En defensa de la legalidad: La guerra contra el narco, ilegítima e inconstitucional

Por Erich Moncada | SDP Noticias
Hoy 23:00

El jueves pasado, el señor Felipe Calderón pronunció en Oaxaca un discurso durante la botadura del buque Independencia, donde calificó su fracasada lucha contra los cárteles como una “una fuerza legítima y Constitucional, una fuerza legal, una fuerza democrática”.

Nada más alejado de la verdad.

Vamos por partes:

La guerra es totalmente ilegítima. Está siendo librada por una autoridad que llegó al poder mediante un fraude electoral.

La guerra de Calderón viola reiteradamente la Ley Suprema de nuestro país. El artículo 129 establece que “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Le guste o no a los partidarios de la violencia de Estado, para todos los efectos legales, vivimos en tiempos de paz. La declaración de guerra corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión en el Artículo 73, Fracción XII.

¿Por qué Calderón envió a finales de abril una serie de reformas a la Ley de Seguridad Nacional para legalizar la intervención de los militares en el combate al narco? El mismo gobierno ha reconocido la ilegalidad de los soldados fuera de los cuarteles.

Los retenes militares en carreteras y en las ciudades son también ilícitos. La Ley Federal de Armas y Explosivos no faculta a la institución castrense para catear vehículos en tránsito.

Los Puestos de Revisión Carreteros (PRECOS) violan la garantía de libre tránsito (Artículo 11) y la de legalidad (Artículo 16) que prohíbe la afectación de un ciudadano, a menos de que haya mandamiento expreso de autoridad competente.

La guerra tampoco es democrática. El “presidente” la declaró unilateralmente sin consultar a la población.

Calderón justifica en el citado discurso: “Ante esta amenaza, el Estado tiene la obligación, el deber y el derecho de utilizar todos los recursos a su alcance para restablecer condiciones de orden, de seguridad y de legalidad”.

Falso. El Estado no puede emplear “todos los recursos a su alcance”, sino todos los recursos que le otorga la ley. Porque cuando secuestra, tortura, lesiona y asesina ciudadanos, está faltando a su misión fundamental. Cuando el Estado emplea las mismas tácticas de la delincuencia, se convierte en un Estado criminal.

Me parece sumamente peligroso que se trate de catalogar a quienes nos oponemos a la presencia militar en funciones de seguridad pública como si estuviéramos del lado de los narcos. Eso sí que es macarthismo puro. ¿En qué tipo de democracia vivimos cuando se supedita la honorabilidad del Ejército a la libertad de expresión?

El comentarista Ciro Gómez Leyva, usa datos de la CNDH en su columna de hoy para asegurar que “sólo tres asesinatos fuera de combate y seis casos de tortura eran claramente imputables al cuerpo armado”, por lo que eran exagerados los cuestionamientos en contra de la militarización de la seguridad pública.

Ciro se quedó corto. Según el informe de Human Rights Watch “Impunidad Uniformada” de abril pasado, se investigaron y documentaron al menos 17 casos que involucran a más de 70 víctimas afectadas por los abusos del Ejército Mexicano contra la población civil.

Puede que esa información no desnude a un Ejército “genocida y torturador”, pero no olvidemos que sólo basta un incidente grave para manchar la reputación de la mayoría de los buenos elementos y el prestigio de la institución.

Y lo peor es que Ciro no habla sobre la impunidad reinante en ese puñado de casos. HRW afirma que “ninguna de las investigaciones castrenses de los abusos del ejército ha llevado a la consignación penal de un solo soldado por violaciones a los derechos humanos”

Hace dos días La Jornada documentó como quince soldados enmascarados allanaron a patadas el domicilio de una familia de Morelos en búsqueda de armas y drogas. Los militares se robaron mil pesos, golpearon a dos hombres, casi asfixian a otro, y torturaron sicológicamente a cuatro niños pequeños. Luego se retiraron sin pedir disculpas.

Supongo que, a los ojos de Ciro, este tipo de eventos son justificables para asegurar el bienestar nacional. Al fin y al cabo, ¿qué tanto es tantito?

¡Ejercito fuera de las calles!

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