Nueva York edita “manual para drogarse”

Por Erich Moncada SDP Noticias
06 de Enero, 2010 - 11:25

El documento generó furiosas críticas por parte de la comunidad prohibicionista

El Departamento de Salud del gobierno de la ciudad de Nueva York editó un manual de 16 páginas titulado Take charge, take care (“Toma el mando, toma el cuidado”) dirigido a la comunidad consumidora de drogas intravenosas. En ese estado mueren anualmente mil personas por sobredosis y sólo en 2006 los decesos por esta causa se colocaron como la cuarta causa de muerte en adultos después de las enfermedades cardiacas, el cáncer, el SIDA y hasta los homicidios (DPA, 2008).

El folleto, que tuvo un costo de 32 mil dólares y un tiraje de 70 mil ejemplares, contiene información indispensable para que los adictos minimicen los daños producidos por el consumo de sustancias inyectadas; un ejemplo claro de las políticas de reducción de daños.

Take charge cuenta con diez secciones ilustradas con consejos para evitar y atender casos de sobredosis, medidas de higiene para evitar infecciones y lesiones, así como métodos para desechar la parafernalia de los usuarios con seguridad. Incluye información para que los adictos se practiquen pruebas de detección periódicas de VIH y Hepatitis C y recursos para que reciban atención y tratamiento.

John Gilbride, de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Nueva York, calificó a la publicación como “instrucciones paso a paso sobre cómo inyectar(se) veneno… me preocupa que la ciudad produzca una guía sobre cómo usar drogas” (9News, 4 de enero). El concejal de Queens, Peter Vallone, consideró que el manual “era un tremendo derroche de fondos de la ciudad y haré todo lo posible para detenerlo. Le envía a la juventud el mensaje: Inténtenlo” (New York Post, 3 de enero). Mientras que la encargada del combate a las drogas en la ciudad, Bridget Brennan, afirmó que “no queremos sugerir que inyectarse narcóticos sea algo seguro… no importa qué tanto se laven las manos o qué tan limpia esté la aguja, están poniendo veneno en sus venas” (New York Post, 3 de enero).

El Departamento de Salud defendió el manual por la necesidad de “promover la salud y salvar vidas con esta información”. Daliah Heller, asistente del comisionada del Buró de Alcohol y Prevención de Uso de Drogas, Cuidado y Tratamiento, dijo que “desde una perspectiva de salud sí hay una forma menos dañina de inyectarse” (New York Post, 3 de enero). Sin embargo, el panfleto fue retirado de la página de la dependencia y sólo puede encontrarse en algunas páginas como Flickr (http://www.flickr.com/photos/8258342@N08/sets/72157623153137244).

¿Quién tiene la razón? ¿Los que sugieren que es descabellado dar información porque se incentiva el consumo, o aquellos que reconocen que con o sin información las personas seguirán consumiendo sustancias ilícitas? ¿Y qué se debe hacer con quienes ya son consumidores? ¿Dejarlos a su suerte o protegerlos?

La principal consecuencia de la prohibición es que exacerba los daños causados por las drogas. Si los individuos no cuentan con la educación suficiente la muerte y los daños seguirán abultando las estadísticas. La sociedad y el gobierno terminarán pagando un precio más caro por no atender factores de riesgo fácilmente prevenibles, perpetuando el terrible estigma que deben llevar a cuestas los consumidores, en lugar de prolongar sus vidas con estrategias cuestionadas por los cruzados morales que prefieren ignorar el problema y resolverlo con las mismas políticas punitivas de siempre. En comparación con el mantenimiento de un costoso sistema carcelario, los programas de intercambio de jeringas son costo-efectivos, estimulan la relación entre los usuarios y el sistema de salud, evitan los contagios accidentales por pinchaduras del personal policiaco y la comunidad y no estimulan el consumo.

