HERMANN BALLINGHAUSEN ENVIADO
Omitiendo la ampliamente comprobada acción destructora de las grandes empresas petroleras, constructoras, farmacéuticas, bioenergéticas, turísticas o extractoras de agua y madera, favorecidas por el gobierno, el discurso oficial hace énfasis en otra parte. El 4 de abril, representantes federales de las secretarías de Medio Ambiente (Semarnat) y de la Reforma Agraria (SRA) anunciaron en Tuxtla Gutiérrez que las comunidades tzeltales de la región Candelaria (al fondo de la comunidad zapatista Amador Hernández, en lo que es el municipio autónomo General Emiliano Zapata) serían "reubicadas" forzosamente en fecha próxima. El gobierno estatal se sumó al anuncio.
Según informó Angeles Mariscal (La Jornada, 4 de abril), las autoridades federales invocaron la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para justificar el desalojo. Rafael Escobar Prieto, de la SRA, declaró: "No deben ser regularizados, no hay negociación y deben ser reubicados. Se estudia la posibilidad de que sean compactados (sic) y llevados a otro lugar. Están totalmente ilegales ahí, y nunca van a tener certidumbre jurídica".
Por su parte, el presidente Felipe Calderón, aderezando su discurso con referencias al calentamiento global y las prioridades conservacionistas, planteó ayer que no se detendrá el deterioro ambiental si no se termina con la pobreza y la miseria de millones de mexicanos. "Esta pobreza hace que vayan comiéndose (sic) los recursos naturales. Pero tampoco vamos a poder frenar la miseria si acabamos con el medio ambiente; acabar con la naturaleza es acabar con el capital (sic) natural que hace que se empobrezcan la Tierra y la humanidad".
La culpa, como siempre, es de los pobres. Ni los funcionarios en Chiapas ni el presidente Calderón se arriesgan a mencionar a las empresas ni los megaproyectos (electricidad, represas, carreteras, explotación trasnacional de los recursos naturales) que buscan paso franco en los territorios "reordenados", como serían Montes Azules y el río Usumacinta. Desde su establecimiento, el sexenio pasado, los poblados prefabricados donde el gobierno reubicó otras comunidades de la selva (Santa Martha -en alusión a la operadora entonces de la SRA, Martha Cecilia Díaz Gordillo-, Nuevo Magdalena y Nuevo Montes Azules) resultaron un fraude y un fracaso, sobre todo porque no se cumplió con la dotación de tierras, prometida a los indígenas; muchos abandonaron esos pueblos, hoy medio fantasmas.
Escobar Prieto, cuestionado por los periodistas al respecto, justificó con irrefrenable paternalismo: "lo importante es que no volvieron a la selva. Se les dio la oportunidad de elegir dónde asentarse, les construyeron casas, se les dio servicio de agua, drenaje, plantas de energía solar, escuelas, por seis meses se les dio maíz y frijol. Se tienen que adaptar a las nuevas circunstancias". Qué más quieren, pues.
En la reserva mexiquense de Santa Fe, el presidente Calderón dijo: "durante décadas hemos aprendido a destruir el ambiente y hemos vivido como si nuestra conducta no tuviera consecuencias sobre el planeta", pues con este comportamiento "la especie humana ha puesto en riesgo a las demás especies y se ha puesto en peligro a sí misma". Este discurso abona el campo para la reordenación forzada, sin negociación. Se criminaliza a los pueblos originarios, sin mencionar las verdaderas causas de la destrucción ambiental y social.
En Montes Azules existe un complejo conflicto que los sucesivos gobiernos han intentado aplastar con base en la fabulosa "propiedad" de centenares de miles de hectáreas en manos del reducido pueblo lacandón y la denominada comunidad lacandona, grupos privilegiados en detrimento de choles, tzeltales, tzotziles y tojolabales que también viven en el área. Pero han sido los nuevos gobiernos federales panistas y estatales perredistas los que se han animado a efectuar la "reordenación territorial" autoritaria.
Según el dictamen de la Semarnat, estos poblados indígenas violan la ley. Para el delegado estatal, Javier Camarena, el que algunas comunidades tengan más de 70 años en la selva "no quita la importancia de la conservación y restauración de Montes Azules".
Digamos que la pobreza que se combate es la de los lacandones, quienes reciben todos los programas sociales existentes, además de "indemnizaciones" millonarias por permitir las "reubicaciones" en algunos parajes de su latifundio legal.
