La Justicia mexicana falló .... una vez mas
Una de las detenciones arbitrarias documentadas durante el operativo policial
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La organización campesina Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) anunció que el próximo día 12 realizará una marcha para protestar contra el fallo judicial pronunciado contra tres de sus dirigentes, según lo informó en conferencia de prensa María Antonia Trinidad Ramírez, esposa de uno de los imputados.
A principios de esta semana, el juez José Blas Hernández sentenció a 67 años de prisión a Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua -tres de los principales dirigentes del FPDT- que fueron detenidos junto a más de 200 personas entre el 3 y 4 de mayo de 2006, cuando cerca de tres mil oficiales de la policía estatal, federal y municipal condujeron un violento operativo para terminar con las protestas que llevaba a cabo la organización campesina.
Las reivindicaciones del FPDT tenían que ver con la defensa de la tierra, ya que intentaban que el gobierno del presidente Vicente Fox desistiera de construir un aeropuerto en San Salvador Atenco, en el Estado de México. De llevarse a cabo la implementación de este proyecto, hubiera resultado en la expulsión de los campesinos de sus tierras.
Lo que se le imputa a los dirigentes campesinos es el haber participado en el secuestro de funcionarios estatales, a pesar de que sus abogados presentaron pruebas que indicaban que sus defendidos no se encontraban en el lugar de los hechos en el momento en que éstos se produjeron. A más de un año del brutal operativo policial, todavía queda vivo el recuerdo de los heridos, de los dos civiles asesinados durante los enfrentamientos, y de las denuncias por violación y abuso sexual bajo la detención presentadas por varias personas.
La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, que investigó el accionar policial durante el 3 y 4 de mayo, consideró muy grave la sentencia dictada contra los dirigentes campesinos, considerando que se trataba de “una clara advertencia desde el poder del Estado al movimiento social para que ceje en su empeño de pedir la libertad de sus presos políticos y de mantener su lucha legítima para decidir sobre sus territorios”.
Desde la justicia mexicana, ya se está señalando que dentro de tres meses será posible dictar sentencia contra los demás detenidos; por su parte Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, señaló que no decretará una ley de amnistía a favor de los tres dirigentes condenados, a la vez que el procurador de Justicia, Abel Villicaña Estrada, afirmó que apelará la sentencia pues a su entender no es lo suficientemente severa, y “no corresponde con la peligrosidad de estas personas”.
A principios de esta semana, el juez José Blas Hernández sentenció a 67 años de prisión a Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua -tres de los principales dirigentes del FPDT- que fueron detenidos junto a más de 200 personas entre el 3 y 4 de mayo de 2006, cuando cerca de tres mil oficiales de la policía estatal, federal y municipal condujeron un violento operativo para terminar con las protestas que llevaba a cabo la organización campesina.
Las reivindicaciones del FPDT tenían que ver con la defensa de la tierra, ya que intentaban que el gobierno del presidente Vicente Fox desistiera de construir un aeropuerto en San Salvador Atenco, en el Estado de México. De llevarse a cabo la implementación de este proyecto, hubiera resultado en la expulsión de los campesinos de sus tierras.
Lo que se le imputa a los dirigentes campesinos es el haber participado en el secuestro de funcionarios estatales, a pesar de que sus abogados presentaron pruebas que indicaban que sus defendidos no se encontraban en el lugar de los hechos en el momento en que éstos se produjeron. A más de un año del brutal operativo policial, todavía queda vivo el recuerdo de los heridos, de los dos civiles asesinados durante los enfrentamientos, y de las denuncias por violación y abuso sexual bajo la detención presentadas por varias personas.
La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, que investigó el accionar policial durante el 3 y 4 de mayo, consideró muy grave la sentencia dictada contra los dirigentes campesinos, considerando que se trataba de “una clara advertencia desde el poder del Estado al movimiento social para que ceje en su empeño de pedir la libertad de sus presos políticos y de mantener su lucha legítima para decidir sobre sus territorios”.
Desde la justicia mexicana, ya se está señalando que dentro de tres meses será posible dictar sentencia contra los demás detenidos; por su parte Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, señaló que no decretará una ley de amnistía a favor de los tres dirigentes condenados, a la vez que el procurador de Justicia, Abel Villicaña Estrada, afirmó que apelará la sentencia pues a su entender no es lo suficientemente severa, y “no corresponde con la peligrosidad de estas personas”.
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