Proceso
(apro).- El Senado de la República aprobó en comisiones dos temas que, en diferentes momentos y circunstancias, han provocado controversia en el país.
El primero punto está relacionado con la regulación de los sueldos de los servidores públicos, lo que conlleva la cancelación de las pensiones a los expresidentes y, el segundo, con la despenalización de los delitos de injurias, difamación y calumnias.
Ambos casos serán llevados al pleno en los próximos días para su discusión y, en su caso, aprobación.
El proyecto relacionado con los sueldos de los servidores públicos, que no deberán ganar más que el presidente de la República, fue avalado por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales. Este incluye un apartado que elimina la entrega de pensiones a los expresidentes.
Esta iniciativa, que prevé la modificación de seis artículos de la Constitución, tiene como objetivo primario establecer un tope máximo a los salarios de los funcionarios públicos, a fin de evitar que ganen más que el titular del Ejecutivo.
Sin embargo, como consecuencia de las limitaciones establecidas en la reforma, las pensiones que se entregan a los expresidentes ya no podrán ser pagadas por el Estado.
El promotor de la reforma, el perredista Pablo Gómez, aseguró que, una vez aprobados los cambios, no se entregará ninguna pensión que carezca de base en una ley o en un decreto emitido por el Congreso.
Aseguró que las remuneraciones que se otorgan a los expresidentes no tienen sustento legal y sólo son parte del presupuesto designado por Los Pinos.
"Aquellas pensiones o jubilaciones que hayan sido indebidamente concedidas, no serán pagadas, lo que incluye a las pensiones ilegales de los expresidentes.
"Pero no sólo de ellos, sino también las pensiones que no tengan base legal y que se paguen a directivos de organismos descentralizados y llamados autónomos, que indebidamente cobran una jubilación o pensión", dijo.
Bandera del “Peje”
Cabe señalar que el exaspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de su campaña, insistió en la ausencia de base legal para que los expresidentes gozaran de cuantiosas pensiones y se rodearan de numerosos escoltas, todo a cargo del erario.
El dictamen, que contiene las propuestas enviadas por el presidente Felipe Calderón y el senador Pablo Gómez, prohíbe también que los funcionarios públicos ganen más que titular del Ejecutivo federal, cuyos ingresos mensuales ascienden a 152 mil 467.17 pesos.
Una vez aprobada la reforma, que también tendrá que votarse en San Lázaro, los Congresos locales contarán con 180 días para homologar las disposiciones en la materia.
El segundo punto aprobado, en comisiones, fue la despenalización de los delitos de injurias, difamación y calumnias.
En dicha iniciativa se establece que serán los jueces de lo civil quienes resuelvan "si las personas, periodistas y comunicadores actúan dentro o fuera de la ley al difundir su información u opiniones, y se deja abierta la posibilidad de que se demande la reparación del daño causado a terceros en la vía civil".
Esto, apunta, "será un contrapeso para que las opiniones de personas y medios de comunicación se apeguen a lo que marca la Constitución, que garantiza la libertad de expresión y pone como límites el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública".
Además, la reparación del daño moral incluye "la obligación de la rectificación o respuesta de la información difundida en el mismo medio donde fue publicada, con el mismo espacio y la misma circulación y audiencia".
Los integrantes de las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativo indicaron que los excesos en el ejercicio de la libertad de expresión serán castigados con la imposición de una sanción económica, y no de prisión, como se establece actualmente.
Señalaron que "en la actualidad las víctimas de dichos delitos no acuden a levantar las actas respectivas, pues no les convence que a los responsables se les imponga una pena de prisión o inclusive multa.
“Quienes ven lesionada su personalidad en cuanto a su honor o decoro, verían con mayor interés que el sujeto activo del delito les haga la reparación del daño de tipo económico", dice el dictamen.
En caso de que el pleno las apruebe, quedarán derogados 14 artículos del Código Penal Federal y tres del Código Civil Federal.
Comentario: Bendito sea el populismo ¿no prianistas?, me cae que era más sencillo dejar ganar al Peje si van a hacer lo que él quiere hacer. Pero bueno, se ve que más que hacer lo que haría el Peje lo que hacen es torcer sus propuestas... que ridiculo.
