La Jornada
El gobierno de Felipe Calderón envió al Congreso dos iniciativas de ley que facultan a la Procuraduría General de la República (PGR) a realizar detenciones, allanamientos de morada, cateos, intervenciones telefónicas y hasta arraigos sin la autorización previa de un juez para perseguir la presunta comisión de delitos relacionados con el crimen organizado.
El mandatario busca que la policía federal cuente con la facultad de allanar domicilios "en caso de flagrancia", y que el Ministerio Público Federal (MPF) intervenga "comunicaciones de forma inmediata", porque "en ocasiones acudir a la autoridad judicial dificulta o imposibilita la investigación", por lo que considera pertinente que hasta después de que se realicen estas acciones, un juez "de manera oficiosa revise la legalidad de las intervenciones y los cateos".
A pesar de que estas propuestas aún no son aprobadas por el Congreso, el gobierno federal ya compró equipo a una empresa estadunidense especializada en intervenciones telefónicas para que en las próximas semanas la autoridad ministerial cuente con los sistemas necesarios y pueda operarlos sin problema, revelaron fuentes gubernamentales.
Juicios sumarios
Asimismo, la iniciativa turnada al Poder Legislativo considera el establecimiento de juicios sumarios, en los que de manera automática se dicte auto de formal prisión, y se cite "inmediatamente a sentencia" cuando un presunto delincuente confiese su responsabilidad de manera libre y ante una autoridad judicial que garantice el respeto pleno de los derechos fundamentales.
Este viernes, el Presidente anunció que propondría al Congreso un paquete de reformas legales para que bienes propiedad del narcotráfico y la delincuencia organizada pasen a manos del Estado, nombres y datos personales de acusadores de criminales sean mantenidos en secreto y los policías y agentes del Ministerio Público puedan ser removidos libremente de sus cargos sin que proceda la reinstalación, y en todo caso que sean indemnizados.
Fuentes oficiales de alto nivel revelaron a La Jornada que el Poder Ejecutivo también pedirá al Congreso que para hacer más eficaz la lucha contra la delincuencia organizada, el MP pueda cambiar la identidad de testigos protegidos y enviarlos a otras naciones.
Durante el acto, realizado en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, Calderón delineó su proyecto de reformas en materia de procuración e impartición de justicia, en el que destaca el hecho de dotar de autonomía al Ministerio Público "en los ámbitos técnicos y funcional", es decir, convertirlo en fiscalía general de la nación.
El mandatario señaló que "resulta impostergable modernizar y transformar" las leyes e instituciones en materia de seguridad, procuración y administración de justicia, debido que "muchas leyes han sido rebasadas por la complejidad del fenómeno delictivo".
Indicó que no se puede "permitir que los criminales se refugien en instituciones débiles o en deficiencias de la ley", por lo que llamó a juristas, organizaciones civiles, gobiernos locales, académicos, legisladores e integrantes del Poder Judicial a participar en la modernización de "la manera en que juzgamos y aplicamos la justicia", sobre todo en lo que tiene que ver con la instauración de juicios orales.
Así, convocó a la integración de un "consejo de implementación" que habrá de "analizar la propuesta, la cual supondría un cambio medular en la administración de justicia, al establecer la oralidad en los juicios penales".
En su discurso, el Presidente puntualizó que su administración pretende modificar la Constitución para que se promulgue un código penal único en toda la República, con lo que "se evitará que las inconsistencias o vacíos entre las legislaciones federal y locales sean rendijas por las que escapen los delincuentes a la acción de la justicia".
En cuanto al crimen organizado, la propuesta de modificación al artículo 16 constitucional prevé "como herramientas especiales en materia de investigación de la delincuencia organizada, las órdenes de arraigo, cateos e intervenciones de comunicaciones privadas, que durante la indagación podrán ser autorizadas por el Ministerio Público".
Agrega que la intención "es que estas medidas de investigación sean oportunas pues, derivado de la operación de la delincuencia organizada, resulta evidente que, en varios casos, se tienen datos que señalan la necesidad de intervenir comunicaciones de forma inmediata.
