Oaxaca, la pesadilla
Diego Cevallos
IPS
Son gruesos y muchos los expedientes que detallan las violaciones de derechos humanos cometidas en el estado de Oaxaca, sur de México.
Una revuelta social de más de seis meses, en la que murieron unas 20 personas y hubo 349 detenidos y 370 heridos, fue aplacada con represión policial y de grupos armados irregulares.
Todavía permanecen 80 personas detenidas, entre ellas los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Pero la mayoría, que habían sido encerradas en cárceles de varios estados, están ya libres luego de que el gobierno estadual, paradójicamente el principal acusado de la represión, pagó millonarias fianzas con ese fin.
"Si la presión internacional y nacional no estuvieran presentes junto a las denuncias de grupos humanitarios, la represión hubiera sido mucho más violenta, y los detenidos se seguirían contando por docenas, de eso no tenemos duda", dijo a IPS Adrián Ramírez, presidente de la no gubernamental Liga Mexicana por los Derechos Humanos.
El estado sureño, uno de los más pobres del país, vivió entre junio y noviembre un alzamiento encabezado por la APPO, un colectivo de más de 350 agrupaciones sociales. Su principal y fallido objetivo era la renuncia del gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz, acusado de abusos, corrupción, violencia y autoritarismo.
El conflicto se inició en mayo con las protestas de profesores locales que exigían mejores salarios, pero escaló desde junio como respuesta a la represión policial dispuesta por Ruiz. En octubre, el gobierno del entonces presidente Vicente Fox despachó miles de policías federales a tomar el control de la homónima capital de Oaxaca.
A fines de noviembre, hubo duros enfrentamientos entre la policía y los grupos movilizados. Presuntos activistas incendiaron y destruyeron varios edificios públicos, lo que desató masivas detenciones, entre ellas de los líderes de la APPO. Luego, la policía federal tomó el control total de la capital para entregarla más tarde, y parcialmente, a su par oaxaqueña.
Hoy la situación es de relativa calma. La APPO, que sufrió escisiones en las últimas semanas, mantiene abiertas negociaciones con el gobierno del presidente Felipe Calderón, investido el 1 de diciembre, pero el escrutinio nacional e internacional sobre el problema humanitario no cesa.
La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, integrada por representantes de 30 países, la mayoría europeos, está de visita en México desde el 18 de diciembre con el propósito de recabar testimonios sobre Oaxaca y de emitir un informe final.
La misión de esa entidad, a la que el gobierno de Calderón prestó facilidades para que cumpliera con su tarea, permanecerá en el país hasta fines de enero, y en fecha aún no precisada emitirá una evaluación que llegará a diferentes foros, como el Parlamento Europeo, donde México ha sido duramente cuestionado por los hechos de Oaxaca.
Los análisis e informes divulgados en los últimos meses por grupos humanitarios mexicanos e internacionales sobre el estado sureño han puesto en el banquillo a las autoridades estaduales y federales.
nota completa en:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=43928
Impunes desde 1998, anomalías en fideicomisos por $451 mil millones
Dos instrumentos, IPAB-Banpaís y Gasoducto-CFE, ni siquiera estaban en la base de datos
GUSTAVO CASTILLO , ROBERTO GONZALEZ
A pesar de que durante los ejercicios presupuestales de 1998 a 2001 se realizaron auditorías al Sistema de Fideicomisos y Mandatos de la Administración Pública Federal, y que en todos los casos se detectaron anoma-lías en el manejo de más de 451 mil millones de pesos, durante el mandato de Ernesto Zedillo, y tampoco en el de Vicente Fox, se actuó jurídica y administrativamente contra los responsables de esos instrumentos financieros.
Las irregularidades llegaron a grado tal que se detectó que "dos de los fideicomisos (IPAB-Banpaís, con un patrimonio de 88.4 millones de pesos, y el de Gasoducto-CFE, con una aportación inicial de 195.5 millones) no se encontraban registrados en la base de datos'', pero se argumentó que el instrumento de la Comisión Federal de Electricidad estaba inscrito bajo un nombre distinto, y en cuanto al de Banpaís se dijo que ''no era procedente su inscripción, toda vez que no involucraban recursos públicos presupuestarios''.
