Martes 18:10
El Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) reveló ayer que entre los años 2002 a 2009 creció el número de consumidores de drogas ilícitas, de 203 mil a 361 mil; un incremento de 51%. La cifra refleja el fracaso de dos sexenios panistas en materia de prevención y atención de las adicciones.
La frase “Para que la droga no llegue a tus hijos”, tan difundida por el gobierno federal, no tiene sustento. Hace mucho que las drogas llegaron a nuestros hijos. La narcoguerra no ha servido para disminuir la oferta en las calles ni el número de consumidores. Para lo que sí ha sido efectiva es para empeorar la ola de violencia que ha cobrado la vida de diez mil personas en los últimos tres años.El gobierno federal ha descuidado las áreas de prevención y educación al lanzarse a combatir al narco sin un plan integral de largo plazo. En los siguientes puntos trataré de explicar algunos factores que influyeron en el fracaso de las iniciativas.
1. La adopción del modelo prohibicionista o de “cero tolerancia”
El esquema originado en Estados Unidos se fundamenta en definir dos usos para las drogas: Uno permitido con fines médicos y otro prohibido, sin valor medicinal. El drogadicto, por definición, es un delincuente. Los partidarios de la prohibición rechazan la idea de un individuo autónomo, capaz de responder por sus actos, porque es sometido por la adicción y su voluntad está doblegada. El Estado siente el poder de intervenir, aunque sin el consentimiento del ciudadano no lo solicite, para salvar su integridad física y de terceros. La política prohibicionista estigmatiza a los grupos marginales por medio de la criminalización de sus conductas.
2. La ausencia de una cultura de evaluación
En 2008 Felipe Calderón anunció la entrada en vigor de un programa de exámenes antidoping a estudiantes de secundaria y preparatoria. ¿Cuál fue su costo? ¿Fueron efectivos para rehabilitar a los adictos o para prevenir el consumo de drogas? ¿Con qué criterio se optó por esta medida? ¿Existían opciones menos denigrantes para los niños?
También se ha dado amplia promoción a los centros de atención “Nueva Vida” de la Secretaría de Salud, pero aún no se cuenta con estadísticas sobre la cantidad de usuarios rehabilitados y la calidad del servicio prestado.
Los tres niveles de gobierno carecen de una cultura de evaluación de resultados. Los programas siguen activos aunque no funcionen y se derrochan valiosos recursos del erario.
3. Una guerra cultural perdida
Los encargados de diseñar la propaganda antidrogas, sean del sector público o privado viven en otro planeta; están alejados de la vida diaria de millones de jóvenes que observan una contradicción entre los medios y su entorno. La gran mayoría de los anuncios y promocionales rayan en lo ridículo. Sólo basta recordar la campaña “Vive sin drogas” de TV Azteca, donde una florecita animada y sicodélica canta un rap mal hecho sobre las bondades de vivir sin adicciones. ¡El comercial estaba tan viajado que indirectamente fomentaba que los menores experimentaran con las drogas!
Y los anuncios, cuando no son exagerados o distorsionan los hechos, suelen retratar situaciones inverosímiles y simplistas. Resulta contraproducente amedrentar a niños y jóvenes con campañas de miedo. Es correcto enseñarles a “decir no”, pero también es necesario darles información cuando deciden "decir que sí".
4. Falta de transparencia
Antes de que el gobierno de Felipe Calderón se metiera en este caótico callejón sin salida, debió informar a la población sobre las metas a cumplirse para comprobar sus avances en la narcoguerra. Si bien han abundado históricos decomisos en contra de los cárteles, nunca ha quedado claro cuánta droga se produce y consume. Se detienen a cabecillas, sicarios y a miles de presuntos traficantes, pero no se revela el tamaño del ejército del enemigo, ni se ataca la estructura financiera ni el lavado de dinero. Para medir el progreso se requieren parámetros claros, no declaraciones triunfalistas.
La guerra contra las drogas está condenada al fracaso porque está inspirada en una filosofía inhumana, cortoplacista y superficial. México requiere modificar radicalmente la forma en que lucha contra el problema de las drogas y las adicciones.
¿Existe otro camino?
Una alternativa viable es la adopción de un modelo de Reducción de Daños (“Harm Reduction”). Sus objetivos inmediatos son reducir en las personas los posibles daños o riesgos asociados con el consumo de las drogas, sean legales o ilegales. A diferencia del prohibicionismo, no busca imponer la abstención como un ideal, aunque no se opone a la idea. Mientras los prohibicionistas buscan promover sus propios valores, la reducción de daños mantiene una posición neutral y no emite juicios morales. Da prioridad a las soluciones de carácter social y comunitario, no policial.
Las políticas de Reducción de Daños han sido aplicadas con excelentes resultados desde hace más de treinta años. Durante la década de los noventas Asia y Europa enfrentaron un auge en los contagios de enfermedades relacionadas con el uso de drogas inyectables. Los gobiernos se vieron obligados a emprender acciones novedosas y poco convencionales como la distribución de inyecciones limpias o la apertura de clínicas donde los consumidores puedan inyectarse de forma segura. En estas naciones se desplomaron los índices de problemas médicos relacionados con infecciones de transmisión sexual o intravenosa, sobredosis, así como delitos como el robo en hogares o asaltos en la vía pública. Estos países cuentan con leyes menos estrictas donde se dificultan la corrupción, los consumidores tienen mayor disposición a aceptar el auxilio de las instituciones y, al liberar recursos de la seguridad a la salud pública, los cambios son más notables.
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