El artículo 69 de nuestra Constitución Política establece que: "a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país" y, tal y como viene sucediendo desde hace varios años, a tan sólo unos pocos días de que llegue ese plazo fatal, los legisladores han iniciado la batalla por dirimir al formato que debería tener el llamado informe presidencial.
Como si la Constitución Política no existiera, los diputados buscan "consensuar" un formato que satisfaga a todos los grupos políticos. Así, se están discutiendo propuestas que incluyen desde el viejo y caduco formato que apoyaron los regímenes priístas y que terminaba siendo el "día del presidente con todo y el besamanos", hasta la hecha por el propio Calderón, quien con tal de legitimarse ha ofrecido entrar a un debate con los propios legisladores.
De esa manera lo único que está claro es que todas estas propuestas tienen dos cosas en común; la primera, que ninguna de ellas se apega al mandato constitucional y, la segunda, que ninguna de ellas busca que el llamado informe presidencial responda a la gente lo que verdaderamente quiere saber.
Los ciudadanos ya conocen cuál es el estado que guarda la administración pública del país, por ejemplo; los campesinos conocen muy bien los estragos que les ha causado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es más, predicen, con mucha razón, que de seguir así, el campo se va a acabar. Las amas de casa se han dado cuenta cómo se han incrementado los precios de los alimentos que se consumen diariamente y cómo cada día el dinero les alcanza menos.
Por su parte, los pequeños y medianos empresarios se han dado cuenta de la existencia de monopolios que les impiden crecer y ser competitivos, los asalariados han visto que gracias a los paraísos fiscales que existen en el país, las grandes empresas pagan menos impuestos que muchos de ellos.
Los estudiantes ya saben que mientras que las universidades públicas no tienen suficientes espacios para que ellos puedan cursar una carrera, los banqueros cobran a través del IPAB miles de millones de pesos provenientes del gobierno, gracias al Fobaproa.
Los desempleados ya saben que el autollamado "presidente del empleo" presentó una reforma fiscal que va a provocar que exista más desempleo y los obreros también saben que con la reforma fiscal pagarán más impuestos y la gasolina costará más, y conocen muy bien que el secretario de Hacienda cobra un salario mensual cien veces mayor al que ellos cobran.
Los trabajadores y pensionados del IMSS se han dado cuenta que sus pensiones no les alcanzan y que, contrario a lo que hace 10 años les dijeron, la reforma del IMSS de nada ha servido. Por su parte, los trabajadores del ISSSTE ya saben perfectamente que Elba Esther Gordillo y Joel Ayala se vendieron y que la reforma del ISSSTE no servirá y los empobrecerá más.
Los industriales ya saben que el gobierno no invierte en infraestructura productiva porque su gasto superfluo sigue creciendo a tasas insostenibles y, mientras tanto, Pemex no puede incrementar su producción, exploración y refinación de energéticos y petroquímicos, porque tiene que darle todos sus ingresos al gobierno, ya que las grandes empresas no pagan impuestos.
Por ello, los ciudadanos quieren saber qué se ha hecho verdaderamente para resolver estas tremendas inequidades que ya son más bien injusticias, qué se ha hecho contra los monopolios y paraísos fiscales, contra los efectos negativos del TLC, contra el desempleo, contra la carestía de la vida, contra las pensiones de los ex presidentes, contra los grandes desfalcos a la nación, contra las comisiones que cobran las Afore y los bancos, contra los que abusan de los deudores.
La sociedad quiere saber por qué se reconcesionan a privados las carreteras que tanto nos costó rescatar y que muchas de ellas ahora son rentables.
La gente quiere saber por qué razón, Calderón ha mantenido las políticas económicas que han hundido a la nación en la desigualdad y la pobreza, en el atraso productivo y competitivo, en el dogmatismo neoliberal, "qué ha hecho que rebase a la derecha, por la derecha".
Finalmente, lo que quiere Calderón es un debate a "modo" con diputados para ganar la legitimidad que perdió el 2 de julio de 2006.
Sin embargo, sus asesores y él vuelven a estar equivocados, ya que unos cuantos diputados no pueden subsanar lo que piensan y viven día tras día millones de mexicanos.
*Secretario de la hacienda pública del "gobierno legítimo"
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