Pedro Echeverría V., Rebelión
1. Se conmemoró el 90 aniversario de la Constitución mexicana. El presidente de los empresarios, Felipe Calderón, desde un Palacio Nacional cercado con vallas metálicas en la plancha de la Plaza de la Constitución y en diversas calles del Centro Histórico, declaró que ''Nunca más una dictadura fundada en la fuerza o atributos individuales del dictador, que desafía el orden constitucional invocando falsamente al pueblo y a su voluntad''. Los líderes panistas, entre ellos Calderón, han mantenido mucho aprecio por el dictador Porfirio Díaz –derrocado por la Revolución en 1911- porque sirvió siempre a los empresarios, a la Iglesia y a los hacendados. Pero seguramente al hablar de “atributos personales” no pensaba en Díaz sino en Hugo Chávez. ¿Sabían que la esposa de Calderón tiene grandes celos porque su marido sólo piensa y sueña con Chávez?
2. Sin embargo, como se ha dicho, el presidente neoliberal cuando ataca a Chávez es porque no deja de pensar y soñar en López Obrador. Por eso le ha ordenado a su centenar de asesores y a los redactores de sus discursos que el eje de sus trabajos siempre deben confluir en la defensa del mercado y la privatización frente al nacionalismo y el populismo y que cualquier investigación o documento deberá tener ese objetivo porque es la línea de gobierno. Así que la llamada “defensa de la Constitución” y del “Estado de derecho” no es otra cosa que la defensa de los derechos de los grandes inversionistas nacionales y extranjeros quienes –junto a los gobiernos del PAN y del PRI- mantienen una fuerte dictadura en México. ¿Qué libertades defiende el presidente de los medios de información, sino la de los grandes propietarios de capital?
3. La Constitución mexicana, sea de 1824, 1857 o 1917 es, en términos generales, un conjunto de leyes que rigen la vida del país, que lo impulsan a la consolidación de sus estructuras como nación. Sin embargo, debe reconocerse que siempre ha estado al servicio de quien más poder económico y político ha tenido. ¿Acaso no se redactaron y proclamaron esas leyes por quienes en aquellos momentos ocupaban el gobierno? En el caso de la Constitución de 1917, la Convocatoria al Constituyente hecha por Carranza en 1916 vetó a zapatistas y villistas porque mantuvieron una abierta oposición al carrancismo. Sólo llegaron al constituyente diputados carrancistas, entre éstos un ala “radical” obregonista encabezada por Mújica, Colunga, Recio, Monzón, Jara y Baca que a duras penas pudo imponer la aprobación de algunos artículos sociales.
4. Esos artículos “avanzadísimos”: el 3, 27, 123 y 130, así como los primeros nueve que hablan de los derechos individuales, se interpretan y aplican de acuerdo a los intereses de las clases dominantes. Los abogados y las instituciones de justicia -siempre encuadrados para servir a los poderosos, sean del gobierno o empresarios- se valen de maniobras sin fin para servir a los clientes que les pagan. Por ese motivo cualquier asunto importante siempre se solucionará en beneficio de quien más fuerza política o económica tiene. Por eso el viejo Silva Herzog escribió alguna vez que siempre perdían los que no tenían un pariente o un compadre en el gobierno o en las llamadas instituciones de justicia. También por eso las cárceles mexicanas están abarrotadas de indígenas, campesinos, analfabetas y desempleados, que no tienen para pagar un abogado o para comprar a un juez.
5. En México está prohibida la esclavitud (artículo 2); la educación será gratuita, laica, obligatoria (3); el varón y la mujer son iguales (4); a ninguna persona podrá impedirse un trabajo (5); es libre la manifestación de ideas (6); es inviolable la libertad escribir y publicar (7); se respetará el ejercicio del derecho de petición (8); se respetará el derecho de reunirse y asociarse (9); la tierras y las aguas pertenecen a la nación, pero con derecho de trasmitirla a los particulares (27); toda persona tiene derecho al trabajo, los salarios mínimos deben ser suficientes; se reconoce el derecho de huelga (123); el culto religioso debe obedecer las leyes. Sólo hay que preguntase: ¿Quién decide qué es esclavitud, gratuidad, igualdad, trabajo legal, que tipo de ideas, qué libertad, etcétera, etcétera? Todo se define por la fuerza, por la interpretación, por el poder.
6. Cuando el Papa reaccionario negoció con los empresarios y el presidente Salinas en 1991, se ordenó la revisión del artículo130 para abrir totalmente las puertas al clero. Desde que se impuso el neoliberalismo y la privatización abierta en 1982 el artículo 123 ha estado siendo trastocado para imponer una reforma a la Ley del Trabajo y desaparecer la contratación colectiva, echar abajo las conquistas sindicales e imponer de manera total el contrato por horas. La liquidación de la propiedad colectiva de la tierra y los ejidos con la contra reforma agraria al artículo 27 en 1992 hizo reaparecer el gran latifundio, y con el recorte de inversión pública en educación el artículo 3 se convirtió en una burla, porque la educación privada creció en beneficio de las clases altas. ¿De qué Constitución se habló el pasado 5 de febrero sino de la de los poderosos?
