Orlando Delgado Selley
El 2007 ha empezado con complicaciones. El precio del petróleo se ha venido reduciendo, lo cual podría impactar las finanzas públicas, al tiempo que el aumento al precio de la tortilla está afectando a un grupo considerable de la población. La respuesta gubernamental a un comportamiento inesperado de estos mercados ha sido la esperada: ha utilizado la reducción del precio del crudo para insistir en la necesidad de aprobar su propuesta de reforma fiscal, mientras que por el lado de la tortilla ha planteado la posibilidad de abrir la frontera para importar maíz, pero en unos meses, aceptando que lo que pierdan los asalariados es cosa del mercado, no del Estado. Una nueva versión del "¿yo por qué?"
Con precios del crudo menos elevados se evidenciará la fragilidad de las finanzas públicas. El discurso foxista, mantenido por Calderón, estableció que su administración cumplió con la responsabilidad de que el déficit fiscal se redujese hasta llegar a una situación de equilibrio presupuestal. Esto se festinó como uno de los mayores logros de ese gobierno. Lo cierto, sin embargo, es que la captación tributaria se contrajo como proporción del PIB abriendo la posibilidad de que se generasen dificultades importantes. Sin embargo, los ingresos petroleros extraordinarios permitieron compensar la caída en los ingresos tributarios.
En 2000 todos los impuestos significaban 10.6 por ciento del PIB, lo que ya era una proporción baja en relación con la prevaleciente en los países de la OCDE, que para 2005 cayeron a 9.7 puntos del producto y se espera que en 2006 hayan sido de 9.5. En realidad los ingresos petroleros no sólo compensaron esta caída, sino que su importancia en las finanzas públicas se incrementó sustancialmente al pasar de 7.2 puntos del PIB en 2000 a 8.7 en 2005 y cerrar 2006 con casi nueve puntos del PIB. De modo que la responsabilidad fiscal no fue sino resultado del comportamiento de un mercado con determinantes alejados de nuestro propio desempeño.
Además resulta que ese incremento de ingresos en divisas se destinó a financiar el gasto corriente de un gobierno que aumentó el sueldo de los altos funcionarios a niveles superiores a los existentes no solamente en los gobiernos con economías similares a la nuestra, sino con los de países del primer mundo. En cambio, los trabajadores de México siguen recibiendo salarios absolutamente insuficientes y que se comparan desfavorablemente con los que prevalecen en todos los países del G-7 y también con los de Brasil. Corea, Singapur y España.
Para los asalariados el incremento en el precio de un bien de consumo básico, como la tortilla, les provoca reducciones en el gasto destinado a los otros productos, de modo que hay una reducción inmediata en su nivel de vida. Si a esto se agrega el aumento del precio de la leche Liconsa, ocurrida en noviembre pasado, tenemos que el sexenio ha comenzado con pérdidas que castigan los niveles de consumo familiar.
Al gobierno le interesa el impacto de este incremento en el índice de precios al consumidor y al banco central le preocupa la eficacia de la política monetaria. No parece razonable que el Banco de México se planteara apretar la política monetaria para alinear el precio de la tortilla, salvo que este incremento provocase otros aumentos y se convirtiese en una corrida especulativa. Pero el gobierno tiene una responsabilidad fundamental: cuidar el nivel de vida de su población y el incremento en la tortilla lo afecta. De modo que tendría que actuar para corregir un mercado que está funcionando inadecuadamente.
Justamente para eso existen las políticas públicas: para corregir las fallas de mercado. No importa que éstas sean temporales. Las autoridades tendrían que reconocer su responsabilidad y actuar en consecuencia. No es posible que se reconozca que existe un problema y se implementen medidas diseñadas para condiciones normales, que corrigen la falta de maíz con dos o tres meses de rezago. Lo urgente es evitar que se siga afectando el consumo de los asalariados. Y eso es responsabilidad del gobierno.
Así las cosas, el nuevo gobierno está sometido a una prueba que no puede resolver con apariciones en la televisión ni vistiendo uniforme militar. Se requieren acciones que reduzcan la petrolización de las finanzas públicas, mejorando la captación tributaria con una reforma fiscal progresiva, al tiempo que se detiene el aumento en el precio de la tortilla. Se trata, pues, de gobernar. Ni más, ni menos.
