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México, DF, 9 de abril de 2007.
Servicio informativo núm. 57
Servicio informativo núm. 57
CONFIRMA LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EL MANEJO DEMAGÓGICO E IRREGULAR DEL SEGURO POPULAR, DENUNCIA LAURELL
“Las auditorías realizadas a la Secretaría de Salud (SS) federal por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirman el manejo político, fraudulento, opaco e irresponsable del programa estrella del foxismo, el Seguro Popular, hoy transformado en el Seguro para una Nueva Generación”, aseguró la secretaria de Salud del Gobierno Legítimo de México, Asa Cristina Laurell, quien puso como ejemplo el que, según la ASF, 2.1 mil millones de pesos del presupuesto de la SS “están en el aire, ya que no tiene comprobación o está mal calculada”.
”Los resultados muestran que la Comisión Nacional de Protección Social de Salud (CNPSS) –la instancia federal del Seguro Popular—omitió pagar a los estados 631.5 millones de pesos. Es decir, se les quitó arbitrariamente a los servicios estatales de salud dinero que debería haberse gastado en atención de los asegurados”, explicó la funcionaria lopezobradorista.
Destacó también que un segundo agravio a los asegurados del Seguro Popular es que el costo de los reducidos servicios incluidos en el seguro era en 2005 de 27 mil 877 millones de pesos, según los cálculos del propio Seguro Popular, mientras que sus ingresos sólo eran de 16 mil 317 millones de pesos. De esta manera, subrayó, faltaron 11 mil 560 millones de pesos para prestar los servicios ofrecidos y fue mentira que se les iban a proporcionar. “Por ello se suscitaron quejas por falta de atención y desabasto de medicamentos en casi todos los estados de la República”, recordó.
La encargada de Salud en el gabinete legítimo hizo énfasis en que la revisión a las finanzas del Seguro Popular confirma el uso poco transparente de 3.2 mil millones de pesos reasignados por la Cámara de Diputados a la Secretaría de Salud del gobierno federal, para trabajos de ampliación y de fortalecimiento de la infraestructura en materia de salud,
”Los resultados muestran que la Comisión Nacional de Protección Social de Salud (CNPSS) –la instancia federal del Seguro Popular—omitió pagar a los estados 631.5 millones de pesos. Es decir, se les quitó arbitrariamente a los servicios estatales de salud dinero que debería haberse gastado en atención de los asegurados”, explicó la funcionaria lopezobradorista.
Destacó también que un segundo agravio a los asegurados del Seguro Popular es que el costo de los reducidos servicios incluidos en el seguro era en 2005 de 27 mil 877 millones de pesos, según los cálculos del propio Seguro Popular, mientras que sus ingresos sólo eran de 16 mil 317 millones de pesos. De esta manera, subrayó, faltaron 11 mil 560 millones de pesos para prestar los servicios ofrecidos y fue mentira que se les iban a proporcionar. “Por ello se suscitaron quejas por falta de atención y desabasto de medicamentos en casi todos los estados de la República”, recordó.
La encargada de Salud en el gabinete legítimo hizo énfasis en que la revisión a las finanzas del Seguro Popular confirma el uso poco transparente de 3.2 mil millones de pesos reasignados por la Cámara de Diputados a la Secretaría de Salud del gobierno federal, para trabajos de ampliación y de fortalecimiento de la infraestructura en materia de salud,
“Desde su inicio en 2004 –recordó–, el Seguro Popular fue manejado demagógicamente en el marco del proyecto político de la derecha. Muchos expertos en política de salud advirtieron que restringe derechos constitucionales, promete lo que no puede dar y que los dichos del gobierno foxista no correspondían a los hechos”, afirmó.
En contraste, aclaró que en el mismo periodo, el Gobierno del Distrito Federal optó por aplicar el Programa de Servicios y Medicamentos Gratuitos, como mecanismo para garantizar el derecho a la salud de los habitantes de la Ciudad de México.
