José Gil Olmos
México, D.F., 5 de abril (apro).- Zongolica es una de las zonas más pobres del país. Sus habitantes indígenas náhuatl carecen de lo indispensable. Pero desde 1994 son vigilados porque en las instituciones de inteligencia del gobierno federal sostienen que ahí hay células de guerrilla. Por eso el Ejército no deja el lugar, no obstante el rechazo que generan sobre todo después de la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una anciana de 73 años que antes de morir denuncio abuso de los soldados.
La sierra de Zongolica casi nunca es visitada por los gobernantes de este país. Si tienen suerte, sus habitantes son objeto de una parada electoral de algún candidato a la Presidencia de la República que llega hasta ahí cada seis años sólo para prometer bienestar y progreso, algo que nunca llega.
En 1994, Zongolica fue mencionado como uno de los lugares donde el EZLN tendría presencia. Así, antes de que llegara el bienestar prometido, lo que los indígenas pobres de esta zona recibieron fue la vigilancia militar.
A pesar que desde hace 13 años se mantiene una estrecha vigilancia, el gobierno federal no ha logrado confirmar que la guerrilla zapatista o algún otro grupo tenga bases de apoyo. Pero eso no ha sido impedimento para que se mantengan tropas militares entre los montes de la Sierra Sur de Veracruz.
En el municipio de Soledad Atzompa, región de Zongolica, vivía la anciana de 73 años Ernestina Ascencio Rosario. El 25 de febrero fue encontrada por sus familiares en muy mal estado, y ella le dijo en náhuatl a su hija que “los soldados se le vinieron encima”.
Ernestina aún llego viva al hospital de Río Blanco, pero su estado había empeorado. El primer examen médico reporta que se descubrió agresión sexual en su cuerpo, además de fractura craneal, lesiones en las costillas, brazos y piernas. Además se registraron restos de semen en su cuerpo.
Horas después la mujer murió y sólo hasta que se supo de las presuntas causas de su deceso en los medios es que Ernestina cobró importancia.
El 28 de febrero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tomó el caso en sus manos, una vez que la Procuraduría de Justicia de Veracruz ya había realizado el examen médico forense confirmando la agresión sexual que había sido víctima.
Pero al paso de los primeros días la CNDH y la Procuraduría de Justicia Militar exigieron la exhumación del cuerpo para comprobar la presunta violación de Ernestina por parte de un grupo de soldados. Para entonces la Secretaría de la Defensa Nacional ya había emitido dos comunicados importantes para el caso: en uno de ellos decía que “liquido seminal del cuerpo” había sido enviado a la PGR para que fuera examinado. El otro acusaba a un grupo de desconocidos haberse vestido de militares para cometer la violación y acusar al Ejército y de esta manera azuzar a la población para que exigiera su salida. Dicho boletín marcado con el numero 19 fue recogido ese mismo día por los mismos militares y sustituido por otro donde ya se había rasurado este párrafo.
El 13 de marzo, el presidente Felipe Calderón hizo una declaración sin que mediara una pregunta. Al final de una entrevista con el diario La Jornada, aseguró que Ernestina no había sido violada y que su muerte había sido causada por una “gastritis crónica”.
Cinco días después, el presidente de la CNDH, el defensor del pueblo, dijo algo similar, que la anciana indígena había muerto por “anemia aguda”. Es decir, por la hemorragia de sangre causada por una gastritis.
La verdad oficial chocó de inmediato con la verdad popular. En Zongolica la gente ha comenzado a manifestarse contra el presidente Calderón, el Ejército y la CNDH. Si el gobierno federal quería mantener bajo control esta zona pobre de Veracruz, ahora será más difícil.
Los indígenas sienten nuevamente la marginación, el desdén y el olvido al que han sido sometidos por siglos. El nuevo gobierno no les representa ningún cambio sino la continuidad de una política de exclusión y maltrato.
Las contradicciones del gobierno estatal y federal, de la CNDH y del propio Ejército son más que evidentes a lo largo de la investigación y difícilmente podrán ser resueltas sin provocar más conflictos.
Hoy el gobierno de Calderón y la CNDH quisieran enterrar para siempre a Ernestina, dejar en el olvido este asunto que sintetiza el maltrato que se le da al sector más olvidado del país: el pueblo indígena. Y lo hace en estos días en que precisamente llegará a México una representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
No quieren que el caso de Ernestina suba al ámbito internacional porque golpearía la imagen del gobierno de Calderón de por sí puesta en tela de juicio por las irregularidades en las elecciones del 2006 y, al mismo tiempo, dejaría mal parado a Soberanes quien, al parecer, quiere mantener su carrera pero como ministro de la Suprema Corte de Justicia.
Pero Ernestina, al parecer, se niega a quedar en el olvido y su caso cobra cada vez mayor relevancia en la opinión pública, pese a que su rostro no sale en televisión.