El 2007 ha empezado con complicaciones. El precio del petróleo se ha venido reduciendo, lo cual podría impactar las finanzas públicas, al tiempo que el aumento al precio de la tortilla está afectando a un grupo considerable de la población. La respuesta gubernamental a un comportamiento inesperado de estos mercados ha sido la esperada: ha utilizado la reducción del precio del crudo para insistir en la necesidad de aprobar su propuesta de reforma fiscal, mientras que por el lado de la tortilla ha planteado la posibilidad de abrir la frontera para importar maíz, pero en unos meses, aceptando que lo que pierdan los asalariados es cosa del mercado, no del Estado. Una nueva versión del "¿yo por qué?"
Con precios del crudo menos elevados se evidenciará la fragilidad de las finanzas públicas. El discurso foxista, mantenido por Calderón, estableció que su administración cumplió con la responsabilidad de que el déficit fiscal se redujese hasta llegar a una situación de equilibrio presupuestal. Esto se festinó como uno de los mayores logros de ese gobierno. Lo cierto, sin embargo, es que la captación tributaria se contrajo como proporción del PIB abriendo la posibilidad de que se generasen dificultades importantes. Sin embargo, los ingresos petroleros extraordinarios permitieron compensar la caída en los ingresos tributarios.
En 2000 todos los impuestos significaban 10.6 por ciento del PIB, lo que ya era una proporción baja en relación con la prevaleciente en los países de la OCDE, que para 2005 cayeron a 9.7 puntos del producto y se espera que en 2006 hayan sido de 9.5. En realidad los ingresos petroleros no sólo compensaron esta caída, sino que su importancia en las finanzas públicas se incrementó sustancialmente al pasar de 7.2 puntos del PIB en 2000 a 8.7 en 2005 y cerrar 2006 con casi nueve puntos del PIB. De modo que la responsabilidad fiscal no fue sino resultado del comportamiento de un mercado con determinantes alejados de nuestro propio desempeño.
Además resulta que ese incremento de ingresos en divisas se destinó a financiar el gasto corriente de un gobierno que aumentó el sueldo de los altos funcionarios a niveles superiores a los existentes no solamente en los gobiernos con economías similares a la nuestra, sino con los de países del primer mundo. En cambio, los trabajadores de México siguen recibiendo salarios absolutamente insuficientes y que se comparan desfavorablemente con los que prevalecen en todos los países del G-7 y también con los de Brasil. Corea, Singapur y España.
Para los asalariados el incremento en el precio de un bien de consumo básico, como la tortilla, les provoca reducciones en el gasto destinado a los otros productos, de modo que hay una reducción inmediata en su nivel de vida. Si a esto se agrega el aumento del precio de la leche Liconsa, ocurrida en noviembre pasado, tenemos que el sexenio ha comenzado con pérdidas que castigan los niveles de consumo familiar.
Al gobierno le interesa el impacto de este incremento en el índice de precios al consumidor y al banco central le preocupa la eficacia de la política monetaria. No parece razonable que el Banco de México se planteara apretar la política monetaria para alinear el precio de la tortilla, salvo que este incremento provocase otros aumentos y se convirtiese en una corrida especulativa. Pero el gobierno tiene una responsabilidad fundamental: cuidar el nivel de vida de su población y el incremento en la tortilla lo afecta. De modo que tendría que actuar para corregir un mercado que está funcionando inadecuadamente.
Justamente para eso existen las políticas públicas: para corregir las fallas de mercado. No importa que éstas sean temporales. Las autoridades tendrían que reconocer su responsabilidad y actuar en consecuencia. No es posible que se reconozca que existe un problema y se implementen medidas diseñadas para condiciones normales, que corrigen la falta de maíz con dos o tres meses de rezago. Lo urgente es evitar que se siga afectando el consumo de los asalariados. Y eso es responsabilidad del gobierno.
Así las cosas, el nuevo gobierno está sometido a una prueba que no puede resolver con apariciones en la televisión ni vistiendo uniforme militar. Se requieren acciones que reduzcan la petrolización de las finanzas públicas, mejorando la captación tributaria con una reforma fiscal progresiva, al tiempo que se detiene el aumento en el precio de la tortilla. Se trata, pues, de gobernar. Ni más, ni menos.
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