Lo anterior quedó asentado en las Bases de Colaboración para el Fortalecimiento del Control Interno y Mejora de Procesos en Materia de Constitución, Renovación, Modificación y Extinción de Fideicomisos, Mandatos o Contratos Análogos, y en las auditorías AF-149/98, AF-91/98, AF-149/99, 60-149/2000, y la 113/2001, documentos de los cuales posee copia este diario.
El 23 de octubre de 2002, a fin de mejorar los ''procesos y servicios públicos de la administración pública federal", se firmaron las bases de colaboración para el fortalecimiento del control interno, por parte de la Secretaría de Hacienda, con el fin de evitar manejos discrecionales de fideicomisos y mandatos, tomando como base las anomalías detectadas en los ejercicios anteriores.
Entre las irregularidades se detalla: ''Durante el ejercicio de 1998 se efectuó la auditoría AF-91/98, detectándose la falta de un procedimiento específico para registrar y dar seguimiento a las solicitudes de fideicomisos y contratos análogos'' y que, por ello, se implantaron en la base de datos correspondiente ''componentes de auditabilidad con la finalidad de incrementar la confiabilidad y consistencia de la información contenida'', ya que en ese año se registraron 890 instrumentos por un monto de 451 mil 196 millones de pesos.
Sin embargo, para la revisión de 1999, contenida en la auditoría AF-149/99, se localizó que de 908 expedientes se seleccionaron 94 en forma aleatoria, que sumaban 9 mil 192.1 millones de pesos, y se descubrió que en su manejo existió ''falta de cumplimiento a la normatividad que regulaba la materia de registro y renovación por parte de las dependencias y entidades''.
En ese ejercicio de revisión se emitieron ''oficios de recordatorios y de apercibimiento a todas las dependencias coordinadoras del sector, con el propósito de que se regularizara el registro y renovación'' de los instrumentos jurídicos.
nota completa en :http://www.jornada.unam.mx/2006/12/28/index.php?section=politica&article=003n1pol
Viola la CFE la orden de no entrar a Cacahuatepec, denuncian opositores
December 26th, 2006 at 3:48 pm (Denuncia)
Maribel Gutiérrez
Comuneros de Cacahuatepec opositores a la presa La Parota pidieron al Tribunal Unitario Agrario en Acapulco que exhorte al comisariado de bienes comunales y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que den cabal cumplimiento a la resolución que les prohibe entrar al territorio de los Bienes Comunales, en conflicto por el proyecto hidroeléctrico.
En una audiencia en el Tribunal, el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, que se encarga de la defensa del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Vidulfo Rosales Sierra, denunció que “a la fecha, maquinaria de la CFE se encuentra realizando trabajos previos al procedimiento de expropiación en la carretera a San José Cacahuatepec, anexo de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, “lo que se traduce en una franca violación a la orden de este Tribunal Unitario Agrario”.
También solicitó que se exhorte al comisariado de bienes comunales, “para que se abstenga de celebrar convenios de ocupación previa en los terrenos donde está programada la construcción de la presa La Parota”, como lo establecen las medidas precautorias que aprobó el Tribunal.
Las medidas cautelares, para que la CFE no entre a la zona del conflicto mientras no se dé una sentencia definitiva a la demanda de nulidad de la asamblea que aprobó la expropiación de las tierras de los Bienes Comunales de Cacahuatepec para la construcción de la presa La Parota, fueron solicitadas por los comuneros opositores, y el 17 de octubre las concedió el magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario del distrito 41 con sede en Acapulco, Luis Ponce de León Armenta.
En la audiencia de ayer, el secretario de acuerdos del Tribunal, Regino Villanueva Galindo, informó que tanto la CFE como el comisariado de Cacahuatepec, presidido por Jesús Crisanto Arellano, fueron notificados de las medidas cautelares el 20 de octubre, y están obligados a cumplirlas.
Al final, el secretario dijo a reporteros que si la CFE y el comisariado no cumplen las medidas, los abogados de los opositores pueden pedir al Tribunal medidas de apremio para garantizar que se cumplan.
