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México, DF, 26 de abril de 2007.
Servicio informativo núm. 77
Servicio informativo núm. 77
Sumario:
I. Encabeza López Obrador reunión nacional de la CND. Convocan a la Jornada Nacional de Protesta contra el Fraude Eectoral
II. Las reformas constitucionales en materia penal preparan las herramientas para la represión política, afirma Bátíz
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ENCABEZA LÓPEZ OBRADOR REUNIÓN NACIONAL DE LA CND. CONVOCAN A LA JORNADA NACIONAL DE PROTESTA CONTRA EL FRAUDE EECTORAL
La Coordinación Operativa Nacional de la Convención Nacional Democrática (CND) y los representantes de la CND en los 32 estados del país acordaron el día de ayer las acciones de la Jornada Nacional de Protesta contra el Fraude Electoral, entre las que destacan la recopilación de testimonios sobre el fraude, que serán reunidos y presentados en 32 foros, así como durante el acto magno del 1 julio en el Zócalo de la capital del país, punto de culminación de esta jornada de lucha.
Al respecto, Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, dijo a los asistentes a la reunión de la CND que en esta tarea de recopilación, “lo más importante son los testimonios del pueblo, porque fueron muchos los que presenciaron las irregularidades cometidas para imponer al pelele”. Durante su intervención, López Obrador hizo un reconocimiento al trabajo de los dirigentes de la CND en todo el país por su esfuerzo y dedicación a la lucha y aseguró que “ésa es una muestra de que no somos una izquierda que avale ni legitime al gobierno espurio, no somos una izquierda alcahueta”.
Antes había hecho una convocatoria a la más amplia movilización para el 1 de julio, que será uno de los momentos más relevantes del movimiento ciudadano de los convencionistas expresado en la resistencia civil pacífica.
A partir de esta fecha, empezará la recopilación de los testimonios de denuncia de los actos contrarios a legalidad y a la voluntad popular. Estos testimonios podrán ser escritos, actas, videos, fotografías, testimonios orales o cualquier otra documental pública o privada que ilustre los actos de ilegalidad y defraudación de la voluntad popular. En los próximos días, en la página www.cnd.org.mx se publicará la mecánica de recopilación.
También fue aprobado el calendario de actividades de la Jornada Nacional contra el Fraude, en el que se contempla que, además de los testimonios, se reunirán obras artísticas y artesanales alusivas a la resistencia contra el fraude electoral (poesía, corridos, canciones, obras de teatro, documentales, carteles, pintura.).
Se acordó realizar los 32 foros estatales: “Testimonios del Fraude Electoral”, el 22 y 23 de junio, y el 29 y 30 de junio, el “Foro Nacional: Testimonios del Fraude Electoral”. El 30 de junio, de las 15 a las 20 horas, se realizará el festival artístico “Fiesta de la Democracia” en el Monumento a la Revolución y, como ya se ha informado, el 1 de julio será el gran mitin en el Zócalo de la Ciudad de México.
Durante la reunión, que estuvo conducida por Rafael Hernández Estrada, Ifigenia Martínez, Dante Delgado, Herón Escobar, Berta Maldonado, Roselia Barajas y David Cervantes, acompañados de los secretarios del Gobierno Legítimo José Agustín Ortiz Pinchetti, Octavio Romero Oropeza, Berta Luján y Martha Pérez Bejarano, se decidió crear las comisiones estatales y municipales de la CND, para lo cual la Coordinación Operativa Nacional realizará una gira nacional e impulsará la creación de una red de páginas de internet uniformadas y coordinadas en las 32 entidades federativas.
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LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA PENAL PREPARAN LAS HERRAMIENTAS PARA LA REPRESIÓN POLÍTICA, AFIRMA BÁTIZ
El proyecto de reformas a la Constitución en materia penal representa un paso mayor y difícil de revertir hacia un Estado autoritario y policiaco, y por tanto, arbitrario e intolerante. Así calificó Bernardo Bátiz Vázquez, secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno Legítimo de México, las iniciativas de ley en espera de ser aprobadas en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales de las entidades de la Federación.
