Rescatar la vergüenza que nos queda


Hoy se cumplen 15 meses de la tragedia de Pasta de Conchos. Llamada de alarma para recopilar algunos de los hechos más bochornosos en torno a la justicia por ese dramático acontecimiento, y no permitir que permanezca la impunidad, la corrupción y el tráfico de influencias.

El 15 de noviembre de 2006 algunas de las viudas de los mineros sacrificados solicitaron al titular del órgano interno de control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), acceso al expediente en el que se estaba investigando la responsabilidad de los servidores públicos. El 30 de noviembre se les responde que éste es "confidencial", y que ellas, las viudas, no tienen "interés jurídico".

El 20 de diciembre se promueve un juicio de amparo, y el 23 de enero de 2007 el juez les entrega las mil 365 copias certificadas de la investigación. Sin embargo, ¡oh cumplimiento de las resoluciones judiciales!, el expediente fue entregado incompleto. El mismo juez tuvo que reordenar a la STPS que entregara la documentación faltante. Pocos días antes de que se cumpliera el año de la tragedia, autoridades de la STPS, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del gobierno de Coahuila presionaron y mintieron a las familias para obligarlas a firmar cuanto antes su demanda de pensión por viudez, y por segunda vez el Ministerio Público de ese estado elaboró por su cuenta las actas de defunción de los 63 trabajadores que siguen atrapados en la mina, determinando él mismo las causas de su muerte. El 28 de febrero de este año el Equipo Nacional de Pastoral Laboral, de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, presentó su primer informe "Por una cuerda de vida para los mineros del carbón. Pasta de Conchos: una tragedia que debió evitarse". En él se explica y prueba lo que familias y trabajadores dijeron siempre: la explosión en Pasta de Conchos no fue un accidente, sino el resultado de la ambición y la negligencia de la empresa Industrial Minera México (IMMSA), la contratista General de Hulla, la STPS, el IMSS, la Secretaría de Economía y el sindicato.

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