Nueva York ha sido ejemplar al reconocer los efectos contraproducentes de la prohibición y ha corregido sus errores. En abril del año pasado el gobernador David Paterson revocó la ley Rockefeller, que establecía prisión obligatoria y sentencias desproporcionadas a delincuentes menores acusados por delitos como posesión o venta de pequeñas dosis de drogas, equiparándolos con homicidas y en perjuicio de grupos raciales minoritarios. Actualmente se estudia la posibilidad de aprobar la “Ley del Buen Samaritano” que permitiría a las personas reportar emergencias médicas que no suelen ser reportadas por miedo a las detenciones. Hasta el año 2000 la tenencia de jeringas era considerada un delito grave y aunque cinco años después se modificó el código de salud para evitar los arrestos, las fuerzas policiacas siguen hostigando a los usuarios en las inmediaciones de las clínicas, intimidando a quienes intentan acercarse a buscar ayuda especializada. También desde 2005 se logró la despenalización de la posesión de naloxona o Narcan, un medicamento que puede salvar la vida de los consumidores que sufren sobredosis de heroína u otros opiáceos.

La prohibición le apuesta a la ignorancia y la desinformación al decirle a las personas que “sólo digan no” y asustándolas con datos exagerados. La reducción de daños, en comparación, no se opone a la abstinencia, pero le sugiere a quienes deciden ser consumidores “sólo digan saber”. Su salud es primero.

Lecciones para ganar la guerra contra las drogas: El caso de Portugal

Estudio revela avances importantes gracias a política novedosa

Por Erich Moncada | SDP Noticias
Jueves 21:18

México lleva décadas empantanado en el modelo prohibicionista. La lucha contra el narco ha fracasado rotundamente; los índices de consumo escalan constantemente y los muertos se acumulan en las morgues.

Estados Unidos ha ejercido una influencia perjudicial en nuestra política antidroga. A finales de la década de los treintas el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, un funcionario del Departamento de Salubridad, intentó crear un monopolio estatal de drogas que suministraría de forma gratuita las sustancias a los adictos, bajo supervisión médica y a precio de costo, pero las presiones estadounidenses obligaron al presidente Lázaro Cárdenas dar marcha atrás. En 2006, el presidente Vicente Fox prometió aprobar una nueva ley que autorizaba la posesión de dosis mínimas de drogas a los consumidores, pero a última hora se negó a firmar la iniciativa ante las amenazas de la administración del presidente George W. Bush.

Nuestros vecinos del norte son el peor ejemplo a seguir en materia de narcotráfico. Por eso es necesario voltear a ver otras naciones -quizá poco influyentes y pequeñas- que ponen en práctica experiencias vanguardistas.

Portugal: Giro radical

Un estudio del Cato Institute en abril de este año documentó los logros obtenidos por la nueva política de atención al narcotráfico de los portugueses, quienes en 2001 descriminalizaron la posesión, el consumo y la compra de sustancias ilícitas.

Descriminalizar no significa legalizar o despenalizar; el uso y la posesión siguen siendo ilegales, pero las penas son transferidas de la esfera penal y pasan a convertirse en una infracción administrativa (como ser multado por conducir bajo los efectos del alcohol).

En donde se despenalizan las drogas, el uso sigue siendo un delito, pero ya no se encarcela a quienes violan ley, aunque sí se aplican penas alternativas como las multas o el trabajo comunitario. En un gran número de países de la Unión Europa la despenalización es la regla; pero Portugal es el único país miembro que estipula la descriminalización. En cambio, dentro del esquema de legalización no existen prohibiciones de ningún tipo.

México no persigue a quienes poseen sustancias ilegales para su estricto consumo personal y debajo de cierta la cantidad máxima establecida por la ley, hasta por un máximo de tres ocasiones. En Portugal la posesión de las drogas debe ser en tal cantidad que se presuma para ser consumida dentro de un período de diez días por individuo. Cuando se supera dicho límite se considera narcotráfico.

La Comisión para Disuadir las Adicciones a las Drogas se encarga de castigar a los infractores con multas o sanciones no monetarias. Se integra por tres miembros (un abogado, un trabajador social y un sicólogo) apoyados por un equipo técnico. Los procedimientos se suspenden y cancelan cuando las personas deciden someterse a tratamiento y lo completan. Sin embargo, a diferencia de México donde la rehabilitación es obligatoria en la tercera reincidencia, en Portugal es voluntaria. Cuando la persona no presenta signos adictivos y carece de antecedentes penales, la Comisión está obligada a suspender la infracción. Si la persona presenta un cuadro adictivo, la Comisión puede suspender al ciudadano para desempeñar una profesión, prohibirle la salida del país, la asistencia a lugares de riesgo, a reunirse con ciertos individuos, puede obligarlo a presentarse a monitoreos, cancelarle beneficios públicos u otorgarle una advertencia oral. La sanción depende del tipo de droga involucrada, el grado de consumo, la seriedad de la infracción y si el uso se llevó a cabo en un lugar público o privado.

