Erich Moncada SDP NOTICIAS
17 de Febrero, 2010 - 09:35
Cinco gobernadores blanquiazules de Jalisco, Sonora, Guanajuato, Tlaxcala y Morelos acaban de interponer controversias constitucionales contra la reforma al Código Civil que impulsó el gobierno de la Ciudad de México para permitir el matrimonio y la adopción de niños entre personas del mismo sexo.
Los gobernantes dejaron en evidencia su filosofía ultraderechista al argumentar que las reformas en el Distrito Federal tendrían consecuencias jurídicas en sus entidades federativas porque tendrían que reconocer a los homosexuales casados, lo que se opondría a las leyes locales que establecen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.
Ante una legislación que concede derechos a una minoría históricamente estigmatizada y reprimida por la sociedad, los panistas buscan perpetuar la discriminación de un sector de la población que, bajo el imperio de la Constitución, debería disfrutar igualdad de derechos.
Los cinco gobernadores alegaron que el reconocimiento de los matrimonios gay “resulta totalmente contrario al interés superior de las niñas y de los niños”, pero no justificaron las bases de esta afirmación. El interés superior de los niños es que puedan vivir en hogares cariñosos y protectores, sin importar si está integrado por un padre y una madre, dos padres, dos madres o sólo una madre o un padre. A pesar del alto número de niños en la calle, de tantos hogares heterosexuales que maltratan y abusan de sus hijos, se cierran las puertas a las parejas que buscan dar a amor y educación a los niños abandonados. Según cifras de UNICEF, el 61.2% de los niños y las niñas de este país viven en la pobreza, mientras que 27.4% se encuentran en pobreza alimentaria.
Una de las justificaciones más ridículas vino del gobierno de Sonora. Carlos Espinoza Guerrero, asesor jurídico de la administración de Guillermo Padrés Elías (quien sigue las huellas de su antecesor, el misógino Eduardo Bours Castelo, quien promovió la reforma que protege la vida desde la concepción), reconoció que la controversia constitucional respeta la unión entre homosexuales pero que se opone a la adopción. ¿Entonces por qué no reforman sus leyes para permitir los matrimonios gays? Son hipócritas, porque dicen defender a los niños, pero castigan a las mujeres que abortan y apoyan una sangrienta guerra contra el narco que ha mandado a la tumba a 17 mil personas.
Otro razonamiento increíblemente estúpido, porque demuestra el desconocimiento de la ley, fue el del secretario de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, quien dijo que la decisión no “es una cuestión de fe, sino de derecho” (El Informador, 15.02.10) porque la Constitución reconoce únicamente el matrimonio entre hombres y mujeres. Igual que Felipe Calderón, parece que el señor Guzmán no ha leído nuestra Carta Magna.
¿No es cuestión de fe? ¿Entonces porque la iniciativa proviene sólo de los gobernadores del PAN?
El miedo y la ignorancia nublan los actos de estos cinco gobernadores. Bien harían en platicar con sus amigos y familiares homosexuales y preguntarles qué opinan sobre su determinación de imponer una visión religiosa y un modelo familiar hegemónico. El Yunque prepara una ofensiva más contra el Estado laico. Ahora, más que nunca, debemos pugnar por la creación de nuevos derechos y no la eliminación de los pocos que se nos conceden.
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