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México, DF, 21 de abril de 2007.
Servicio informativo núm. 69
Servicio informativo núm. 69
LAS VOCES LEGÍTIMAS
Durante la semana que termina, distintos miembros del gabinete del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como políticos cercanos al mismo han expresado opiniones diversas en los espacios editoriales que cubren en la prensa nacional. Servicio de Noticias ISA recoge a continuación, de manera resumida, estas voces.
Gustavo Iruegas. “Y el PPP se levantó y anduvo” (La Jornada, 19-04-07)
Tras recapitular los factores que llevaron al fracaso del Plan Puebla Panamá (PPP) durante el sexenio foxista (primero, “los gobiernos centroamericanos atendieron la convocatoria de Vicente Fox, convencidos de que, al final, sería el gobierno de México el que asumiría las deudas que se contrajeran”; y segundo, “la imprudente incorporación al plan de objetivos sociales y políticos con la intención de anular el esquema del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, resultante de los esfuerzos de pacificación de la región en el decenio anterior”, lo que “provocó la oposición altermundista que se convirtió en un obstáculo permanente para el PPP”), Gustavo Iruegas, secretario de Relaciones Internacionales del gobierno lopezobradorista, se pregunta: “¿Qué habrá cambiado entre una administración y otra que permita pensar que el PPP puede ser resucitado?”.
El cambio más influyente en el panorama es, de acuerdo con el análisis del secretario de Relaciones Internacionales lopezobradorista, “la creación por parte de los gobiernos de Cuba y Venezuela de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), una propuesta de integración que pone énfasis en la solidaridad en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y que se contrapone al concepto neoliberal de integración basado en el libre comercio”.
Un segundo cambio importante que enumera Iruegas es que “ante el incremento de los gobiernos de orientación izquierdista en América del Sur, las derechas decidieron agruparse. La región derechista va de México a Colombia e incluye a los países centroamericanos. Panamá no se inscribe en la derecha declarada de los demás, pero aún así tiene un lugar en el esquema. Nicaragua tiene un pie en la ALBA y otro en el PPP”.
A partir de esa evaluación, el funcionario del gobierno legítimo asevera: “El objetivo integracionista del PPP es inoperante, primero por los males congénitos ya explicados, y enseguida porque todos sus participantes tienen la mira en la integración con Estados Unidos antes que con sus vecinos y congéneres; no han aprendido la lección de México: todos serán rechazados porque los bajos niveles del desarrollo de sus sociedades los hace inadmisibles. La única cercanía permisible será la que permita el sometimiento político y la explotación económica”.
Y concluye: “El PPP no puede competir con la ALBA porque en ella el algoritmo de la integración descansa en la solidaridad recíproca y la complementación generosa, y tiene como objetivo final el desarrollo. Por su parte, el plan pretende recibir dádivas que propicien el enriquecimiento de sus oligarquías. Ni México ni Centroamérica se han podido integrar a sí mismas, ni a su región ni a Estados Unidos. Como se ve, el PPP no es funcional”.
Luis Linares Zapata. “Calderón: sitiado por la derecha” (La Jornada, 18-04-07)
¿Es posible un proceso de legitimación del gobierno de facto de Felipe Calderón?, parece preguntarse Luis Linares, secretario de Desarrollo Económico y Ecología del gabinete legítimo, y su conclusión es que no, que más allá de lo que digan las encuestas, la derecha que Calderón representa se ve siempre rebasada por la izquierda.
Linares inicia su análisis recapitulando “la brutal labor depredadora de Fox”: “el malgasto de las enormes cifras que se le extrajeron a la renta petrolera mexicana y lo que las remesas aportaron; el incremento desmesurado de los créditos fiscales; los privilegios impositivos a granel; las obras públicas adjudicadas y los perdones condicionados a las ayudas electorales; la imparable y creciente desigualdad; el incremento de pobres y marginados dan la medida de su cruento paso por esta parte de la historia patria” y “forman el rosario de mal obras y complicidades del foxismo”.
De ahí que la evaluación del funcionario lopezobradorista sea: “Calderón quiere y se ve forzado a continuar por la misma senda de su antecesor. La derecha mexicana no marca un rumbo constructivo para la fábrica nacional. Va dando golpes de ocurrencias y sacando raja inmediata de los haberes públicos y desviando las políticas públicas en canonjías individuales o de grupo. No tiene, tampoco, marcos ideológicos de referencia que la orienten. Hasta ahí llegan los arrestos y la imaginación de la derecha local, envalentonada por triunfos pírricos como la Ley del ISSSTE o la avanzada militar sobre las regiones controladas por el narco”.