Con base en los resultados presentados por el auditor superior, Asa Cristina Laurell manifestó que “el Seguro Popular experimenta un creciente déficit que llegará a 84 mil millones de pesos en el 2010; sin embargo, la Secretaría de Salud del gobierno federal tomó la decisión de incluir más servicios en el Seguro Popular en 2006 sin incrementar su presupuesto”.
“Fue una decisión propagandística, ya que no hay dinero para prestarlos y tampoco existen las instalaciones y el personal requeridos en muchos estados. Los secretarios de salud de los estados protestaron contra esta decisión porque ellos tienen la obligación legal de prestar los servicios y tienen que enfrentar el descontento de la población cuando faltan; sin embargo, los secretarios fueron presionados cínica e irresponsablemente por la CNPSS para que suscribieran el convenio que incluía el incremento de servicios bajo la amenaza de que si no lo hacían no se transferiría el dinero del Seguro Popular a su estado”, comentó.
Laurell puntualizó que “las promesas de incrementar y mejorar los servicios médicos, a sabiendas de que no se van a poder ofrecer, son ya una constante de los gobiernos reformadores derechistas”, y recordó que el ex presidente Ernesto Zedillo lo prometió con la reforma del IMSS y hoy hay un déficit de unos 50 mil millones pesos anuales; Fox lo prometió con el Seguro Popular y en 2007 habrá un déficit de 38 mil millones de pesos, y el presidente pelele Felipe Calderón lo promete con la reforma del ISSSTE”.
“Primero mienten y luego culpan a las instituciones públicas por ser ineficientes y costosas. No deja de ser ominosa la recomendación de la ASF de que la Secretaría de Salud busque fuentes alternativas de financiamiento. ¿Se incrementará la prima familiar o se cobrarán los servicios?”, se preguntó la secretaria de Salud del gobierno de López Obrador.
Asa Cristina Laurell aseguró que la Auditoria Superior también descubrió que la promesa de que toda la población sin seguridad social laboral estará afiliada al Seguro Popular en 2010 no se cumplirá. En sus cálculos quedarán sin seguro 2 millones de familias, alertó.
“La razón matemática es que la Secretaría de Salud no incluyó en sus cálculos el crecimiento de la población entre 2004 y 2010. Sin embargo, el problema es mucho más grave porque a partir de 2007 los estados no van a poder financiar más afiliados porque les cuesta dinero que no tienen”, agregó.
La secretaria de Salud del Gobierno Legítimo de México calificó como una mentira la afirmación del gobierno federal de que 9 millones 643 mil 039 familias susceptibles de ser afiliadas al Seguro Popular pertenecen al 20 por ciento más pobre de la población.
“Esto es imposible dado que este número de familias corresponde al 32 por ciento del total de las familias mexicanas. El manejo oscuro de los datos sobre las familias inscritas también se muestra en la auditoría, ya que en tres estados se inscribieron más del cien por ciento de las familias afiliables y hay discrepancias entre los datos reportados en la Cuenta Pública y los que la CNPSS reportó a la ASF”, mencionó.
Otra promesa del Seguro Popular es que se garantiza la calidad de los servicios, pero, “según la ASF, sólo 21 por ciento de las unidades médicas donde se prestan los servicios del Seguro Popular están acreditadas, o sea, cumplen con los requisitos fijados por la Secretaría de Salud”, aseguró la colaboradora de López Obrador, y destacó que los funcionarios de la Secretaría de Salud y la propaganda del Seguro Popular sostienen que el Seguro Popular es “portable”, lo que significaría que los asegurados tuviesen acceso a las unidades médicas en todos los estados y a las instituciones de seguridad social.
Sin embargo, “dicha afirmación es falsa y la propia AFS lo constata al encontrar que no existen los convenios interinstitucionales o interestatales que deberían haberse firmado para garantizarlo”, añadió.
Asa Cristina Laurell informó también que la segunda auditoría importante aplicada por la ASF a la Secretaría de Salud del gobierno federal involucra 3.2 mil millones de pesos, que el Congreso de la Unión reasignó a la Secretaría de Salud, con la finalidad de que construyeran hospitales y centros de salud y comprara equipamiento médico.
