Amnistía Internacional exige protección para familiares de Ernestina Están en riesgo por haber denunciado violación y muerte de anciana

Rupert Knox se comunicó a alcalorpolitico desde Londres
Amnistía Internacional exige protección para familiares de Ernestina Están en riesgo por haber denunciado violación y muerte de anciana
No han recibido apoyo ni de milicia ni de autoridades civiles
Soldados actuaron fuera de lo que es la milicia, por eso compete a autoridad civil actuar
Hay otros diez casos similares en México sin resolverse: Secretariado Internacional

Por Norma Trujillo Báez

Xalapa, Ver., a 13 de marzo de 2007.-

Rupert Knox, miembro del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, advirtió que por las contradicciones expresadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en el caso de la violación y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, la organización internacional teme por la vida de los familiares y testigos que denunciaron a los militares como responsables del crimen.

En entrevista telefónica desde la ciudad de Londres, Inglaterra, el encargado de la investigación del caso de la indígena de 73 años de la comunidad de Tetlatzinga, dijo que para Amnistía Internacional es una preocupación la familia porque “hemos visto otros casos, precisamente el de Cataño, en el norte, en Saltillo, en donde ha habido intimidaciones a testigos y familiares de la víctima por los familiares de los acusados y por la milicia”.

Con una actitud amable y en respuesta a una correspondencia, al mediodía de este martes se tomó la molestia de comunicarse con esta reportera y a través del auricular expuso que es indispensable la protección a la familia de la victima porque están en riesgo, y “justamente una de las acciones de nuestros miembros en el mundo es que de distintos países pedirán a las autoridades de México, militares y estatales, garantizar la protección de la comunidad y de la familia de la víctima, así como una investigación civil”.

En descargo a mi monolingüismo, Knox se expresaba en un idiolecto claro aunque a veces, al buscar la palabra precisa, titubeaba por no ser su lengua materna, así denunció que “la familia, entendemos que no ha recibido ninguna atención por parte de las autoridades civiles y militares, realmente debe ser una prioridad para que haya atención a la víctima y a sus familiares y no puede ser una pelota entre lo civil y lo militar”.

Porque ha habido otros casos en el país, para ser precisos 10, apuntó el activista inglés, las acciones en el mundo se continuarán impulsando para que el gobierno estatal y federal tomen las medidas necesarias y “que estén conformes con las organizaciones internacionales que trabajan en pro de los derechos humanos, esto no es un caso nuevo, ha habido recomendaciones que este tipo de casos deben ser investigados por las autoridades civiles, con investigación y con inteligencia”.

Y ante ese juego de comunicados emitidos por la Sedena, en donde un día exculpa a sus militares y al otro dice que hay una investigación, Knox afirma que lo fundamental es que esa investigación debe llevarse a cabo por autoridades civiles, “es la única manera para garantizar que haya transparencia en ese proceso y porque se ve en la percepción y en la realidad es que el sistema de justicia no está funcionando para que la víctima y su familia puedan tener justicia”.

La distancia no fue el impedimento para que el miembro del Secretariado Internacional de AI, se explayara en su preocupación en el caso de Ernestina, y refirió que “sí la investigación y sí el juicio se hace por parte del Ministerio Público Militar realmente dan esa posibilidad y dan como resultado en la impunidad”.

Al hablar de impunidad, Konx afirmó que “si hay una investigación militar las personas acusadas están bajo control militar, acantonadas en cualquier instalación militar, entonces están a disposición de los militares, desde el principio la investigación está bajo el control de los militares, entonces en términos sustantivos pueden obstaculizar las evidencias, los testimonios y también es intimidación para simular que haya justicia”.

Bajo este arranque, el sistema militar en la investigación y procedimiento, “es juez y parte y se puede dañar cuanta iniciativa de las instituciones civiles que están involucradas de modo participativo de esa investigación, así si el mismo Ejército está diciendo que no fueron y ellos mismos recabaron pruebas que entregaron al poder judicial local (MP) para que fuesen entregados a la PGR, eso mismo viola el concepto de la recolección, tiene que ser una cadena controlada bajo el poder judicial”.

A través del Secretariado Internacional, “hemos visto en la historia, la justicia militar ha sido un obstáculo, a la justicia y es una garantía de proteger a la milicia, como el caso de guerrero en donde las investigaciones se hicieron así, en Guerrero documentamos: Inés Arano y Josefa Cantú, que fueron violadas por militares y los dos casos quedaron en el fuero militar sin ser investigados y las autoridades federales como las militares han negado el involucramiento de los militares, por lo que han quedado impunes”.

Dejando entrever que se ha dedicado a pedir justicia, Rupert Knox, agregó que lo mismo sucedió con los casos de las Zetzales en Chiapas en 1994, en donde la Corte Interamericana envío una recomendación al gobierno de México para que fuesen investigados por las autoridades civiles y a 13 años sigue siendo una investigación militar, “siguen diciendo que buscan evidencias que evidentemente ya no van a encontrar, tal parece que es un proceso de injusticia”.

Finalmente, expresó que Amnistía Internacional exige que reconozcan las autoridades que este es un asunto del fuero civil y que “debe ser una investigación del fuero civil, eso es lo que debe ser fundamental, que no haya proceso paralelo y como organismo que no litiga pero que es autoridad para exigir que las autoridades actúen conforme a derecho, desde Australia, Alemania, Estados Unidos, países de América Latina Y Europa, seguiremos insistiendo que Ernestina tenga justicia.

Fuente: Alcalorpolitico.com