carlos acosta córdova
México, D.F. (apro).- Resultó sorpresivo el anuncio que hizo este viernes 16 de febrero el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, en la reunión de gobernadores en Tlaxcala, en el sentido de que el gobierno calderonista prepara una iniciativa de reforma hacendaria, que será presentada al Congreso una vez que el presidente le dé el visto bueno.
Y llama la atención porque precisamente Felipe Calderón había insistido en que dejaría en manos de los legisladores la confección de una iniciativa de reforma fiscal integral; que el gobierno participaría en esa tarea pero que sería del Congreso de donde saldría la propuesta.
Sinceramente, de parte de Calderón, era una manera de decir: ‘a ver, señores, hagan su tarea’; ya el gobierno, en dos sexenios consecutivos, ha planteado la necesidad de una reforma fiscal, la ha llevado al Congreso y ahí es donde se ha frustrado. Pasó con Zedillo, pero el PAN y el PRD mostraron una férrea oposición. Pasó con Fox, y el PRI y el PRD hicieron lo mismo. Entonces, “plantéenla ustedes”.
Pero ya vimos cómo hace dos semanas, por decirlo coloquialmente, los diputados le sacaron la vuelta. Decidieron que otros temas tenían prioridad sobre la reforma fiscal y anunciaron que por el momento no habría discusión alguna sobre ello, que quizás en agosto… o antes de que termine el año.
¡Vaya que se vieron mal nuestros legisladores! Decirles irresponsables es poco. Les faltó estatura para enfrentar una urgencia nacional. Visión de Estado para encarar un problema, ciertamente complicado, pero que es necesario atender ya para salir del histórico atraso económico y resolver los ancestrales problemas de pobreza y marginación.
Como es más fácil criticar y atacar al gobierno, desdeñaron la oportunidad que se les dio de hacer de la actual una Legislatura histórica, protagónica e impulsora de un cambio igualmente histórico.
Es mejor, en su pequeñez, no cargar con los costos políticos indudables de una reforma fiscal.
En la apuesta de que pierda el poder, mejor que lo haga el gobierno panista de Calderón.
Los intereses políticos, electorales privaron sobre la responsabilidad de emprender un cambio, necesario y urgente. De ese tamaño se vieron nuestros legisladores.
Al gobierno no le quedó otra que agarrar al toro por los cuernos. Nos la va a vender como que es un gobierno responsable y a la altura de las circunstancias. Concedamos hasta cierto punto.
Pero lo cierto es que es un gobierno en extremo nervioso, en apuros. Y no es para menos: la producción petrolera está en franca declinación. Abatido Cantarell, se acabaron los tiempos de una extracción fácil, rápida y barata; los precios del crudo, en altibajos permanentes, siguen en picada, y las necesidades de gasto en el corto y mediano plazos –pensiones, pidiregas, gasto social, entre las más urgentes-- rebasan sin duda nuestra capacidad de generar ingresos suficientes.
Pero lo más vergonzoso, y que dentro y fuera del país nos lo restriegan en la cara a cada rato, es nuestra paupérrima recaudación.
Si consideramos todo lo que el fisco le sustrae a Pemex –casi 90% de sus ingresos--, aun así tenemos la recaudación, en relación al producto interno bruto, más baja entre los países de la OCDE, a la que “orgullosamente” nos metió Salinas de Gortari a fines de 1994.
Pero si excluimos los ingresos tributarios que genera el petróleo, nuestra recaudación es de las más bajas del mundo: apenas el equivalente a 12% del PIB, cuando países con mucho menor desarrollo que el nuestro andan sobre 20% y 30%; no se diga de naciones altamente desarrolladas, que superan el 50% de su PIB.
La verdad es que, como sociedad, nos hemos visto como los diputados: medrosos para tomar decisiones vitales para nuestra salud económica. Nos rasgamos las vestiduras y ponemos el grito en el cielo cuando oímos hablar de que alimentos y medicinas podrían tener IVA. Pero nos paralizamos y no hacemos nada.