El funcionario del gobierno lopezobradorista comentó lo anterior al participar en el foro “La Reforma penal en México: análisis, críticas y perspectivas”, que ha organizado el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal durante la semana que transcurre.
Ahí, tomando su turno al habla el pasado lunes 23, Bátiz Vázquez afirmó que “el proyecto responde a una necesidad de posicionamiento político frente a la exigencia social de mayor seguridad, exigencia sin duda con un fundamento real, pero que es exacerbada y cultivada en forma artificial y mal intencionada y que también responde a las necesidades de un gobierno en entredicho, que eventualmente requerirá un fuerte aparato represivo”.
Sin dejar de reconocer la exigencia pública de seguridad, el secretario de Justicia del gabinete lopezobradorista señaló que “la respuesta a esta exigencia tomó un camino equivocado hacia el empleo de mecanismos que vulneran garantías individuales y derechos básicos de nuestra nación y olvidan o soslayan medidas más profundas y bien meditadas, encaminadas a combatir las causas y no tan sólo los efectos de la inseguridad y la delincuencia”.
Al abundar al respecto, Bátiz declaró: “Se ha preferido transitar por el camino fácil, pero sin destino a la vista, de combatir tan sólo los efectos y no las causas del delito, esto es, perseguir y encarcelar delincuentes, y para ello se arma un andamiaje compuesto de los elementos más negativos que en esta materia se puedan emplear: espionaje policiaco, penas más altas, mano dura, restricción de garantías individuales, estructuras policiacas que nos son ajenas y conceptos equívocos que acarrean confusión”.
Quien fuera procurador general de justicia del DF en el sexenio pasado, indicó que los ciudadanos quieren, “como gobernados, como sociedad, mayor seguridad, pero también que esa seguridad no signifique dar marcha atrás en principios jurídicos fundamentales, alcanzados con sacrificios ahora olvidados, del pueblo indignado ante las dictaduras y despotismos; para usar la palabra precisa, (los gobernados) no queremos aceptar que el precio de más seguridad o, lo que sería peor, de apariencia de más seguridad, sea la limitación de libertades”.
Al precisar sus cuestionamientos al proyecto de reformas constitucionales que el pasado 9 de marzo recibió el Congreso para su discusión, de manos del gobierno calderonista, Bernardo Bátiz dijo que “el meollo del asunto lo encontramos en otro lado, en el concepto de delincuencia organizada, a través del cual se pueden colar abusos, atropellos o violaciones a garantías, so pretexto del combate al mal encarnado en una entidad nebulosa que es la delincuencia organizada porque, si bien lo analizamos, la mayor parte de la delincuencia se organiza, los delitos más violentos y atentatorios a la integridad y libertad de las personas son de delincuencia organizada, pero también (lo son) muchos otros, los que atentan en contra del patrimonio y se llevan a efecto por varios individuos, con una deliberación previa y alguna división del trabajo”.
“Ciertamente —agregó—, hay que combatir con energía a la delincuencia que se organiza para el tráfico de drogas, para el robo de vehículos, para el secuestro, delitos que requieren para su ejecución la acción plural de varios individuos, pero también muchos tipos de fraudes: el contrabando, la administración fraudulenta, el peculado, el ejercicio indebido del servicio público, la coalición de servidores públicos, el tráfico de armas, son delitos que se cometen en grupo y previo acuerdo. Y si seguimos buscando, encontraremos también delincuencia más o menos organizada detrás de los secuestros express, del robo a casa habitación, del abigeato, en algún tipo de violaciones y aun en algunos homicidios y lesiones, y no se diga en los delitos que se cometen en contra de la autoridad, en materia de comunicaciones y en especial y quizá por ahí encontremos la hebra de la intención de la reforma, en los delitos en contra de la seguridad de la nación como el motín, la rebelión, el terrorismo, el sabotaje, la conspiración. Bien visto, todo eso puede ser delincuencia organizada”.
El miembro del gabinete lopezobradorista se preguntó entonces: “para todos estos delincuentes, ¿vamos a suprimir las garantías individuales?, ¿vamos a crear un estatus de excepción para ellos parecido a la suspensión de garantías regulada en el 29 constitucional, sólo que sin la molestia de convocar al Congreso y sin el costo político de tomar la decisión?”.