La policía no tiene facultades para arrestar al infractor, únicamente le puede dar un citatorio; así se reduce significativamente la oportunidad de corromper a las corporaciones.

La descriminalización tiene como misión echar abajo el temor de los consumidores, quienes antes de 2001 se negaban a buscar tratamiento por temor a ser perseguidos. Una vez derribado dicho obstáculo, cuando el sistema de salud cuenta con recursos para operar los centros de rehabilitación y los programas preventivos, disminuye la estigmatización social de los usuarios; la sociedad deja de percibirlos como una amenaza y éstos no se sienten alienados por su rechazo.

El objetivo de esta política es minimizar los problemas relacionados con las drogas y las adicciones. Se inspira en el concepto GBE (Global, Balanced and Evidence Based): Global, porque es un problema que requiere atención internacional; Balanceado, ya que las medidas deben ser proporcionales y equitativas tanto en la reducción de la oferta como en la demanda; y Basado en Evidencia, porque las decisiones deben estar libres de elementos ideológicos o morales.

Efectos positivos

En contra de todos los pronósticos Portugal no se convirtió en un destino para el turismo de drogas. Registra los últimos lugares de consumo, sobre todo comparado con países con sistemas más rígidos. Incluso el consumo se desplomó en varios grupos poblacionales: Entre los años 2001 y 2006 el consumo de drogas al menos una vez en la vida disminuyó en los estudiantes de 13 a 15 años, de 14.1 a 10.6 por ciento. Y para los jóvenes entre los 16 y 18 años el consumo decreció de 27.6 a 21.6 por ciento en ese período. Asimismo se redujo la incidencia de enfermedades de transmisión sexual relacionadas con las drogas, como el VIH/SIDA.

El estudio encontró que “las leyes más estrictas no producen menor consumo y hay información que podría sugerir lo contrario” (p.11)

Espero que el mensaje le llegue a los actuales y a los futuros responsables de conducir la política nacional antidroga. México no puede darse el lujo de sufrir una agonía tan lenta gracias a una estrategia que ha demostrado su ineficacia reiterada. Es momento de declararle la guerra a las balas y a la sangre… es hora de encontrar soluciones pacíficas y armónicas.

Referencia:

Greenwald, Glenn. 2009. “Drug decriminalization in Portugal: Lessons for creating fair and successful drug policies”
The Cato Institute
http://www.cato.org/pubs/wtpapers/greenwald_whitepaper.pdf

Reflexiones sobre el fracaso de la estrategia antidrogas de Calderón

Por Erich Moncada | SDP Noticias
Martes 18:10

El Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) reveló ayer que entre los años 2002 a 2009 creció el número de consumidores de drogas ilícitas, de 203 mil a 361 mil; un incremento de 51%. La cifra refleja el fracaso de dos sexenios panistas en materia de prevención y atención de las adicciones.

La frase “Para que la droga no llegue a tus hijos”, tan difundida por el gobierno federal, no tiene sustento. Hace mucho que las drogas llegaron a nuestros hijos. La narcoguerra no ha servido para disminuir la oferta en las calles ni el número de consumidores. Para lo que sí ha sido efectiva es para empeorar la ola de violencia que ha cobrado la vida de diez mil personas en los últimos tres años.

El gobierno federal ha descuidado las áreas de prevención y educación al lanzarse a combatir al narco sin un plan integral de largo plazo. En los siguientes puntos trataré de explicar algunos factores que influyeron en el fracaso de las iniciativas.

1. La adopción del modelo prohibicionista o de “cero tolerancia”

El esquema originado en Estados Unidos se fundamenta en definir dos usos para las drogas: Uno permitido con fines médicos y otro prohibido, sin valor medicinal. El drogadicto, por definición, es un delincuente. Los partidarios de la prohibición rechazan la idea de un individuo autónomo, capaz de responder por sus actos, porque es sometido por la adicción y su voluntad está doblegada. El Estado siente el poder de intervenir, aunque sin el consentimiento del ciudadano no lo solicite, para salvar su integridad física y de terceros. La política prohibicionista estigmatiza a los grupos marginales por medio de la criminalización de sus conductas.