En el otro extremo, igual: nada hacemos ante la férrea oposición y el intenso cabildeo de los empresarios cuando se propone quitarles los muchos privilegios que tienen, su capacidad para eludir el pago de impuestos, los regímenes tributarios especiales de que gozan como mecanismo para aligerar su carga impositiva. Los criticamos pero no tomamos decisiones.
Pero el país ya no aguanta más. O le entramos con serenidad, pero con firmeza, a la discusión del tema de la reforma fiscal, o nos lleva el tren y no saldremos de la mediocridad.
Nada más para ilustrar de qué tamaño es el problema, por lo menos en el caso del impuesto al valor agregado, sirvan estos datos, frescos, de un estudio que le hizo el ITAM a la SHCP, particularmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), brazo recaudador de Hacienda.
En principio, resulta que nuestra tasa de 15% de IVA es de las más bajas entre los países de la OCDE. De 26 naciones, sólo cuatro tienen tasas menores a 15% en sus impuestos al consumo: Japón, 5%; Suiza, 6.5%; Corea, 10% y Nueva Zelanda, 12.5%.
Otros tres países –Canadá, Turquía y Luxemburgo-- tienen una tasa de 15% igual a la de México. Pero de ahí, el resto reporta tasas que van de 16% (Alemania y España) hasta 25% (Dinamarca, Hungría y Suecia).
Eso, en relación a los países desarrollados. Pero de cara a América Latina, también nos vemos por debajo de naciones con desarrollo similar al nuestro: en Brasil, los impuestos al consumo son de 20.5%; en Argentina, 21%; Chile, 18%, y Uruguay, 23%.
Y si la tasa es un problema, lo es más el hecho de que en México los tratamientos especiales del IVA hacen que año con año el fisco pierda un dineral.
La tasa general del IVA es de 15%, pero hay tasa cero con la que están “gravados” alimentos, medicinas, libros, periódicos y revistas, agua de uso doméstico y otros productos y servicios.
También hay exención del IVA para servicios médicos, de enseñanza, transporte terrestre, espectáculos públicos y vivienda. Además, hay una tasa de 10% que aplica en toda la región fronteriza.
Y por todos esos tratamientos especiales del IVA, en 2006 el fisco dejó de percibir la nada desdeñable cifra de 187 mil millones de pesos, casi 2% del PIB. De ese total, la mayor parte, casi 69%, es decir, 128 mil 340 millones de pesos, fue por la tasa cero del IVA a alimentos, medicinas y todo lo demás.
Otros 34 mil 609.4 millones, 18.5%, por las exenciones del IVA.
Y los restantes 11 mil 815.2 millones de pesos, 6.31% del total no recaudado por tratamientos especiales del IVA, fueron por la tasa de 10% en la frontera.
A esas pérdidas (aunque los técnicos eufemísticamente denominan “gastos fiscales”) hay que sumarle los casi 300 mil millones de pesos (3.3% del PIB) que no ingresó por tratamientos especiales, deducciones, créditos fiscales, tasas diferenciadas y créditos al salario, y toda una serie de embrollos y complicaciones que hay en el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Y, por si fuera poco, debemos agregar que la evasión fiscal supera los 220 mil millones de pesos –3.9% del PIB--.
La suma de todo ello, aterradora, es superior a los 700 mil millones de pesos, que buena falta hacen para dinamizar la economía, generar más empleos y, en automático, aumentar la recaudación.
Entonces, para qué darle más vueltas. La urgencia de la reforma está a la vista. Si ésta necesariamente debe pasar por la eliminación de exenciones y todo tipo de tratamientos especiales –es decir, por el IVA a alimentos y medicinas, del que sin duda los ricos salen ampliamente beneficiados--, lo que se necesita es un análisis sereno, sin prejuicios y, sobre todo, enfatizar en los mecanismos compensatorios que necesariamente deben establecerse para resarcir a quienes salgan más lastimados.
