20 COMPROMISOS BÁSICOS DEL GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO
1. Impulsaremos un proceso para la renovación de las instituciones públicas. Junto con la comisión creada para este fin por la Convención Nacional Democrática, llamaremos a un debate nacional y promoveremos un plebiscito para la elaboración de un nuevo marco constitucional.
2. Defenderemos el derecho a la información y demandaremos la apertura de los medios de comunicación a todas las expresiones de la sociedad.
De manera particular, estaremos atentos a la decisión que tome la Suprema Corte ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por un grupo de senadores contra la llamada Ley Televisa.
Pero como no confiamos en el recto proceder de la mayoría de los ministros, de todas maneras presentaremos, en su momento, una iniciativa de reforma que garantice la pluralidad y haga posible la democratización de los medios de comunicación.
3. Atenderemos el grave problema migratorio insistiendo en el cambio de la política económica para la generación de empleos en nuestro país. Nos opondremos a la construcción del muro fronterizo y protegeremos del maltrato, la discriminación y la violación de los derechos humanos a los mexicanos que se han visto obligados a ir a trabajar a los Estados Unidos.
4. Denunciaremos permanentemente cualquier injusticia y vigilaremos la actuación de ministerios públicos, jueces, magistrados y ministros que sólo se dedican a "legalizar" los despojos que comete el fuerte frente al débil y a garantizar impunidad para delincuentes de cuello blanco.
Reafirmamos que sin justicia no es posible que haya seguridad pública ni tranquilidad ni paz social. También decimos que no se puede enfrentar al crimen organizado si no se aplica la ley por parejo y sólo se castiga a una banda para proteger a otra.
Reiteramos que no permitiremos la utilización del Ejército o de las policías paramilitares para reprimir la inconformidad del pueblo que lucha por la justicia y la libertad.
5. Enviaremos a los legisladores del Frente Amplio Progresista una iniciativa de ley para elevar a rango constitucional el combate a la corrupción y hacer valer la austeridad republicana.
Es indispensable considerar como delitos graves el tráfico de influencias, el conflicto de intereses, el nepotismo y el hacer negocios al amparo del poder público. También debe definirse un límite a los sueldos y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los tres poderes de la Unión y de todos los niveles de gobierno. Es inaceptable que un ministro de la Corte esté recibiendo alrededor de 500 mil pesos mensuales, por sólo poner un ejemplo.
Así mismo, se propondrá la cancelación de las pensiones a los ex presidentes. Nunca más un gobierno rico con pueblo pobre.
6. No permitiremos que se cobren más impuestos a los pobres y a las clases medias, y se mantengan los privilegios fiscales a los potentados e influyentes. En consecuencia, rechazamos el cobro del IVA en medicinas y alimentos, y cualquier otra reforma fiscal regresiva.
Por el contrario, promoveremos ante el Congreso de la Unión que se lleve a cabo una auditoría a la Secretaría de Hacienda, en particular al SAT, porque los privilegiados de México sencillamente no pagan impuestos o cuando los pagan se los devuelven.
7. Se enviará a los diputados del Frente Amplio Progresista un Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2007 que reoriente el gasto público a la educación, la salud, la creación de empleos y el bienestar de la población.
Recordemos que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto público y que mucho pueden hacer nuestros legisladores para reducir el dispendio, el gasto corriente, el pago de intereses por el Fobaproa y garantizar mayores recursos al campo, a las universidades públicas y a estados y municipios.
8. Por la importancia que tiene enfrentar a los monopolios económicos vinculados al poder, que lesionan impunemente la economía popular y de las clases medias, presentaremos a los senadores del Frente Amplio Progresista una iniciativa de Ley de Precios Competitivos que reglamente el artículo 28 de la Constitución y acabe con los exagerados cobros de bienes y servicios en nuestro país.
Es inaceptable que los mexicanos paguemos por el cemento gris 223 por ciento más que los estadounidenses; 260 por ciento más por el Internet Banda Ancha; 312 por ciento más por teléfono celular; 65 por ciento mas por teléfono de línea fija; 230 por ciento más por llamadas de larga distancia nacional; 116 por ciento más por electricidad residencial de alto consumo; 131 por ciento más por electricidad comercial; 36 por ciento más por electricidad de alta tensión; 5 por ciento más por la gasolina Magna; 18 por ciento más por la gasolina Premium; 178 por ciento más por la tarjeta Banamex clásica; 115 por ciento más por tarjeta Bancomer Visa; 116 por ciento más por Cablevisión básico; 150 por ciento más por crédito a la vivienda; y 3 mil 600 por ciento más por comisiones bancarias a compras con tarjeta en almacenes.
Y todo ello, a pesar de que el salario mínimo en México es 90 por ciento menor que en Estados Unidos. No podemos permitir que esto siga ocurriendo.
De aprobarse esta Ley de Precios Competitivos, millones de consumidores mexicanos obtendrían ahorros equivalentes a más del 10 por ciento de sus ingresos.