"En ocasiones, acudir a la autoridad judicial dificulta la investigación, y lo mismo acontece con los cateos, pues los elementos que se recaben durante su práctica pueden servir para detener o dirigir una diligencia contra la delincuencia organizada".
En la exposición de motivos se precisa que en la reforma se establece un mecanismo de control posterior, para que sea el juez quien, "de manera oficiosa, revise la legalidad de las intervenciones y los cateos". Según el mandatario, se busca establecer reglas específicas para este tipo de procesos penales, como juicios en los que se otorgue protección a los participantes, en especial a víctimas, testigos y denunciantes.
En ese sentido, funcionarios federales indicaron que se busca dotar de más herramientas a lo que actualmente constituye la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), toda vez que se pretende que ese órgano de la PGR pueda intervenir comunicaciones privadas sin orden judicial previa, y utilizar las grabaciones obtenidas con valor de prueba plena.
Con ello se modificaría sustancialmente lo que hoy establece la Ley contra la Delincuencia Organizada, la cual faculta a la PGR a realizar espionaje telefónico, siempre y cuando lo autorice un juez federal, y en caso de que no exista ese mandamiento, toda grabación o intervención no tiene ningún valor en un proceso penal.
Asimismo, las reformas que propone el Presidente al Congreso buscan establecer "mecanismos que garanticen la integridad y la seguridad de las víctimas del delito", y que en los casos de procedimientos contra el crimen organizado, la autoridad judicial pueda dictar medidas que "garanticen mantener en secreto los nombres y datos personales de los acusadores en los casos más delicados y relevantes".
Actualmente, en un caso de delincuencia organizada la identidad de los llamados testigos protegidos o acusadores permanece en secreto sólo durante la integración de la averiguación previa, porque una vez que el caso es turnado a un juez, en el expediente se menciona la clave del testigo y su identidad.
En ese contexto, Calderón refirió que se buscará establecer procedimientos para que la autoridad judicial decrete "la extinción de dominio de aquellos bienes que son instrumento, objeto o producto de las actividades de la delincuencia organizada, para que pasen al dominio del Estado".
El gobierno de Felipe Calderón envió al Congreso dos iniciativas de ley que facultan a la Procuraduría General de la República (PGR) a realizar detenciones, allanamientos de morada, cateos, intervenciones telefónicas y hasta arraigos sin la autorización previa de un juez para perseguir la presunta comisión de delitos relacionados con el crimen organizado.
El mandatario busca que la policía federal cuente con la facultad de allanar domicilios "en caso de flagrancia", y que el Ministerio Público Federal (MPF) intervenga "comunicaciones de forma inmediata", porque "en ocasiones acudir a la autoridad judicial dificulta o imposibilita la investigación", por lo que considera pertinente que hasta después de que se realicen estas acciones, un juez "de manera oficiosa revise la legalidad de las intervenciones y los cateos".
A pesar de que estas propuestas aún no son aprobadas por el Congreso, el gobierno federal ya compró equipo a una empresa estadunidense especializada en intervenciones telefónicas para que en las próximas semanas la autoridad ministerial cuente con los sistemas necesarios y pueda operarlos sin problema, revelaron fuentes gubernamentales.
Juicios sumarios
Asimismo, la iniciativa turnada al Poder Legislativo considera el establecimiento de juicios sumarios, en los que de manera automática se dicte auto de formal prisión, y se cite "inmediatamente a sentencia" cuando un presunto delincuente confiese su responsabilidad de manera libre y ante una autoridad judicial que garantice el respeto pleno de los derechos fundamentales.
Este viernes, el Presidente anunció que propondría al Congreso un paquete de reformas legales para que bienes propiedad del narcotráfico y la delincuencia organizada pasen a manos del Estado, nombres y datos personales de acusadores de criminales sean mantenidos en secreto y los policías y agentes del Ministerio Público puedan ser removidos libremente de sus cargos sin que proceda la reinstalación, y en todo caso que sean indemnizados.
Fuentes oficiales de alto nivel revelaron a La Jornada que el Poder Ejecutivo también pedirá al Congreso que para hacer más eficaz la lucha contra la delincuencia organizada, el MP pueda cambiar la identidad de testigos protegidos y enviarlos a otras naciones.