7. De esa Constitución se han valido, desde siempre, la derecha política y empresarial que –teniendo a su servicio a jueces e instituciones- siempre ha controlado el poder de decisión. Los justos enunciados constitucionales sobre libertad, igualdad y solidaridad, son solo premisas que pueden interpretarse por cualquier jurisconsulto para ponerlas al servicio del poder. ¿Quién determina que una manifestación o un plantón viola o no los derechos de terceros, que un periódico independiente promueve o no ideas disolventes, que el monopolio televisivo cumple con la ley o no, que una huelga es legal o ilegal o que alguna elección es democrática o fraudulenta? Determina indiscutiblemente el poder y no hay de otra. Solo después que el poder da la línea, los abogados y las instituciones se ponen a trabajar para justificar y “fundamentar” la orden dada.
8. Lo cierto es que la Constitución mexicana es una constitución burguesa por los objetivos que buscó y logró instituir. En la revolución participó el pueblo explotado y oprimido pero fue la pequeña burguesía –que más adelante se transformó en gran burguesía- la que se quedó con el control de ella. El respeto a la propiedad privada es la esencia fundamental de la Carta Magna. Esta, según se repite, es inviolable y quien atente contra ella recibirá todo el peso de la ley. Otra cosa hubiera sido la Constitución si los campesinos y las clases populares hubieran derrotado al Porfiriato y a la burguesía, pero otra cosa sería si un pueblo armado y con un alto nivel de conciencia colectiva obligara a los gobernantes a cumplir. Otra cosa es discutir si estaban dadas las condiciones subjetivas nacionales e internacionales para ello.
9. Mientras tanto el presidente Calderón, que está entregando México a los banqueros extranjeros, sigue soñando con Chávez. Muere de coraje porque e l salario mínimo en Venezuela –según Luis Hernández de La Jornada- es de 220 dólares (junto a beneficios como el de tres meses de aguinaldo), cuando hace unos años era de apenas 100. Uno de los más altos en América Latina y superior al que perciben los trabajadores mexicanos: 137 dólares; además escribe que Venezuela ha sido el país sudamericano con mayor crecimiento económico en los últimos tres años, casi el doble del promedio de la región.
Quizá habría que decirle a Calderón que el camino que escogió para consolidar su gobierno se parece más al Plan Colombia que a la Constitución que dice defender. Lo que en México necesitamos es otra Constitución, pero al servicio de los oprimidos.
1. Se conmemoró el 90 aniversario de la Constitución mexicana. El presidente de los empresarios, Felipe Calderón, desde un Palacio Nacional cercado con vallas metálicas en la plancha de la Plaza de la Constitución y en diversas calles del Centro Histórico, declaró que ''Nunca más una dictadura fundada en la fuerza o atributos individuales del dictador, que desafía el orden constitucional invocando falsamente al pueblo y a su voluntad''. Los líderes panistas, entre ellos Calderón, han mantenido mucho aprecio por el dictador Porfirio Díaz –derrocado por la Revolución en 1911- porque sirvió siempre a los empresarios, a la Iglesia y a los hacendados. Pero seguramente al hablar de “atributos personales” no pensaba en Díaz sino en Hugo Chávez. ¿Sabían que la esposa de Calderón tiene grandes celos porque su marido sólo piensa y sueña con Chávez?
2. Sin embargo, como se ha dicho, el presidente neoliberal cuando ataca a Chávez es porque no deja de pensar y soñar en López Obrador. Por eso le ha ordenado a su centenar de asesores y a los redactores de sus discursos que el eje de sus trabajos siempre deben confluir en la defensa del mercado y la privatización frente al nacionalismo y el populismo y que cualquier investigación o documento deberá tener ese objetivo porque es la línea de gobierno. Así que la llamada “defensa de la Constitución” y del “Estado de derecho” no es otra cosa que la defensa de los derechos de los grandes inversionistas nacionales y extranjeros quienes –junto a los gobiernos del PAN y del PRI- mantienen una fuerte dictadura en México. ¿Qué libertades defiende el presidente de los medios de información, sino la de los grandes propietarios de capital?
3. La Constitución mexicana, sea de 1824, 1857 o 1917 es, en términos generales, un conjunto de leyes que rigen la vida del país, que lo impulsan a la consolidación de sus estructuras como nación. Sin embargo, debe reconocerse que siempre ha estado al servicio de quien más poder económico y político ha tenido. ¿Acaso no se redactaron y proclamaron esas leyes por quienes en aquellos momentos ocupaban el gobierno? En el caso de la Constitución de 1917, la Convocatoria al Constituyente hecha por Carranza en 1916 vetó a zapatistas y villistas porque mantuvieron una abierta oposición al carrancismo. Sólo llegaron al constituyente diputados carrancistas, entre éstos un ala “radical” obregonista encabezada por Mújica, Colunga, Recio, Monzón, Jara y Baca que a duras penas pudo imponer la aprobación de algunos artículos sociales.
