Calderón Cómplice de Violadores y Asesinos de Indígena

Por Enrique Cisneros

Hace pocos días se conoció y documentó, nacional e internacionalmente, el caso de Ernestina Ascencio Rosario, indígena de más de setenta años, que fue violada tumultuariamente por integrantes del ejército mexicano. Ante ese crimen brutal, Felipe Calderón, en su calidad de jefe máximo de la organización castrense, se apresuró a declarar “que la muerte de nuestra hermana mayor Ernestina Ascencio Rosario se debió a una gastritis crónica no atendida y que no hubo violación por parte de los militares”. Ahora que se ha desenterrado el cuerpo y se ha demostrado que eso es falso, Felipe Calderón se convierte en un delincuente por intentar encubrir a los asesinos (a pesar de que José Luis Soberanes, Presidente de la CNDH, trate de última hora de enmendarle la plana al declarar que no están concluidas las investigaciones).

El encubrimiento de Calderón quedan de manifiesto en las declaraciones públicas hechas por Julio Atenco Vidal, director de Obra Pública y Desarrollo, del ayuntamiento de Soledad Atzompa (lugar de origen de la anciana nahuatl) quien hizo público un documento en el que denuncia que al conocer las declaraciones de Calderón “d e inmediato me comuniqué con el licenciado Pedro Armendáriz Enríquez, el visitador de la CNDH que solicitó la exhumación del cuerpecito de nuestra hermana y que coordinó al grupo interdisciplinario de la misma institución que realizó el trabajo. Le pregunté si efectivamente ya tenían resultados de los nuevos análisis efectuados tras la exhumación del pasado viernes 9 de marzo. La respuesta fue clara y contundente: "No sabemos de dónde sacó esa información el Presidente. La exhumación fue apenas el viernes y es imposible que ya existan resultados, además, la información es confidencial".

El funcionario hace hincapié en la responsabilidad (y/o ignorancia) del Presidente al afirmar: “dice el C. Presidente que ha estado al pendiente del caso, pero todo indica que no es así. 1) No sabe que las primeras pruebas periciales y el acta de defunción original consignan que la causa de la muerte fue fractura craneoencefálica, fractura de cadera, fractura de costillas y anemia (producto del sangrado no controlado). 2) No sabe que el médico que la atendió en el Hospital Regional de Río Blanco confirmó la violación de que fue objeto nuestra hermana y que así lo declaró a los medios de comunicación: "fue violada por vía conveniente y por vía inconveniente". El funcionario del Ayuntamiento recuerda que “no obstante, tal diagnóstico no aparece en el acta de defunción. En otras palabras más claras, al amparo de la confidencialidad de la información, los servicios periciales locales de la Procuraduría General de Justicia del estado y la agente del Ministerio Público de la agencia especializada en delitos sexuales ya habían hecho el trabajo sucio para garantizar la impunidad a los soldados. 3) No sabe que el mismo médico ya referido nos informó que el dolor de vientre del que se quejaba lastimosamente nuestra hermana al llegar al hospital y la creciente hinchazón de su vientre se debían a que debido a la violación se le causó una rotura en el intestino y fue eso lo que causó la contaminación y envenenamiento de su cuerpecito. 4) No sabe que desde el día de los acontecimientos, ni la PJE ni los militares había realizado investigación policíaca y criminalística alguna”

Pero como en el gobierno de Felipe Calderón los soldados tienen total impunidad, ahora su Jefe Máximo, el presidente de la República, los encubre. La denuncia del funcionario del municipio donde acontecieron los hechos, descubre la impunidad de los jefes militares y de Calderón al recordar en su declaración que “no obstante, la Sedena declaró que ya habían realizado "investigaciones científicas" y sus resultados no inculpaban a los soldados”

Dejó claro el funcionario municipal que si se ha seguido la investigación es porque la queja la llevó el municipio a las instancias legales correspondientes, desenmascarando “el teatro de impunidad organizado con premeditación. 5) No sabe que las autoridades municipales y comunitarias le enviaron a él mismo (Felipe Calderón) una carta desde el primero de marzo. En ella le informan de los acontecimientos y le exponen la postura oficial del pueblo nahua: mientras no se haga justicia el Ejército no volverá a nuestro territorio”

Aunque como autoridad municipal el denunciante justifica al Presidente, al afirmar que hubo desinformación, lo cierto es que Felipe Calderón incurrió en delitos graves con sus declaraciones con las que pretendió exculpar a los militares.

Sin embargo, finalmente su escrito incrimina a Felipe Calderón pues termina afirmando: “Nuestro corazón está triste porque el gobernante principal, el que debería protegernos como un padre a sus hijos, desprecia el valor humano de nuestra hermana mayor violada y asesinada a manos del Ejército al dar por concluido el caso sin esperar siquiera los resultados de la investigación. Lo que debería ser un simple acto de impartición de justicia poco a poco se descarna y se convierte en un acto de impunidad, de injusticia y de discriminación racial. El crimen en contra de nuestra hermana mayor es una agresión al pueblo nahua de Soledad Atzompa, así lo entendimos y así lo asumimos. La impunidad del Ejército, hasta ahora avalada por el C. Presidente, es un agravio a la sociedad mexicana. Estoy convencido de que nuestra lucha para que se haga justicia a nuestra hermana Ernestina y la dignificación de la persona indígena tiene el respaldo de los y las mexicanas, y esto es lo más importante”

Aunque el día de ayer hubo declaraciones oficiales justificando la desinformación del Presidente, sus declaraciones son un delito que deberían de ser investigadas de oficio. ¿Será?

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