de Proceso
Eduardo Medina Mora, procurador general de la República, aseguró que la extradición de capos mexicanos de la droga a Estados Unidos fueron legales y que no hay peligro de que en México haya una reacción de narcotraficantes como ocurrió en Colombia en la década de los ochenta.
Al comparecer ante legisladores de la Primera Comisión de la Permanente, el encargado de la PGR centró su atención en los operativos que el gobierno federal ha realizado en Michoacán, Baja California, Guerrero, Durango y Chihuahua.
Aclaró que estos operativos de seguridad van más allá de la captura de capos; y aseguró que será a partir de labores de inteligencia y un diagnóstico de la nueva realidad de la delincuencia organizada que los operativos se enfocarán a desarticular las zonas de privilegio, de creación de poder de estas organizaciones.
Explicó que uno de los objetivos será definir las zonas geográficas de donde opera cada uno de los grupos de narcotraficantes, además de definir sus cadenas económicas para detectar sus debilidades, mediante “proceso de inteligencia y operación policíaca”.
Insistió en que dentro de esta nueva realidad, como él le llamó, el narcomenudeo ha sido declarado como “una prioridad política pública nacional”. Por esta razón, añadió, se trabaja con los gobiernos locales y estatales, ya que ellos no pueden eludir su responsabilidad en la solución de este fenómeno.
El coordinador de los perredistas, Javier González Garza, fue uno de los legisladores que más duro cuestionó al encargado de la PGR. Por ejemplo, criticó el paso de éste por la Policía Federal Preventiva en el sexenio pasado, además de los resultados de los operativos policíacos que se han implementado en diversos estados de la República.
Medina Mora respondió con que eran necesarios, pues se estaba en riesgo de “perder soberanía”.
Estos operativos, añadió, son la respuesta a un “problema severo de riesgo de perdida de soberanía en extensiones importantes del territorio”, por parte de algunas organizaciones criminales.
A la llegada de Medina Mora ala Cámara de Diputados, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) le recriminaron la violación de los derechos humanos que han sufrido algunos de sus miembros; lo calificaron de represor y le cuestionaron que ahora sea juez y parte en los expedientes abiertos que hay contra gente del movimiento civil.
Afirmaron que quienes cometieron algunas de las violaciones a los miembros de la APPO fueron gente bajo las órdenes de Medina Mora al final del sexenio pasado cuando éste estaba a cargo de la Policía Federal Preventiva.
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