Erich Moncada | SDP Noticias
No entiendo cómo el Estado mexicano quiere ganar la guerra contra el narcotráfico si todas sus acciones sólo alienan y agreden a los sectores a los que debería ganarse.
El miércoles pasado las autoridades de Chihuahua ordenaron un operativo en el CBTIS 128 y el Cobach 9 de Ciudad Juárez para buscar drogas y armas. En esas escuelas estudiaban los 15 jóvenes asesinados el 30 de enero en Villas de Salvácar.
Según la nota de El Universal, dos mil 600 estudiantes salieron a la explanada y todas sus pertenencias fueron revisadas por perros olfateadores. Las autoridades que ordenaron el operativo concluyeron al final que estas los alumnos estaban “libres de drogas”. Es decir, no encontraron nada. Se supone que los funcionarios de Derechos Humanos, representantes estudiantiles y personal docente dieron fe de que no “fueran violentados los derechos de los estudiantes”. La Dirección de Prevención Delictiva anunció que los operativos seguirán en los planteles en beneficio de los jóvenes.
¿Para beneficiarlos o para asustarlos? Se ha vuelto un mal hábito que los gobiernos, en nombre de la seguridad pública, se aprovechan de que los menores de edad están en un limbo jurídico donde no pueden oponerse a las medidas draconianas de las que son objeto. Y no sólo son los jóvenes. Los automovilistas se han resignado a soportar el establecimiento de retenes ilegales en las carreteras y en las calles de las ciudades donde, sin órdenes de registro, la policía y los soldados que deberían ser garantes de la legalidad, se pasan por el arco del triunfo el artículo 16 de la Constitución. Y si alguien tiene la mala suerte de no detenerse, puede ser acribillado por los policías y los militares. Así, los pocos derechos que nos concede la ley, se erosionan gradualmente mientras los delincuentes andan libres y hacen de las suyas.
La crisis de inseguridad provoca que nuestros gobernantes tomen decisiones irracionales y extremas. Y lo más grave es que muchas de esas brillantes ideas son copiadas al pie de la letra de los Estados Unidos.
En febrero del año pasado, el gobierno de Eduardo Bours aprobó la iniciativa panista llamada Ley para la Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Control de las Adicciones. El ordenamiento, en el artículo 11 dispone la ejecución (con la autorización de los padres, por lo menos) de un programa de Pruebas al Azar de Consumo de Drogas como una medida “preventiva, no punitiva, confidencia y destinada a disuadir el uso de drogas entre estudiantes”.
Las pruebas antidoping aleatorias son una práctica extendida en nuestro vecino del norte y aunque no existe evidencia científica que respalde su efectividad, nuestros políticos las adoptan heroicamente para dar la impresión de que son duros contra el crimen, cuando en realidad exhiben su limitada capacidad para crear políticas públicas integrales, adecuadas a nuestra realidad social y cultural.
Las revisiones ilegales de los estudiantes, tanto de sus cuerpos como de sus pertenencias, no sólo son costosas si no contraproducentes. Ahora no sólo deben cuidarse de la violencia de los cárteles sino de la violencia del Estado, de sus agentes corruptos y las vejaciones cometidas al amparo del combate al narco. Estas estrategias envían el mensaje de que los menores son delincuentes en potencia y ciudadanos de segunda; es una señal inequívoca de desconfianza.
Y si no les tenemos confianza, ¿cómo demonios podemos exigirles que digan “no” a las drogas, que se alejen de las tentaciones del crimen organizado y que confíen en las autoridades aunque sientan su dignidad ultrajada y justificada bajo la cantaleta de que estos abusos son un “mal necesario”?
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