Por lo que “de poco servirá a Calderón la búsqueda desesperada para insertarse de nueva cuenta en un contexto latinoamericano que México extravió, no sólo en su cancillería, sino en la diaria saga imposible de una integración forzada con Estados Unidos. La derecha se olvidó de Sudamérica y ahora empieza a pagar los costos. México pierde posiciones, queda fuera de los acuerdos energéticos, camina con rumbo opuesto a los vientos políticos que soplan en el sur, trata de usar a Cuba (en especial a Fidel) como ariete de legitimación y no podrá insertarse en los mecanismos integradores de mercados: el Banco del Sur auspiciado por Venezuela, Argentina y Ecuador que gana su lugar a costa del Banco Mundial es un ejemplo señero”.
Por lo anterior, Luis Linares concluye: “Pero, en su loco transitar, en vez de reflexionar y hacer la crítica de sí misma, la derecha grita a voz en cuello, ¡al ladrón!, apuntando su índice acusador hacia una izquierda que se le adelanta en todo y por todas partes, aunque las encuestas de hoy digan lo contrario”.
José Agustín Ortiz Pinchetti. “A otro perro con ese hueso” (La Jornada, 15-04-07)
La evaluación de los esfuerzos calderonistas por encontrar la legitimidad distanciándose de su antecesor es también el tema editorial de Ortiz Pinchetti, secretario de Relaciones Políticas del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador: “Calderón ha cometido un error estratégico al vincular la legitimidad de su gobierno con la ofensiva del Ejército contra el narcotráfico. Ante el fiasco creciente, sus asesores le proponen hacer lo que acostumbraban los presidentes priistas: romper con su antecesor, pero es difícil porque él mismo es emisario del pasado foxista”.
Como Luis Linares, Ortiz Pinchetti aporta como hechos el largo rosario de irregularidades foxistas que simplemente la Auditoría Superior de la Federación ha empezado a develar: “el seguro popular fue un fraude; se usó con fines electorales, no alcanzó sus metas de afiliación y utilizó estructuras ajenas: el ISSSTE, Sedena y Pemex. La Secretaría de Salud postergó la campaña de vacunación contra el papiloma, lo que puede ocasionar la muerte de 4 mil mexicanas este año. El programa para dar empleo a 6 mil personas derivó en grandes negocios para las empresas proveedoras y finalmente fracasó. La Secretaría de Salud dejó sin comprobar 534 millones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Se detectaron anomalías en donativos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Funcionarios de la SEP y Hacienda inflaron el costo de Enciclomedia y usaron de forma ilegal fondos de la megabiblioteca. La propia Hacienda devolvió 17 mil millones a 10 consorcios en el quinto año de Fox, mientras 100 importantes empresas pagaron 8 mil pesos de impuestos. Se detectan irregularidades por más de 26 mil millones en la recaudación, y los hermanos Bribiesca obtuvieron créditos por 130 millones, que usaron luego en la compra de viviendas a precios ínfimos para venderlas caras...”.
De ahí que la conclusión que saca Ortiz Pinchetti es: “Calderón no podrá distanciarse de Fox ni de los gobiernos neoliberales del PRI. Cada irregularidad significa beneficios para grupos de interés. Calderón requiere el soporte de la oligarquía e impedirá que se haga justicia por cálculo político. Utilizará diversos recursos: a) el control de la acción penal en la PGR, b) el pacto de no agresión con el PRI y c) el control de los periódicos grandes y medios electrónicos, en contrapartida de las ventajas de los empresarios en estos ramos”, para terminar preguntándose: “¿Cuánto más podrá Calderón mantener adormecida a la opinión pública? Es inevitable que la crítica y la oposición crezcan conforme avanza el sexenio”.
Bernardo Bátiz V. “La reforma ¿de qué Estado?” (La Jornada, 15-04-07)
Después de que el Poder Legislativo ha anunciado que se ha marcado como plazo un año para concluir los debates relativos a la reforma del Estado, Bernardo Bátiz, secretario de Justicia y Seguridad del gobierno legítimo, aborda este tema a partir de una pregunta: “¿Qué parte del Estado es la que se va a reformar cuando se trata este punto? Es evidente que será el sistema de gobierno, no el territorio que está fijado sólidamente por tratados internacionales y que al menos por ahora parece inamovible; no la nación, que ciertamente está cambiando sin cesar, pero con el ritmo lento de la evolución histórica, a veces imperceptible y bajo sus propias reglas no dependientes de designios políticos, de líderes o de partidos”.
“Lo que puede cambiar del Estado, por voluntad de alguien, de algunos pocos o de todos, es ese complejo sistema normativo, expresado en la Constitución pero integrado también por leyes secundarias, procesos, costumbres metaconstitucionales, equilibrios de fuerzas sociales, partidos, sistema sindical, Iglesia mayoritaria e Iglesias en crecimiento, organizaciones no gubernamentales, poderes fácticos, principalmente económicos, y luego la gran red de relaciones y procesos de acercamiento y colaboración o de distanciamiento y pugna entre algunos o todos estos autores, actores e integrantes del sistema real de poder y gobierno”.