Los legisladores autorizaron la reasignación en vista de que la propia Secretaría de Salud casi no invirtió en estos rubros durante el periodo 2001-2004 y tampoco incluyó recursos para inversión en el presupuesto de 2005. Pero aseguró que la auditoría pone en evidencia algunos hechos irresponsables. “Resulta que la Secretaría de Salud utilizó el dinero asignado por los diputados para cumplir un compromiso contraído con el Banco Mundial”.
En 2002 firmó junto con la Secretaría de Hacienda un contrato en el cual el Banco autorizó un préstamo por 350 millones de dólares y el gobierno mexicano se comprometió a poner 231 millones de dólares para el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud, explicó.
“Por lo visto el gobierno federal no se había preocupado por cumplir sus compromisos internacionales y aprovechó los recursos reasignados por el Congreso para tapar su negligencia. La precipitación de la Secretaría de Salud se expresa en la auditoría, ya que incumple tanto las reglas nacionales de manejo del dinero público como las condiciones de transparencia requeridas por el Banco Mundial”, consideró.
Asa Cristina Laurell expresó que respecto a la mencionada reasignación presupuestal, la ASF hace observaciones sobre 2.2 mil millones de pesos, porque esta cantidad no ha sido utilizada y documentada correctamente. Todavía en noviembre de 2006, o sea, casi un año después del cierre fiscal de 2005, quedaban pendientes por acreditar 1.7 mil millones de pesos.
Denunció que se utilizaron 4.2 millones de pesos para contratar a 21 personas para ocupar los cargos de director general adjunto y seis directores de área, sin aparente relación con el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud, y también los 2.7 millones de pesos gastados en equipo que no funcionó.
En contraste, aclaró que en el mismo periodo, el Gobierno del Distrito Federal optó por aplicar el Programa de Servicios y Medicamentos Gratuitos, como mecanismo para garantizar el derecho a la salud de los habitantes de la Ciudad de México.
Con base en los resultados presentados por el auditor superior, Asa Cristina Laurell manifestó que “el Seguro Popular experimenta un creciente déficit que llegará a 84 mil millones de pesos en el 2010; sin embargo, la Secretaría de Salud del gobierno federal tomó la decisión de incluir más servicios en el Seguro Popular en 2006 sin incrementar su presupuesto”.
“Fue una decisión propagandística, ya que no hay dinero para prestarlos y tampoco existen las instalaciones y el personal requeridos en muchos estados. Los secretarios de salud de los estados protestaron contra esta decisión porque ellos tienen la obligación legal de prestar los servicios y tienen que enfrentar el descontento de la población cuando faltan; sin embargo, los secretarios fueron presionados cínica e irresponsablemente por la CNPSS para que suscribieran el convenio que incluía el incremento de servicios bajo la amenaza de que si no lo hacían no se transferiría el dinero del Seguro Popular a su estado”, comentó.
Laurell puntualizó que “las promesas de incrementar y mejorar los servicios médicos, a sabiendas de que no se van a poder ofrecer, son ya una constante de los gobiernos reformadores derechistas”, y recordó que el ex presidente Ernesto Zedillo lo prometió con la reforma del IMSS y hoy hay un déficit de unos 50 mil millones pesos anuales; Fox lo prometió con el Seguro Popular y en 2007 habrá un déficit de 38 mil millones de pesos, y el presidente pelele Felipe Calderón lo promete con la reforma del ISSSTE”.
“Primero mienten y luego culpan a las instituciones públicas por ser ineficientes y costosas. No deja de ser ominosa la recomendación de la ASF de que la Secretaría de Salud busque fuentes alternativas de financiamiento. ¿Se incrementará la prima familiar o se cobrarán los servicios?”, se preguntó la secretaria de Salud del gobierno de López Obrador.
Asa Cristina Laurell aseguró que la Auditoria Superior también descubrió que la promesa de que toda la población sin seguridad social laboral estará afiliada al Seguro Popular en 2010 no se cumplirá. En sus cálculos quedarán sin seguro 2 millones de familias, alertó.