Es grande el reto, sin duda. Pero cerrar los ojos ante el mismo no lo suprime. (16 de febrero de 2007)
México, D.F. (apro).- Resultó sorpresivo el anuncio que hizo este viernes 16 de febrero el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, en la reunión de gobernadores en Tlaxcala, en el sentido de que el gobierno calderonista prepara una iniciativa de reforma hacendaria, que será presentada al Congreso una vez que el presidente le dé el visto bueno.
Y llama la atención porque precisamente Felipe Calderón había insistido en que dejaría en manos de los legisladores la confección de una iniciativa de reforma fiscal integral; que el gobierno participaría en esa tarea pero que sería del Congreso de donde saldría la propuesta.
Sinceramente, de parte de Calderón, era una manera de decir: ‘a ver, señores, hagan su tarea’; ya el gobierno, en dos sexenios consecutivos, ha planteado la necesidad de una reforma fiscal, la ha llevado al Congreso y ahí es donde se ha frustrado. Pasó con Zedillo, pero el PAN y el PRD mostraron una férrea oposición. Pasó con Fox, y el PRI y el PRD hicieron lo mismo. Entonces, “plantéenla ustedes”.
Pero ya vimos cómo hace dos semanas, por decirlo coloquialmente, los diputados le sacaron la vuelta. Decidieron que otros temas tenían prioridad sobre la reforma fiscal y anunciaron que por el momento no habría discusión alguna sobre ello, que quizás en agosto… o antes de que termine el año.
¡Vaya que se vieron mal nuestros legisladores! Decirles irresponsables es poco. Les faltó estatura para enfrentar una urgencia nacional. Visión de Estado para encarar un problema, ciertamente complicado, pero que es necesario atender ya para salir del histórico atraso económico y resolver los ancestrales problemas de pobreza y marginación.
Como es más fácil criticar y atacar al gobierno, desdeñaron la oportunidad que se les dio de hacer de la actual una Legislatura histórica, protagónica e impulsora de un cambio igualmente histórico.
Es mejor, en su pequeñez, no cargar con los costos políticos indudables de una reforma fiscal.
En la apuesta de que pierda el poder, mejor que lo haga el gobierno panista de Calderón.
Los intereses políticos, electorales privaron sobre la responsabilidad de emprender un cambio, necesario y urgente. De ese tamaño se vieron nuestros legisladores.
Al gobierno no le quedó otra que agarrar al toro por los cuernos. Nos la va a vender como que es un gobierno responsable y a la altura de las circunstancias. Concedamos hasta cierto punto.
Pero lo cierto es que es un gobierno en extremo nervioso, en apuros. Y no es para menos: la producción petrolera está en franca declinación. Abatido Cantarell, se acabaron los tiempos de una extracción fácil, rápida y barata; los precios del crudo, en altibajos permanentes, siguen en picada, y las necesidades de gasto en el corto y mediano plazos –pensiones, pidiregas, gasto social, entre las más urgentes-- rebasan sin duda nuestra capacidad de generar ingresos suficientes.
Pero lo más vergonzoso, y que dentro y fuera del país nos lo restriegan en la cara a cada rato, es nuestra paupérrima recaudación.
Si consideramos todo lo que el fisco le sustrae a Pemex –casi 90% de sus ingresos--, aun así tenemos la recaudación, en relación al producto interno bruto, más baja entre los países de la OCDE, a la que “orgullosamente” nos metió Salinas de Gortari a fines de 1994.
Pero si excluimos los ingresos tributarios que genera el petróleo, nuestra recaudación es de las más bajas del mundo: apenas el equivalente a 12% del PIB, cuando países con mucho menor desarrollo que el nuestro andan sobre 20% y 30%; no se diga de naciones altamente desarrolladas, que superan el 50% de su PIB.
La verdad es que, como sociedad, nos hemos visto como los diputados: medrosos para tomar decisiones vitales para nuestra salud económica. Nos rasgamos las vestiduras y ponemos el grito en el cielo cuando oímos hablar de que alimentos y medicinas podrían tener IVA. Pero nos paralizamos y no hacemos nada.
