La gobernadora Jan Brewer aprobó la ley antiinmigrante SB 1070 para reelegirse en las elecciones en noviembre de este año. ¿Cuáles han sido los efectos de la aprobación de la ley en los votantes de Arizona y las acciones adoptadas por los ciudadanos de Estados Unidos opuestos a la medida?
Las cifras son contradictorias. De acuerdo a una encuesta de Public Policy Polling (PPP) publicada el día de ayer, el procurador general de Justicia estatal, el demócrata Terry Goddard, se encuentra a la cabeza de las preferencias electorales 47 por ciento contra 44 de Brewer, después de varias semanas de ubicarse prácticamente empatados. En otoño pasado Brewer encabezaba las preferencias por más de diez puntos frente a su rival. Según PPP, la cada vez más amplia ventaja de Goddard se debe principalmente a que es favorecido por el 71 por ciento de los votantes latinos.
Sin embargo, una encuesta de Rasmussen de este martes reveló que Brewer se ubica 48 por ciento contra 40 de Goddard. Los datos indican que la republicana ha mejorado su imagen entre sus gobernados, con una aprobación del 56 por ciento, después de ubicarse hace dos semanas en un 40 por ciento de reprobación. Rasmussen ubica en 70 por ciento los ciudadanos que apoyan la ley SB 1070.
TMP Poll Avarage realizó hizo un promedio de todas las encuestas previas y ubicó la aprobación de la gobernadora en un 46.3 por ciento contra un 43.4 que la desaprueban. Falta ver cuánto tiempo le favorecerá el efecto de SB 1070 y si la publicidad negativa de todas partes del mundo reduce su popularidad conforme se acerquen las elecciones.
Por otro lado, las acciones para boicotear la economía de Arizona siguen firmes. Los hoteleros (AHLA) reportaron que hasta el momento seis grupos han cancelado sus reservaciones para realizar eventos. La vocera del gremio, Kristen Jarnagin advirtió que "debido a la tormenta de la que hemos salido, no podemos darnos el lujo de recibir más impactos económicos negativos".
Otro negocio importante que está por sufrir las consecuencias del boicot es el equipo de los Diamondbacks de Arizona, acusado por haber donado enormes cantidades de dinero a la causa republicana. En 2010 aportó 121 mil 600 dólares al comité del senado republicano y se ubica en el lugar número 18 de los más importantes donantes del Partido Republicano, con 129 mil 500 dólares. Los propietarios del equipo, encabezado por Ken Kendrick y su familia, han aportado cerca de 1 millón 23 mil dólares a la organización política que aprobó la ley racista.
Varios negocios operados por la comunidad latina han empezado a resentir el impacto de la medida legislativa sobre sus ventas. Uno dueño advirtió que es probable que muchos de sus clientes ya no acudan a los restaurantes por temor a ser detenidos por la policía.
Más ciudades se suman al boicot.
Además de las iniciativas que se discuten en Los Ángeles y San Francisco para boicotear a Arizona. El alcalde de la ciudad de St. Paul, Minnesota, Chris Coleman emitió hoy una orden para prohibir los viajes de los funcionarios de gobierno al estado de Arizona. "La ley es un ejemplo peligroso para el resto del país... sería inmoral no levantarse en contra de una legislación que tiene sus raíces en el odio y el miedo. Somos una nación de inmigrantes y SB 1070 es una afrenta contra la Constitución y los valores que detentamos como estadounidenses".
Otro connotado republicano que se sumó al rechazo contra la ley es Karl Rove, estratega del expresidente George W. Bush, quien aseguró que "habrá problemas constitucionales con la ley".
John McCain, el senador por Arizona que traicionó sus principios al pasar de ser un férreo impulsor de una reforma migratoria integral, a apoyar irrestrictamente la ley Brewer, ha visto descender sus preferencias electorales rumbo a la elección de noviembre próximo. Sólo 34 por ciento de los encuestados por Public Policy Polling aprobaron su gestión contra 55 que la reprueba.
McCain se ha dedicado a convencer a los ciudadanos estadounidenses temerosos por la posible violación de sus derechos bajo la legislación antiinmigrante, pero dejando a los turistas extranjeros que visitan Arizona legalmente: "Debemos enseñarle a los visitantes... que vigilaremos y protegeremos sus derechos civiles para que no se sientan amenazados aquí... nuestro trabajo es asegurarnos de que ningún ciudadano bajo cualquier circunstancia verá amenazados sus derechos, sin importar sus antecedentes raciales".
El periodista Greg Palast especula que un motivo oculto detrás de la firma de SB 1070 son los grandes números de hispanos legales inclinados a votar por los demócratas a una proporción de 2 a 1. Menciona que en un reportaje de 2008 realizado para Rolling Stone, descubrió que la entonces secretaria de Estado Brewer organizó, desde 2004, una purga de más de 100 mil votantes de Arizona, en su mayoría de origen hispano, a quienes se les prohibió votar en las elecciones. Prácticamente a uno de cada tres residentes se les revocó su derecho al sufragio. Los republicanos, a nivel federal, justificaron esta decisión bajo la excusa de que muchos ilegales se estaban registrando para votar, lo que motivó una investigación de más de cien denuncias que resultaron falsas. El fiscal del caso, ante la falta de evidencias que sustentaran los casos, fue despedido por órdenes directas del presidente George W. Bush al negarse al fabricar las pruebas.
La siguiente maniobra de los republicanos de Arizona es la ley 1097 que obligará a los distritos escolares a recolectar información sobre los estudiantes indocumentados inscritos en las escuelas del estado. Los datos serán enviados para investigar los "impactos adversos sobre la matrícula de estudiantes que no pueden presentar pruebas de su residencia legal" y "los costos estimados de los estudiantes que no son ciudadanos de los Estados Unidos sobre los contribuyentes de Arizona". Los distritos que se nieguen a recopilar dicha información podrían ser objeto de la congelación de fondos económicos para su operación. El objetivo es, a todas luces, hacer que el estado se convierta en una pesadilla para los trabajadores ilegales y sus familias.
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