carlos acosta córdova
Vaya que Francisco Gil Díaz, el exsecretario de Hacienda, tiene la piel dura. No se le da el pudor. Las críticas se las pasa por el arco del triunfo y las investigaciones en su contra lo tienen sin cuidado. No pasan todavía los efectos de su sorpresiva incorporación al gigante financiero HSBC Holdings, cuando ya se anuncia que, en breve, podría emplearse en Telefónica, la empresa española de telefonía propietaria de Movistar, para hacerse cargo de sus operaciones en México y Centroamérica.
Es más, pese a las denuncias penales, que dieron pie a la integración de averiguaciones previas, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y desacato, así como una solicitud de arraigo en su contra, Gil Díaz entra y sale del país como si nada. Eso sí, viaja con pasaporte diplomático y siempre acompañado de un abogado. No vaya a ser que en una de esas se haga realidad una de las promesas recurrentes de Felipe Calderón –la de que en su gobierno no habrá impunidad y se aplicará, cueste lo que cueste, el estado de derecho--, y pueda ser detenido.
El conflicto legal que enfrenta Gil Díaz se suma a la interminable lista de irregularidades que ha protagonizado a lo largo de su desempeño en el sector público.
Sólo por enunciar: el desvío de recursos públicos a través de ISOSA, cercano a los 10 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación, que no fueron enterados al erario. La simulación que permitió para que la venta de Banamex a Citigroup se hiciera en la Bolsa de Valores y Roberto Hernández, su exjefe, no pagara impuestos por más de 3 mil millones de dólares. La manipulación entre ministros de la Suprema Corte para evitar que bancos beneficiados ilegalmente por Fobaproa no asumieran cartera chatarra. La “generosidad” para con parientes suyos a quienes favoreció otorgándoles concesiones para operar agencias aduanales. Los oscuros contratos entre ISOSA e Hildebrando, la polémica empresa del cuñado de Felipe Calderón, mediante la cual ésta tuvo acceso a información confidencial de cientos de miles de contribuyentes.
También, la falta de transparencia en el programa Boletazo, y otros de fiscalización a través de la banca, en los que se han gastado más de 3 mil millones de pesos del erario para promover el uso de tarjetas de crédito, cuyo único saldo es hasta ahora un beneficio pecuniario y fiscal para los bancos y las televisoras –que “regalan” con recursos de la hacienda pública autos y enseres domésticos--, pero también un peligroso sobreendeudamiento de las familias mexicanas a través del plástico: la cartera vencida de los bancos en tarjetas de crédito pasó de 2 mil cien millones de pesos en el 2000, a más de 12 mil millones de pesos en 2006.
Finalmente –aunque no se agota la lista--, lo más reciente: la incorporación de Gil Díaz al Hong Kong Shangahi Bank Holdings PLC, con sede en Londres, y a cuya subsidiaria HSBC México le correspondió supervisar y vigilar como secretario de Hacienda, hecho impúdico y contrario al espíritu de la ley, y que de paso dejó al descubierto que Gil, aun siendo funcionario público de relevancia –como titular de la SHCP, presidía la Junta de Gobierno del IPAB--, era miembro del Consejo Consultivo de la empresa estadunidense JE Roberts Cos Inc, la principal accionista de Fénix Administración de Activos, la famosa empresa que le ha hecho compras multimillonarias de activos y cartera crediticia al IPAB. Fénix fue la que le vendió cientos de casas, a precio de regalo, a los hijos de Marta Sahagún.
Con todo eso en contra, ahora Gil Díaz se dispone a emplearse en Telefónica (Movistar), una empresa española de vertiginoso crecimiento y cada vez mayor presencia en el mundo.
Está bien. Gil tiene derecho, constitucionalmente, de dedicarse a lo que quiera y de emplearse donde le venga en gana. Pero ¿no habrá alguien que lo llame a rendir cuentas?
Son muchos sus pendientes con la justicia, la sociedad, la ética y la transparencia.
Tiene mucho que decir el gobierno de Felipe Calderón.