En el otro extremo, igual: nada hacemos ante la férrea oposición y el intenso cabildeo de los empresarios cuando se propone quitarles los muchos privilegios que tienen, su capacidad para eludir el pago de impuestos, los regímenes tributarios especiales de que gozan como mecanismo para aligerar su carga impositiva. Los criticamos pero no tomamos decisiones.
Pero el país ya no aguanta más. O le entramos con serenidad, pero con firmeza, a la discusión del tema de la reforma fiscal, o nos lleva el tren y no saldremos de la mediocridad.
Nada más para ilustrar de qué tamaño es el problema, por lo menos en el caso del impuesto al valor agregado, sirvan estos datos, frescos, de un estudio que le hizo el ITAM a la SHCP, particularmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), brazo recaudador de Hacienda.
En principio, resulta que nuestra tasa de 15% de IVA es de las más bajas entre los países de la OCDE. De 26 naciones, sólo cuatro tienen tasas menores a 15% en sus impuestos al consumo: Japón, 5%; Suiza, 6.5%; Corea, 10% y Nueva Zelanda, 12.5%.
Otros tres países –Canadá, Turquía y Luxemburgo-- tienen una tasa de 15% igual a la de México. Pero de ahí, el resto reporta tasas que van de 16% (Alemania y España) hasta 25% (Dinamarca, Hungría y Suecia).
Eso, en relación a los países desarrollados. Pero de cara a América Latina, también nos vemos por debajo de naciones con desarrollo similar al nuestro: en Brasil, los impuestos al consumo son de 20.5%; en Argentina, 21%; Chile, 18%, y Uruguay, 23%.
Y si la tasa es un problema, lo es más el hecho de que en México los tratamientos especiales del IVA hacen que año con año el fisco pierda un dineral.
La tasa general del IVA es de 15%, pero hay tasa cero con la que están “gravados” alimentos, medicinas, libros, periódicos y revistas, agua de uso doméstico y otros productos y servicios.
También hay exención del IVA para servicios médicos, de enseñanza, transporte terrestre, espectáculos públicos y vivienda. Además, hay una tasa de 10% que aplica en toda la región fronteriza.
Y por todos esos tratamientos especiales del IVA, en 2006 el fisco dejó de percibir la nada desdeñable cifra de 187 mil millones de pesos, casi 2% del PIB. De ese total, la mayor parte, casi 69%, es decir, 128 mil 340 millones de pesos, fue por la tasa cero del IVA a alimentos, medicinas y todo lo demás.
Otros 34 mil 609.4 millones, 18.5%, por las exenciones del IVA.
Y los restantes 11 mil 815.2 millones de pesos, 6.31% del total no recaudado por tratamientos especiales del IVA, fueron por la tasa de 10% en la frontera.
A esas pérdidas (aunque los técnicos eufemísticamente denominan “gastos fiscales”) hay que sumarle los casi 300 mil millones de pesos (3.3% del PIB) que no ingresó por tratamientos especiales, deducciones, créditos fiscales, tasas diferenciadas y créditos al salario, y toda una serie de embrollos y complicaciones que hay en el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Y, por si fuera poco, debemos agregar que la evasión fiscal supera los 220 mil millones de pesos –3.9% del PIB--.
La suma de todo ello, aterradora, es superior a los 700 mil millones de pesos, que buena falta hacen para dinamizar la economía, generar más empleos y, en automático, aumentar la recaudación.
Entonces, para qué darle más vueltas. La urgencia de la reforma está a la vista. Si ésta necesariamente debe pasar por la eliminación de exenciones y todo tipo de tratamientos especiales –es decir, por el IVA a alimentos y medicinas, del que sin duda los ricos salen ampliamente beneficiados--, lo que se necesita es un análisis sereno, sin prejuicios y, sobre todo, enfatizar en los mecanismos compensatorios que necesariamente deben establecerse para resarcir a quienes salgan más lastimados.
Es grande el reto, sin duda. Pero cerrar los ojos ante el mismo no lo suprime. (16 de febrero de 2007)
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