente estatal de Derechos Humanos, la familia fue golpeada e intimidada, «lo cual es grave ya que se está viendo una violación sistemática a los derechos humanos por parte de los elementos militares».

Una razón más para sacar al ejército de las calles de México (y de Iraq).

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SEGUIMIENTO AL CASO DEL MENOR ASESINADO EN MICHOACÁN

Sale más información sobre el adolescente asesinado en Michoacán por no respetar un retén inconstitucional del ejército mexicano. Según las autoridades castrenses, los soldados respondieron ante una supuesta agresión de los conductores. Pero no deja de llamar la atención que el puesto de revisión llevaba sólo algunas horas establecido en el lugar donde fue ultimado Víctor de la Paz:

Soldados ultimaron a menor en Michoacán, admite Sedena

Alfredo Méndez

Dos días después de la muerte de un civil en un retén militar en Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció en un comunicado que militares dispararon contra la víctima, pero argumentó que fue en respuesta a una agresión de la misma.

La versión oficial es que “el día 11 de enero de 2008 efectivos militares pertenecientes al 12 batallón de infantería, en apoyo de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado de Michoacán, quienes realizarían un cateo, establecieron un cerco de seguridad perimétrica, debidamente señalizado, en las calles Pedro de Gante, esquina con Caltzonzin, en el poblado de Huetamo, Michoacán.

“Al proporcionarse este apoyo aproximadamente a las 19 horas de esa fecha, una camioneta marca Ford Courier color rojo con vidrios ahumados, de manera sospechosa y sorpresiva, dirigió su marcha en contra del personal militar con la intención evidente de arrollarlos, quienes al sentirse amenazados y observar que no acataba las señales de alto, de manera preventiva se efectuó un disparo.

“Al ver que dicho vehículo no disminuía su velocidad, se realizaron dos disparos más a los neumáticos; uno de ellos indirectamente impactó en contra de Víctor de la Paz Ortega, de 17 años de edad, provocando lamentablemente su muerte; luego fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes su acompañante, Juan Carlos Peñaloza García, de 19 años de edad.”

Según Cambio Michoacán, la primera reacción de los soldados fue todo menos heróica:

Acto seguido, los militares presuntamente procedieron a golpear al conductor, ignorando al joven herido, quien perdió la vida en el lugar del suceso.

Este es un fracaso más de la Guerra Contra las Drogas de Felipe Calderón...

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