ALERTA ROJA, ¡YANQUIS GO HOME!

La sociedad mexicana es la que se tiene que movilizar apoyando a nuestros compatriotas bajacalifornianos.
Esperar que el gobierno espurio actue es
"PEDIRLE PERAS AL OLMO" ya que este representa más a estos invasores imperialistas que al pueblo mexicano.
Dentro del gobierno légitimo uno de los aspectos que contemplan es la defensa de los recursos naturales y la soberanía nacional, coordinar los esfuerzos de organización para alcanzar esto desde cada trinchera, es el reto.


La Jornada México SA
Carlos Fernández-Vega

Foco rojo en BCS por la venta de terrenos
Lucha feroz de 40 empresas extranjeras, que rematan terrenos, vulnerando la soberanía

Greenpeace instó al gobierno de Felipe Calderón que promueva el cumplimiento de la ley y no apoye proyectos turísticos que afectan al medio ambiente, al tiempo que denunció las irregularidades en el área protegida de estero San José, en Baja California Sur, donde las construcciones están destruyendo áreas ecológicas Foto: Greenpeace/Cuartoscuro
Si las cosas siguen como hasta ahora, nada raro sería que la Federación perdiera a uno de sus estados más jóvenes (septiembre de 1974), Baja California Sur, y que lo dieran de alta en otra República para que una estrellita más brillara en su norteña bandera.
Baja California Sur está en venta, por medio de una supuesta "operación hormiga" que come terreno a favor del capital extranjero, y empuja a la población de la entidad a convertirse en simples servidores de la inversión foránea (la cultura del jardinero, promovida por Fox), y de lo anterior da cuenta un texto que desde aquellas tierras envía a México SA el colega Tulio Ortiz Uribe (tijereta@prodigy.net.mx), quien advierte sobre el creciente dominio que del mercado inmobiliario tiene en la entidad un grupo de 40 empresas extranjeras.
Con un valor superior a mil millones de dólares anuales y una tasa de crecimiento de 35 por ciento, el mercado inmobiliario de Baja California Sur está controlado por 40 empresas extranjeras, las que con base en especular con la tierra, obtener enormes ganancias (depositadas en su país de origen), crear problemas ambientales y de infraestructura urbana, alentar un explosivo problema social en la zona de Los Cabos, y vulnerar la soberanía nacional, han construido un oasis entre el desierto y el mar para aquellos que pueden pagar de 4 a 100 millones de pesos por una propiedad, o desembolsar 10 mil pesos por noche en un hotel de lujo.
En julio de 2001, el autodenominado presidente del "cambio", puso en marcha, en La Paz, el Programa Nacional de Atención a Zonas con Litorales (cuyo objetivo era regular la tenencia de la tierra de ejidatarios y pequeños propietarios, pero que en los hechos sólo sirvió para que fueran despojados legalmente de sus terrenos), no tuvo empacho en decir que uno de los propósitos de tal iniciativa era fomentar la inversión nacional y extranjera "con sentido social".
La realidad es otra: frente a ese paraíso, en cerros y barrios polvorientos aledaños a San José del Cabo y Cabo San Lucas, un ejército de meseros, camareras, cocineros, jardineros, cantineros, mozos, guardias, taxistas, prostitutas y sus familias viven en casas improvisadas de madera y lámina, con deficientes servicios de agua, luz, alcantarillado y escuelas para sus hijos, y su futuro no es nada promisorio, sobreviven con un ingreso promedio diario de 100 pesos, en una zona cada día más cara. En cambio, los puestos directivos en las empresas turísticas se reservan a personal extranjero, con salarios de miles de dólares y alojados en villas exclusivas con todas las comodidades.
Las 40 hermanas dominan y se aprovechan del mercado inmobiliario: mientras los municipios -responsables de mantener los servicios públicos- cobran 2 por ciento del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, las inmobiliarias, que sólo exigen más y mejores servicios, obtienen 10 por ciento de comisión sobre venta, lo que supone un ingreso anual de 100 millones de dólares, sólo por la intermediación. Además, alientan el "hospedaje pirata", al ofrecer casas y departamentos en renta, generalmente sin enterar de esas transacciones al fisco. Los Cabos y La Paz están entre los destinos turísticos con mayor índice de hotelería informal.
En su Análisis de los flujos turísticos en el corredor Los Cabos, BCS, Alvaro López, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, documenta que "el corredor turístico de Los Cabos es un escenario de recursos físicos y humanos utilizado y controlado en forma vertical a favor de las empresas emplazadas en el suroeste de Estados Unidos, cuyo objetivo es maximizar ganancias a través de conductos que, aunque largos, son eficientes y dejan fuera la participación regional".
No hay desarrollo regional. Baja California Sur tiene "una dinámica económica basada en el esquema prototipo de enclave turístico tercermundista que, con excepción de la mano de obra no calificada, se caracteriza por mantener ligas sólidas con las metrópolis" de donde fluyen capitales y mercancías. Se llega al extremo de que las empresas turísticas compran en Suecia y Alemania "maquinaria especializada como alarmas y chapas electrónicas y, de estos mismos países, se contratan técnicos de instalación y mantenimiento".
Los gobiernos federal, estatal y municipal mantienen una red económica prácticamente al servicio de las empresas extranjeras, que les permite agilizar sus negocios, pues las provee de infraestructura básica (aeropuertos, carreteras, puertos), servicios (agua potable, drenaje, electricidad) y promoción turística (la Secretaría de Turismo estatal, se ha convertido en "una mera corporación de publicidad"). Todo gratis.
Esto ha desatado una lucha feroz por la compra-venta de los mejores terrenos frente al mar, en una franja de litoral de más de 90 kilómetros que va de Todos Santos, sobre el Océano Pacífico, a los Barriles, en el Mar de Cortés. Lucha salpicada de fraudes, pleitos, asesinatos y despojos, como el caso de un predio de 613 hectáreas de los herederos del general Ildefonso Green Ceceña, en donde se implica como invasor al padre del senador panista Luis Coppola Joffroy (www.dangerincabo.com) o el intento de despojo contra Laura Fernández McGregor, prima del ex secretario de Gobernación Jorge Carpizo McGregor, en un predio de 400 hectáreas denominado "El Zacatón".
Baja California Sur es un foco rojo al que debe ponérsele atención, pues no sólo se trata de la venta de territorio nacional a no nacionales, prohibida por la Constitución, sino la llegada de inmigrantes extranjeros que no ha sido cuantificada por las autoridades, pero que cada día tienen mayor injerencia económica, social, política y cultural en toda la región.
Las rebanadas del pastel
Si la intención es acabar con los litorales mexicanos y regalar los terrenos, ya está: que regrese John McCharty al Fonatur