06 de Enero, 2010 - 11:25
El documento generó furiosas críticas por parte de la comunidad prohibicionista
El Departamento de Salud del gobierno de la ciudad de Nueva York editó un manual de 16 páginas titulado Take charge, take care (“Toma el mando, toma el cuidado”) dirigido a la comunidad consumidora de drogas intravenosas. En ese estado mueren anualmente mil personas por sobredosis y sólo en 2006 los decesos por esta causa se colocaron como la cuarta causa de muerte en adultos después de las enfermedades cardiacas, el cáncer, el SIDA y hasta los homicidios (DPA, 2008).
El folleto, que tuvo un costo de 32 mil dólares y un tiraje de 70 mil ejemplares, contiene información indispensable para que los adictos minimicen los daños producidos por el consumo de sustancias inyectadas; un ejemplo claro de las políticas de reducción de daños.Take charge cuenta con diez secciones ilustradas con consejos para evitar y atender casos de sobredosis, medidas de higiene para evitar infecciones y lesiones, así como métodos para desechar la parafernalia de los usuarios con seguridad. Incluye información para que los adictos se practiquen pruebas de detección periódicas de VIH y Hepatitis C y recursos para que reciban atención y tratamiento.
John Gilbride, de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Nueva York, calificó a la publicación como “instrucciones paso a paso sobre cómo inyectar(se) veneno… me preocupa que la ciudad produzca una guía sobre cómo usar drogas” (9News, 4 de enero). El concejal de Queens, Peter Vallone, consideró que el manual “era un tremendo derroche de fondos de la ciudad y haré todo lo posible para detenerlo. Le envía a la juventud el mensaje: Inténtenlo” (New York Post, 3 de enero). Mientras que la encargada del combate a las drogas en la ciudad, Bridget Brennan, afirmó que “no queremos sugerir que inyectarse narcóticos sea algo seguro… no importa qué tanto se laven las manos o qué tan limpia esté la aguja, están poniendo veneno en sus venas” (New York Post, 3 de enero).
El Departamento de Salud defendió el manual por la necesidad de “promover la salud y salvar vidas con esta información”. Daliah Heller, asistente del comisionada del Buró de Alcohol y Prevención de Uso de Drogas, Cuidado y Tratamiento, dijo que “desde una perspectiva de salud sí hay una forma menos dañina de inyectarse” (New York Post, 3 de enero). Sin embargo, el panfleto fue retirado de la página de la dependencia y sólo puede encontrarse en algunas páginas como Flickr (http://www.flickr.com/photos/8258342@N08/sets/72157623153137244).
¿Quién tiene la razón? ¿Los que sugieren que es descabellado dar información porque se incentiva el consumo, o aquellos que reconocen que con o sin información las personas seguirán consumiendo sustancias ilícitas? ¿Y qué se debe hacer con quienes ya son consumidores? ¿Dejarlos a su suerte o protegerlos?
La principal consecuencia de la prohibición es que exacerba los daños causados por las drogas. Si los individuos no cuentan con la educación suficiente la muerte y los daños seguirán abultando las estadísticas. La sociedad y el gobierno terminarán pagando un precio más caro por no atender factores de riesgo fácilmente prevenibles, perpetuando el terrible estigma que deben llevar a cuestas los consumidores, en lugar de prolongar sus vidas con estrategias cuestionadas por los cruzados morales que prefieren ignorar el problema y resolverlo con las mismas políticas punitivas de siempre. En comparación con el mantenimiento de un costoso sistema carcelario, los programas de intercambio de jeringas son costo-efectivos, estimulan la relación entre los usuarios y el sistema de salud, evitan los contagios accidentales por pinchaduras del personal policiaco y la comunidad y no estimulan el consumo.
Nueva York ha sido ejemplar al reconocer los efectos contraproducentes de la prohibición y ha corregido sus errores. En abril del año pasado el gobernador David Paterson revocó la ley Rockefeller, que establecía prisión obligatoria y sentencias desproporcionadas a delincuentes menores acusados por delitos como posesión o venta de pequeñas dosis de drogas, equiparándolos con homicidas y en perjuicio de grupos raciales minoritarios. Actualmente se estudia la posibilidad de aprobar la “Ley del Buen Samaritano” que permitiría a las personas reportar emergencias médicas que no suelen ser reportadas por miedo a las detenciones. Hasta el año 2000 la tenencia de jeringas era considerada un delito grave y aunque cinco años después se modificó el código de salud para evitar los arrestos, las fuerzas policiacas siguen hostigando a los usuarios en las inmediaciones de las clínicas, intimidando a quienes intentan acercarse a buscar ayuda especializada. También desde 2005 se logró la despenalización de la posesión de naloxona o Narcan, un medicamento que puede salvar la vida de los consumidores que sufren sobredosis de heroína u otros opiáceos.
La prohibición le apuesta a la ignorancia y la desinformación al decirle a las personas que “sólo digan no” y asustándolas con datos exagerados. La reducción de daños, en comparación, no se opone a la abstinencia, pero le sugiere a quienes deciden ser consumidores “sólo digan saber”. Su salud es primero.
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