(apro).- El Senado de la República aprobó en comisiones dos temas que, en diferentes momentos y circunstancias, han provocado controversia en el país.
El primero punto está relacionado con la regulación de los sueldos de los servidores públicos, lo que conlleva la cancelación de las pensiones a los expresidentes y, el segundo, con la despenalización de los delitos de injurias, difamación y calumnias.
Ambos casos serán llevados al pleno en los próximos días para su discusión y, en su caso, aprobación.
El proyecto relacionado con los sueldos de los servidores públicos, que no deberán ganar más que el presidente de la República, fue avalado por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales. Este incluye un apartado que elimina la entrega de pensiones a los expresidentes.
Esta iniciativa, que prevé la modificación de seis artículos de la Constitución, tiene como objetivo primario establecer un tope máximo a los salarios de los funcionarios públicos, a fin de evitar que ganen más que el titular del Ejecutivo.
Sin embargo, como consecuencia de las limitaciones establecidas en la reforma, las pensiones que se entregan a los expresidentes ya no podrán ser pagadas por el Estado.
El promotor de la reforma, el perredista Pablo Gómez, aseguró que, una vez aprobados los cambios, no se entregará ninguna pensión que carezca de base en una ley o en un decreto emitido por el Congreso.
Aseguró que las remuneraciones que se otorgan a los expresidentes no tienen sustento legal y sólo son parte del presupuesto designado por Los Pinos.
"Aquellas pensiones o jubilaciones que hayan sido indebidamente concedidas, no serán pagadas, lo que incluye a las pensiones ilegales de los expresidentes.
"Pero no sólo de ellos, sino también las pensiones que no tengan base legal y que se paguen a directivos de organismos descentralizados y llamados autónomos, que indebidamente cobran una jubilación o pensión", dijo.
Bandera del “Peje”
Cabe señalar que el exaspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de su campaña, insistió en la ausencia de base legal para que los expresidentes gozaran de cuantiosas pensiones y se rodearan de numerosos escoltas, todo a cargo del erario.
El dictamen, que contiene las propuestas enviadas por el presidente Felipe Calderón y el senador Pablo Gómez, prohíbe también que los funcionarios públicos ganen más que titular del Ejecutivo federal, cuyos ingresos mensuales ascienden a 152 mil 467.17 pesos.
Una vez aprobada la reforma, que también tendrá que votarse en San Lázaro, los Congresos locales contarán con 180 días para homologar las disposiciones en la materia.
El segundo punto aprobado, en comisiones, fue la despenalización de los delitos de injurias, difamación y calumnias.
En dicha iniciativa se establece que serán los jueces de lo civil quienes resuelvan "si las personas, periodistas y comunicadores actúan dentro o fuera de la ley al difundir su información u opiniones, y se deja abierta la posibilidad de que se demande la reparación del daño causado a terceros en la vía civil".
Esto, apunta, "será un contrapeso para que las opiniones de personas y medios de comunicación se apeguen a lo que marca la Constitución, que garantiza la libertad de expresión y pone como límites el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública".
Además, la reparación del daño moral incluye "la obligación de la rectificación o respuesta de la información difundida en el mismo medio donde fue publicada, con el mismo espacio y la misma circulación y audiencia".
Los integrantes de las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativo indicaron que los excesos en el ejercicio de la libertad de expresión serán castigados con la imposición de una sanción económica, y no de prisión, como se establece actualmente.
Señalaron que "en la actualidad las víctimas de dichos delitos no acuden a levantar las actas respectivas, pues no les convence que a los responsables se les imponga una pena de prisión o inclusive multa.
“Quienes ven lesionada su personalidad en cuanto a su honor o decoro, verían con mayor interés que el sujeto activo del delito les haga la reparación del daño de tipo económico", dice el dictamen.
En caso de que el pleno las apruebe, quedarán derogados 14 artículos del Código Penal Federal y tres del Código Civil Federal.
Comentario: Bendito sea el populismo ¿no prianistas?, me cae que era más sencillo dejar ganar al Peje si van a hacer lo que él quiere hacer. Pero bueno, se ve que más que hacer lo que haría el Peje lo que hacen es torcer sus propuestas... que ridiculo.