México, D.F., 5 de abril (apro).- Zongolica es una de las zonas más pobres del país. Sus habitantes indígenas náhuatl carecen de lo indispensable. Pero desde 1994 son vigilados porque en las instituciones de inteligencia del gobierno federal sostienen que ahí hay células de guerrilla. Por eso el Ejército no deja el lugar, no obstante el rechazo que generan sobre todo después de la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una anciana de 73 años que antes de morir denuncio abuso de los soldados.
La sierra de Zongolica casi nunca es visitada por los gobernantes de este país. Si tienen suerte, sus habitantes son objeto de una parada electoral de algún candidato a la Presidencia de la República que llega hasta ahí cada seis años sólo para prometer bienestar y progreso, algo que nunca llega.
En 1994, Zongolica fue mencionado como uno de los lugares donde el EZLN tendría presencia. Así, antes de que llegara el bienestar prometido, lo que los indígenas pobres de esta zona recibieron fue la vigilancia militar.
A pesar que desde hace 13 años se mantiene una estrecha vigilancia, el gobierno federal no ha logrado confirmar que la guerrilla zapatista o algún otro grupo tenga bases de apoyo. Pero eso no ha sido impedimento para que se mantengan tropas militares entre los montes de la Sierra Sur de Veracruz.
En el municipio de Soledad Atzompa, región de Zongolica, vivía la anciana de 73 años Ernestina Ascencio Rosario. El 25 de febrero fue encontrada por sus familiares en muy mal estado, y ella le dijo en náhuatl a su hija que “los soldados se le vinieron encima”.
Ernestina aún llego viva al hospital de Río Blanco, pero su estado había empeorado. El primer examen médico reporta que se descubrió agresión sexual en su cuerpo, además de fractura craneal, lesiones en las costillas, brazos y piernas. Además se registraron restos de semen en su cuerpo.
Horas después la mujer murió y sólo hasta que se supo de las presuntas causas de su deceso en los medios es que Ernestina cobró importancia.
El 28 de febrero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tomó el caso en sus manos, una vez que la Procuraduría de Justicia de Veracruz ya había realizado el examen médico forense confirmando la agresión sexual que había sido víctima.
Pero al paso de los primeros días la CNDH y la Procuraduría de Justicia Militar exigieron la exhumación del cuerpo para comprobar la presunta violación de Ernestina por parte de un grupo de soldados. Para entonces la Secretaría de la Defensa Nacional ya había emitido dos comunicados importantes para el caso: en uno de ellos decía que “liquido seminal del cuerpo” había sido enviado a la PGR para que fuera examinado. El otro acusaba a un grupo de desconocidos haberse vestido de militares para cometer la violación y acusar al Ejército y de esta manera azuzar a la población para que exigiera su salida. Dicho boletín marcado con el numero 19 fue recogido ese mismo día por los mismos militares y sustituido por otro donde ya se había rasurado este párrafo.
El 13 de marzo, el presidente Felipe Calderón hizo una declaración sin que mediara una pregunta. Al final de una entrevista con el diario La Jornada, aseguró que Ernestina no había sido violada y que su muerte había sido causada por una “gastritis crónica”.
Cinco días después, el presidente de la CNDH, el defensor del pueblo, dijo algo similar, que la anciana indígena había muerto por “anemia aguda”. Es decir, por la hemorragia de sangre causada por una gastritis.
La verdad oficial chocó de inmediato con la verdad popular. En Zongolica la gente ha comenzado a manifestarse contra el presidente Calderón, el Ejército y la CNDH. Si el gobierno federal quería mantener bajo control esta zona pobre de Veracruz, ahora será más difícil.
Los indígenas sienten nuevamente la marginación, el desdén y el olvido al que han sido sometidos por siglos. El nuevo gobierno no les representa ningún cambio sino la continuidad de una política de exclusión y maltrato.
Las contradicciones del gobierno estatal y federal, de la CNDH y del propio Ejército son más que evidentes a lo largo de la investigación y difícilmente podrán ser resueltas sin provocar más conflictos.
Hoy el gobierno de Calderón y la CNDH quisieran enterrar para siempre a Ernestina, dejar en el olvido este asunto que sintetiza el maltrato que se le da al sector más olvidado del país: el pueblo indígena. Y lo hace en estos días en que precisamente llegará a México una representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
No quieren que el caso de Ernestina suba al ámbito internacional porque golpearía la imagen del gobierno de Calderón de por sí puesta en tela de juicio por las irregularidades en las elecciones del 2006 y, al mismo tiempo, dejaría mal parado a Soberanes quien, al parecer, quiere mantener su carrera pero como ministro de la Suprema Corte de Justicia.
Pero Ernestina, al parecer, se niega a quedar en el olvido y su caso cobra cada vez mayor relevancia en la opinión pública, pese a que su rostro no sale en televisión.
