EL PODER LEGISLATIVO ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR DENUNCIAS POR LAS IRREGULARIDADES EN LA CUENTA PÚBLICA 2005

México, DF, 6 de abril de 2007.
Servicio informativo núm. 53

EL PODER LEGISLATIVO ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR DENUNCIAS POR LAS IRREGULARIDADES EN LA CUENTA PÚBLICA 2005

La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y el Auditor Superior de la Federación están obligados a presentar las denuncias administrativas y penales contra los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria, del Sistema de Administración de Bienes Asegurados y del Fobaproa-Instituto de Protección al Ahorro Bancario, así como de cualquier otra dependencia que haya sido objeto de las irregularidades e ilegalidades detectadas en la Revisión de la Cuenta Pública de 2005; de no hacerlo así, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) serían como llamadas a misa y los legisladores estarían incurriendo en una falta grave a su responsabilidad como funcionarios públicos, por lo cual se podrían hacer acreedores a juicio político.

Lo anterior fue declarado por Mario Di Constanzo Armenta, secretario de la Hacienda Pública del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, en virtud de que el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior establece textualmente lo siguiente: “Si de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños o perjuicios al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, la Auditoría Superior de la Federación procederá a: […] Presentar las denuncias y querellas penales, a que haya lugar […].

Al abundar sobre las obligaciones de los legisladores con respecto a lo evidenciado en el informe de la ASF, el funcionario lopezobradorista indicó que el articulo 52 del citado ordenamiento establece que: “Los Poderes de la Unión y entes públicos federales, dentro de un plazo improrrogable de 45 días hábiles contado a partir de la fecha de recibo de los pliegos de observaciones, deberán solventar los mismos ante la Auditoría Superior de la Federación […] Cuando los pliegos de observaciones no sean solventados dentro del plazo señalado, o bien, la documentación y argumentos presentados no sean suficientes a juicio de la Auditoría Superior de la Federación para solventar las observaciones, iniciará el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias a que se refiere el siguiente capítulo, y, en su caso, aplicará las sanciones pecuniarias a que haya lugar, en los términos de esta Ley”.

Con ese basamento legal como sustento, Di Constanzo Armenta afirmó que “es claro que en muchos casos las observaciones realizadas por el Auditor Superior de la Federación no podrán ser solventadas por las dependencias fiscalizadas, en virtud de que las conclusiones a las que llegó la ASF son prácticamente contundentes acusaciones en las que no existe margen de solventación o aclaración por parte de las dependencias fiscalizadas”.

Para corroborar lo anterior, el encargado de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo indicó que “sólo basta mencionar algunas de las conclusiones de las auditorías realizadas” y puso como ejemplo el caso de la devolución del IVA por más de 12 mil millones de pesos a Transportación Ferroviaria Mexicana (empresa de TMM) en el que el auditor concluyo lo siguiente:

“Ni el SAT, la TESOFE, la PFF, la PGR, la SCT ni tampoco los OIC en estas entidades, actuaron oportunamente en el ámbito de su competencia y después de ocho años, el 26 de enero del 2005, se emitió la resolución definitiva e inatacable del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del DF, en la que se ordenó al Gobierno Federal emitir el certificado de devolución por los 2 mil 111 millones de pesos, más actualizaciones e intereses, monto que ascendió a los 12 mil 965 millones de pesos”.

“Es evidente que el señalamiento anterior es una acusación formal y estas dependencias del Ejecutivo federal poco podrán hacer para solventar en 45 días tan grave acusación”, puntualizó Di Constanzo.

Más adelante, también sobre el asunto de las devoluciones de impuestos a los grandes empresarios, Mario Di Constanzo señaló que “la ASF establece que de 2000 a 2005 el monto de las devoluciones de impuestos anuales pagadas por el gobierno federal, por saldos a favor de los contribuyentes, se incrementó notablemente, ya que pasó de 75 mil 300 millones de pesos a 149 mil 849 millones de pesos; tan sólo en 2005 fueron equivalentes a 15% de la recaudación tributaria efectiva, recursos con los que se pudo haber financiado 84.6% de las pensiones y jubilaciones pagadas por el sector público presupuestario en ese año; en conclusión, el sistema pensionario no estaría en quiebra si se recaudara bien”.

Al continuar con el análisis de los resultados arrojados por el informe reciente de la ASF, el miembro del equipo de López Obrador destacó que la ASF “está señalando que la SHCP no cuenta con una propuesta de reforma fiscal que concentre los impuestos dispersos para ampliar la base de recaudación y eliminar situaciones de privilegio, lo que repercute en un alto número y monto de devoluciones por saldos a favor de los contribuyentes, en perjuicio del Estado en su Hacienda Pública Federal, de la equidad fiscal y de la eficiencia recaudatoria del país”.

Por lo que respecta al rescate bancario (Fobaproa), las evaluaciones de Di Constanzo Armenta indican que el Auditor Superior reconoce en su informe que se observó discrecionalidad y exceso de atribuciones del Fobaproa y de su Comité Técnico, y agregó: “esta situación es por demás otra grave acusación que difícilmente solventarán las autoridades hacendarias, por lo que es una obligación aplicar la ley y fincar las responsabilidades a que haya lugar”.

De igual manera, en el caso del Sistema de Administración de Bienes Asegurados, el Auditor señala que muchos inmuebles fueron vendidos por debajo de su valor de mercado, causando un daño patrimonial de poco más de 10 mil millones de pesos, además de que desaparecieron misteriosamente más de 400 inmuebles, “por lo que no existe forma de que en 45 días se restituyan los 10 mil millones de pesos a los contribuyentes”, aseguró Di Constanzo.

Por todo ello, concluyó, “el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y el Auditor Superior de la Federación deben empezar a actuar para que esto no se quede en una serie de hallazgos que dañan al país, a su transparencia, a sus finanzas públicas y a su estado de derecho, sin que los responsables sean castigados”.

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