4. Esos artículos “avanzadísimos”: el 3, 27, 123 y 130, así como los primeros nueve que hablan de los derechos individuales, se interpretan y aplican de acuerdo a los intereses de las clases dominantes. Los abogados y las instituciones de justicia -siempre encuadrados para servir a los poderosos, sean del gobierno o empresarios- se valen de maniobras sin fin para servir a los clientes que les pagan. Por ese motivo cualquier asunto importante siempre se solucionará en beneficio de quien más fuerza política o económica tiene. Por eso el viejo Silva Herzog escribió alguna vez que siempre perdían los que no tenían un pariente o un compadre en el gobierno o en las llamadas instituciones de justicia. También por eso las cárceles mexicanas están abarrotadas de indígenas, campesinos, analfabetas y desempleados, que no tienen para pagar un abogado o para comprar a un juez.
5. En México está prohibida la esclavitud (artículo 2); la educación será gratuita, laica, obligatoria (3); el varón y la mujer son iguales (4); a ninguna persona podrá impedirse un trabajo (5); es libre la manifestación de ideas (6); es inviolable la libertad escribir y publicar (7); se respetará el ejercicio del derecho de petición (8); se respetará el derecho de reunirse y asociarse (9); la tierras y las aguas pertenecen a la nación, pero con derecho de trasmitirla a los particulares (27); toda persona tiene derecho al trabajo, los salarios mínimos deben ser suficientes; se reconoce el derecho de huelga (123); el culto religioso debe obedecer las leyes. Sólo hay que preguntase: ¿Quién decide qué es esclavitud, gratuidad, igualdad, trabajo legal, que tipo de ideas, qué libertad, etcétera, etcétera? Todo se define por la fuerza, por la interpretación, por el poder.
6. Cuando el Papa reaccionario negoció con los empresarios y el presidente Salinas en 1991, se ordenó la revisión del artículo130 para abrir totalmente las puertas al clero. Desde que se impuso el neoliberalismo y la privatización abierta en 1982 el artículo 123 ha estado siendo trastocado para imponer una reforma a la Ley del Trabajo y desaparecer la contratación colectiva, echar abajo las conquistas sindicales e imponer de manera total el contrato por horas. La liquidación de la propiedad colectiva de la tierra y los ejidos con la contra reforma agraria al artículo 27 en 1992 hizo reaparecer el gran latifundio, y con el recorte de inversión pública en educación el artículo 3 se convirtió en una burla, porque la educación privada creció en beneficio de las clases altas. ¿De qué Constitución se habló el pasado 5 de febrero sino de la de los poderosos?
7. De esa Constitución se han valido, desde siempre, la derecha política y empresarial que –teniendo a su servicio a jueces e instituciones- siempre ha controlado el poder de decisión. Los justos enunciados constitucionales sobre libertad, igualdad y solidaridad, son solo premisas que pueden interpretarse por cualquier jurisconsulto para ponerlas al servicio del poder. ¿Quién determina que una manifestación o un plantón viola o no los derechos de terceros, que un periódico independiente promueve o no ideas disolventes, que el monopolio televisivo cumple con la ley o no, que una huelga es legal o ilegal o que alguna elección es democrática o fraudulenta? Determina indiscutiblemente el poder y no hay de otra. Solo después que el poder da la línea, los abogados y las instituciones se ponen a trabajar para justificar y “fundamentar” la orden dada.
8. Lo cierto es que la Constitución mexicana es una constitución burguesa por los objetivos que buscó y logró instituir. En la revolución participó el pueblo explotado y oprimido pero fue la pequeña burguesía –que más adelante se transformó en gran burguesía- la que se quedó con el control de ella. El respeto a la propiedad privada es la esencia fundamental de la Carta Magna. Esta, según se repite, es inviolable y quien atente contra ella recibirá todo el peso de la ley. Otra cosa hubiera sido la Constitución si los campesinos y las clases populares hubieran derrotado al Porfiriato y a la burguesía, pero otra cosa sería si un pueblo armado y con un alto nivel de conciencia colectiva obligara a los gobernantes a cumplir. Otra cosa es discutir si estaban dadas las condiciones subjetivas nacionales e internacionales para ello.
9. Mientras tanto el presidente Calderón, que está entregando México a los banqueros extranjeros, sigue soñando con Chávez. Muere de coraje porque e l salario mínimo en Venezuela –según Luis Hernández de La Jornada- es de 220 dólares (junto a beneficios como el de tres meses de aguinaldo), cuando hace unos años era de apenas 100. Uno de los más altos en América Latina y superior al que perciben los trabajadores mexicanos: 137 dólares; además escribe que Venezuela ha sido el país sudamericano con mayor crecimiento económico en los últimos tres años, casi el doble del promedio de la región.
Quizá habría que decirle a Calderón que el camino que escogió para consolidar su gobierno se parece más al Plan Colombia que a la Constitución que dice defender. Lo que en México necesitamos es otra Constitución, pero al servicio de los oprimidos.
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