Vaya que Francisco Gil Díaz, el exsecretario de Hacienda, tiene la piel dura. No se le da el pudor. Las críticas se las pasa por el arco del triunfo y las investigaciones en su contra lo tienen sin cuidado. No pasan todavía los efectos de su sorpresiva incorporación al gigante financiero HSBC Holdings, cuando ya se anuncia que, en breve, podría emplearse en Telefónica, la empresa española de telefonía propietaria de Movistar, para hacerse cargo de sus operaciones en México y Centroamérica.
Es más, pese a las denuncias penales, que dieron pie a la integración de averiguaciones previas, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y desacato, así como una solicitud de arraigo en su contra, Gil Díaz entra y sale del país como si nada. Eso sí, viaja con pasaporte diplomático y siempre acompañado de un abogado. No vaya a ser que en una de esas se haga realidad una de las promesas recurrentes de Felipe Calderón –la de que en su gobierno no habrá impunidad y se aplicará, cueste lo que cueste, el estado de derecho--, y pueda ser detenido.
El conflicto legal que enfrenta Gil Díaz se suma a la interminable lista de irregularidades que ha protagonizado a lo largo de su desempeño en el sector público.
Sólo por enunciar: el desvío de recursos públicos a través de ISOSA, cercano a los 10 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación, que no fueron enterados al erario. La simulación que permitió para que la venta de Banamex a Citigroup se hiciera en la Bolsa de Valores y Roberto Hernández, su exjefe, no pagara impuestos por más de 3 mil millones de dólares. La manipulación entre ministros de la Suprema Corte para evitar que bancos beneficiados ilegalmente por Fobaproa no asumieran cartera chatarra. La “generosidad” para con parientes suyos a quienes favoreció otorgándoles concesiones para operar agencias aduanales. Los oscuros contratos entre ISOSA e Hildebrando, la polémica empresa del cuñado de Felipe Calderón, mediante la cual ésta tuvo acceso a información confidencial de cientos de miles de contribuyentes.
También, la falta de transparencia en el programa Boletazo, y otros de fiscalización a través de la banca, en los que se han gastado más de 3 mil millones de pesos del erario para promover el uso de tarjetas de crédito, cuyo único saldo es hasta ahora un beneficio pecuniario y fiscal para los bancos y las televisoras –que “regalan” con recursos de la hacienda pública autos y enseres domésticos--, pero también un peligroso sobreendeudamiento de las familias mexicanas a través del plástico: la cartera vencida de los bancos en tarjetas de crédito pasó de 2 mil cien millones de pesos en el 2000, a más de 12 mil millones de pesos en 2006.
Finalmente –aunque no se agota la lista--, lo más reciente: la incorporación de Gil Díaz al Hong Kong Shangahi Bank Holdings PLC, con sede en Londres, y a cuya subsidiaria HSBC México le correspondió supervisar y vigilar como secretario de Hacienda, hecho impúdico y contrario al espíritu de la ley, y que de paso dejó al descubierto que Gil, aun siendo funcionario público de relevancia –como titular de la SHCP, presidía la Junta de Gobierno del IPAB--, era miembro del Consejo Consultivo de la empresa estadunidense JE Roberts Cos Inc, la principal accionista de Fénix Administración de Activos, la famosa empresa que le ha hecho compras multimillonarias de activos y cartera crediticia al IPAB. Fénix fue la que le vendió cientos de casas, a precio de regalo, a los hijos de Marta Sahagún.
Con todo eso en contra, ahora Gil Díaz se dispone a emplearse en Telefónica (Movistar), una empresa española de vertiginoso crecimiento y cada vez mayor presencia en el mundo.
Está bien. Gil tiene derecho, constitucionalmente, de dedicarse a lo que quiera y de emplearse donde le venga en gana. Pero ¿no habrá alguien que lo llame a rendir cuentas?
Son muchos sus pendientes con la justicia, la sociedad, la ética y la transparencia.
Tiene mucho que decir el gobierno de Felipe Calderón.
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