Sobre la denuncia de los opositores, el presidente del comisariado, Jesús Crisanto, dijo: “Ne sé si hay maquinaria de la CFE; que yo sepa no”. Agregó que tiene conocimiento que las obras que se realizan, como la carretera a San José Cacahuatepec, están a cargo del gobierno del estado, y no tienen qué ver con el proyecto La Parota.
“No hay obras de la CFE en los Bienes Comunales de Cacachuatepec; yo como autoridad no he dado anuencia”, dijo. A la pregunta si la CFE le ha pedido anuencia para entrar a realizar alguna obra, respondió: “no me han pedido”.
Aseguró que él no tiene compromiso con la CFE, que cuando llegó a la presidencia del comisariado este juicio ya estaba, y que a él le heredaron este problema. Sin embargo, sobre el motivo del juicio, que es la demanda de nulidad de la asamblea que aprobó la expropiación de las tierras, sostuvo su posición: “Para nosotros la asamblea fue válida”.
En el mitin que tuvieron afuera del Tribunal, comuneros opositores informaron que además de la maquinaria con la que la CFE y el gobierno del estado están trabajando en la carretera a San José Cacahuatepec, hay trabajos con otra máquina y una aplanadora en Apanhuac, donde apenas la semana pasada (cuando ya estaban dictadas las medidas cautelares) se construyó una cancha de futbol. Los comuneros opositores temen que las obras en Apanhuac sirvan de pretexto para abrir un camino directo a la cortina de la presa. Advirtieron que “si no sacan las máquinas, las vamos a quemar”.
Las partes no aceptaron la propuesta de conciliar
La audiencia de ayer es parte del del juicio abierto por la demanda de nulidad de la asamblea del 23 de agosto de 2005, que dio anuencia para que se iniciara el trámite de expropiación de las tierras de los Bienes Comunales de Cacahuatapec. El 17 de enero, el Tribunal ya había resuelto anular dicha asamblea, como lo piden los opositores, pero el juicio comienza de nuevo porque el comisariado que está a favor de la presa ganó un amparo.
En la sesión de ayer los opositores ratificaron la demanda de nulidad de esa asamblea, con los argumentos de que hubo irregularidades en la convocatoria del 5 y 14 de agosto, que no fueron notificados los comuneros opositores, se les impidió entrar, y la asamblea se realizó fuera del territorio de los Bienes Comunales, en la cabecera municipal de San Marcos.
Por su parte, el comisariado, presidido por Jesús Crisanto, objetó la demanda, y dice que no hubo violaciones a los derechos de los demandantes y que sí se les dio oportunidad de participar.
En busca de una salida concertada al conflicto, el Tribunal propuso a las partes que se haga una nueva asamblea, con participación de la Procuraduría Agraria, que se emita la convocatoria, que se notifique a los 47 anexos, que la asamblea se haga dentro del territorio de los Bienes Comunales, que se garantice el derecho al voto de los 7 mil 400 comuneros, y que ambas partes se sujeten al resultado de ese escrutinio.
El Tribunal dio a las partes 10 minutos para deliberar. Los representantes de los opositores y sus abogados de Tlachinollan, que estuvieron apoyados por unos 300 miembros del Cecop que se concentraron en las afueras del Tribunal, resolvieron retomar la propuesta conciliatoria, pero pidieron tiempo para someterla a consideración de los pueblos.
El comisariado encabezado por Crisanto no aceptó la propuesta del Tribunal, el cual resolvió que el juicio continúa.
El juicio del caso de Cacahuatepec está comenzando de nuevo porque el comisariado ganó un amparo con el argumento de que el presidente en 2005, Crecencio Jerónimo Aparicio, no tuvo oportunidad de defenderse porque no pudo asistir a las audiencias, debido a que los opositores tenían afuera del Tribunal un plantón, y se sentía amenazado. Ahora, el nuevo presidente del comisariado, Jesús Crisanto, estuvo presente en la audiencia, que se desarrolló sin algún contratiempo. Sólo al final, ya de salida, algunas de las comuneras opositoras que estuvieron en la concentración le gritaban a Crisanto: “la gente no te nombró, salte”, “vendido”, “vende Patria”.
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