(apro).- La bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentó este jueves una reforma para acotar el fuero constitucional de legisladores y funcionarios, con el fin de que el Ministerio Público pueda proceder contra quienes han cometido un delito.
Sin embargo, la iniciativa deja a salvo el fuero del presidente de la República.
Los legisladores Carlos Alberto Navarro y Antonio Valladolid Rodríguez dijeron que la intención de su propuesta consiste en poner fin a la figura de la declaratoria de procedencia.
Durante la sesión ordinaria en San Lázaro, se presentó la reforma que busca poner fin a la impunidad de funcionarios que incurren en arbitrariedad y excesos y que se amparan luego en el fuero constitucional.
“Si la autoridad ministerial estima probable la comisión de un delito por nuestra parte pueda, sin ningún requisito, ejecutar la acción penal”, detalló el diputado Carlos Navarro.
Refirió que cuando se instituyó la figura del fuero, había muchas amenazas para el Estado y pocos funcionarios con salvaguarda; “hoy sucede todo lo contrario”
Por ello, recalcó, “enviamos un mensaje de respeto al estado de derecho y a la modernización del ejercicio de la función pública, y por supuesto queremos tener el mismo temor al incumplimiento de la ley, que el que le tiene cualquier otro ciudadano en México”.
Para el caso del jefe del Ejecutivo federal no habría cambios, pero no así en el caso de senadores, diputados, secretarios de Estado y consejeros del IFE, “queremos terminar con la declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados”.
Navarro Sugich señaló que la iniciativa del blanquiazul no prevé modificaciones al fuero. “Quienes ejercemos algún cargo público, sí debemos conservarlo, porque nos sirve para que nunca nos persigan por lo que expresamos en tribuna”.
En el caso del juicio político, el diputado Antonio Valladolid explicó que se plantea que cuando alguno de los servidores públicos –enmarcados en el artículo 111 constitucional-- sea acusado de la comisión de un delito durante el tiempo de su cargo, “éste seguirá gozando de libertad hasta en tanto no exista una sentencia firme”.
Lo anterior, a fin de que declare su responsabilidad, aunque ello no será obstáculo para que pueda ser sujeto a proceso penal, es decir, quedar a disposición de la autoridad jurisdiccional.
Comentario: Como quien dice, por si en el camino al 2012 se nos ocurre desaforar a alguien, sea más sencillo y practico. Nches pandejos.
Sin embargo, la iniciativa deja a salvo el fuero del presidente de la República.
Los legisladores Carlos Alberto Navarro y Antonio Valladolid Rodríguez dijeron que la intención de su propuesta consiste en poner fin a la figura de la declaratoria de procedencia.
Durante la sesión ordinaria en San Lázaro, se presentó la reforma que busca poner fin a la impunidad de funcionarios que incurren en arbitrariedad y excesos y que se amparan luego en el fuero constitucional.
“Si la autoridad ministerial estima probable la comisión de un delito por nuestra parte pueda, sin ningún requisito, ejecutar la acción penal”, detalló el diputado Carlos Navarro.
Refirió que cuando se instituyó la figura del fuero, había muchas amenazas para el Estado y pocos funcionarios con salvaguarda; “hoy sucede todo lo contrario”
Por ello, recalcó, “enviamos un mensaje de respeto al estado de derecho y a la modernización del ejercicio de la función pública, y por supuesto queremos tener el mismo temor al incumplimiento de la ley, que el que le tiene cualquier otro ciudadano en México”.
Para el caso del jefe del Ejecutivo federal no habría cambios, pero no así en el caso de senadores, diputados, secretarios de Estado y consejeros del IFE, “queremos terminar con la declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados”.
Navarro Sugich señaló que la iniciativa del blanquiazul no prevé modificaciones al fuero. “Quienes ejercemos algún cargo público, sí debemos conservarlo, porque nos sirve para que nunca nos persigan por lo que expresamos en tribuna”.
En el caso del juicio político, el diputado Antonio Valladolid explicó que se plantea que cuando alguno de los servidores públicos –enmarcados en el artículo 111 constitucional-- sea acusado de la comisión de un delito durante el tiempo de su cargo, “éste seguirá gozando de libertad hasta en tanto no exista una sentencia firme”.
Lo anterior, a fin de que declare su responsabilidad, aunque ello no será obstáculo para que pueda ser sujeto a proceso penal, es decir, quedar a disposición de la autoridad jurisdiccional.
Comentario: Como quien dice, por si en el camino al 2012 se nos ocurre desaforar a alguien, sea más sencillo y practico. Nches pandejos.
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