“La razón matemática es que la Secretaría de Salud no incluyó en sus cálculos el crecimiento de la población entre 2004 y 2010. Sin embargo, el problema es mucho más grave porque a partir de 2007 los estados no van a poder financiar más afiliados porque les cuesta dinero que no tienen”, agregó.
La secretaria de Salud del Gobierno Legítimo de México calificó como una mentira la afirmación del gobierno federal de que 9 millones 643 mil 039 familias susceptibles de ser afiliadas al Seguro Popular pertenecen al 20 por ciento más pobre de la población.
“Esto es imposible dado que este número de familias corresponde al 32 por ciento del total de las familias mexicanas. El manejo oscuro de los datos sobre las familias inscritas también se muestra en la auditoría, ya que en tres estados se inscribieron más del cien por ciento de las familias afiliables y hay discrepancias entre los datos reportados en la Cuenta Pública y los que la CNPSS reportó a la ASF”, mencionó.
Otra promesa del Seguro Popular es que se garantiza la calidad de los servicios, pero, “según la ASF, sólo 21 por ciento de las unidades médicas donde se prestan los servicios del Seguro Popular están acreditadas, o sea, cumplen con los requisitos fijados por la Secretaría de Salud”, aseguró la colaboradora de López Obrador, y destacó que los funcionarios de la Secretaría de Salud y la propaganda del Seguro Popular sostienen que el Seguro Popular es “portable”, lo que significaría que los asegurados tuviesen acceso a las unidades médicas en todos los estados y a las instituciones de seguridad social.
Sin embargo, “dicha afirmación es falsa y la propia AFS lo constata al encontrar que no existen los convenios interinstitucionales o interestatales que deberían haberse firmado para garantizarlo”, añadió.
Asa Cristina Laurell informó también que la segunda auditoría importante aplicada por la ASF a la Secretaría de Salud del gobierno federal involucra 3.2 mil millones de pesos, que el Congreso de la Unión reasignó a la Secretaría de Salud, con la finalidad de que construyeran hospitales y centros de salud y comprara equipamiento médico.
Los legisladores autorizaron la reasignación en vista de que la propia Secretaría de Salud casi no invirtió en estos rubros durante el periodo 2001-2004 y tampoco incluyó recursos para inversión en el presupuesto de 2005. Pero aseguró que la auditoría pone en evidencia algunos hechos irresponsables. “Resulta que la Secretaría de Salud utilizó el dinero asignado por los diputados para cumplir un compromiso contraído con el Banco Mundial”.
En 2002 firmó junto con la Secretaría de Hacienda un contrato en el cual el Banco autorizó un préstamo por 350 millones de dólares y el gobierno mexicano se comprometió a poner 231 millones de dólares para el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud, explicó.
“Por lo visto el gobierno federal no se había preocupado por cumplir sus compromisos internacionales y aprovechó los recursos reasignados por el Congreso para tapar su negligencia. La precipitación de la Secretaría de Salud se expresa en la auditoría, ya que incumple tanto las reglas nacionales de manejo del dinero público como las condiciones de transparencia requeridas por el Banco Mundial”, consideró.
Asa Cristina Laurell expresó que respecto a la mencionada reasignación presupuestal, la ASF hace observaciones sobre 2.2 mil millones de pesos, porque esta cantidad no ha sido utilizada y documentada correctamente. Todavía en noviembre de 2006, o sea, casi un año después del cierre fiscal de 2005, quedaban pendientes por acreditar 1.7 mil millones de pesos.
Denunció que se utilizaron 4.2 millones de pesos para contratar a 21 personas para ocupar los cargos de director general adjunto y seis directores de área, sin aparente relación con el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud, y también los 2.7 millones de pesos gastados en equipo que no funcionó.
“En resumen, con todas estas irregularidades la ASF está obligada a ir a fondo para aclarar qué hizo la Secretaría de Salud del gobierno federal con 4.3 mil millones de pesos que están en investigación y sancionar con todo el rigor de la ley a los funcionarios responsables”, concluyó.