9. Crearemos la Comisión de la Verdad para investigar el fraude del Fobaproa, los rescates a carreteras, a la banca de desarrollo y a los ingenios azucareros; así mismo, revisaremos todos los contratos de créditos y la construcción de obras realizadas mediante los llamados PIDIREGAS en la Comisión Federal de Electricidad y PEMEX.
10. Protegeremos a los productores nacionales ante la apertura comercial indiscriminada y sin límites. Particularmente, se impulsará un plan de acción para impedir que en 2008 se aplique la cláusula del Tratado de Libre Comercio que permite la libre importación de maíz y frijol, lo cual significaría un golpe definitivo a 4 millones de familias campesinas.
11. Defenderemos el derecho constitucional a un salario justo. Hoy en día, de 42 millones de mexicanos en edad de trabajar, 16 millones obtienen menos de 30 pesos diarios. Actualmente diversas organizaciones sociales, sindicales y académicas han iniciado una campaña en defensa del salario mínimo constitucional, que originalmente fue concebido como un instrumento para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de las familias de los trabajadores. Anunciamos nuestro apoyo a esta campaña a favor de la remuneración justa y digna a todos los trabajadores del campo y la ciudad.
12. Lucharemos por que los trabajadores del sector informal de la economía, los jornaleros agrícolas, las trabajadoras domésticas, los comerciantes ambulantes, entre otros, gocen de protección legal y tengan derecho a la seguridad social.
13. Defenderemos la autonomía sindical y promoveremos la democratización de los sindicatos. De manera particular, lucharemos por que se respete el derecho al voto libre y secreto en la elección de dirigentes sindicales.
14. No permitiremos la privatización de la industria eléctrica ni del petróleo en ninguna de sus modalidades. El petróleo no es del Estado y mucho menos del gobierno, es de la Nación. Y la patria no se vende, se defiende.
15. Defenderemos el patrimonio nacional. Es decir, los recursos naturales, las zonas arqueológicas, los ecosistemas, los bosques, las aguas y la cultura.
En estos momentos, en la Cámara de Diputados se discute una iniciativa de reformas a la Constitución que incorpora a los estados y municipios en el manejo y la administración del patrimonio histórico de México. Pero lo cierto es que con ello se pretende eliminar la responsabilidad federal y facilitar la privatización de las zonas arqueológicas y las reservas naturales.
El Gobierno Legítimo no aceptará esa contrarreforma y se sumará a las acciones emprendidas por ciudadanos y organismos civiles para proteger el patrimonio de la Nación.
16.Promoveremos ante el Congreso de la Unión que se establezca en la Constitución el Estado de Bienestar, que consiste en dar protección y una vida digna a todos los mexicanos desde la cuna hasta la tumba.
Insistiremos en que debe otorgarse, como sucede en el Distrito Federal, una pensión universal alimenticia a todos los adultos mayores del país, apoyos a todas las personas con alguna discapacidad y becas a madres solteras para que sus hijos no abandonen la escuela.
17. Se impulsará el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar que garantizan los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de los pueblos indígenas.
18. Vamos a luchar para impedir que sean rechazados los jóvenes que desean ingresar a las universidades públicas. Nunca aceptaremos que la derecha ponga la educación en el mercado como si fuese una mercancía que solo puedan adquirir quienes tienen recursos económicos. La educación no se puede convertir en un privilegio. La educación y la cultura son fundamentales para el desarrollo del país. El Estado está obligado a garantizar el acceso a la cultura y a la educación gratuita y de calidad en todos los niveles escolares.
19. Haremos valer el derecho de los mexicanos a la salud. Hoy día, más de la mitad de la población no cuentan con seguridad social. El derecho a la protección de la salud no está garantizado sea porque no se tiene el dinero para pagar la atención médica y los medicamentos o porque no hay servicios donde vive la gente.
El llamado Seguro Popular es pura demagogia, porque ni es seguro ni es popular. En los centros de salud no hay medicinas, sólo entregan la receta y cobran el 6 por ciento del ingreso familiar para la afiliación.
El Gobierno Legítimo luchará por garantizar Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos a todos los mexicanos carentes de seguridad social.
Pugnaremos por incrementar la inversión para la construcción de hospitales y centros de salud, para destinar más recursos al abasto de medicinas e insumos médicos y contratar los médicos y enfermeras necesarios para brindar los servicios de salud. De la misma manera, buscaremos que el IMSS y el ISSSTE dispongan de los recursos suficientes para revertir su deterioro.
20. Ayudaremos en todo lo que podamos a millones de mexicanos que viven en colonias populares, barrios, pueblos y comunidades rurales sin servicios públicos y en viviendas precarias. Buscaremos alternativas para la introducción de agua, luz, drenaje, pavimento e insistiremos en el derecho de la gente humilde a recibir créditos de vivienda con tasas de interés equivalentes al incremento anual del salario mínimo.