Durante el acto, realizado en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, Calderón delineó su proyecto de reformas en materia de procuración e impartición de justicia, en el que destaca el hecho de dotar de autonomía al Ministerio Público "en los ámbitos técnicos y funcional", es decir, convertirlo en fiscalía general de la nación.
El mandatario señaló que "resulta impostergable modernizar y transformar" las leyes e instituciones en materia de seguridad, procuración y administración de justicia, debido que "muchas leyes han sido rebasadas por la complejidad del fenómeno delictivo".
Indicó que no se puede "permitir que los criminales se refugien en instituciones débiles o en deficiencias de la ley", por lo que llamó a juristas, organizaciones civiles, gobiernos locales, académicos, legisladores e integrantes del Poder Judicial a participar en la modernización de "la manera en que juzgamos y aplicamos la justicia", sobre todo en lo que tiene que ver con la instauración de juicios orales.
Así, convocó a la integración de un "consejo de implementación" que habrá de "analizar la propuesta, la cual supondría un cambio medular en la administración de justicia, al establecer la oralidad en los juicios penales".
En su discurso, el Presidente puntualizó que su administración pretende modificar la Constitución para que se promulgue un código penal único en toda la República, con lo que "se evitará que las inconsistencias o vacíos entre las legislaciones federal y locales sean rendijas por las que escapen los delincuentes a la acción de la justicia".
En cuanto al crimen organizado, la propuesta de modificación al artículo 16 constitucional prevé "como herramientas especiales en materia de investigación de la delincuencia organizada, las órdenes de arraigo, cateos e intervenciones de comunicaciones privadas, que durante la indagación podrán ser autorizadas por el Ministerio Público".
Agrega que la intención "es que estas medidas de investigación sean oportunas pues, derivado de la operación de la delincuencia organizada, resulta evidente que, en varios casos, se tienen datos que señalan la necesidad de intervenir comunicaciones de forma inmediata.
"En ocasiones, acudir a la autoridad judicial dificulta la investigación, y lo mismo acontece con los cateos, pues los elementos que se recaben durante su práctica pueden servir para detener o dirigir una diligencia contra la delincuencia organizada".
En la exposición de motivos se precisa que en la reforma se establece un mecanismo de control posterior, para que sea el juez quien, "de manera oficiosa, revise la legalidad de las intervenciones y los cateos". Según el mandatario, se busca establecer reglas específicas para este tipo de procesos penales, como juicios en los que se otorgue protección a los participantes, en especial a víctimas, testigos y denunciantes.
En ese sentido, funcionarios federales indicaron que se busca dotar de más herramientas a lo que actualmente constituye la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), toda vez que se pretende que ese órgano de la PGR pueda intervenir comunicaciones privadas sin orden judicial previa, y utilizar las grabaciones obtenidas con valor de prueba plena.
Con ello se modificaría sustancialmente lo que hoy establece la Ley contra la Delincuencia Organizada, la cual faculta a la PGR a realizar espionaje telefónico, siempre y cuando lo autorice un juez federal, y en caso de que no exista ese mandamiento, toda grabación o intervención no tiene ningún valor en un proceso penal.
Asimismo, las reformas que propone el Presidente al Congreso buscan establecer "mecanismos que garanticen la integridad y la seguridad de las víctimas del delito", y que en los casos de procedimientos contra el crimen organizado, la autoridad judicial pueda dictar medidas que "garanticen mantener en secreto los nombres y datos personales de los acusadores en los casos más delicados y relevantes".
Actualmente, en un caso de delincuencia organizada la identidad de los llamados testigos protegidos o acusadores permanece en secreto sólo durante la integración de la averiguación previa, porque una vez que el caso es turnado a un juez, en el expediente se menciona la clave del testigo y su identidad.
En ese contexto, Calderón refirió que se buscará establecer procedimientos para que la autoridad judicial decrete "la extinción de dominio de aquellos bienes que son instrumento, objeto o producto de las actividades de la delincuencia organizada, para que pasen al dominio del Estado".
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