2. La ausencia de una cultura de evaluación

En 2008 Felipe Calderón anunció la entrada en vigor de un programa de exámenes antidoping a estudiantes de secundaria y preparatoria. ¿Cuál fue su costo? ¿Fueron efectivos para rehabilitar a los adictos o para prevenir el consumo de drogas? ¿Con qué criterio se optó por esta medida? ¿Existían opciones menos denigrantes para los niños?

También se ha dado amplia promoción a los centros de atención “Nueva Vida” de la Secretaría de Salud, pero aún no se cuenta con estadísticas sobre la cantidad de usuarios rehabilitados y la calidad del servicio prestado.

Los tres niveles de gobierno carecen de una cultura de evaluación de resultados. Los programas siguen activos aunque no funcionen y se derrochan valiosos recursos del erario.

3. Una guerra cultural perdida

Los encargados de diseñar la propaganda antidrogas, sean del sector público o privado viven en otro planeta; están alejados de la vida diaria de millones de jóvenes que observan una contradicción entre los medios y su entorno. La gran mayoría de los anuncios y promocionales rayan en lo ridículo. Sólo basta recordar la campaña “Vive sin drogas” de TV Azteca, donde una florecita animada y sicodélica canta un rap mal hecho sobre las bondades de vivir sin adicciones. ¡El comercial estaba tan viajado que indirectamente fomentaba que los menores experimentaran con las drogas!

Y los anuncios, cuando no son exagerados o distorsionan los hechos, suelen retratar situaciones inverosímiles y simplistas. Resulta contraproducente amedrentar a niños y jóvenes con campañas de miedo. Es correcto enseñarles a “decir no”, pero también es necesario darles información cuando deciden "decir que sí".

4. Falta de transparencia

Antes de que el gobierno de Felipe Calderón se metiera en este caótico callejón sin salida, debió informar a la población sobre las metas a cumplirse para comprobar sus avances en la narcoguerra. Si bien han abundado históricos decomisos en contra de los cárteles, nunca ha quedado claro cuánta droga se produce y consume. Se detienen a cabecillas, sicarios y a miles de presuntos traficantes, pero no se revela el tamaño del ejército del enemigo, ni se ataca la estructura financiera ni el lavado de dinero. Para medir el progreso se requieren parámetros claros, no declaraciones triunfalistas.

La guerra contra las drogas está condenada al fracaso porque está inspirada en una filosofía inhumana, cortoplacista y superficial. México requiere modificar radicalmente la forma en que lucha contra el problema de las drogas y las adicciones.

¿Existe otro camino?

Una alternativa viable es la adopción de un modelo de Reducción de Daños (“Harm Reduction”). Sus objetivos inmediatos son reducir en las personas los posibles daños o riesgos asociados con el consumo de las drogas, sean legales o ilegales. A diferencia del prohibicionismo, no busca imponer la abstención como un ideal, aunque no se opone a la idea. Mientras los prohibicionistas buscan promover sus propios valores, la reducción de daños mantiene una posición neutral y no emite juicios morales. Da prioridad a las soluciones de carácter social y comunitario, no policial.

Las políticas de Reducción de Daños han sido aplicadas con excelentes resultados desde hace más de treinta años. Durante la década de los noventas Asia y Europa enfrentaron un auge en los contagios de enfermedades relacionadas con el uso de drogas inyectables. Los gobiernos se vieron obligados a emprender acciones novedosas y poco convencionales como la distribución de inyecciones limpias o la apertura de clínicas donde los consumidores puedan inyectarse de forma segura. En estas naciones se desplomaron los índices de problemas médicos relacionados con infecciones de transmisión sexual o intravenosa, sobredosis, así como delitos como el robo en hogares o asaltos en la vía pública. Estos países cuentan con leyes menos estrictas donde se dificultan la corrupción, los consumidores tienen mayor disposición a aceptar el auxilio de las instituciones y, al liberar recursos de la seguridad a la salud pública, los cambios son más notables.