Bátiz afirmó que las propuestas de reforma constitucional en materia penal “pareciera que hacia allá se dirigen... Hoy es la delincuencia organizada y mañana ¿quién sigue?; por lo pronto, la delincuencia organizada será la caja abierta para meter en ella a todo aquel que sea de veras un delincuente peligroso para la sociedad, pero en ella habrá lugar y justificación para perseguir a otros, a los enemigos políticos, a los chivos expiatorios y por si acaso se requiere, al que estorba en algún momento por sus opiniones o por su posición social. Un régimen tildado de espurio y con gran necesidad de apoyos de fuerza, sin duda requerirá tarde o temprano procedimientos como los que se pretenden justificar con la reforma”.
Y retomó entonces el hilo inicial de su conferencia: “¿Valdrá la pena el sacrificio de la libertad a cambio de una promesa vaga de más seguridad? Yo digo que no, defendamos lo que tenemos y que la autoridad use bien, con eficacia y con honradez, las herramientas con que cuenta ahora, que son muchas y servirán si se emplean con decisión, energía y convicción de servicio”.
En un ejercicio puntual de crítica al proyecto de ley discutido, Bernardo Bátiz enumeró los siguientes aspectos:
• El párrafo que en la exposición de motivos justifica el arraigo y pretende elevar a nivel constitucional la excepción del principio reconocido nacional e internacionalmente de presunción de inocencia.
• El ingreso al domicilio sin orden de cateo, con la única razón de que haya flagrancia, lo que pudiera justificarse si se trata de rescatar a una persona plagiada o de salvar a alguien que esta a punto de ser lesionado o asesinado, pero que, así en general, no puede justificar en la inviolabilidad del domicilio, con razones puramente policíacas.
• El atropello al federalismo, cada vez más acorralado, se pretende acotar aún más con la propuesta de códigos penal y procesal únicos para todo el país. No hay que olvidar que a mayor centralismo, menos federalismo y a mayor concentración de poder menos posibilidades de controles y contrapesos. Las grandes dictaduras (y también las pequeñas) son centralistas y suprimen poderes locales que les estorban y que son garantía de distribución del trabajo y dique al poder absoluto.
• La creación de un sistema policiaco nacional que integrará a las instituciones de seguridad en un todo en el que se confundirán policías preventivos y policías ministeriales, policías municipales, estatales y federales bajo un solo sistema, con mando único como ya se ha anunciado y con un poder incontrastable contra la delincuencia, pero también, fácilmente, contra otras personas y movimientos sociales.
• Y finalmente policía investigadora no dependiente del ministerio público, copia extralógica y retroceso al tiempo de los servicios secretos y de la DIPD (División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia), época negra de nuestra historia policíaca.
En este último punto, la atención del secretario de Justicia y Seguridad del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador fue especialmente aguda: “La policía investigadora, ministerial o judicial —dijo—, debe estar bien capacitada, debe pasar por un curso serio de profesionalización, como sucede en el DF, que es de un año, con materias técnicas, pero también formativas, como son ética policiaca y derechos humanos, pero no puede ser un cuerpo independiente, segregado de los profesionistas en derecho que integran al ministerio público y cuentan con formación superior en jurisprudencia, unidad orgánica y autonomía funcional”.
“Se quiere, véase la contradicción, buscar la autonomía del ministerio público, que no dependa del ejecutivo, pero simultáneamente se le da la responsabilidad de investigar los delitos a un aparato policiaco de estructura vertical y mando único, en cuya cúspide esta: el presidente de la República. Sería suicida entregar todo ese poder en unas solas manos, eliminar a los juristas de la cadena de mando y enviarlos sólo a litigar ante los tribunales, quitándoles el poco o mucho control que pudieran tener sobre el trabajo de la policía judicial”, aseguró.
Como conclusión, Bátiz señaló que “quienes presentan este proyecto con claro sentido de retroceso, tienen un concepto muy lejano del ideal de un Estado democrático y social de derecho y piensan para solucionar sus problemas, tan sólo en más armas, más policías, más años de cárcel, pero menos libertades y cero prevención”.