Y sin embargo, más allá de la naturaleza de la reforma que finalmente resulte de los debates parlamentarios, a Bátiz le preocupa la materia misma a reformar: el Estado, pues “el problema más grave para todos es el de saber qué Estado vamos a reformar; el actual desgastado y plagado de irregularidades y problemas, pero formalmente democrático, republicano, popular y con un sistema de economía mixta en el que conviven los sectores privado, público y social, o bien el Estado que nos dejen, de aquí a que se venza el plazo de un año, los poderes fácticos que ya están llevando a cabo su propia reforma de estructuras”.
Los motivos de la preocupación del secretario de Justicia lopezobradorista saltan a la vista: “Ya lo hicieron con el ISSSTE, el cual con arreglos, componendas y malas mañas entregan a la banca y a lo peor del sindicalismo caciquil; avanzan en una reforma fiscal contraria a la economía popular, y en materia de seguridad caminan hacia un centralismo que lacera nuestro sistema federal y un autoritarismo vertical propio de un Estado policiaco; tienen en la mira privatizaciones de los energéticos y desmantelamiento de los poderes públicos y sectores sociales de la economía a favor del gran capital internacional”.
Por lo que las bases de una verdadera reforma del Estado las encuentra Bátiz en “el poder popular organizado”: “A este desmantelamiento del Estado, sordo y tenaz, que se hace desde un poder manejado por intereses económicos, lo único que puede oponérsele, constituir una barrera y un rencauzamiento hacia una reforma del Estado que signifique progreso y no retroceso, es un poder popular organizado; el plebiscito, el frente amplio, la integración y trabajo en común de todos los que pensamos en un México ordenado, mejor, más justo y verdadero espacio para el desarrollo y felicidad de todos los mexicanos y no sólo para los más encumbrados y sus cercanos colaboradores. Si queremos la reforma del Estado tenemos que ganar esta carrera en la que mientras los legisladores se toman su tiempo y avanzan con cautela, el Ejecutivo y sus cómplices, sin decirlo, están ya reformando el Estado según sus esquemas de poder y control”.
Rosario Ibarra. “A 30 años, ¿cuál justicia?” (El Universal, 17-04-07)
La semana que termina encerró una efeméride que representa a la vez tristeza y ejemplo de lucha: los 30 años de la constitución del Comité Eureka, agrupamiento de familiares de presos y desaparecidos políticos que durante ese tiempo ha estado encabezado por la ahora senadora de la República Rosario Ibarra de Piedra.
Rosario Ibarra rememora esa fecha y plasma una vez más el retrato de agravios y felonías que los gobiernos priistas y panistas han cometido en materia de derechos humanos en esos seis lustros.
“Hoy, 17 de abril de 2007, se cumplen 30 años de la fundación del comité de familiares de los desaparecidos políticos, y mañana se cumplirán 32 del día en que se llevaron a mi hijo, Jesús Piedra Ibarra, a las cárceles clandestinas del mal gobierno, en los campos militares, en las bases navales y en otros lugares igualmente inexpugnables”.
“Jamás será desperdicio repetir que esos espacios destinados a la reclusión están totalmente fuera de la ley, y que las ‘detenciones’ son secuestros ordenados desde los más altos escaños del poder. Tampoco sobrará en ningún momento repetir que los secuestradores tienen y han tenido facultades para torturar, maltratar y hasta asesinar a quienes mantienen en la más absoluta indefensión”.
“Esto no podemos menos que calificarlo como terrorismo de Estado, y no será estéril recalcar que los responsables en más alto grado de todas estas violaciones a la Constitución y a los derechos humanos son los presidentes de la República, los titulares del Poder Ejecutivo federal, cada uno de los que ha fungido como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sin cuya aquiescencia o, más bien, sin su mandato, nada de ello se podría hacer”.
“Hoy, para los pobres de este país —señala Rosario Ibarra—, para la mayoría de los mexicanos y para nosotros, ayunos de justicia, se ensombrece aún más el presente, cuando quien detenta el poder ha querido comprar la lealtad del Ejército anunciando el aumento de sus haberes”.
Para terminar con una lista de preguntas: “¿Cuál justicia... cuál democracia? Se preguntarán los familiares de las víctimas del 68 y del ‘Jueves de Corpus’. ¿Y los de Acteal y los de Aguas Blancas? ¿Y las madres de las mujeres asesinadas en Juárez? ¿Y Atenco y Oaxaca? ¿Y todos los crímenes del pasado reciente y los del pretérito remoto? ¿Y los salarios injustos, y el ‘olvido’ del campo, y el éxodo interminable hacia el norte porque la miseria lo empuja? ¿Y la sumisión del poder a los designios de los vecinos de ‘allende el Bravo’? ¿Y las negras intenciones de robarnos la patria, de vender el petróleo, la electricidad y de hacer día a día más ricos a los agiotistas de los bancos y a las empresas extranjeras, aunque éstas envenenen pueblos, como la Minera San Xavier, en San Luis Potosí? Cómo no preguntar airados: ¿cuál justicia... cuál democracia?”.
